17 de octubre de 2008

Govern será acusación particular en juicios penales por violencia machista

El Consell de Govern de Baleares ha acordado que el ejecutivo balear se personará como acusación particular en los juicios penales por violencia machista en los que se haya producido la muerte de la víctima o lesiones graves.

La portavoz del Govern y consellera de Trabajo Formación, Joana Barceló, ha informado hoy, tras la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consell de Govern, de esta decisión que se ha adoptado a propuesta de la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.'Es un asunto de estado que nos obliga a las administraciones a poner todos los medios para poder proteger a las víctimas de la violencia de género', ha afirmado Barceló.

El acuerdo otorga a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la autorización, previo informe del Institut Balear de la Dona, para notificar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma los juicios penales por violencia contra las mujeres en los que se debe personar como acusación particular en representación del Govern.

Con este acuerdo, la posibilidad de que el Govern decidiera personarse en los procesos judiciales relativos a violencia machista se convierte en obligación siempre que se trate de malos tratos contra mujeres que tengan como resultado la muerte o lesiones graves para la víctima.

Terra Actualidad - EFE

Dos detenidos en Murcia por sendos casos de violencia machista

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el municipio de Murcia por agresiones a sus compañeras sentimentales, una en Espinardo esta madrugada, informó a EFE un portavoz de la Policía Local.

En el caso de Espinardo, los agentes fueron requeridos por la mujer a las 1,38 horas, ya que su ex marido había acudido a su domicilio para llevarse a su hijo, menor de edad, a lo que ésta se negó, por lo que "la insultó y la agarró el cuello fuertemente con ambas manos", agregó la fuente.
El agresor, que responde a las iniciales Jose Luis G.R., de 43 años, fue detenido.

En la tarde de ayer tuvo lugar otra agresión machista por otra discusión entre una pareja, tras lo que fue detenido Carlos Francisco G.M., de 42 años, ya que la mujer presentaba signos de enrojecimiento en el cuello fruto de que la había ejercido presión en el cuello con ambas manos.

Los citados hechos tuvieron lugar a las 18 horas en el carril de la Condomina, cuando una patrulla policial se cruzó con un turismo y la mujer que ocupaba el asiento del acompañante hizo gestos de necesitar auxilio.

EFE
www.murcia.com

Fiscalía de Cataluña pide reformas legislativas para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores

La Fiscalía Superior de Cataluña pide "una reflexión profunda" sobre la necesidad de modificar el Código Penal para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores para evitar que los agresores actúen con impunidad y el alto número de sentencias absolutorias.

Según explica en su memoria anual relativa a 2007, difundida hoy, el Ministerio Público catalán considera que la dispensa a no declarar como testigo al que pueden acogerse las víctimas que siguen unidas por vínculos conyugales a su agresor, "se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo" de los maltratadores, lo que repercute negativamente en la efectividad de la Ley integral contra la violencia de género.

Los jueces de la provincia de Barcelona dictaron el año pasado 4.699 sentencias por delitos de violencia doméstica, de las que 1.976 fueron absolutorias, porque, en muchos casos, las víctimas se retractaron en el momento del juicio, bien por miedo, bien porque siguen unidas sentimentalmente a sus agresores, según avanzó hoy 'El Periódico'.

La "no aceptación de la conveniencia" de las penas de alejamiento e incomunicación genera un "elevado número" de delitos de quebrantamiento de condena, la mayoría de ellos "producido con el consentimiento e, incluso en ocasiones, a instancia de la propia víctima".

Por eso, la Fiscalía aboga por modificar el Código Penal para establecer las penas de alejamiento e incomunicación "de manera imperativa" sólo en los casos más graves que revelen una situación de riesgo futuro, y con "carácter protestativo", en los casos más leves y ocasionales.

También apuesta por que sean los Juzgados de Violencia Doméstica (VIDO) los que se hagan cargo de los quebrantamientos de condena, cuando se hayan establecido este tipo de medidas cautelares en casos de violencia doméstica, porque conocen mejor la situación y el eventual riesgo que puede correr la víctima.

Por otra parte, el Ministerio Público lamenta que la Sección Vigésima de la Audiencia de Barcelona castigue como falta las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja y no como un delito de violencia de género al entender que no se da ninguna situación de discriminación, sumisión o desigualdad.

Los Juzgados VSM barceloneses ya han empezado a recoger esa "jurisprudencia un tanto peculiar" en agresiones mútuas de carácter leve, y la Fiscalía recurre dichas resoluciones judiciales que la Sección Vigésima desestima en base a su propia jurisprudencia.

También lamenta que la larga jornada laboral de los fiscales especializados en este tipo de delitos desanime a los fiscales a unirse voluntariamente a este servicio, "que se ha convertido en el más gravoso" y que está cubierto, en su mayor parte, por sustitutos.

www.europapress.es

El CGPJ investiga posibles anomalías en el Juzgado de Violencia de Género


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Huelva por posibles anomalías en su funcionamiento.
El juez Francisco Ramírez Herves ya fue investigado cuando ejerció su carrera profesional en Mellilla y Ayamonte.
Según ha podido saber ODIEL Información de Huelva, hasta tres inspectores del CGPJ se desplazaron el jueves hasta el Palacio de Justicia de Huelva para analizar la situación de este juzgado específico de violencia de género, que se puso en funcionamiento hace un año.
El CGPJ ha detectado que su titular puede ser el responsable de la pérdida de expedientes sobre casos de violencia de pareja o del retraso en el dictamen de sentencias en juicios de faltas.
Estos retrasos se habrían prolongado hasta seis meses en el tiempo.
Además, los inspectores del órgano de los jueces también investigan el trabajo que este juez desempeñó en el Juzgado de Instrucción 4, que llevaba, entre otros, los casos de violencia de género hasta que se creó el órgano específico.
En este otro juzgado, Ramírez Herves y dos funcionarios, podrían haber cometido las mismas faltas de pérdida de expedientes o retrasos injustificados en el dictamen de las sentencias.
El titular de Violencia sobre la Mujer ya fue investigado en ciudades como Melilla o Ayamonte, donde comenzó a ejercer su carrera profesional.
En Melilla, Ramírez Herves fue investigado por perder un expediente sobre un importante caso de tráfico de drogas.
En Ayamonte, donde fue titular del el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, el juez recibió al menos dos denuncias de los propios funcionarios por el mal funcionamiento del mismo. Quienes lo conocen y han trabajado con él codo con codo lo tachan de déspota.
Los tres inspectores del CGPJ estuvieron en el despacho del magistrado hasta poco antes de las dos de la tarde. Ramírez Herves tuvo que retrasar la única vista oral prevista en la mañana de ayer.
¿Juez y parte?
Los asuntos del juez Francisco Ramírez Herves, según ha podido saber este periódico, van más allá de supuestas irregularidades que investiga la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Al parecer, según diversas fuentes, la mujer del magistrado, Susana Duque Mora, y el juez habrían incurrido en una serie de incompatibilidades judiciales que podrían ser objeto de investigación judicial.
Duque Mora, según las fuentes, ejerció de abogada en el mismo juzgado en que su marido era juez, algo que, según las mismas fuentes, sería incompatible para el ejercicio de ambas actividades, sobre todo para la del juez, aunque éste no haya firmado ninguna sentencia en la que su esposa figurara como letrada. En este punto, las fuentes consultadas señalan a un compañero del juez, otro magistrado, que habría firmado sentencias favorables a Susana Duque, conociendo la relación matrimonial entre ésta y Ramírez Herves.
El titular de Violencia sobre la Mujer de Huelva fue el encargado de estrenar este juzgado desde que se separara del Instrucción 4, donde Ramírez Herves había trabajado, y por el que se le investiga por supuestas pérdidas de expedientes. El mismo magistrado solicitó su traslado voluntario al juzgado de nueva creación, dejando, según diversas fuentes, el juzgado de salida “colapsado”. Ramírez Herves acabó la carrera de Derecho en la Universidad de Huelva en el año 1992.
Lorena Correa / M. Luque

Los subinspectores de Tributos clausuran hoy su XIV Congreso

Denuncian que Hacienda es un terreno "abonado" para los casos de 'mobbing' laboral

El presidente de la asociación de subinspectores de Tributos de España, Laureano Antolín, aprovechó el final de la intervención del presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA, Antonio Moreno Andrade, durante su XIV Congreso para hablar de la figura del acosador, "un auténtico psicópata".

Antolín afirmó al respecto que está probado que Hacienda, "por su estructura organizativa", es terreno abonado para el mobbing laboral. Además, quiso dejar claro que considera que ciertos colectivos del cuerpo de subinspectores "no se muestran dispuestos a modificar esas estructuras para así no perder su situación de privilegio".

Laureano Antolín dijo también que "siempre los subinspectores desarrollan un trabajo que no se nos reconoce, que se nos malpaga, lo que genera un caldo de cultivo ideal para la aparición de los casos de mobbing".

Pero antes de la intervención de Antolín, Antonio Moreno fue el introductor del tema del mobbing, no sin antes hablar sobre Derecho sancionador Tributario.Sobre el acoso laboral, Moreno Andrade definió el mobbing como el "recurso a la fuerza con resultados degradantes para el trabajador" y no dudó en afirmar que la incorporación de los políticos a cargos dentro de la administración de Justicia ha sido "un factor de riesgo para el acoso laboral".

Además manifestó que este tipo de acoso laboral tiene normalmente como fundamento la "aniquilación y sometimiento y salida forzada de la organización del propio trabajador víctima del mobbing".

Posteriormente, Salvador Viada Bardaji, fiscal del Tribunal Supremo, protagonizó una "suprema" intervención, como la calificó posteriormente Luis do Campo, del comité organizador del congreso, que versó sobre el papel del perito en procedimientos penales de inspección de tributos, que debe ser un profesional "didáctico, rápido y con coraje".

En su apasionada conferencia habló de la "crisis de credibilidad que viven a día de hoy los órganos judiciales". Su intervención la inició hablando de un dato: el 96 por ciento de las empresa españolas no son objeto de inspección "por defecto de la agencia tributaria".

En su discurso, el fiscal Viada sacó a la palestra varios casos de sentencias relacionadas con presuntos delitos económicos que han quedado impunes. Para definir la actual situación que vive la administración de justicia, la comparó con una cadena en la que es necesario que no se afloje ninguno de sus eslabones.
"En cuanto uno se afloja, se rompe la cadena".

Pero en la intervención de Salvador Viada fue el perito el auténtico protagonista y "os lo digo a vosotros, subinspectores de Hacienda, que sois potenciales peritos judiciales".Habló sobre sus deberes y de cómo debe ser un buen perito porque "el trabajo del fiscal depende de su buen trabajo por lo que debe esforzarse por ser didáctico y realizar el informe a su tiempo".

Por otra parte, hoy tendrá lugar la asamblea que reúne en Cádiz a los subinspectores de Tributos de España y la clausura del congreso que contará con la presencia, en Diputación, de destacadas autoridades de la provincia de Cádiz.

Joaquín Benítez
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/255464/los/subinspectores/tributos/clausuran/hoy/su/xiv/congreso.html

Un hombre se enfrenta a 16 años por malos tratos y quema su vivienda

El encartado le propinó dos puñetazos en la cara a su mujer y le rompió la nariz

Un individuo se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de un presunto delito de violencia doméstica a su mujer durante cinco años.
Además, la Fiscalía Provincial de Córdoba acusa a M C. V. de impedir el acceso de la víctima al domicilio, al que prendió fuego el 10 de agosto del año pasado.

Según el fiscal, el deterioro de la convivencia provocó "frecuentes discusiones" entre la pareja, en el transcurso de las cuales le gritó expresiones como "puta, perra" o "te voy a matar".
Otras veces, le propinó bofetadas y puñetazos, aunque ella nunca se atrevió a denunciar.

La mayoría de estos episodios tenían lugar estando presentes los hijos de ambos, menores de edad.

A principios de agosto del año pasado, el procesado propinó dos puñetazos en la cara a su pareja, a consecuencia de lo cual le causó fractura de los huesos de la nariz. Días más tarde, atrancó la puerta de la vivienda y, aprovechando que la víctima no estaba en casa, apiló los muebles en las habitaciones y les prendió fuego.

Como consecuencia del incendio, el piso que habitaba el procesado y su familia quedó completamente calcinado. La reparación costó 19.600 euros.

Á. R.
www.eldiadecordoba.es

Miedo a denunciar


Los trabajadores panameños muy poco presentan las quejas contra sus empleadores al sentirse hostigados. El obrero puede renunciar justificadamente y luego ir a los tribunales a defender su caso.
El temor, la falta de información y el proceso legal luego de presentada la queja son los factores que contribuyen a que el trabajador panameño no denuncie el acoso laboral.
En Estados Unidos y Europa este tema se plantea en los niveles normativo y doctrinal solo desde hace 15 años. Mientras que en Panamá, las denuncias se pueden presentar ante los tribunales laborales.
“El acoso laboral o el mobbing no es más lo que los panameños hemos denominado ‘velártela’. Esta discriminación puede surgir por la raza, el sexo, las condiciones sociales y gremiales”, explicó Carlos Ayala Montero, director ejecutivo de la Academia Panameña de Derecho al Trabajo.
Ayala enfatizó que en Panamá, debido a que casi no se ha tratado este problema –ni individualmente ni colectivamente–, simplemente se dejaba pasar, no hay jurisprudencia.
LEGALIDAD
“Hay muy poca jurisprudencia en Panamá sobre este asunto, es decir, que los trabajadores no tienen la costumbre de denunciar y tampoco existen los canales legales ni las instituciones adecuadas para plantear las quejas”, reiteró.
Luego de consultar en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se comprobó que efectivamente casi no se presentan las denuncias sobre acoso laboral.
Rodolfo Stanziola, director general de Trabajo del Mitradel, dijo que en sus oficinas muy poco se presentan este tipo de acusaciones contra el empleador.
RENUNCIA
Stanziola explicó que los trabajadores, víctimas del mobbing, pueden presentar una renuncia justificada y posteriormente presentar una demanda por acoso laboral en los tribunales laborales.
“Con tu renuncia justificada no quedas indefenso, es como el primer paso para ir a los tribunales”, añadió.
En este proceso le corresponderá al obrero comprobar que fue hostigado y menospreciado mediante la presentación de testigos.
En tanto, Julia Suira, secretaria del Sindicato de la Industria Textil, recordó que en Panamá se ha avanzado un poco en proteger a los panameños contra el acoso laboral, sobre todo a la hora de negociar las convenciones colectivas. “El obrero vive temeroso y esto le causa estrés y problemas familiares”, dijo.
Manuel Vega Loo