11 de octubre de 2008

El Tribunal Superior de Xustiza cree necesario un juzgado de violencia de género en Ourense

La Sala de Gobierno, reunida en la Audiencia provincial de Ourense, hace unos años. (Foto: Archivo)

El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza aprobó ayer por unanimidad sumar la creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en Ourense el próximo año a las ya previstas por Justicia en Santiago y Pontevedra.
El órgano judicial llevará este informe sobre la materia a la comisión mixta (reunión con la Xunta). No obstante, entre los juzgados que el presidente en funciones del Tribunal Superior anunció en su discurso de apertura del año judicial no se encuentra el de Ourense.

La creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en Ourense el próximo año queda ahora en manos de la Xunta. El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aprobó ayer por unanimidad el informe referido a la comarcalización de los juzgados de violencia contra la mujer -los ya existentes de A Coruña y Vigo, y los que se prevén creer en Pontevedra y Santiago- e incluyó también la creación de uno en la ciudad, por entender que registró el mismo número de asuntos que en Santiago y Pontevedra. Estos tres son los juzgados de esta materia que se consideran prioritarios y que la Sala de Gobierno llevará a su reunión con la Xunta en la denominada comisión mixta, prevista para dentro de poco más de una semana.

Así las cosas, de crearse el juzgado en la ciudad llevaría asuntos de ámbito comarcal, atendiendo casos de otros partidos judiciales, en un radio de unos 25 kilómetros. No obstante, será la comisión mixta la que establezca la lista definitiva que la Xunta presentará ante el Ministerio de Justicia para la creación de nuevos juzgados el próximo año. Hace unos días, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en respuesta a una pregunta del diputado del PP, Celso Delgado, aseguraba que el juzgado se crearía en Ourense si se daban los asuntos necesarios y ‘siempre que la Xunta lo solicitase’.

Año judicial
El juzgado exclusivo de violencia de género es una reivindicación del ámbito judicial ourensano (secundada por jueces, abogados, procuradores y funcionarios) pero también de colectivos sociales (como asociaciones en defensa de la mujer) y partidos políticos.

Después del pleno de la Sala de Gobierno tuvo lugar ayer en A Coruña la apertura del año judicial. En su discurso, el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio González Nieto, se refirió a la violencia de género y aseguró que ‘las estadísticas reflejan una estabilización reduciéndose levemente en A Coruña y Lugo y aumentando ligeramente en Pontevedra y Ourense’. Abogó, además, por la coordinación entre jueces, médicos, sociólogos, psicólogos y la Administración, así como por la creación de nuevos órganos especializados para aumentar la efectividad judicial, si bien no se refirió en concreto al de Ourense.

González Nieto reconoció que las medidas adoptadas para la mejora del funcionamiento de la Justicia en Galicia han sido ‘insuficientes’ pues la pendencia ha aumentado en 8.746 procedimientos en el último año, con las 144.714 de 2007, a pesar del alto grado de resolución de los 303 jueces gallegos, que dictaron 419.127 resoluciones. Para él, esta pendencia tiene que ver con la escasez de medios personales y materiales, así como con la excesiva movilidad de los jueces y el deficiente sistema de nombramiento de personal interino. Destacó las circunstancias geopolíticas de Galicia, la complejidad de los asuntos y el derecho civil propio.

González Nieto consideró prioritaria la creación de dos plazas de magistrado para la sala de lo Contencioso-Administrativo, uno para la Sala de lo Social; un juzgado civil en Vigo, uno de lo social y otro de lo mercantil en A Coruña, un nuevo juzgado mixto en Sarria, Betanzos y Tui; así como o bien un nuevo juzgado en Vilagarcía o una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia de Lugo. Reclamó un juzgado de apoyo para el expediente Martinsa-Fadesa.

LR
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Condenan a un hombre por infligir a su novia "todas las formas de violencia posibles", según perito

El juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a cuatro años y dos meses de prisión contra un hombre por maltratar a su novia, quien sufrió, a juicio de uno de los peritos que testificó, "todas las formas de violencia posibles".

La sentencia, consultada por Europa Press, recoge probado que Miguel Ángel G.D. mantuvo una relación de noviazgo con la muchacha durante cerca de tres años, tiempo durante el que la joven sufrió diversos episodios de maltrato físico y psicológico.

Sin embargo, la situación para la joven empeoró "todavía más" cuando cesó la relación ya que el condenado no aceptó la ruptura y comenzó una "auténtica pesadilla" para ella, en la que el otro la acosaba inundando de correos electrónicos su dirección de e-mail, práctica que también hacía con sus familiares y amigos, y la insultaba.

Esta situación ha generado en la joven una sintomatología depresiva con deterioro de la autoestima y miedo intenso hacia el condenado. Así lo corroboró la una de las peritos que atendió a la joven hasta en 64 consultas y que llegó a afirmar que la joven sufrió "todas las formas de violencia posibles".

Además, el magistrado fundamenta que aunque no se pudo probar la autoría de un video de contenido pornográfico colgado en Internet, la "lógica indica indiciariamente que fue obra" del procesado, al que le considera igualmente responsable de una campaña pública de descrédito en la que incluso llegó a publicar artículos en periódicos locales.

En definitiva, Miguel Ángel G.D. fue condenado por un delito de malos tratos habituales, un delito de malos tratos, otro más de malos tratos, un delito de amenazas, un delito de quebrantamiento de medida cautelar y una falta de amenazas a cuatro años y dos meses de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil exige que indemnice a la víctima con 9.000 euros.

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Casi 700 mujeres denunciaron ser víctimas de malos tratos en 2007


La Mancha registra cada año más denuncias por malos tratos, a pesar de la gravedad de este hecho se puede hacer una lectura positiva, y es que este incremento se achaca a la desaparición del miedo de las mujeres a denunciar a sus agresores. Los avances legislativos y el apoyo de las administraciones han provocado que muchos casos de violencia sobre la mujer que se encontraban ocultos salgan a la luz.
La delegada provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Concha Tolosa, presentaba ayer en Ciudad Real el informe anual correspondiente a 2007 de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas. En la provincia de Ciudad Real se produjeron 699 denuncias, lo que supone 1,37 por cada mil habitantes. Tolosa destacaba el “aumento claro” que se ha producido respecto al año anterior en la región pasando de 1.159 denuncias a 3.006. Generalmente son mujeres de entre 20 y 40 años, aunque esta violencia se produce “en todos los tramos de edad, en todas las capas sociales y en todos los niveles culturales”, añadía.
Un dato a resaltar es que casi la mitad de las víctimas llevaban más de siete años soportando esta situación de violencia, ahora se ha producido un importante descenso que alcanza el 19%. Pero esta violencia no sólo la sufren las mujeres, los hijos también suelen estar expuestos a ella como testigos o como víctimas directas de los malos tratos. Por ello, desde el Gobierno regional también se trabaja en programas de atención a los niños a través de asociaciones de mujeres. “Es importante no transmitir la violencia que han vivido en sus casas”, apuntaba Tolosa.Durante 2007 se solicitaron 1.657 órdenes de protección en toda la región. Cinco mujeres fueron asesinadas a causa de la violencia de género ejercida por sus parejas o ex parejas, dos de ellas en Ciudad Real.
Por su parte, el delegado provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, José Fuentes, resaltaba el compromiso del Gobierno regional en garantizar una atención integral cuando se produce un maltrato. Así, Tolosa recordaba que existen 87 centros de la mujer en la región y 27 en Ciudad Real, “prácticamente cubrimos el cien por cien de la provincia”. Esta red de centros cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros en la provincia y se pone en funcionamiento en colaboración con los ayuntamientos y las mancomunidades.
Además, existen otros servicios complementarios de ayuda como los dispositivos de localización inmediata para mujeres en situación de alto riesgo. Son teléfonos móviles de uso restringido, facilitados gratuitamente, para poner en conocimiento inmediato su situación a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Para ello no es necesario tener una orden de protección. En Ciudad Real 14 personas tienen este dispositivo.
Igualmente está en marcha el programa de Teleasistencia Móvil para víctimas de violencia de género que consiste en un terminal GPS que permite su localización geográfica y la comunicación telefónica de voz con el Centro de Atención, en este caso si es necesario tener una orden de protección. En Ciudad Real 57 mujeres se benefician de este programa.
El informe refleja también la asistencia jurídica que se presta a estas mujeres de forma gratuita. A través de la Asociación de Mujeres Juristas Themis se presta un servicio jurídico especializado que acompaña a las mujeres en tres ámbitos: desde que se interpone la denuncia y durante todo el proceso penal; en el caso de impago de pensiones y por incumplimiento del régimen de visitas. Este año han sido atendidas 56 mujeres en la provincia en el primer caso, 76 en el segundo y 11 en el tercero.
Además de esta asistencia jurídica también se presta asistencia psicológica a través de varios programas. Asimismo, se tramitan ayudas económicas a mujeres que sufran secuelas o daños psíquicos, para el acceso a una vivienda o a la salida de las casas de acogida, esta última pionera en la región. Consiste en el abono de una cuantía de 1.000 euros para gastos de primera necesidad y una ayuda periódica mensual durante un año de 300 euros y 60 euros más por hijo.
Por último, otro aspecto en el que el Instituto de la Mujer hace hincapié es en la prevención, mediante jornadas de formación, estudios de investigación, talleres...
SYLVIA GONZÁLEZ

Oaxaca: mujeres indígenas víctimas de acoso sexual en escuelas

Felícitas y Susana esperan justicia en la zona mixe

En Oaxaca, 22.9 por ciento de las mujeres han sido víctimas de actos de violencia como discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual en el ámbito escolar, cifra que supera el promedio nacional que asciende al 15.6 por ciento.

“Felícitas” y “Susana” son dos de las muchas víctimas de los centros escolares, sus cuerpos de niñas-adolescentes no son cifras estadísticas, sino el terreno de la agresión sexual por parte de sus maestros y de directivos de las instituciones educativas.

Las estadísticas producto del Diagnóstico y evaluación de la situación de violencia de género en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía y Familia; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; e Ipas México, son el reflejo de una realidad que tienen nombres y vidas apenas comenzadas.

Evelyn Aldaz Velez, señala en el resumen ejecutivo de los hallazgos de Oaxaca, que las adolescentes que hablan una lengua indígena han enfrentado mayores episodios de violencia en la familia (54 por ciento de adolescentes indígenas contra 31 por ciento de adolescentes no indígenas).

En la comunidad la violencia también es mayor contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en comparación con las que no lo son, con 51 y 32 por ciento, respectivamente. Mientras que en la escuela la cifra también desigual, 29 por ciento frente a 17 por ciento, entre las niñas que hablan una lengua y las que no. Esta es la “clasificación” donde se podrían ubicar Felícitas y Susana.

Felícitas y Susana, cuyos nombres se han cambiado para proteger su identidad, son dos de las niñas afectadas por la violencia sexual en la escuela.

Se trata de los albergues de Zacatepec Mixes y de Tamazulapam Mixe, donde el director, en un caso, y un maestro en el otro abusaron de sus alumnas.

De los hechos existen denuncias, en el primero no se obsequió la orden de aprehensión en una primera instancia, por lo que se apeló la decisión. Del segundo caso, la autoridad municipal obligó al padre de la víctima a firmar un “acta convenio”.

SUERTE DE SER MAESTRO Y AUTORIDAD

En tanto, los responsables de la educación como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), optan en todos estos casos por tomar la misma determinación: cambiar a los maestros agresores de institución para “resolver el problema”.

Esa ha sido la “suerte” de los agresores de Felícitas y Susana: Eloy Nicolás Laureano y Víctor Pérez González, quienes no sólo no fueron detenidos, sino también reconocieron los hechos que se les imputaban, pero firmaron un “convenio” que a la fecha no cumplen.

En estos casos, una de las familias fue obligada a firmar un convenio o acuerdo por parte del Ministerio Público, lo que estaba fuera de sus atribuciones, y por el otro fueron las autoridades municipales las que pidieron al padre suscribir un “acto convenio”.

Flora Gutiérrez, presidenta del Centro Integral Jurídico Pro-Derechos, asociación civil que lleva la defensa jurídica de los dos casos de violación contra las menores, denuncia que la circunstancia y la relación de poder que manejan los maestros en las comunidades son elementos fundamentales para que prevalezca la impunidad.

Se trata de maestros afiliados a la Sección 22 del SNTE. A veces estos maestros tienen un cargo dentro de la comunidad, lo que establece una relación jerárquica sobre las mujeres afectadas por la violencia sexual, que además no tienen recursos económicos y cuyas familias a veces no pueden comunicarse con la autoridad porque no hablan el castellano.

A ello, plantea la abogada de Pro Derechos, se agrega la corrupción de los Ministerios Públicos, quienes en lugar de aplicar la justicia para las víctimas, “se venden al mejor postor… actuando a favor de quien les da más dinero y estos casos son evidentes”.

Para las niñas violadas en las comunidades indígenas casi siempre no hay justicia, continúa la abogada Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias.

La impunidad de la justicia castiga a las víctimas. Mientras la comunidad también ejerce violencia contra las niñas al estigmatizarlas, lo que genera todas las repercusiones económicas, sociales y culturales en la vida de estas adolescentes. En los casos de Felícitas y Susana, tuvieron que abandonar la escuela secundaria, pues se embarazaron producto de la violencia sexual ejercida en su contra. Ahora tienen que mantener a sus hijos mientras sus violadores, por el grado de autoridad o jerarquía que tienen, no reciben ningún castigo.

Gutiérrez informa las irregularidades: En el caso de Felícitas, agredida sexualmente por Eloy Nicolás Laureano en el albergue de Zacatepec Mixes, el Ministerio Público obligó a que el papá, en representación de la niña, firmara un convenio con el agresor, pese a que esta “modalidad” no está permitida por la ley.

Su obligación es investigar y ejercitar la acción penal, es decir, consignar la averiguación previa ante los tribunales para que éstos, a su vez, libren una orden de aprehensión, pero en este caso los MP, lejos de verse de manera imparcial y estar a lado de la niña violada, están al lado del violador o presunto violador, señala la abogada.

Hubo una segunda instancia, pero como en el primero se negó la orden de aprehensión contra Nicolás Laureano, “pues no se acreditaba la violación y sí el estupro”, lo anterior porque el MP inicialmente había obligado a la familia de Felícitas a firmar un convenio.

Aunque de acuerdo con sus declaraciones Felícitas aseguró que el maestro la había obligado a tener relaciones sexuales, las autoridades de “procuración de justicia” y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca coincidieron en que no ameritaba ser detenido, pues Felícitas era mayor de 12 años pero menor de 18 años, lo que se configuraba era el delito de estupro, es decir, hubo cópula, pero con el consentimiento de la niña, resolución que finalmente se acordó en marzo de 2007.


“LA CARNE ES DÉBIL”

La historia de Susana no es diferente. Por los escasos recursos económicos de su familia, la niña fue enviada al albergue Alfonso Caso de Tamazulapam Mixe para que estudiara la secundaria. Quien “resolvió” el delito de violación en su contra cometido por el director de la institución escolar, Víctor Pérez González, fueron los síndicos municipales Maurilio Monterrubio López y Juvencio Franco Marín, así como otros funcionarios municipales en agosto de 2007.

Con lenguaje sexista, el acto convenio, como denominaron las autoridades, fue la forma de solucionar “el problema”, como se refieren al abuso sexual cometido contra la menor de 15 años de edad, que como en el caso anterior también resultó embarazada producto de la violación.

Susana fue contratada por Víctor Pérez González en la escuela para que fuera a su domicilio particular a hacer el aseo, ahí “logró su objetivo de tenerla sexualmente”, señala el acta-convenio cuya copia está en poder de Cimacnoticias.

Susana no les dijo a sus padres por temor a que fuera castigada, pero su madre se dio cuenta que se encontraba embarazada y así contó lo sucedido y acudieron ante las autoridades municipales, quienes optaron por resolver el caso sin que mediara la autoridad judicial.

En el acta-convenio, Pérez González “manifiesta que reconoce su error cometido y que la menor puede acudir con las instancias correspondientes y que pagará el delito que cometió, si la menor así lo desea… pero que la joven se encontraba en malos pasos…

Aclara que sabe muy bien el problema en que se metió, que efectivamente es muy penado… y aclara que cualquiera podía hacer lo mismo ya que la carne es débil y está dispuesto a arreglarlo de buena manera y para no llegar a otras instancias ya que el delito que cometió es muy penado… manifiesta que los padres de la menor hubieran platicado personalmente con este profesor, y de dialogar sobre el asunto, y de llegar a un buen acuerdo, que no era la forma o justo que se comparecieran ante las autoridades de la Sindicatura Municipal.

LAS VÍCTIMAS, SIN NINGÚN APOYO

Tanto Felícitas como Susana no recibieron nunca el apoyo económico al que se habían comprometido los agresores sexuales con la anuencia de las autoridades violentando todos sus derechos y, en cambio, los agresores sexuales no fueron castigados, fueron cambiados de escuela donde otras niñas y niños corren la misma suerte de Felícitas y Susana, señala la abogada.

Para la abogada, quien da seguimiento a estos y otros casos que se han presentado, apunta que sobre la justicia prevaleció la solidaridad masculina y una clara discriminación hacia la vida de las niñas mixes.

Flora Gutiérrez señaló que la impunidad en los casos de violencia sexual es muy alta en las comunidades indígenas, debido entre otras cosas a la completa parcialidad de los agentes del Ministerio Público.

De 10 casos de violación, cuatro se denuncian y seis no. El miedo es otro elemento por el que las niñas no exponen la violencia de la que son objeto, la estigmatización en la comunidad, pero sobre todo la poca posibilidad de que puedan acceder a la justicia, pues esto implica contar con dinero, viajar de su comunidad a la ciudad de Oaxaca y disposición de tiempo, además de un acompañamiento legal para que el MP no les diga “que dejen de molestar, que se vengan otro día”... hasta cansar a las víctimas, quienes terminan por abandonar sus casos.

De los cuatro casos, tres no obtuvieron justicia en la vía penal, el imputado no fue sancionado, al contrario, realmente la justicia fue en contra de las víctimas. En un solo caso la justicia resultó favorable a la víctima, gracias al acompañamiento legal que desde un principio se hizo, lo que no sucedió con los otros tres.

El Centro Integral Jurídico Pro-Derechos elaboró en 2007, con la ayuda del Fondo Canadá, un manual para atención a víctimas de violencia familiar, con un lenguaje accesible, sobre qué hacer en estos casos, cómo solucionamos esta problemática en las comunidades, además de impartir talleres en las comunidades, así fue como en solo unos meses encontraron al menos cuatro casos de violencia sexual.

Soledad Jarquín Edgar
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Los casos judiciales de malos tratos aumentan un 11% respecto a 2006

La apertura del Año Judicial celebrada ayer en Las Palmas sirvió para dejar patente que la prisión de Tenerife II está saturada, que los procedimientos penales se incrementaron un 6% respecto a 2006, y que hacen falta más medios para los casos de violencia doméstica, según apuntó Vicente Garrido, fiscal jefe.

El Año Judicial se inauguraba ayer en Las Palmas de la mano de Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual reclamó que "se apoye decididamente la independencia y eficacia del trabajo" de jueces y magistrados españoles, "independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia de otros poderes e instituciones". Por otra parte, se congratuló de la renovación y constitución del nuevo CGPJ.

Al acto también asistió Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, el cual destacó que son las figuras relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar las que siguen aumentado y generando, en consecuencia, una mayor preocupación, según el fiscal jefe, que destacó que "las mujeres son las que de forma reiterada y frecuente se convierten en víctimas en los entornos familiares y domésticos".

Así, el número de diligencias previas incoadas por los órganos judiciales de Canarias referidas al maltrato familiar fue de 4.974, reflejando un incremento del 10,93 por ciento siendo necesarios más medios.

Por otra parte, el volumen más importante de diligencias previas incoadas corresponde "como cada año" a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El número total de diligencias previas incoadas por todos los juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias catalogables en esta categoría delictiva fue de 94.976, reflejando un notable incremento del 8,79 por 100. "Si el año pasado por estas mismas fechas hablábamos de una esperanzadora estabilidad en la comisión de estos delitos en referencia a los datos del año 2006, hoy el frío dato de las cifras referidas y su desmesurado incremento nos devuelve a otra realidad diferente", añadió. En todo caso, precisó que, entre los distintos tipos penales, las conductas más graves, aquellas que suponen el empleo de violencia o intimidación en las personas para obtener un beneficio patrimonial, generaron 4.584 diligencias previas, representando el 4,82 por ciento de los delitos contra el patrimonio.

El ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales se concretó en el año 2007 en la presentación ante los diferentes órganos judiciales de un total de 15.095 escritos de acusación. Esta cifra representa un aumento del 4,74 por ciento en relación con las acusaciones formuladas en el anterior periodo anual.

La cifra más elevada, al igual que en el año precedente, corresponde a los escritos de acusación presentados en procedimientos abreviados, 8.228 entre las dos fiscalías provinciales. Igualmente, es significativo el número de escritos de acusación correspondientes a diligencias urgentes de enjuiciamiento rápido, que suman un total de 6.708.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apuntó que el número de inmigrantes llegados a Canarias disminuyó en 21.381 personas en relación al año anterior.

Castro Feliciano aseguró que "el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en el Año 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa. Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con la incidencia que ello determinó en los juzgados de instrucción afectados", fundamentalmente los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde, en El Hierro, que vieron sensiblemente aliviada la carga de trabajo, descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos juzgados en otras materias.

Alta tasa de resolución
En relación a los archivos de la Administración de Justicia en Canarias estos son, "sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones", aunque se ha mejorado en este apartado "al haberse destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable", dijo el presidente del TSJC.

Castro Feliciano resaltó que los órganos judiciales canarios alcanzaron en el último año una tasa de resolución solamente superada por las comunidades de Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de jueces y magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver, de tal modo que de los 407.839 registrados fueron resueltos 404.003, "pero la alta litigiosidad de nuestro territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un esfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos", manifestó.

AGENCIAS, Las Palmas
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Antonio Hidalgo López, nuevo subsecretario de Igualdad

El Gobierno ha nombrado subsecretario del Ministerio de Igualdad a Antonio José Hidalgo López, quien hasta la fecha desempeñaba el puesto de inspector general de Servicios en la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Nacido el 11 de septiembre de 1959 en Sevilla, casado, con una hija, Hidalgo López es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.

Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Junta de Andalucía y en la Administración General del Estado, entre ellos el de secretario general técnico de la Consejería de Cultura de Andalucía y el de subsecretario del Ministerio de Cultura.

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Lorente: «La igualdad no tiene marcha atrás, sólo es una cuestión de tiempo»


Miguel Lorente pronunció ayer la conferencia inaugural de las jornadas sobre masculinidad e igualdad
La primera conferencia también analizó las particularidades de la corriente posmachista
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género inaugura las jornadas sobre masculinidad
El Delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, considera que la igualdad de género es un proceso que ya no tiene marcha atrás: «No hay discusión posible, nadie lo va a parar. La única duda es cuánto vamos a tardar en conseguirlo. Si nos descoordinamos en esa tarea, lo retrasaremos y si no somos capaces de afrontarlo como es debido, entonces enfrentaremos dos posiciones, la masculina y la femenina. Pero antes o después lo conseguiremos, estoy seguro».
Lorente se expresó en estos términos durante la conferencia inaugural de las jornadas sobre masculinidad e igualdad de género, que organiza Prometeo, la asociación de hombres por la igualdad, con la colaboración de la Junta, los ayuntamientos de León y Villaquilambre y el patrocinio de La Caixa y Caja Duero. Los actos tienen lugar en el salón de actos del Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de León. Lorente resultó explícito y contundente: «No puede haber igualdad sin hombres. Podría haber equiparación, pero no es lo mismo» El delegado de Gobierno recordó las tradicionales fórmulas de desigualdad que han predominado en la historia moderna, a las que el varón siempre se ha adaptado para mantener una posición dominante. «Ahora es momento de acabar con las adaptaciones, es hora de acabar con la desigualdad». Para lograr ese objetivo, a criterio de Lorente será necesario que el varón abandone la tradicional teoría de que su status es superior y analizó la ética patriarcal de acuerdo a la cual se produce una jerarquización que siempre degenera en desigualdad.
El prototipo «ideal» para la sociedad machista responde al hombre caucásico, heterosexual, de raza blanca y edad adulta, casado, con hijos y de posición dominante. «Todo lo que sea salirse de esos prototipos, genera dudas. Un varón de esas características pero de raza negra, genera incertidumbre. Si es soltero se duda de su condición sexual...»
El ponente analizó el fenómeno del posmachismo. «Consiste en criticar a quien critica el sistema. El hombre que sigue esta filosofía duda del futuro porque quiere volver al pasado y culpa del paro a la mujer, por incorporarse al mercado laboral en lugar de estar en casa. También cree que la mala educación de los hijos es culpa de la madre, que hace su vida en vez de ocuparse sólo de su descendencia». En la misma línea, recordó que la desigualdad suele llevar finalmente a la violencia, y por ello subrayó tres axiomas básicos: «Es necesario demostrar que no todos los hombres son machistas, hay que recordar que no son sólo unos pocos los hombres que demuestran comportamientos machistas y finalmente hay que tener en cuenta que cualquier hombre puede ser un machista en potencia».
Más necesario que nunca
«Los modelos alternativos fomentan la desorientación y acrecientan los conflictos», recordó. «Por todo ello, la igualdad y el feminismo son más necesarios que nunca», concluyó, antes de recibir una cerrada ovación. «No puede haber igualdad sin hombres, eso sería simplemente una equiparación, sin más»
MIGUEL LORENTE Delegado de Violencia de Género
Miguel Ángel Zamora

Empleados Bancarios Con Tratamiento Psiquiátrico Por Exceso

El secretario General de la Asociación Bancaria de Entre Ríos, Juan Navarro en declaraciones a LT14 se refirió a la problemática que viven los trabajadores debido al exceso de horas que trabajan, y al acoso laboral por parte de funcionarios que desembarcaron desde el banco de Santa Fe a las sucursales entrerrianas. Navarro aseguró que iniciarán acciones legales y gremiales.

En la sucursal del BERSA de Paraná hubo un caso de una personas que falleció debido a la carga horaria y la presión que se ejerce sobre los trabajadores bancarios, mientras que en la localidad de Diamante un trabajador se encuentra internado luego de sufrir un infarto.

El secretario General de la Asociación mencionó que en muchos casos los empleados se encuentran realizando tratamiento psicológico debido a la cantidad de horas que trabajan y la presión que se ejerce sobre los mismos. Navarro sostuvo que “se ha planteado en distintos estamentos de los directivos del banco, pero no encontramos el eco respecto al acoso laboral y a la presión que existe en algunas áreas del banco con respecto algunos funcionarios que han desembarcado en las sucursales, llegados desde Santa Fe y que hoy se encuentran al frente de algunas áreas de la entidad”.

El secretario General de la Asociación sostuvo que estuvieron en asambleas con las autoridades del banco y si no se encuentra una solución la situación se va “agudizar”. Además señaló que “hay una gran preocupación de los trabajadores” y añadió que “accionaremos gremialmente y legalmente tenemos previstos hacer la presentación en la Dirección de Trabajo con respecto al acoso de estos personajes que vinieron desde afuera”.

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