14 de septiembre de 2008

Espinosa considera insuficientes los recursos estatales a la Ley de Violencia

Por Jesús Andújar

Según la viceconsejera de la Mujer, Mercedes Espinosa, son insuficientes los recursos que facilita el Gobierno central al desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género. De hecho critica que una mujer maltratada pueda disponer de más o menos recursos a su alcance dependiendo de la comunidad en la que resida. Por ese motivo Espinosa confía que en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en breve y se abordará de forma monográfica el tema de violencia de género, se concrete un "acuerdo de mínimos" que permita un equilibrio en la atención a las víctimas de esta lacra social.

"Estamos a la espera de que se convoque la Conferencia de Presidentes que se nos anunció desde el Gobierno central en la que se abordará el monográfico de la violencia de género. No conocemos si será a finales de mes o a comienzos del próximo, pero lo que sí espero es que cuando nos reunamos se hagan sugerencias y se diseñen nuevas estrategias que permitan una mejora en la problemática de la violencia de genero", manifestó Espinosa.

Esta esperanza expresada por la viceconsejera se sustenta en el hecho de que "los datos de violencia son alarmantes" y en que la Ley Integral no ha "obtenido los frutos deseados". Desconoce los motivos por los que la Ley no ha resultado toda lo operativa que se esperaba, pero sí tiene claro que "es necesario implicarse más profundamente a nivel de medios materiales y humanos" para llevar a buen puerto una Ley. Por este motivo Espinosa espera que en la Conferencia de Presidentes "se tengan en cuenta todas las necesidades que se han planteado en Melilla y en otras comunidades" en la aplicación de la Ley Integral.

Aclaró la viceconsejera de la Mujer que no está en contra de este articulado y que incluso el PP lo respaldó. Pero lo que defiende es que "no se puede elaborar un texto buscando un golpe de efecto y aprobarlo sin dotarlo suficientemente a nivel de medios". Espinosa espera también que Zapatero cumpla lo prometido en cuanto a que no va a haber recortes en política social: "esperemos que no los haya tampoco en el tema de violencia".

Defiende Mercedes Espinosa que en este encuentro entre presidentes se alcance un "acuerdo de mínimos" entre todas las partes, al objeto de acabar con la clara discriminación que se da en estos momentos en los que una mujer víctima de violencia de género puede acceder a más o menos recursos en función de la comunidad en la que viva.
"Hay que establecer unos mínimos a nivel nacional y es una de las cosas que hemos propuesto para esa Conferencia de Presidentes". También se propondrá que se pueda trasladar de unas comunidades a otras "las buenas prácticas que en la lucha contra los malos tratos se hayan puesto en marcha en otras comunidades y que hayan resultado efectivas".

En octubre podría comenzar a operar el Observatorio de Género

La viceconsejera de la Mujer, Mercedes Espinosa, señaló que el Observatorio de Género comienza ya a trabajar, un órgano que se dedicará a la investigación, a realizar estudios concretos sobre cuestiones como la incidencia de la violencia doméstica en Melilla, o los nuevos yacimientos de empleo en la ciudad enfocados para la mujer, entre otros.

En este sentido adelantó que tras la pertinente convocatoria pública, se han seleccionado los proyectos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses. "Ha sido un proceso reñido porque ha habido un alto nivel en las iniciativas presentadas".

La Viceconsejería, al margen del Observatorio, pretende contar con una Unidad de Género, que se encargará de realizar campañas de concienciación y sensibilización contra los malos tratos, o en pro de la igualdad de oportunidades, así como de diseñar y poner en práctica las propuestas que aporten los estudios del Observatorio.

En octubre comenzará a operar el Observatorio de Género
La viceconsejera de la Mujer, Mercedes Espinosa, señaló que el Observatorio de Género comienza ya a trabajar, un órgano que se dedicará a la investigación, a realizar estudios concretos sobre cuestiones como la incidencia de la violencia doméstica en Melilla, o los nuevos yacimientos de empleo en la ciudad enfocados para la mujer, entre otros. En este sentido dijo que tras la pertinente convocatoria pública, se han seleccionado los proyectos que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses. "Ha sido un proceso reñido porque ha habido un alto nivel en las iniciativas presentadas". La Viceconsejería de la Mujer, al margen del Observatorio, pretende contar con una Unidad de Género, que se encargará de realizar campañas de concienciación y sensibilización contra los malos tratos, o en pro de la igualdad de oportunidades, así como de diseñar y poner en práctica las propuestas que aporten los estudios del Observatorio.

www.melillahoy.es

La Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género entrará en funcionamiento en octubre

EUROPA PRESS En estos momentos, se está pendiente de ultimar la contratación de los psicólogos y de los trabajadores sociales cuya empleo se hará por "la vía de urgencia a finales de este mes", de acuerdo con estas fuentes.

Aseguraron además que el objetivo de esta unidad es la de atender la violencia de género de forma integrada, "atendiendo no sólo a la persona agredidas, sino también su entorno (hijos, marido...) para determinar las mejores medidas según cada caso".

Recientemente, el consejero responsable del área, José Miguel Ruano, anunció que estaba a punto de comenzar este proyecto que ya cuenta con los forenses y las sedes en Tenerife y Gran Canaria para estudiar los casos.

laopinion.es

ORIHUELA / Lorente y el Gobierno rubrican un acuerdo para atajar la lacra de la violencia machista

La subdelegada Encarna Llinares califica este delito de «terrorismo contra las mujeres» Una nueva unidad policial y la colaboración entre fuerzas de seguridad es la nota destacada

Orihuela contará con más medios para atajar la violencia machista. Así quedó ayer reflejado tras la firma de un protocolo de actuación y colaboración entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal. Al acto asistieron la alcaldesa de la localidad, Mónica Lorente y la Subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, junto con los mandos de los diferentes cuerpos policiales presentes en el municipio.

El acuerdo suscrito persigue combatir lo que la representante del Gobierno central calificó como «terrorismo contra la mujer». Lorente destacó la labor y esfuerzo que se realiza desde el ayuntamiento para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica. La primer edil recordó que Orihuela dispone del Área de Igualdad y Mujer, la oficina de atención a las víctimas del delito, Infodona, y desde hace un año cuenta con un juzgado de violencia doméstica y presentó la unidad que la policía municipal tiene para estos casos.

En esa línea, manifestó que con la firma de este protocolo se constituirá «una mesa de seguimiento para la prevención y protección de las víctimas» que mediante reuniones mensuales intercambiará datos de utilidad para los diferentes cuerpos policiales que actúan en este apartado del delito.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno calificó de «positivos» los datos en seguridad ciudadana que se registran en Orihuela, al haberse experimentado una disminución de los delitos, faltas, infracciones y en violencia doméstica. Llinares dijo que Orihuela es una ciudad segura, y sus ciudadanos pueden confiar en los efectivos de seguridad.

Encarna Linares también anunció que en breve darán comienzo las obras de la Comisaría torrevejense por ser «prioridad del Gobierno» y manifestó que el retraso se ha debido a trámites administrativos. En esta ocasión, a los tres meses que ha necesitado el Ayuntamiento para cambiar un proyecto que no estaba acorde con la norma de seguridad.

laverdad.es

No hay medios para aplicar la Ley de Violencia de Género

Políticos, expertos, víctimas y policías coinciden en que la entrada en vigor de la ley de protección de la mujer ha sido positiva, fundamentalmente por la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, pero al mismo tiempo señalan que en Canarias no se cumplen muchos de sus fines por falta de fondos.

Se acaban de cumplir tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género y todos los agentes sociales, políticos e incluso las víctimas de malos tratos de Canarias reconocen que se ha avanzado mucho, pero que queda mucho por hacer, sobre todo en lo que a dotación de los servicios policiales y judiciales se refiere. Y es que la creación los Juzgados especializados en Violencia de Género y de todo el sistema de protección para las víctimas ha sacado a la luz serios problemas estructurales que impiden que el objeto de la ley se cumpla tal y como se prevé.

El colapso de la justicia canaria, uno de los más preocupantes del país, sobre todo en el ámbito penal, se ha agravado en los últimos años debido a la inclusión de nuevos juzgados de violencia de género en los de primera instancia, lo que ha generado una duplicidad de trabajo. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con abusos sobre la mujer gozan de prioridad y, una vez que entran en sede judicial, son tratadas con premura, aunque en ocasiones ello supone la ralentización del resto.

Fallos en la Justicia.- No obstante, la propia fiscal de Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Tenerife, Francisca Sánchez, alertó de la falta de medios a la hora de demostrar judicialmente los malos tratos, ya que una sola psicóloga forense es la encargada de atender todos los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia tinerfeña.

Aunque la cifra exacta sobre el volumen de trabajo que a diario manejan estos juzgados no se puede determinar a ciencia cierta, cabe decir que durante el año 2006 -fecha de la última memoria publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- se hablaba de 4.442 nuevos casos registrados al año, a los que habría que sumar otros 4.106 que se resolvieron y otros 968 en trámite, por lo que estaríamos hablando de más de 9.500 casos al año sólo en la Jurisdicción Penal que tendrían que ser valorados por una única perito experta en Psicología. Obviamente no es operativo y son los forenses de otros departamentos los que atienden los casos menos graves.

A ello se une que desde el Instituto Canario de la Mujer (ICM) la Subdelegación de Violencia de Género, las Unidades del Cabildo de Tenerife e incluso desde las asociaciones de víctimas se alerta de la falta de sensibilidad que continúa existiendo por parte de la Justicia en lo que a la concesión de órdenes de protección y sobre todo en lo que al quebrantamiento de éstas se refiere, aludiendo a que "hay casos en los que parece que el juez lo que está esperando es que el agresor termine por matar a la mujer, porque ella denuncia y denuncia los quebrantamientos y el magistrado lo libera a los dos segundos. Es preocupante porque no es un único caso, como tampoco lo es que muchos de los abogados defensores de oficio no conozcan bien siquiera la ley que protege a la mujer y muchas se encuentren completamente desprotegidas cuando sientan en un banquillo a su agresor".

En este mismo sentido, la ex senadora del Partido Popular y actual concejala de Urbanismo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, Eva Navarro, señala que "uno de los objetivos principales, además de una mayor dotación de fondos, debe ser que los penados cumplan íntegramente sus condenas, porque de lo contrario se acogen a beneficios penitenciarios que los ponen en la calle más pronto de lo que sería deseable".

En el mismo sentido se manifiesta la directora del ICM, Isabel de Luis, que alerta de que "incluso son muchos los abogados que recomiendan a los maltratadores lo que tienen que hacer para salir lo antes posible de prisión, aprovechando que se benefician de mejoras en la condena".

Fallos en la protección. - Sin embargo, en lo que tanto políticos, como expertos y víctimas coinciden es en la necesidad de dotar con más fondos la seguridad y protección de las mujeres.

"Más medios. Recursos y más recursos, eso es lo que hace falta para luchar contra la desigualdad femenina y contra los malos tratos, sobre todo en prevención", señala la presidenta de la Asociación de Víctimas Beatriz Sanfiel, Isolina Martín, que considera que "hay mucho machismo entre los jóvenes, por lo que a los políticos hay que decirles que se gasten más dinero en esto y menos en otras cosas, porque se debe educar en igualdad en casa y en el colegio".

Testimonio de especial interés es el de un miembro de las fuerzas y seguridad del estado destinado a la custodia de mujeres víctimas de malos tratos que asegura que "la falta de medios económicos se palpa en el hecho de que yo mismo esté encargado de la salvaguarda de 86 mujeres. Es muy difícil poder atenderlas a todas como se debería". Además, explica que "lo que ahora mismo debería ser una prioridad es que se avance más en la ley y que la vigilancia ya no sea sobre las mujeres sino sobre los maltratadores; que sean ellos los que estén controlados y no las víctimas. Creo que hay medios suficientes para ello y no demasiados complejos, como las pulseras telemáticas, pero es una cuestión de dinero y de voluntad política".

Y precisamente los políticos -políticas en este caso- conocedores de la violencia de género parecen tener bastante en común, por esta vez y sin que sirva de precedente, ya que las representantes de Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular señalan que si bien la ley ha sido un buen punto de partida, ahora toca ampliarla, sobre todo en lo que a medios económicos y recursos de todo tipo se refiere.

Para la diputada nacionalista Flora Marrero, la prioridad debe ser la ampliación de los medios policiales. "La seguridad de las mujeres que sufren malos tratos y lo denuncian es el talón de Aquiles del desarrollo de la normativa. Hay cosas que están funcionando pero que creo que los medios policiales están fallando, por lo que considero que la prioridad debe ser que haya más policías destinados a la custodia y protección de las mujeres que, haciendo en muchos casos un esfuerzo, se atreven a denunciar. Ni siquiera así se podrá garantizar al cien por cien la seguridad de las víctimas, pero sí se ganará mucho terreno".

Fallos en la atención.- Sin embargo, para la parlamentaria socialista Eulalia Guerra de Paz los recursos deberían destinarse en primer lugar a "la creación de lo Equipos Multidisciplinares de Apoyo que la ley ha previsto desde hace tres años. Esto supone que cuestiones que se podían resolver en un mes se están haciendo en tres y cuatro meses y que, debido a que no hay un forense que evalúe inmediatamente los casos, los jueces no tienen toda la información que necesitan para tomar medidas de protección o para condenar".

Fallos en la coordinación.- Por su parte, la responsable de la Subdelegación de Violencia de Género, María Asunción Pardillo, refuerza la necesidad de dinero "porque sin fondos no se puede hacer nada y aunque la ley ha sido un gran avance, debe ser mejorada". Como primer paso Pardillo llamó a la colaboración de todas las instituciones porque "en Canarias hacen falta más medios pero también optimizar los recursos a través de la colaboración entre las administraciones para no duplicar esfuerzos y recursos".

Esta opinión la comparte la directora del ICM, Isabel de Luis, que aboga porque "todas las instituciones que estamos trabajando en este asunto deberíamos estar mejor comunicadas para que las mujeres y en general la sociedad sepan exactamente qué hacer y cómo actuar ante un caso de malos tratos. Insisto en esto porque ahora mismo hay multitud de recursos locales, insulares, autonómicos, y eso crea confusión. Por ejemplo, ahora mismo se está dando un serio problema y es que en los telediarios nacionales cada vez que aparece una información relacionada con violencia de género colocan el 016 como teléfono para las mujeres víctimas de malos tratos. Eso ha hecho que muchas llamen en situaciones de urgencia creyendo que ahí las ayudarán, pero resulta que sólo es de información y no de emergencias, por lo que pierden un tiempo precioso. Ahora estamos trabajando para que ese teléfono que es estatal al menos derive las llamadas al teléfono de emergencias canario que es el 112 y la mujer no tenga que llamar dos veces".

Así que a modo de conclusión y según lo expuesto por todos los agentes que conocen y participan en la Ley de Violencia de Género, su puesta en marcha en Canarias ha sido positiva, pero son muchas las cuestiones que no han podido ser desarrolladas o sólo en una pequeña proporción debido a la falta de recursos económicos tanto por parte del Ejecutivo central como del canario, siendo la correcta protección de las víctimas que denuncian a su agresor y el control de estos una vez que hay una orden de alejamiento las asignaturas pendientes.

eldia.es