La Corte y Macri, unidos por la violencia/Argentina Buenos Aires

El próximo miércoles 3 de septiembre, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton, firmarán un convenio para coordinar acciones para facilitar el acceso a la justicia de víctimas de violencia doméstica. "Es una pena que sea la Corte Suprema y no el Poder Judicial de la Ciudad quien brinde un servicio tan necesario para los vecinos", señalaron fuentes judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representados por la vicepresidenta del máximo tribunal argentino, Elena Highton, y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmarán el próximo miércoles 3 de septiembre, a las 11, un convenio de cooperación para facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia doméstica.

El acuerdo estará enmarcado en el proyecto encarado por la Oficina de Violencia Doméstica, y tendrá como objetivo optimizar la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad por maltrato físico o psicológico.

La asistencia no sólo se centrará en información de los procedimientos judiciales que correspondan, sino que también se brindarán servicios de atención, recepción derivación y tratamiento a víctimas de violencia doméstica.

También participarán de la ceremonia, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, los ministros de la Ciudad Guillermo Montenegro (Justicia y Seguridad), Jorge Lemus (Salud) y María Eugenia Vidal (Desarrollo Social), e integrantes del Grupo Asesor de la Oficina de Violencia Doméstica.

"La Ciudad de Buenos Aires es quien brinda toda la estructura de atención a las víctimas de violencia familiar. La Justicia de Familia que depende de la Nación, recurre a la Ciudad para la asistencia de las personas -menores y mayores- en situación de vulnerabilidad. Es una pena que sea la Corte Suprema y no el Poder Judicial de la Ciudad quien brinde un servicio tan necesario para los vecinos, como es el de asesoramiento jurídico", señalaron a NOTICIAS URBANAS fuentes judiciales locales. "Había un vacío, una problemática y una necesidad, y la Corte dio el paso para resolverlo. La Ciudad podría haberse hecho cargo de esto. Hubiera podido ser un paso más hacia la autonomía plena y una muestra de interés por la transferencia de la Justicia de Familia al Poder Judicial de la Ciudad. Más allá de esto, hay que celebrar el interés de la Corte por brindar un servicio tan necesario a los vecinos porteños".

Angie Carnevali

www.noticiasurbanas.com.ar

Suspenden a juez denunciado como acosador sexual

Por fin, los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), suspendieron del cargo al juez local penal de Tipitapa, Guillermo García, a quien cuatro mujeres llevaron de queja ante la Corte por presunto acoso sexual.

Aunque desde el año pasado existía un auto firmado por los miembros del Consejo, Marvin Aguilar y Alba Luz Ramos, no había salido porque el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, y Edgard Navas, se negaban a firmarlo en respaldo al juez García, de tendencia liberal.

El magistrado Marvin Aguilar explicó que la suspensión fue firmada por Ramos; el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, suplente de Martínez en el Consejo, y quien se encuentra fuera del país, y él. Indicó que el tiempo de suspensión está sujeta a los resultados de la investigación de las quejas.

Meses atrás, el magistrado Aguilar calificó el asunto como grave porque existe una decisión de todos los poderes del Estado de combatir la violencia doméstica y las agresiones contra la mujer, y no se pueden permitir esas situaciones.

La Inspectoría Judicial recomendó la suspensión del juez García, y existía un auto en ese sentido, pero hasta ahora fue posible materializarlo, y ayer, según una fuente del Juzgado de Tipitapa, se le notificó a García la suspensión por tiempo indefinido.

Navas había argumentado que no podía firmar la suspensión porque ese a su criterio debe hacerse cuando hay situaciones graves, como narcotráfico. El criterio de Navas es que primero se debe investigar, y si preliminarmente se encuentra situaciones que lo ameriten se suspenda al funcionario, pero, de lo contrario, debe esperarse a la resolución.

Las mujeres denunciaron al judicial porque supuestamente les pidió sostener relaciones sexuales a cambio de fallar a favor de ellas casos por pensiones alimenticias, injurias, y otros en trámite en ese juzgado local.

La CSJ tenía a inicios, un retraso de 700 quejas sin resolver, de esas, la mitad pueden ser de jueces. Hay 200 casos de firma de autos para su tramitación y 500 expedientes, con proyectos de sentencia que no salen por falta de firmas, según datos brindados por magistrados meses atrás.

Eloisa Ibarra

www.elnuevodiario.com.

El Gobierno condecora a Neira como símbolo contra la violencia machista

El Gobierno ha condecorado con la Gran Cruz al Mérito Civil al profesor Jesús Neira, en coma tras los golpes recibidos al defender a una mujer agredida por su pareja, una actitud que le convierte en "un símbolo de la defensa colectiva" frente a la violencia sobre las mujeres.

Así lo ha expresado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha subrayado que el día en el que el presunto maltratador "ponía la mano sobre su pareja nos agredía a todos".

"Ese mismo día en el que Jesús Neira defendía a aquella mujer nos estaba defendiendo a todos. Estaba defendiendo nuestra dignidad como sociedad", ha subrayado. Por esta razón, el Gobierno, a petición del Ministerio de Igualdad, "quiere reconocer con esta distinción su acción, que a todos nos honra".

Jesús Neira, cuyo estado ha empeorado en las últimas horas, sufrió la agresión el pasado día 2 de agosto en Majadahonda (Madrid), cuando intentaba evitar que un hombre continuara golpeando a su pareja. Como respuesta a su intervención, el presunto maltratador, Antonio Puerta, actualmente en prisión, la emprendió a golpes con el profesor.

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Canarias pide más medidas para aumentar la protección a las víctimas de maltrato

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado nuevas medidas para dar mayor protección a las víctimas de malos tratos y que para ello modifique la ley integral contra la violencia de género, de forma que haya un protocolo de intervención único entre todas las administraciones.

Así lo ha demandado la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, a la secretaria de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, a la que pidió que dicha reforma incluya un aumento de la financiación. informa en un comunicado la Consejería regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda,Todos estos planteamientos serán realizados formalmente en la Conferencia de Presidentes que a finales de septiembre se celebrará en Madrid, añade la Consejería.

Además el Gobierno de Canarias propone incluir un concepto más amplio de violencia de género, como ya incluye la ley canaria, y que contempla además la prostitución, las agresiones sexuales, la violencia en los ámbitos laboral, docente y social.

Esta medida, según Isabel de Luis, supondría que a tales actuaciones les sería de aplicación las medidas previstas en la ley orgánica en cuanto a los derechos de las mujeres y la tutela penal.

Otras de las modificaciones a la ley estatal que propone el Gobierno canario es establecer el cumplimiento íntegro de las penas de los maltratadores, de programas de reinserción o tratamiento voluntario de maltratadores que no estén ligados a beneficios penitenciarios.Además pide la atención jurídica inmediata especializada en materia de violencia de género con carácter gratuita en todos los casos, al menos en la primera asistencia a la mujer en el momento de la denuncia.

El Gobierno regional plantea también revisar las funciones del teléfono 016, pues a su juicio en la actualidad no se atiende a las mujeres que han sufrido agresiones que no se contemplan dentro de la ley estatal.

"Frente a la violencia que se ejerce contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, la respuesta desde las instituciones públicas debe ser contundente y debe ir encaminada a apoyar a las víctimas, independientemente de que las agresiones estén comprendidas o no en el objeto de la ley estatal", añade Isabel de Luis.

La directora del Instituto Canario de la Mujer asegura que Canarias tiene una red consolidada de dispositivos de emergencia y servicios de atención y acogida para atender a las mujeres víctimas de violencia que son alertados de inmediato desde que el 112 recibe la llamada.

Aún así el Gobierno canario solicita mayor financiación con el objeto de mejorar el equipamiento de algunos centros, aumentar el personal que presta sus servicios en los recursos de atención especializada y reforzar su formación, así como mejorar los mecanismos de coordinación entre todos los servicios y administraciones existentes en Canarias en materia de violencia machista.

En cuanto a las mujeres que presentan otras problemáticas añadidas como son trastornos de salud mental, adicciones, exclusión social y escasez de recursos propios, Canarias propone garantizar la asistencia social integral y un plan de medidas especiales.

Otras de las medidas que se plantean son la creación y puesta en marcha de un banco de buenas prácticas a nivel nacional en materia de violencia de género y la creación de un dispositivo más avanzado para prestar la teleasistencia móvil a las mujeres, dirigidos, entre otros, al cumplimiento de las medidas de alejamiento entre víctima y agresor.

EFE
canarias24horas.com

Ayuntamiento despide sin notificar a la abogada que reveló corrupción/Oaxaca de Juárez

Tras la denuncia pública que realizara Liliana Montero Hernández, la semana pasada, en contra del regidor del Centro Histórico y presidente de la comisión especial de seguimiento al asunto de los parquímetros, Raúl Castellanos Baltazar; la asesora legal fue despedida sin ser notificada de manera oficial y sin posibilidades de invocar sus derechos laborales dentro de las instancias municipales, acusó.

"No me dieron la oportunidad de defenderme", asegura Liliana Montero

De acuerdo a la abogada, luego de que ésta fuera reincorporada a la Dirección Jurídica de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, y que su horario de trabajo fuera incrementado de 8 a 10 horas de trabajo en un horario nocturno, hecho que contraviene lo estipulado en la Ley del Trabajo, decidió hacer uso de cinco días de descanso a los que tenía derecho, pero al presentarse a laboral este lunes ya no se le permitió el acceso a su área de trabajo, según narró.

Asimismo, la ex asesora del concejal Raúl Castellanos Baltazar manifestó que acudió a la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, instancia que de entrada le negó el derecho a interponer su queja en contra de las autoridades municipales, ya que según le dijeron, no consideraban que hubiese violación alguna a sus derechos y garantías individuales, por lo que adelantó que procederá ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

"No solamente me están negando el derecho a ser notificada de manera oficial, también me están negando el derecho a defenderme, ya que el director del departamento jurídico, Sergio Antonio Bolaños Sherenberg, ni siquiera me da la cara, ya que como él es profesor de tiempo completo en el CEBETIS 26, pues nunca se encuentra. Tampoco me pagaron los días que laboré durante la segunda quincena del mes de agosto," señaló.

Cabe hacer mención que Liliana Montero Hernández se venía desempeñando como asesora legal del regidor Raúl Castellanos Baltazar, pero fue a principios del mes de agosto, cuando la empleada, según dijo, encontró el acta constitutiva de la empresa Operadora de Estacionamientos y Parquímetros S.A. de C.V. (OEPSA), que empezó el acoso laboral de parte de la administración capitalina, hasta derivar en el despido injustificado.

Sin embargo, Montero Hernández no quita el dedo del renglón en cuanto a iniciar un litigio en contra del gobierno local, además de insistir en la poca hombría y dolo con la que actuó Raúl Castellanos, su ex jefe, al mandarla intimidar a través de Bolaños Sherenberg, para que mejor renunciara antes de que se viera afectada de otra forma.

ISMAEL RIVERA
www.noticias-oax.com.mx

Violencia en casa

La cantidad de denuncias de casos sobre violencia doméstica ha aumentado en Uruguay así como en toda América Latina. En Europa es considerado uno de los problemas sociales más graves.

La violencia doméstica es fundamentalmente un “atentado grave a los Derechos Humanos”, esto compromete seriamente el desarrollo y la vida de las víctimas, tanto a nivel físico como psíquico. Estas son en su inmensa mayoría mujeres y niños, dando lugar a posteriores problemas emocionales y de adaptación social.

Toda problemática de este tipo se anuda a fenómenos que generan con el tiempo sus consecuencias negativas. Las causas no son de un solo orden, de manera que La Violencia Doméstica no es resultado solamente de los vínculos desarrollados en el mundo íntimo de los involucrados, sino que tienen causas complejas, que se relacionan con las historias personales y a su vez con la cultura y los valores de la sociedad en la cual se desarrollan.

“No todas las personas con historia de maltrato serán maltratadoras, pero es uno de los factores que predisponen a ella, entre otros”. Gran parte de los menores que hoy en día terminan en correccionales por reiterados delitos responden a una violencia que ha sido ejercida sobre ellos de manera sistemática durante sus distintas etapas de desarrollo, así como también al abandono total, que es otra forma de violencia.

La mujer, objeto de violencia

En Uruguay se reciben día tras día numerosas denuncias de maltrato a la mujer. Esto puede tener dos lecturas, por un lado las cifras asustan, teniendo en cuenta que muere una mujer cada nueve días a causa del maltrato físico directo por parte del hombre, que puede ser su actual o ex pareja.

La violencia no sólo es a este nivel, el sometimiento se da a nivel psicológico también, por motivos económicos por ejemplo puede generarse toda una relación de dependencia, en la cual la mujer se ve encarcelada, ejerciendo esto una presión que se vuelve insoportable. “La violencia doméstica constituye un patrón de conductas abusivas a nivel físico, sexual, psicológico o relacional usado por una persona en relación íntima con otra, para ejercer poder, control y autoridad sobre ella”

Estas situaciones son las que terminan en suicidios u homicidios, los “crímenes pasionales” que en ocasiones son noticia en los informativos. Pero es más complejo aún. Esto puede ser consecuencia del abuso de alcohol u otras drogas, pero a su vez puede ser desencadenante del consumo de ellos , así como de fármacos, apareciendo un montón de patologías del tipo depresivas por ejemplo, que como sabemos, son una epidemia en todas partes del mundo.

La otra lectura que se puede hacer es que al haber un incremento tan grande en el número de denuncias, se puede pensar también que hay menos temor por parte de las víctimas, que piden ayuda con mayor frecuencia. Esto, si se articula con una intervención adecuada por parte de las autoridades, realmente puede salvar vidas. Sin embargo hay que tener muy en cuenta que la cifra de denuncias, aunque haya aumentado, es bastante menor al número real de casos.

Un dato interesante es que la cantidad de casos de violencia en el ámbito del hogar es bastante mayor que la cantidad de delitos contra la propiedad, aún así tienen mucho más atención por parte de los medios de comunicación.

La violencia doméstica siempre ha existido como fenómeno, y siempre ha sido grave, la diferencia es que en épocas anteriores esto quedaba más en la esfera de la intimidad del hogar, debido al temor y amenazas. Actualmente el tema se ha comenzado a tratar con mayor fluidez, se vuelca en mayor medida a la opinión pública, se han generado algunas políticas de prevención y de divulgación de información sobre la temática.

Existen proyectos con la intención de revertir estas situaciones, por ejemplo se han creado más Comisarías de la Mujer y de la Familia, preparando a más agentes de manera que sepan actuar de forma correcta en estos casos. Un peligro que se suma es que los policías, muchas veces recomiendan medidas inadecuadas a la víctima, quizás no la saben guiar en la forma de proceder, generando (sin intención), un problema más agudo aún.

Todos estos elementos están dando quizás un margen mayor a la denuncia, tanto de quienes sufren como de quien se vuelve testigo. Esto da la sensación de que la situación de la mujer, aunque lentamente, podría ir mejorando con respecto a este tema.

Por Luis Devitta

www.elacontecer.com

Detenido por presunto delito de violencia de género a una de sus dos esposas/Zaragoza

Mohammed B. de 34 años, ha sido detenido y puesto a disposición Judicial, como presunto autor de un delito de violencia de género en la persona de una de sus dos esposas, informan desde la Policía Local.

La detención se produjo después de que entre las tres personas se produjera una discusión familiar por motivos de convivencia y, al parecer, haberse agredido entre las féminas, el detenido agredió a la mujer denunciante.

Ésta se personó en el cuartel de Policía Local del Distrito del Actur donde narró el suceso, por lo que una patrulla de ese cuartel compareció en el domicilio del detenido, en la calle Margarita Xirgu del Actur, y procedió a su detención tras ser informado de los motivos por los que se le detenía, si bien negó haber estado implicado en ninguna agresión familiar.

www.europapress.es

La violencia en el hogar es la base de la violencia en la sociedad

Venezuela

"La violencia es igual en todos lo estratos sociales. Necesitamos hacer una campaña profunda que llegue hasta la conciencia de cada ciudadano y cada ciudadana", enfatizó la ministra para los Asuntos de la Mujer, María León.

Como "horrorosa" calificó la ministra para Asuntos de la Mujer, María León, la violencia contra la mujer que existe en nuestro país. Esto lo señaló durante entrevista realizada en el programa "Al Momento" de Venezolana de Televisión.

A tal efecto, León explica que se están creando tribunales y fiscalías para combatir la violencia contra el género. "Estamos constituyendo tribunales y fiscalías, porque así lo han solicitado. El proceso de violencia de género, no es sólo violencia intrafamiliar como se piensa, también se trata de violencia obstétrica e institucional"

"Las mujeres siguen reclamando que no reciben el trato adecuado al momento del parto. A pesar de que hemos bajado las cifras de mortalidad materna, éstas aún son altas y tienen que ver tanto en el cuidado de la mujer embarazada desde su comunidad, como con los centros hospitalarios a los cuales acude la mujer en busca de atención", destacó la ministra para Asuntos de la Mujer.

Por otro lado, la ministra para Asuntos de la Mujer, señaló que la violencia contra la mujer no distingue clases sociales. "La violencia es igual en todos lo estratos sociales. Necesitamos hacer una campaña profunda que llegue hasta la conciencia de cada ciudadano y cada ciudadana".

Asimismo, la ministra León manifestó que en la actualidad se realizan más denuncias, en otros tiempos la vergüenza amparaba los crímenes y la violencia contra la mujer. "Antes no se denunciaba, la gente creía que era un problema particular".

"Nosotros tratando de moldear una sociedad nueva, estamos preparando a nuestras mujeres en lo socioproductivo. La revolución está otorgando poder a la mujer. Por ello no podemos permitir esa guerra en el seno de los hogares. Tenemos que luchar contra la violencia porque la violencia en el hogar es la base de la violencia en la calle", indicó finalmente la ministra para los Asuntos de la Mujer, María León.

Prensa Web RNV

www.rnv.gov.ve/noticias/index

La laguna jurídica del ´mobbing´

Lleida

Una juez lamenta la falta en el Código Penal de un delito específico para perseguir el acoso moral en el trabajo

UGT alerta de que los casos de 'mobbing' aumentan en el sector público Los departamentos de Salut y Educació copan el 78% de las consultas por acoso

Un día la insultó gritándole tonta, U inútil, no sirves para nada (...), otro día le asignaba funciones que no tenían trascendencia ni utilidad (...) y en una ocasión la obligó a sentarse en la mesa del conserje para que se sintiera degradada". Es sólo una parte del infierno que Begoña Solé vivió en su trabajo y está recogida en una de las primeras sentencias condenatorias dictadas en España - el fallo lo emitió un juzgado de Lleida- contra una jefa de la Administración pública por acoso moral en el trabajo. La juez autora de esa sentencia lamenta que el Código Penal todavía no defina ni incluya el mobbing como un delito.

La Administración es un foco creciente de mobbing, alerta el sindicato UGT. La situación vivida por Begoña Solé, funcionaria del servicio de Carreteres en Lleida, la padecen otros trabajadores de la función pública. "Estas situaciones se agravan en la empresa pública más que en la privada - afirma el responsable laboral de servicios públicos de UGT-Catalunya, Xavier Borrajo- por las dificultades para un cambio de destino". Es lo que le pasó a Begoña, que hacía ya años que ocupaba sin problema alguno el puesto, hasta que llegó una nueva jefa - Teresa Casals- y fue relegada en sus funciones.

La magistrada que condena a esta responsable de Carreteres de la Generalitat no tiene duda: Begoña Solé fue víctima de mobbing. El fallo dice que el acoso se manifiesta con la asignación de tareas "innecesarias, degradantes, repetitivas o imposibles de cumplir", impidiendo a la víctima "las relaciones con el resto de los compañeros", o atacándola con "críticas hirientes, vejaciones, burlas…".

El problema de la magistrada del juzgado de lo penal número 2 de Lleida es que, pese a quedar probado este acoso moral, no ha podido condenar a la acusada por mobbing. "El acoso moral en el trabajo, en sus manifestaciones más graves, debería ser objeto de protección penal mediante una definición precisa de la acción típica y de los elementos normativos y descriptivos que deben integrarla", recoge la sentencia. Esa laguna judicial obliga a los jueces - destaca la magistrada- "a buscar otros tipos penales que encajen, como un delito de lesiones, coacciones, o contra la libertad y seguridad de los trabajadores".

En el caso de Begoña Solé, que precisó atención psiquiátrica, su jefa fue condenada por una falta de coacciones a la pena de 20 días de multa, con una cuota de 12 euros diarios. La sentencia condena también a Teresa Casals a indemnizar a la subordinada con más de 63.000 euros. La sentencia, recurrida por la parte condenada ante la Audiencia de Lleida, señala la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat al estimar que no veló por el bienestar de la funcionaria y que con un mayor control de esa jefa habría podido evitarse este acoso.

Begoña se recupera del infierno vivido y la sentencia ha sido un alivio para ella después de superar muchas dificultades (los compañeros raras veces apoyan a las víctimas de mobbing)para demostrar la veracidad de sus acusaciones.

La sentencia dictada en Lleida evidencia esa laguna judicial sobre el acoso moral en el trabajo que hace tiempo denuncian los sindicatos. A raíz del fallo, UGT ha aprobado una resolución que pide que el mobbing sea tipificado como delito en el Código Penal. Borrajo indica que al sindicato le preocupa sobre todo el aumento de consultas de funcionarios. Sólo en Lleida, han constatado que el pasado año se duplicaron (de 26 consultas se pasó a más de 70) de empleados de la función pública, informa Josep González, secretario de la federación de servicios públicos de UGT en esta provincia.

La asociación Contra l´Assetjament Moral en el Treball (CLAM) confirma un ascenso del mobbing en el sector público, según su presidenta, Joana Pradas. De las consultas de los últimos años, el 59% provenía de funcionarios. Los departamentos de Salut y Educació coparon el 78% de los casos. El trabajador acosado suele ser una persona de 40 a 55 años y el 78% son mujeres. En el 58% de los casos, el mobbing es por un superior. En el sector privado, el 41% de las consultas a CLAM son de personal que hace tareas administrativas.

Javier Ricou

www.lavanguardia.es

CORTE Y GOBIERNO PORTEÑO FIRMAN CONVENIO/Buenos Aires

Buenos Aires

La doctora Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, y el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmarán el miércoles a las 11 un convenio con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia doméstica.

La firma se realiza en el marco del proyecto de la Oficina de Violencia Doméstica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.El proyecto prevé un convenio de cooperación a fin de coordinar acciones y complementar recursos para facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas y favorecer el oportuno cumplimiento de las disposiciones judiciales.

El objetivo común se centra en optimizar la asistencia de aquellas personas que se encuentran en circunstancias de especial vulnerabilidad por ser víctimas de maltrato físico o psicológico. Se favorecerán los servicios de atención, información, derivación, recepción y tratamiento, se informó oficialmente.

Estarán presentes también el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti; y los ministros Guillermo Montenegro, Jorge Lemus y María Eugenia Vidal, de las carteras de Justicia y Seguridad, Salud y Desarrollo Social, respectivamente. También participarán del acto los integrantes del Grupo Asesor de la Oficina de Violencia Doméstica.

www.elpatagonico.net