31 de octubre de 2008

La polémica sobre EpC, un freno a la ley contra la violencia doméstica

Durante esta semana se ha celebrado en Madrid un Congreso que ha analizado los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Según reconoció María Durán Ferrer, encargada de la primera ponencia del Congreso, la Ley se sustenta en tres pilares: "Los derechos de las mujeres que son víctimas, las medidas penales y judiciales contra los agresores y las medidas dirigidas a modificar la estructura patriarcal de la sociedad, como aquellas que vigilan la publicidad discriminatoria o determinan la obligatoriedad de ciertos contenidos sobre igualdad de género en la Educación".

Precisamente, la erradicación de la violencia de género a través de la Educación ha sido abordada durante el Congreso, con la intervención de Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Carmen Maestro ha mostrado su alarma por los datos preliminares de un informe del Observatorio Estatal de la Convivencia, en el que se aprecia que el 7,3% del alumnado percibe que "el hombre que parece agresivo es más atractivo" (el porcentaje aumenta si sólo se tiene en cuenta a las chicas). La presidenta del Consejo considera que estos datos son uno de los síntomas de la necesidad de prevenir actitudes que puedan acabar convirtiéndose en episodios de violencia doméstica.

Cómo puede combatirse la violencia de género desde las escuelas? La Ley Integral dedica el capítulo primero del título primero a las medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género en el ámbito educativo. En este apartado, se prevén algunas medidas de carácter orientativo, como la necesidad de formar en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, así como otras de contenido más práctico, como la participación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres en el Consejo Escolar del Estado, o la actuación vigilante de la inspección educativa. Estas últimas medidas ya se están llevando a cabo, aunque el gran instrumento en el que confían los profesionales es el desarrollo de la asignatura de Educación a la Ciudadanía, que obliga a abordar la violencia de género entre sus contenidos.

"Hasta ahora, el tratamiento de la igualdad de género en la escuela se había dejado al albur de la sensibilidad de los diferentes centros y tutores. Con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el tema de la igualdad de géneros se convierte en algo obligatorio, lo que provoca que todos los niños tengan igual acceso al tratamiento de estos temas".


Es la opinión de Carmen Rodríguez Méndez, autora de 'La configuración del género en los procesos de socialización' y subdirectora del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

Hemos acudido a uno de los textos de 'Educación para la Ciudadanía' que circulan por las librerías (concretamente, el de la editorial edebé) para saber cómo se aborda la violencia de género. De las 104 páginas que componen el texto, un par de ellas aparecen bajo el siguiente epígrafe: "Una vulneración de los derechos humanos: la violencia doméstica". En él se define la violencia doméstica, tanto física como psicológica, se ofrecen sendos testimonios, así como una clasificación con aquellas situaciones que favorecen la violencia doméstica.

Por último, se plantean una serie de ejercicios, como el de identificar las causas de la violencia doméstica que se ocultan tras los dos testimonios, o el de plantear un debate en clase sobre las tradiciones culturales de los pueblos que amparan la violencia, como aquellos en los que se practica la mutilación genital femenina.

Sin embargo, la aplicación de la Ley Integral en materia de educación está chocando frontalmente con los problemas que arrastra la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Una polémica artificial que está robándonos muchas horas", según dijo Carmen Maestro durante el Congreso. Lo cierto es que, al margen del caso de la Comunidad Valenciana y su enseñanza en inglés, la polémica sigue tan encendida como siempre.

Ayer se conoció la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio de Educación contra la Comunidad de Madrid por el desarrollo de los contenidos de la educación primaria, entre los que se contaban algunos puntos referentes a la polémica asignatura. Uno de los puntos del recurso aseguraba que la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre estaba infringiendo tanto la Ley Orgánica de la Educación como la Ley Integral en cuanto a sus mandatos para la erradicación de la violencia de género. Aunque el TSJM ha considerado que no existe tal vulneración, el Ministerio ha recurrido de nuevo el desarrollo normativo, en esta ocasión, ante el Tribunal Supremo.

Esta sentencia (consúltala, en pdf), algo subida de tono, ha aumentado la tensión entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid, que hoy se han embarcado en un cruce de declaraciones sobre estas cuestiones. Por un lado, Aguirre ha afirmado que lo único que trata su Comunidad es sustituir las "valoraciones morales" de algunos "manuales manipuladores" por los preceptos constitucionales.

Mientras, fuentes ministeriales han respondido a unas declaraciones de Aguirre sobre la objeción a EpC asegurando que "Esperanza Aguirre se ha equivocado y confiamos en que sus asesores la informen mejor".

Toda esta polémica está perjudicando seriamente el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, según coincidía un gran número de las asistentes al Congreso sobre los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, organizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

www.soitu.es

themis pide al gobierno que haya unidades de valoración forense de violencia de género en toda espana

La Fundación Themis de Mujeres Juristas, que ha celebrado un congreso sobre la Ley contra la Violencia de Género en el Senado, pidió hoy que haya unidades de valoración forense de violencia de género en toda España.

"Es urgente generalizar las unidades de valoración forense integral en todo el territorio nacional, integrada por profesionales especializados en violencia de género y que, con independencia de la valoración de la amenaza que realizan actualmente los cuerpos y fuerzas de seguridad, tenga a su cargo la realización de los informes de evaluación del riesgo de violencia, que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima", sostiene Themis en un comunicado.

Otra de las conclusiones del citado congreso es instar al Gobierno para que "apruebe un baremo de valoración de las lesiones y secuelas de las víctimas de violencia de género, atendiendo a los criterios del daño descritos por la OMS.

Asimismo, Themis cree que es necesario que se incorpore "la perspectiva de género en la formación de los operadores jurídicos y profesionales que intervienen en los procesos de cese de la violencia" y que la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia de género tenga carácter universal".

"La eficacia de la protección jurídica y social a las víctimas de violencia de género debe garantizar que ninguna mujer que haya denunciado sea asesinada", concluye el comunicado.

(SERVIMEDIA)
ecodiario.eleconomista.es

Denuncia periodista a alcalde varacruzano por acoso sexual

Asegura la comunicadora Yolanda Margarita Rovelo Silias que el munícipe de Alvarado que fue despedida porque no accedió a las peticiones del funcionario y ex jefe suyo

El alcalde panista de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia en la entidad por los delitos de acoso sexual y amenazas de muerte, en agravio de la periodista Yolanda Margarita Rovelo Silias, quien labora en un medio electrónico local.

Rovelo no descarta acudir ante la Legislatura Local para exigir el fuero del munícipe, a fin de que encare los procesos que pesan en su contra, incluyendo el de presunta complicidad en secuestro, delito tipificado como grave en el Código Penal del Estado.

Bajo el expediente 1127/2008/II, el edil deberá enfrentar los cargos interpuestos por la periodista Rovelo Silias, además del que ya encara, el más delicado, por presuntos nexos con una banda de secuestradores que venía operando en la demarcación que gobierna, juicio en el que se ha presentado a declarar de manera discreta, prácticamente a escondidas.

Ruiz Rosas es familiar directo del primer comandante de la Policía Municipal de Alvarado, hoy destituido y encarcelado, quien vendía —con su supuesta venia— protección a la banda que secuestró al empresario Juan Carlos Mata, rescatado sano y salvo por agentes federales y estatales.

Asimismo, el panista, conocido por sus arranques de ira y violencia, ha enfrentado procesos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por portación ilegal de arma de fuego y posesión de cocaína.

Ante la Procuraduría estatal, Bogar ha sido demandado por lesiones y amenazas por ciudadanos y políticos de Alvarado, incluyendo de su partido Acción Nacional.

De nueva cuenta fue demandado esta semana por la periodista Yolanda Rovelo Silias, quien lo señala de acosarla sexualmente desde el mes de enero, cuando entró en funciones como alcalde y ella, como su directora de Comunicación Social.

La denunciante informó que durante las horas laborales Rosas Ruiz se le acercaba para hacerle proposiciones indecorosas, y la presionaba constantemente con despedirla si no accedía a sus pretensiones.

Al no poder saciar sus instintos, el alcalde decidió despedirla el 22 de septiembre pasado, sin explicación alguna y sin liquidación, como lo estipula la ley.

Rovelo Silas dijo que al quedar sin trabajo, retomó su oficio en un medio electrónico local, llamado Proyectos Políticos, cubriendo la información general.

En su labor como periodista, Yolanda ha criticado la gestión del munícipe alvaradeño, lo que originó su enojo.

“Durante la reunión sostenida entre autoridades del Banco Mundial, del estado y municipio, celebrada este miércoles, Bogar se me acercó por detrás y en tono bajo me amenazó: ya bájale de huevos, porque recuerda que tú no eres de acá de Alvarado y puedo mandar a desaparecerte o matarte”.

La reportera, originaria de Chiapas pero avecindada en Alvarado, se alarmó ante la amenaza velada, por lo que acudió a la Subprocuraduría General de Justicia a interponer la denuncia correspondiente, bajo el expediente 1127/2008/II.

La fémina admitió sentir mucho temor a las represalias, ya que Ruiz Rosas tiene antecedentes en cuanto a violencia hacia mujeres, como ocurrió en el 2004.

En esa ocasión, siendo integrante del Comité Municipal del PAN, Bogar Ruiz agredió salvajemente a una mujer, prima del entonces alcalde Pedro Delfín Almeida, durante una convención local panista.

Érick Viveros
www.eluniversal.com.mx

La Comunidad acometerá "inmediatamente" la construcción de un Juzgado de violencia de género si lo aprueba el Ministerio

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, aseguró hoy que el Gobierno regional pondrá en marcha "inmediatamente" la construcción de un nuevo Juzgado de violencia de género en la región, en respuesta a las deficiencias expresadas en este sentido por el Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix.

Durante el acto de apertura del Año Judicial en Madrid, Moix avisó de que el actual desajuste en la dotación de medios destinados a la Justicia madrileña, especialmente en lo que se refiere a violencia de género, podría desembocar en "una futura tragedia", si bien se mostró convencido de que los competentes en adoptar las medidas imprescindibles para solucionar estas carencias, "pondrán todo su empeño" en revertir la dramática situación que afrontan los tribunales de la región.

Durante la presentación de un convenio para la construcción de cuatro nuevos palacios de Justicia en la Comunidad, Granados señaló que del informe presentado ayer por Moix y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier María Casas, se desprende la necesidad de la creación de un juzgado de guardia sobre violencia machista en las tardes y noches por la "importante carga de trabajo que soportan".

"Estamos a disposición del Ministerio de Justicia, que es el que tiene que crear un segundo juzgado de guardia, y cuando así lo decida, lo pondremos en marcha inmediatamente", agregó el consejero, que ya ayer señaló que la aprobación podría darse "incluso la semana que viene".

www.europapress.es

Igualdad retira a 2 mujeres de la estadística de muertes violencia machista

El Ministerio de Igualdad ha confirmado hoy la retirada de dos mujeres de la estadística de muertes por violencia machista, con lo que el cómputo total en lo que va de año se eleva a 53, mientras cinco casos siguen en investigación.

Una de las mujeres que hasta la fecha engrosaba la mencionada contabilidad falleció el pasado 12 de mayo en Benidorm (Alicante), quien -según han constatado ahora las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- se suicidó precipitándose desde el balcón de su vivienda.

Se daba la circunstancia de que su marido ya había cumplido una condena anterior por violencia machista sobre la fallecida y contra quien esta última había puesto una denuncia por presuntos malos tratos el 27 de abril de 2008.

El segundo caso retirado es el de una rusa muerta el pasado 6 de agosto en Barcelona, quien cayó desde un tercer piso.
Los Mossos d Esquadra han descartado de que se trate de violencia machista y barajan la hipótesis de un suicidio, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Igualdad.

Terra Actualidad - EFE

Un empleado del Concello de Padrón denuncia al gobierno por acoso laboral

El concejal del Partido Popular de Padrón, Antonio Fernández, pidió ayer en la sesión plenaria ordinaria, explicaciones al gobierno local que encabeza el socialista Camilo Forján (en coalición con el partido independiente CIPA de Eloy Rodríguez), acerca de una denuncia formal presentada por un trabajador del Concello y el sindicato CIG contra el ejecutivo por un supuesto acoso laboral.

Dicha protesta fue registrada en el Concello el pasado 21 de octubre y en ella, el trabajador, administrativo municipal, denuncia trato vejatorio y humillaciones que presuntamente le habría proferido el concejal encargado de personal, José Bentrón.

Esta situación habría sido la causa de la baja por estrés y ansiedad que afecta actualmente al empleado padronés. Desde el ejecutivo, Bentrón respondió a Fernández que el primer paso a seguir en una problemática como esta, "que no es en el salón de plenos donde debe tratarse ya que de este modo sólo se enturbia la situación", es una reunión a tres bandas entre afectado, gobierno y sindicatos, "que se celebrará de hecho mañana por la mañana" (por hoy).

Tras esta reunión se tomarán, según el regidor, las medidas pertinentes. El PG, vapuleado Por otra parte, el pleno de ayer vivió otro de sus momentos de mayor tensión dialéctica con la propuesta del representante del Partido Galeguista, Anxo Rodríguez, de rebajar en un 5% los salarios de los cuatro concejales del grupo de gobierno con sueldo del Concello así como las dietas por asistencia a plenos y comisiones de todos los miembros de la Corporación.

La moción fue rechazada por todos los demás grupos de la Corporación (PSOE, CIPA y PP), que criticaron además duramente a Rodríguez por su propuesta. "Usted hace demagogia equiparando la rebaja del único sueldo de cuatro ediles del gobierno con la de las dietas que el resto de concejales cobran a mayores de su salario", criticó Forján.

Desde el BNG advirtieron al PG que "entonces reconoceríamos que se les aprobó un sueldo sobrevalorado" y el PP lo acusó de "buscar el titular".

www.elcorreogallego.es

El polémico proyecto de mobbing y acoso laboral sigue “durmiendo” en el Senado/Buenos Aires

A casi un año de haber logrado media sanción en Diputados, la iniciativa está “congelada” y sin tratamiento en la Cámara alta. Ante la cantidad de reclamos judiciales, especialistas afirman que resultaría conveniente regular esa figura. ¿Por qué se demora su discusión? ¿Qué dice el proyecto?

El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.

Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.

Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.

El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.

Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores.

Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados. Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.

El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.

La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.

La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.

De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.

Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.

El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.

No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.

De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.

Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".

Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.

Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.

También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.

Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.

Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.

Matías Debarbieri© iProfesional.com
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El Senado aprueba dos mociones para la creación de juzgados de violencia de género

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado hoy una moción del BNG en la que pedía la creación, este año, de juzgados exclusivos para atender las denuncias por violencia de género en los partidos judiciales de Ourense, Lugo y Ferrol.

La iniciativa ha contado con el respaldo del PP, la Entesa Catalana de Progrès y el BNG, mientras que el PSOE se ha abstenido.

El senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, ha explicado a EFE que no han aceptado la enmienda a su iniciativa presentada por el PSOE "por generalista", ya que "hablaba de impulsar nuevos juzgados de violencia en Galicia pero no concretaba ni cuándo ni cómo".

Según ha destacado Pérez Bouza, en Galicia existe la "pretensión unánime", de que es necesario crear dichos juzgados de violencia de género.

A juicio del senador del BNG, las víctimas de la violencia de género pueden llegar a no denunciar si perciben que "no van a tener una atención especializada y rápida", y ha recordado que estos casos no son posible llevarlos a cabo en los juzgados de instrucción dado la carga que tienen con todas las causas de la justicia ordinaria.

En la defensa de su moción, Pérez Bouza ha recordado que la ley sobre los juzgados de violencia sobre la mujer establece que el ámbito territorial de estos juzgados será el partido judicial, aunque "excepcionalmente podrán extender su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia".

A pesar de ello, ha continuado, el borrador del Ministerio de Justicia para el año próximo no contempla la existencia en Galicia de ningún juzgado de violencia sobre la mujer que no tenga carácter comarcal, por lo que en Galicia "la excepción se va convertir en regla general".

Ha recordado que los dos únicos juzgados exclusivos que existen en la actualidad extenderán su jurisdicción a los partidos limítrofes y los dos nuevos que se prevé crear en Pontevedra y Santiago tendrán también carácter comarcal.

Para el BNG, la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer "no es la mejor solución" y "lo más grave" es que los gallegos seguirán sin disponer de juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos.

Pérez Bouza se ha referido al acuerdo unánime del Parlamento de Galicia que reclamaba del Gobierno la inmediata creación de unidades judiciales exclusivas para atender la violencia de género en los partidos judiciales de Ourense, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ferrol.

La propuesta del Ministerio es para el BNG, además de irreflexiva, carente del más mínimo rigor, ya que obvia la creación de juzgados exclusivos de violencia, comarcalizados o no, en Ourense, Lugo y Ferrol, sin tener en cuenta la carga de trabajo y la situación de los juzgados de instrucción de estos partidos judiciales, que están asumiendo estas funciones.

Pérez Bouza ha agregado que el juzgado de instrucción número 3 de Ourense con competencia en materia de violencia sobre la mujer registró una entrada de 6.326 asuntos por lo que, "a pesar del gran esfuerzo de los funcionarios y de las medidas de refuerzo" de la Xunta, hubo 1.929 procedimientos, frente a los 1.290 que tenía a comienzos del año 2007, y en parecida situación está el juzgado de instrucción número 3 de Lugo.

El PP también
La Comisión de Justicia del Senado también aprobó hoy otra iniciativa del PP que pedía la creación en Santiago de un juzgado especializado para los delitos de violencia contra las mujeres, una nueva sección de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo mercantil.

La moción ha sido aprobada por 13 votos a favor, y ha contado con 10 abstenciones del PSOE.La senadora popular María Jesús Sainz, que ha defendido la iniciativa, ha resaltado la necesidad de crear un juzgado especializado contra la violencia de género, ya que ha señalado que los juzgados de Santiago están "saturados y de manera especial el de instrucción que se encarga de la violencia contra las mujeres", y la resolución de los asuntos conllevan un retraso de más de un año.Asimismo, Sainz ha defendido la asignación a Santiago de una nueva sección de la Audiencia Provincial, porque la única existente acumula retrasos de dieciséis a dieciocho meses, cuando la media de las demás secciones de toda Galicia está en seis meses, en la tramitación de los asuntos de apelaciones de procedimientos civiles, y ello está causando perjuicios a muchos ciudadanos.

Por último, el PP, como en anteriores ocasiones ha reclamado, la creación también en Santiago de un juzgado de lo Mercantil, y lo ha justificado no sólo en que el único que existe en la provincia de A Coruña está actualmente colapsado, sino porque su creación es una necesidad y supone una asignatura pendiente del Gobierno, al haberlo prometido en reiteradas ocasiones.

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Moix admite que la sección de violencia sobre la mujer está desbordada

SEGÚN RECONOCE EL FISCAL SUPERIOR DE MADRID

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha reconocido este jueves que la sección de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid está "absolutamente desbordada" por el "ingente" volumen de asuntos que deben tramitar los jugados especializados en esta materia.

En un discurso pronunciado en el acto de apertura de los tribunales celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Moix ha asegurado que las cifras de procedimientos y actuaciones judiciales "superan con mucho" la capacidad de actuación de los 10 Jugados de Violencia que hay en la capital actualmente, lo que hace que la Fiscalía se vea "incapaz" de actuar con "agilidad".

En 2007 se produjo un incremento de un 10,14 por ciento en este tipo de procedimientos, ya que se pasó de 13.128 casos en 2006 a 14.609, ha indicado el fiscal superior, que ha precisado que el 60,41 por ciento de los agresores fueron extranjeros al igual que el 55,82 por ciento de las víctimas.

Desde el Ministerio Público, ha subrayado Moix, se ha realizado un "esfuerzo ingente" para paliar esta "dramática" situación y por ello se ha incrementado la sección hasta en 17 fiscales, si bien, ha recalcado, hacen falta al tres más y un mínimo de dos funcionarios,a sí como aumentar el número de juzgados y establecer un servicio de guardia en ellos.

Moix ha detallado que del 8 al 24 de septiembre entraron un total de 434 asuntos para ser resueltos por lo que sería el juzgado en funciones de guardia, lo que supone que la media de procedimientos que tendría que resolver sería de 33,3 asuntos.

"Basta el más elemental sentido común para comprender la imposibilidad de que un juzgado asuma la tramitación de tal número de causas", ha añadido el fiscal superior al insistir en que es una "necesidad ineludible" e "inaplazable" la puesta en funcionamiento de un servicio de guardia.

Un mínimo de dos juzgados y dos fiscales
Con las cifras actuales, Moix se ha aventurado a calcular que sería necesario establecer un mínimo de dos jugados y de dos fiscales cada día en funciones de guardia.
"Todavía estamos a tiempo de evitar que un desajuste en la dotación de medios pudiera servir de detonante de una futura tragedia"B, ha aseverado.

Moix también ha puesto de manifiesto que durante 2007 la delincuencia de adultos aumentó en un 5,71 por ciento -frente al 2,94 por ciento del año anterior-, mientras que las infracciones penales cometidas por menores disminuyeron en un 2,26 por ciento -se pasó de 9.045 delitos en 2006 a 8.840 en 2007-.

El presidente del TSJM, Javier María Casas, también ha intervenido en el acto y ha hecho hincapié en los momentos "delicados y difíciles" que atraviesa actualmente la Administración de Justicia, en la que, ha dicho, los jueces y magistrados, "preparados, dedicados, independientes y honestos", están sometidos a una "extraordinaria presión de trabajo".

Para Casas, esta situación, agravada por la "deficiente" organización de la oficina judicial y por la "generalizada" insuficiencia de medios, ha sido el detonante para que jueces y secretarios judiciales hayan tenido que "recabar públicamente la atención de los poderes públicos y de los ciudadanos", en referencia a las protestas por las consecuencias del "caso Mari Luz".

El objetivo de sus reivindicaciones -entre ellas, garantizar su independencia, ha precisado Casas- ha sido que se "tome conciencia de las gravedad de la situación para que le pongan remedio", unas demandas "sustancialmente coincidentes" con el nuevo Consejo General del Poder Judicial y con la dirección "hacia la que camina" el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid.

Al acto han acudido, entre otros, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño, Francisco Granados; el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Javier Vieira; el decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol o el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

EFE
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ONU pide apoyo internacional a campaña de no violencia contra la mujer

El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) pidió este jueves en San Salvador a la comunidad internacional "sumarse" a la campaña de recolección de un millón de firmas para pronunciarse en contra de la violencia hacia las mujeres.

"Esta es una acción en la que debemos involucrarnos todos, la violencia contra las mujeres debe de parar pues afecta el desarrollo de los pueblos", dijo Begoña Lasagabaster, delegada de la dirección mundial de la Unifem, en un discurso en la Campus Party, que reúne a especialistas en tecnología de Iberoamérica.

"Es un momento histórico para la eliminación de la violencia contra las mujeres, solo así se podrá alcanzar la paz y la seguridad en nuestras sociedades", argumentó.

La campaña de recolección de firmas concluye el 25 de noviembre. Las rúbricas serán presentadas al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Lasagabaster pidió a los 600 participantes en la actividad que divulguen por internet la campaña "Dí no a la violencia contra las Mujeres" que Unifem promueve con ayuda de personalidades como la actriz Nicole Kidman, quien es embajadora de Buena Voluntad de ese organismo de la ONU.

Recordó que en el mundo una de cada tres mujeres y niñas corre riesgo de ser golpeada, forzada a tener sexo o abusada de algún otro modo.
Este jueves, representantes de organismos feministas de El Salvador protestaron en una plaza pública de la capital contra la violencia hacia las mujeres y se declararon en contra de la presencia en el país del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que participa en la Cumbre Iberoamericana.

Ima Guirola, de la Asociación de Desarrollo de la Mujer, dijo que se oponen a la presencia de Ortega por considerarlo que "es un violador de los derechos de la mujer y porque ha ejercido violencia contra la mujer".

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