1 de noviembre de 2008

Casi 2.000 sevillanas necesitan protección contra la violencia doméstica

Sevilla es una de las provincias españolas que cuenta con más mujeres a las que se les prestan medidas de protección frente a la violencia machista, ya que suma 1.941 casos, 1.773 de ellas españolas y los 168 restantes, de nacionalidad extranjera.

En España hay 41.459 mujeres que cuentan con medidas de protección, que en su mayoría se concentran en las comunidades de Andalucía, con 8.053; Cataluña, con 6.917, y Madrid, con 6.711.

Estos datos son del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica hasta el 31 de mayo de este año, según la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por la diputada popular Susana Camarero.

Tras las autonomías que encabezan esta estadística, se sitúan la Comunidad Valenciana (4.984), Canarias (2.558) y Castilla-La Mancha (2.001).

El menor número de órdenes de protección o medidas cautelares (medidas activas de protección) se registran en La Rioja (172) y en Cantabria (240), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 31 y 35, respectivamente.

Del número total de mujeres con órdenes de protección, 29.756 son de nacionalidad española y 11.703 son extranjeras, lo que representa un 28,23 por ciento.

Las comunidades con un mayor número de mujeres extranjeras con órdenes de protección son las Madrid, con 2.762 (un 41,16 por ciento), y Cataluña, con 2.242 (un 32,41 por ciento).

www.abcdesevilla.es

Año y medio de cárcel para un hombre que clavó un cuchillo a su mujer

También la propinó una paliza con un palo tras enfadarse con ella porque recibió una llamada telefónica

El Juzgado de lo Penal número Uno de Santander ha condenado a un total de dieciocho meses de prisión por dos delitos de violencia de género a un hombre que clavó un cuchillo en las piernas a su mujer y después la propinó una paliza con un palo, causándola numerosas lesiones. La sentencia impide también al condenado aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante un año y 9 meses.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 30 de septiembre de 2008, cuando el acusado, David G.C., viajaba en el coche con su esposa de regreso de Castellón. La mujer recibió una llamada de teléfono, lo que motivó que el marido se enfadara con ella y la preguntara quién la había llamado.

A continuación, sacó de la guantera un cuchillo, se lo colocó en el cuello y le dijo que se lo iba a cortar, clavándoselo finalmente en las piernas, a la vez que la golpeaba.

Al llegar al domicilio familiar, en la localidad de Revilla de Camargo, el hombre propinó una paliza a su esposa con un palo de madera que terminó rompiéndole en el cuerpo.

Como consecuencia de las agresiones la víctima sufrió hematomas múltiples en los miembros superiores e inferiores, heridas puntiformes superficiales, herida longitudinal en el codo, alopecia en el cuero cabelludo y perforación del tímpano del oído izquierdo.

La mujer ha renunciado a ejercer acciones penales y civiles contra el agresor, y también a ser reconocida por el médico forense adscrito al Juzgado. Fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de Santander el que prohibió en un auto de 2 de octubre que el marido se aproximara o comunicara con su esposa hasta que hubiera resolución judicial.

En el juicio oral el acusado reconoció los hechos y manifestó su conformidad con la pena solicitada. La sentencia suspende por el plazo de tres años la ejecución de la pena de prisión impuesta, quedando condicionada a que no vuelva a delinquir en dicho plazo.

www.eldiariomontanes.es

Sólo la condena de la violencia machista logra unanimidad en el Pleno municipal

Sólo una declaración institucional para manifestar la «más enérgica repulsa y condena» del Ayuntamiento ante víctimas de violencia machista en Madrid logró ayer la unanimidad de PP, PSOE e IU en el Pleno de ayer, que estuvo marcado por la confrontación en materia económica y ambiental.

El debate más encendido del Pleno municipal, en el que los concejales cambiaron su desayuno tradicional de tortilla por productos de comercio justo, lo han suscitado los parquímetros. El Ejecutivo municipal (PP) se ha negado a retirar los parquímetros de los barrios de la periferia, como pidió el presidente del grupo socialista, Oscar Iglesias, en cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Y es que el delegado de Movilidad, Pedro Calvo, ha defendido que la sentencia «no es firme y, por tanto, no es ejecutable», algo que el alcalde ha apoyado desde la presidencia del Pleno, desde donde ha intervenido, excepcionalmente, para recordar que el PP ganó votos en los barrios objeto de la ampliación del SER en las últimas elecciones.

Aunque para «acalorado», el debate que mantuvieron la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, y la portavoz de IU en esta materia, Raquel López. Botella le dijo a López que «no debe dar lecciones medioambientales porque los países que han estado en su órbita de pensamiento han tenido auténticos desastres medioambientales».

Otro de los puntos más polémicos que el PP sacó ayer adelante en el Pleno haciendo uso de su mayoría absoluta ha sido la construcción de un aparcamiento en un espacio libre de la parcela del colegio religioso concertado Santo Domingo Savio, en Pueblo Nuevo.

Las denuncias por violencia machista en Menorca bajan un 20% en dos años


Javier Tejero y Beatriz Rodríguez aportaron los datos sobre malos tratos . Foto: T.M.
Las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar han bajado un 20% en los dos últimos años en Menorca. Si en septiembre de 2006 había una media de 221 querellas anuales, en septiembre de este año la tasa se situó en 176. Se trata de un descenso que ya se detectó en el mismo mes de 2007 cuando el índice estaba en 191. Lo anunció ayer el director insular de la Administración General del Estado, Javier Tejero, acompañado de la responsable de la Unidad de Violencia de Género, Beatriz Rodríguez.
«Mirando los datos así, se ve una evolución positiva que quiero pensar que obedece a las medidas adoptadas. Pero esto no quita que aún tenemos una denuncia cada dos días. Es una cifra alta» explicó el representante del Gobierno central.
Tejero señaló que la mayoría de esas acusaciones ante la Guardia Civil y la policía Nacional son por malos tratos físicos. Explicó que no se puede definir un perfil ni de los agresores ni de las víctimas «ya que pertenecen a todas las capas sociales y nacionalidades». Lo que sí remarcó el director insular es que mientras la mayoría de mujeres que padecen los actos violentos, un 60%, son extranjeras por un 40% de españolas, en el caso de los agresores las cifras se invierten. Un 55% de los de los presuntos delincuentes son del país mientras que un 45% nacieron en otro estado.
Javier Tejero también rehusó fijar un periodo en el que se detecten más casos de violencia de género aunque se constata que en los meses de verano se interponen más denuncias. Tejero explicó que la razón estriba en el incremento de población en la Isla en temporada alta aunque Beatriz Rodríguez añadió que «es en los meses de mayor convivencia de la pareja cuando se dan este tipo de delitos y el periodo vacacional es uno de ellos».
Rodríguez lamentó que tienen constancia que no todas las mujeres que sufren malos tratos presentan la correspondiente denuncia. «Hay personas que acuden al Centre Asesor de la Dona por esta causa pero luego no van a la policía por lo que no podemos actuar» explicó.
En Menorca hay en la actualidad 134 órdenes de protección vigentes para evitar que un maltratador pueda seguir hostigando a sus víctimas. Esto implica que hay otras tantas órdenes de alejamiento para los presuntos agresores. Según Javier Tejero es una cifra casi idéntica a la del año anterior.
En la Isla hay tres policías y dos guardias civiles que se encargan de este servicio. Realizan un seguimiento de maltratadas y maltratadores para evitar nuevos conflictos. Los cuerpos de seguridad realizan una valoración del riesgo de cada persona en particular. En Menorca destaca un caso que se dio en octubre y que se calificó de «riesgo extremo», el más alto existente. Esto motivó un control pormenorizado de todos los implicados hasta que una nueva valoración determinó que el riesgo real era inferior al que se había previsto en un primer momento.
J. R./J. P. F.

Arrestado por un delito de violencia machista y otro de atentado a agentes de la autoridad

La Policía Local de Santa Eulària ha arrestado a un hombre de 35 años y nacionalidad ucraniana acusado de un delito de violencia machista sobre su pareja, cuyas circunstancias no fueron concretadas.

Según fuentes policiales, sobre las 17,40 horas del jueves recibieron una llamada por un supuesto caso de violencia en la zona de Can Bella. Al llegar, observaron a un hombre que se disponía a abandonar el lugar en un coche y le dieron el alto para identificarle.

En ese momento, se presentó una mujer que relató que ese hombre, R. L., que era su pareja, la había agredido momentos antes y manifestó su intención de denunciarle.Los agentes informaron a R. L. de que iba a ser arrestado y éste «se resistió activamente a su detención».

Finalmente, el hom-bre quedó detenido por dos delitos, uno de violencia sobre la mujer y otro de atentado a agentes de la autoridad.

www.diariodeibiza.es

La fiscal de violencia de género cuestiona el alejamiento forzoso de los maltratadores

Tres años después de la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista el alejamiento obligatorio del agresor cuando ha sido condenado sigue revelándose como uno de los puntos de posible modificación.

La fiscal para la violencia de género, Soledad Cazorla, criticó ayer que, en algunos casos, esta medida resulta "inoperante" y pidió que les concedan "un poco de margen" para que no siempre haya que recurrir a ello. "No estoy en contra de la medida, pero sí de que siempre sea obligatorio".

De modo parecido se expresó la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid María Tardón, quien dijo haberse encontrado en varias ocasiones episodios esporádicos de violencia que luego se superan para los que sería más eficaz "emitir sentencias con ciertas condiciones que permitan a la pareja reanudar su convivencia".

Pero este asunto permanece atascado porque no se logra un acuerdo general. Altamira Gonzalo, la presidenta de la Fundación Themis, de mujeres juristas, no cree que sea el momento de rebajar la protección de las víctimas aun cuando ellas mismas consideren que están fuera de riesgo.

El alejamiento forzoso ha sido uno de los puntos centrales del debate generado durante dos días en Madrid en unas jornadas de reflexión organizadas por la Fundación Themis para analizar el funcionamiento de esta ley. Reflexiones se han escuchado muchas. En ellas, y de forma reiterada, sobre otro asunto polémico en los tribunales que juzgan las agresiones machistas: la dispensa a la que pueden acogerse las mujeres para no declarar contra su pareja a la que denunciaron días antes.

Cuando eso ocurre, el proceso pierde una prueba fundamental, que a veces es la única porque la agresión ha ocurrido en la intimidad, sin testigos. A Soledad Cazorla le resulta "incomprensible" que en estos delitos pueda utilizarse esta dispensa, porque la mujer es también la víctima. En este punto tampoco hay unanimidad.

Todas coincidieron, sin embargo, en que siguen faltando medios para aplicar esta ley. La fiscal afirmó que siguen teniendo "los mismos problemas jurídicos que tenían hace tres años" e insistió en la incidencia superior de esta violencia en la población inmigrante, la falta de formación de las distintas personas que intervienen en estos procesos y la necesidad de evaluar con precisión el riesgo que corre la víctima para protegerla adecuadamente. Gonzalo se empleó para desmontar la idea de que las mujeres presentan falsas denuncias. El 72% de las resoluciones han sido condenatorias y eso no significa que el resto fueran denuncias falsas, sino que no hubo suficientes pruebas.

CARMEN MORÁN
www.elpais.com