24 de julio de 2008
Ana Pastor pide en Dénia que el alcoholismo no sea un «atenuante» en los casos de violencia doméstica
ex ministra de sanidad
La ex ministra de Sanidad Ana Pastor (PP) ha propuesto hoy que el consumo habitual de drogas o bebidas alcohólicas no sea un "atenuante" en las causas judiciales por violencia machista, al tiempo que ha abogado por crear un programa de microcréditos para las víctimas.
En su opinión, los efectos del alcoholismo y la drogadicción deben ser tenidos en cuenta a la hora de fijar la condena al agresor, pero no como atenuantes tal y como ocurre en otros delitos.Pastor ha participado hoy en la inauguración del Congreso sobre Violencia de Género que, organizado por la Fundación Lex Forum, se celebra en la localidad alicantina de Denia.
Aunque ha trasladado un mensaje positivo por lo realizado hasta ahora desde las distintas Administraciones en materia de violencia de género, Pastor ha afirmado que "aún queda mucho por hacer".Para ello, ha instado al conjunto de las fuerzas políticas a "realizar un esfuerzo conjunto" dirigido a mejorar aquellas normas "que no van bien" con el fin, según ha agregado, de "hacerlas más eficaces".
En su intervención, la también vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados ha elevado diversas propuestas, entre ellas la eliminación del atenuante por consumo de bebidas alcohólicas y drogas en la condena al agresor.
Pastor ha defendido la idea de establecer un programa de microcréditos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género con el objeto de que éstas puedan iniciar "una nueva vida, una vida independiente".
Hay que ayudarlas, pues a muchas de ellas, al margen de tener hijos, les gustaría alejarse de su verdugo. Sin embargo, no pueden hacerlo al no tener una independencia económica", ha añadido Pastor.
Asimismo, ha considerado "necesaria" la elaboración de "planes personalizados y específicos" para cada mujer, ya que, según ha afirmado, "cada víctima de la violencia doméstica tiene una problemática diferente".
Por otra parte, Pastor ha defendido la idea de extender la creación de los Juzgados de Violencia de Género a todas las provincias españolas.
Información.es
EFE
De Rosa dcie que las medidas preventivas han de acompañar a la Ley de Violencia
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, consideró este jueves que la Ley de Violencia de Género "no es la solución al problema de la violencia machista, al menos no por sí sola, sino que debe ir acompañada de otras medidas, como la prevención, sobre todo en la educación", según informaron fuentes de la Generalitat valenciana.
Durante su intervención en el acto de apertura del Congreso sobre Violencia de Género organizado por la Fundación Lex Forum-Dénia, el conseller subrayó que esta Ley "necesariamente ha de ir acompañada por una memoria económica". "Ahora es el momento de ver que hay cosas mejorables en la misma y no hay que tener miedo a reformar una ley si supone introducir mejoras", señaló.
En este sentido, Fernando de Rosa reclamó la "colaboración máxima" al Gobierno central y al Ministerio de Igualdad, y que "se dejen de autocomplacencia y se dediquen a invertir junto a las comunidades autónomas para terminar con esta lacra".
El conseller se refirió a la necesidad de territorializar los juzgados de Violencia sobre la Mujer, para recordar que la Comunitat Valenciana "ha hecho una fuerte apuesta por esta jurisdicción con los 14 juzgados con los que la Comunitat cuenta en la actualidad, en los que la Generalitat ha invertido más de 7 millones de euros".
Además, opinó que con la asignatura de Educación para la Ciudadanía "se ha perdido una gran oportunidad, ya que debería incidir en valores como la igualdad para prevenir la violencia de género en un futuro, y no en otro tipo de cuestiones".
En su intervención, De Rosa subrayó que la Comunitat "siempre va por delante en la lucha contra la violencia sobre la mujer, un problema que es una de las prioridades del Consell". "No en vano fuimos los primeros en poner a disposición de las mujeres servicios 24 horas, a través de los Centros Mujer y del teléfono gratuito 900.580.888".
El conseller también señaló que la Comunitat Valenciana es la "que más ha apostado por las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito", con un total de 43 centros que en la actualidad constituyen "la red más amplia de toda España".Del mismo modo, resaltó la labor que realizan los Puntos de Encuentro Familiar, un recurso de la Generalitat "que previene situaciones de violencia contra la mujer en casos de separaciones conflictivas, ya que en los centros se realiza el intercambio de menores tutelado por profesionales".
Asimismo, De Rosa subrayó la importancia de que los medios de comunicación que en los casos de violencia machista "se realice una especial incidencia en la detención del agresor, juicio, condena, que trascienda el castigo y los ciudadanos sepan que el terrorismo doméstico no queda impune".
Unas 130.000 mujeres maltratadas se benefician de las medidas de la Ley Integral en tres años
La ley funciona aunque hay aspectos que mejorar. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha presentado ante la Comisión de Igualdad del Congreso el informe de los tres primeros años de vigencia de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004).
Aído ha calificado la Ley Integral de "gran instrumento y motor para poder seguir avanzando". No obstante, la ministra ha reconocido que la "mera formulación de la ley no acaba con la violencia de género" y que tres años "es poco para erradicar un problema tan profundo como la desigualdad histórica".
Aún así, asegura la ley funciona ya que está consiguiendo sus objetivos: sensibilizar a la población y proteger a las víctimas.
La titular de Igualdad ha señalado que cerca de 130.000 mujeres se han beneficiado de las medidas que contempla la ley. De las 148.672 mujeres que han pedido una orden de protección, el 78,5% la han obtenido y otro 11% se ha beneficiado de otras medidas en estos tres años.
De todas ellas, actualmente, cuentan con protección judicial de algún tipo más de 94.000 mujeres. Estos son sólo algunos de los datos del informe que pueden consultarse en la página del Ministerio de Igualdad.
La ministra de Igualdad ha señalado también el incremento de las denuncias desde la entrada en vigor de la Ley Integral. Durante 2007 se presentaron 81.301 denuncias, un 72,1% más que en 2002.
De las 89.545 sentencias que han resuelto los juzgados en estos tres años, el 71,9% han sido condenatorias. Más de 50.000 con penas de prisión.
La ministra de Igualdad ha anunciado que a finales de 2008 habrá 458 juzgados dedicados a la violencia de género, 92 de ellos de forma exclusiva cuando la ley sólo preveía 17.Por su parte el teléfono 016 ha recibido 47.990 llamadas referentes a la violencia de género desde que entró en funcionamiento el pasado mes de septiembre.
Descenso relativo de víctimas
Aunque el número de homicidios sigue siento "elevado", Aído ha destacado que teniendo en cuenta el aumento de la población, el número de víctimas mortales que había de media cada año antes de la entrada en vigor de la ley ha disminuido 8,7% en los últimos tres. La media de homicidios en 2003 y 2004 fue de 71,5 al año. Después de la entrada en vigor de la nueva normativa, es de 65,3.
El Partido Popular, sin embargo, no acepta estos datos y ha criticado "el conformismo" y el informe "autocomplaciente" del Gobierno mientras el número de muertes sigue aumentando en términos absolutos. La diputada popular Sandra Moneo ha recordado que el año pasado murieron 72 mujeres, cuatro más que en 2006 y 12 más que en 2005.
El PP ha señalado, que sólo una de cada tres mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor.
RTVE.ES MADRID 23.07.2008
Más de 600.000 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en 2007 en España
Más de 600.000 mujeres fueron víctimas de la violencia machista el año pasado en España, de cuales el 21 por ciento presentó una denuncia contra su pareja o ex pareja, según el informe 'Obstinada realidad, derechos pendientes' de Amnistía Internacional (AI), realizado para evaluar los tres años de funcionamiento de la Ley contra la Violencia de Género.
De este más de medio millón de mujeres maltratadas, el 6,2 por ciento solicitó una orden de protección, que fue obtenida por el 4,6 por ciento. El informe refleja asimismo que el número de mujeres asesinadas por esta causa se ha ido incrementando en los tres últimos años, hasta alcanzar la cifra de 74 fallecidas en 2007, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
A juicio de la responsable de Interior de AI, Virginia Álvarez, la ley "ha tenido poco impacto en aspectos fundamentales como la atención sanitaria, el acceso a recursos de atención integral, la asistencia letrada o la equidad territorial".
Así, denunció que los objetivos de esta norma en el ámbito sanitario "han quedado en el papel", ya que se debía "proporcionar formación a todos los profesionales del ámbito sanitario, cosa que no ha ocurrido".
Para Álvarez, la ley "no ha logrado garantizar la asistencia letrada especializada" a las maltratadas, el Gobierno no ha dado "un seguimiento exhaustivo" a la norma, "el presupuesto ha disminuido" y el número de policías dedicado a proteger a las víctimas "es escaso".
AUMENTAN LAS DENUNCIAS ARCHIVADAS
Por su parte, la autora del estudio, María Naredo, indicó que la implantación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer "no ha traído los resultados esperados", porque "la violencia habitual sigue quedando impune" y "la cifra denuncias archivadas se ha incremento".
"Otro aspecto que es motivo de preocupación es que el número de mujeres asesinadas con orden de protección en vigor ha ido aumentando en los últimos tres años: 5 en 2005, 8 en 2006 y 12 en 2007", apostilló.
Naredo acusó al Gobierno de "autocomplaciencia" y de no estar "dando la suficiente prioridad a esta tema", por lo que le exige "mayor autocrítica y que adopte medidas correctoras". Así, le pidió que destine más recursos, que realice mejores evaluaciones de la ley y que promueva la formación de los agentes implicados en los casos de violencia machista.
El informe también destaca que las mujeres extranjeras tienen seis veces más riesgo de ser asesinadas por su pareja que las españolas y reprocha que, "salvo en el País Vasco", la policía pueda incoar un expediente de expulsión a las inmigrantes maltratadas que se encuentran en situación irregular en España en el momento en que acuden a una comisaría a denunciar a su pareja, "lo que provoca un claro efecto disuasorio".
Cuando el asesino es papá
11.07.08 RAFAEL HERRERO
El domicilio común, bien el de la víctima o el del autor, suele ser mayoritariamente el escenario de la agresión que culmina con la muerte de la mujer. Ello sucedió así en un 79% de los casos analizados, frente a un 21% restante en los que los hechos violentos se desarrollaron fuera del mismo.
Sólo en un único caso de los examinados consta la existencia de más de una víctima mortal, aquel en el que el autor asesinó igualmente a su suegra. El estudio confirma también que los asesinatos machistas están protagonizados casi en su totalidad por varones y que en un único caso figura una mujer como agresora.
En relación a años precedentes, en 2006 habían disminuido las situaciones de convivencia, bien de matrimonio o como pareja de hecho, cuando ocurrió el asesinato. En concreto, la relación de convivencia se mantenía en un 58% de los casos, frente a un 42% de supuestos en que no se conservaba. Se habían incrementado en más de 16 puntos los casos en que los crímenes se ejecutaron después de haberse producido la ruptura de la pareja.
Separación y riesgo
Para el CGPJ, estos datos confirman la apreciación de que la advertencia o comunicación del deseo de separarse por parte de la mujer «constituye un específico factor de riesgo, en cuanto detonante de la reacción brutal del agresor». Además, ponen de manifiesto que es un modelo de relación 'desigualitario' establecido previamente entre agresor y víctima, más que los conflictos puntuales derivados de una situación de convivencia, «lo que deriva en el desenlace fatal».
Ésta es la segunda vez que se realiza en España un estudio de estas características, partiendo de las sentencias emitidas por los tribunales del jurado, competentes para el enjuiciamiento de asesinatos y homicidios consumados. El primero se centró en las sentencias dictadas entre 2001 y 2005.
En la gran mayoría de los casos estudiados no constan, prácticamente, denuncias previas a los hechos. Sólo se aprecia en cuatro, lo que supone un 12%. En otras seis sentencias constaba la existencia de agresiones o amenazas anteriores (18%) y sólo en dos constaba la adopción previa de una orden de protección u otras medidas cautelares. En otro caso más, existía una pena de alejamiento en vigor, impuesta en sentencia firme.
Los asesinos machistas, en función de las sentencias de 2006, tienen que cumplir una media que supera los 17 años de cárcel y pagar también una media de 151.000 euros de indemnización. En el 30% de los crímenes existía un vínculo matrimonial, mientras que en casi el 49% la relación afectiva era de convivencia de hecho o de noviazgo. Las sentencias de ese año rompen algunos mitos y creencias, toda vez que evidencian el escaso porcentaje de supuestos en que se aprecia que el autor del crimen actúa a consecuencia de una enfermedad o alteración mental o bajo los efectos del alcohol o de las drogas.