19 de abril de 2009

Bienestar Social publica una guía para evitar un uso sexista del lenguaje

La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social ha publicado la guía 'Igualdad Lenguaje y Administración: propuestas para un uso no sexista del lenguaje', que pretende ser una herramienta de trabajo "práctica y sencilla" que ayude a solucionar las dudas que se plantean los ciudadanos por los nuevos usos lingüísticos derivados de la incorporación de la mujer a la vida social y cultural.

La directora general de la Mujer y por la Igualdad, Celia Ortega, explicó en un comunicado que este manual "evidencia los usos sexistas de nuestra lengua y ofrece un abanico de soluciones y propuestas para evitarlos".

Entre las propuestas que plantea la guía, Ortega destacó la necesidad de introducir una serie de cambios como el empleo de términos genéricos y colectivos; la utilización de fórmulas de desdoblamiento; la feminización de los términos, o el empleo de construcciones no sexistas, omitiendo determinantes y pronombres marcados o eludiendo el sujeto, entre otros.

Este manual, que se puede consultar en la web de la Conselleria de Bienestar Social --http://www.bsocial.gva.es/portal/portal--, se presenta en valenciano y castellano, ya que sus usos lingüísticos difieren y, por lo tanto, las alternativas también.

Además, el manual 'Igualdad, Lenguaje y Administración: Propuestas para un uso no sexista del Lenguaje' facilita un listado bibliográfico y de recursos en Internet que permite conocer con mayor profundidad el estado de la cuestión.

Esta acción se incluye en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2006-2009, puesto en marcha tras la aprobación en 2003 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Generalitat que regula en sus artículos "el lenguaje no sexista en los escritos administrativos".

La directora general de la Mujer y por la Igualdad subrayó que desde la Conselleria de Bienestar Social, "encargada de eliminar las discriminaciones existentes entre sexos y en su afán por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres", considera necesario "sensibilizar a la sociedad sobre el uso no sexista del lenguaje".

Por este motivo, Ortega hizo hincapié en la importancia de revisar el uso de la lengua y del lenguaje administrativo "para que cuente tanto con los hombres como con las mujeres, y así evitar que se excluya o se subordine a alguno de los géneros". Finalmente, indicó que, con esta guía, la Generalitat pone en marcha una de las medidas propuestas por el Parlamento Europeo para eliminar el sexismo en el lenguaje.

www.europapress.es

La provincia tinerfeña sólo tiene 17 agentes en exclusiva para malos tratos

Pese a que en Canarias hay unas 3.000 órdenes de protección a las víctimas de violencia de género cada año, sólo los miembros de la Unidad de Prevención, Atención y Protección de Santa Cruz de Tenerife se dedican en exclusiva. El resto de agentes de la Policía Nacional lo hacen de forma complementaria.

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Aunque la Comunidad Autónoma de Canarias lidera todas las listas en lo que a malos tratos sobre la mujer se refiere, puesto que concentra el mayor número de denuncias por violencia de género al año (alrededor de 10.000), está a la cabeza en usuarias de teleasistencia (796) y en órdenes de protección dictadas por la justicia, (2.780 en el año 2007) sólo 17 agentes trabajan en exclusividad en esta actividad en la provincia tinerfeña.

En concreto, estos 17 policías pertenecen a la denominada UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de las víctimas de malos tratos), el único grupo especializado en esta materia y que está adscrito al Cuerpo Nacional de Policía.

Se trata de agentes de segunda actividad, es decir, que han alcanzado una determinada edad (en este caso 58 años) en la que se les da la oportunidad de retirarse o de ir a otro destino como, por ejemplo, un trabajo más específico. Se llaman con el término de segunda actividad porque se prefiere que sean estos los que hagan funciones tales como la de atención a las víctimas de violencia de género, en vez de detraer a otros agentes de destinos más complejos.

Esta circunstancia tiene un aspecto claramente negativo, y es que no son personas que trabajen en este campo del maltrato por vocación, sino más bien por el incentivo económico que ello les conlleva en comparación con la jubilación anticipada; sin embargo, también tiene un factor positivo, y es que se trata de policías muy experimentados que, por lo general, saben resolver cualquier conflicto de manera eficaz y que suelen conocer el perfil del agresor y su forma de actuar.

Actualmente, en la provincia tinerfeña la UPAP está compuesta por 17 agentes: cinco está asignados a Santa Cruz de Tenerife; otros cinco, en San Cristóbal de La Laguna; dos, en el Puerto de la Cruz; tres, en Las Américas y otros tres, en Santa Cruz de La Palma, según han confirmado fuentes policiales y de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El resto de los agentes del propio Cuerpo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que realizan labores de custodia o vigilancia, comparten estas funciones con las propias del otro puesto que tienen. Esta circunstancia se da ante la necesidad de dar respuesta a las constantes solicitudes de protección que se registran como consecuencia del aumento de las denuncias relacionadas con la violencia machista.

Así, cuando un juez decreta una orden de protección para una mujer, ésta siempre se cumplirá destinando a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, sin embargo, rara vez se dará la circunstancia de que sea un agente de la UPAP, debido al escaso personal con el que cuenta esta unidad, por lo que en la mayor parte de los casos a éstos sólo les son asignados los casos más graves y en los que la vida de la mujer corre serio riesgo.

Grandes deficiencias

Las deficiencias, a parte de las propias del escaso número de personal son innumerables. "Estos agentes no tienen vehículos, despachos y en ocasiones ni siquiera ordenadores en los que realizar sus informes, por lo que incluso deben, en ocasiones, trabajar de prestado con los recursos de otros compañeros", explica el portavoz de la Unión Federal de Policía, Rafael Dios, antes de señalar que "tienen una sobrecarga de trabajo incluso por encima de la de cualquier otro agente que trabaje en este tipo de casos".

Según este representante sindical, las condiciones de trabajo son pésimas ya que "sólo se les da un teléfono para que las víctimas se pongan en contacto y punto".

No obstante reconoce la buena labor que hacen al explicar que "con los pocos medios que tienen están consiguiendo buenos resultados, así que lo que cabría pensar es qué pasaría si dotaran adecuadamente a este servicio tanto en personal como en medios".

Las UPAP fueron promovidas por la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y sus puntos débiles a nivel nacional pueden resumirse en cuatro: corregir el déficit en recursos, mejorar la efectividad de los que ya existen, facilitar la colaboración con los policías locales y revisar los protocolos. En este sentido, los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que aplicar la orden de protección son los encargados también de valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo del riesgo.

www.eldia.es

Un total de 6 de los 10 homicidios cometidos en 2008 en Pontevedra fueron casos de violencia machista

La Subdelegación refuerza los medios para luchar contra esta lacra con la creación de mesas específicas en la capital, Caldas y Poio


C.G. - PONTEVEDRA

Las estadísticas de evolución de la delincuencia en la provincia en 2008 dejaban un descenso en el número de denuncias por violencia de género presentadas por las pontevedresas. Un total 909 personas aseguraban ser víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, frente a las 986 del anterior ejercicio.

No obstante, las frías estadísticas dejaban un dato escalofriante sobre la dimensión de este problema, el de las víctimas mortales. De los 10 asesinatos u homicidios consumados que se produjeron en 2008 en la provincia, en seis ocasiones se trataba de casos de violencia doméstica. En 2007, fueron 3 de las 8 muertes violentas que registraron.

La comarca de Pontevedra se vio especialmente afectada por este tipo de crímenes, ya que de los seis, al menos cuatro se produjeron en el entorno de la capital. A la memoria de todos acuden los casos de Maximino Couto Durán, el recluso de A Lama de permiso que supuestamente mató a su pareja en Ponte Caldelas, María Rosario Peso André, y luego intentó hacer lo mismo con su ex mujer en Mourente el 30 de noviembre, cuando hirió a dos vecinos y a un policía nacional que intentaba detenerlo. Posteriormente, Couto acabó suicidándose en la prisión pontevedresa.

Otros casos

También reaparece el nombre de María del Carmen Barcala Rebolo, a quien supuestamente su marido estranguló en Portas el 19 de diciembre. Otro caso menos conocido fue el de Áurea Troitiño Fentantes, una nonagenaria de Cotobade que falleció tras 9 días en la UCI a consecuencia de un golpe en la cabeza y el posterior incendio de su vivienda de Rebordelo supuestamente causados por su cuñado, quien murió días después. El último caso es el de un vecino de Cambre que supuestamente habría matado a su ex pareja en un área de descanso de la AP-9 en Vilaboa, aunque este dato no está contrastado.

Protección

La Subdelegación ha puesto los medios sobre la mesa para intentar acabar con esta lacra y como recuerda Delfín Fernández Álvarez, tan sólo salen a la luz las muertes que se producen, pero no “las muchas vidas que se salvaron” gracias a toda la red de protección que se ha creado en torno a las víctimas. Ahora se cumplen dos años de la creación de la Unidad sobre Violencia contra la mujer. El primero se dedicó a tejer una red de cooperación entre las distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los centros penitenciarios para mejorar los niveles de protección a las víctimas. En 2008, además de seguir “engrasando” estos protocolos de colaboración, la Subdelegación ha querido implicar a los concellos dado que son ellos la administración más cercana al ciudadano y que, en la mayoría de los casos ponen en marcha servicios sociales o puntos de información a la mujer a los que pueden acceder las víctimas. Para eso se impulsó la creación de las mesas locales de violencia de género. El año pasado se crearon 9 en la provincia (Marín, Bueu, Baiona, Gondomar, Lalín, Nigrán, Sanxenxo, Silleda y Vilagarcía). La Subdelegación del Gobierno espera continuar creando estos órganos en el presente año y Delfín Fernández Álvarez anunció que están aprobadas y en breve serán operativas las mesas de Pontevedra, Caldas de Reis, Poio, A Guarda, y O Grove.

www.farodevigo.es

3.000 personas reclaman en Langreo justicia para las víctimas de violencia de género

Cristina Fanjul exigió que los agresores «cumplan con las penas impuestas»

Bajo el lema 'La lista es demasiado larga', alrededor de 3.000 personas participaron ayer la manifestación de apoyo a las víctimas de género celebrada en Langreo. El objetivo era instar a las autoridades y fuerzas de seguridad a trabajar por el esclarecimiento de los asesinatos de las langreanas Margarita Piloñeta y Patricia Fernández, así como mostrar su rechazo a que el agresor de Cristina Fanjul pueda conseguir un permiso carcelario.

A pesar de la que la lluvia fue una constante durante todo el recorrido, la meteorología no detuvo la marcha, que se inició en el parque Dolores F. Duro del distrito de La Felguera con destino a la plaza del Ayuntamiento de Langreo. Una vez allí, María Pérez, representante del colectivo Maeve, leyó un comunicado conjunto de las tres víctimas langreanas. En él, se dejó constancia de la «indignación» por la no resolución de los crímenes de Margarita Piloñeta y la joven Patricia Fernández. En cuanto a Cristina Fanjul, se denunció que su agresor «podría estar en la calle pronto».

La representante de Maeve también recordó que el año pasado fueron asesinadas 94 mujeres en toda España. Y que ya son 17 en estos primeros meses de 2009. Los datos le sirvieron de justificación para pedir una mayor implicación de los poderes públicos, más educación en igualdad y «que la sociedad no enjuicie a las víctimas».

También habló Cristina Fanjul, quien perdió la vista hace nueve años tras ser agredida brutalmente en Avilés. Exigió que los agresores «cumplan con las penas impuestas por la justicia» y destacó la importancia de «alzar nuestras voces para que no haya más víctimas». Tras sus palabras, pidió un minuto de silencio por todas las mujeres que han sufrido violencia de género.

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