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7 de julio de 2009

El 85% de las mujeres desconoce sus derechos sobre discriminación laboral

espaÑa es uno de los países de la ue donde más se margina por razón de sexo

La Defensoría vasca de Igualdad califica de "preocupantes" los datos y recuerda que está a disposición de los ciudadanos

La mayoría de las mujeres desconocen cuáles son los derechos que les asisten en casos de discriminación o acoso sexual en el trabajo, e ignoran también que existen servicios y organismos públicos que las amparan. El Estado español se sitúa, además, a la cola de Europa en cuanto al conocimiento que tiene su ciudadanía de los recursos y las garantías legales existentes para ayudar a aquellas personas que sean víctimas de estas situaciones.

Así se deduce de los datos hechos públicos recientemente por la defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAV), Maite Erro, quien citó las conclusiones extraídas de un informe publicado por Equinet, un foro que aglutina a entidades independientes que trabajan en materia de igualdad en distintos países europeos, entre ellas a la Defensoría vasca. A comienzos de 2009, este organismo expuso los resultados de una investigación llevada a cabo en la Unión Europea que arrojó conclusiones "preocupantes", según las palabras de Erro. En concreto, este análisis reveló que sólo el 40% de la ciudadanía de la UE conoce que existe una regulación en materia de igualdad en sus países. Entre los 27, indudablemente, existen estados muy por encima de esta media, mientras que otros se sitúan en la parte baja del ranking en cuanto al conocimiento de los derechos de hombres y mujeres. El Estado español, precisamente, es de los últimos en todos los puntos del informe destacados por la defensora.

En cuanto a los derechos que amparan a las víctimas de acoso sexista o desigualdad, por ejemplo, el 30% de los europeos sabe cuáles son y Finlandia, nuevamente, destaca por ser el país con mayor cantidad de ciudadanos que los conoce, un 65% de la población total. Entre los países que arrojan peores estadísticas, sin embargo, se encuentran el Estado español, Estonia y Grecia. En los tres casos, hasta un 85% de las mujeres ignora cuáles son sus derechos en el caso de sufrir situaciones de discriminación o acoso en su trabajo.

Otra realidad social "preocupante", a juicio de Maite Erro, es que en el 40% de las situaciones en las que se da un trato de inferioridad hacia una persona en la UE la motivación es el sexo, según recoge el informe de Equinet. Los dos países con porcentajes más altos son Italia y, nuevamente, el Estado español, donde el 55% de los casos de exclusión o trato injusto en el trabajo lo padecen las mujeres por el mero hecho de serlo. Estos datos duplican la tasa de otros estados miembros como Finlandia, Alemania y Letonia, donde la cifra oscila entre el 24% y el 21%.

La defensora de la Igualdad de la CAV hizo también hincapié en el bajo número de ciudadanos que conoce las instituciones y organizaciones de las que pueden recibir atención y asesoramiento jurídico cuando detecten experiencias de machismo laboral. Así, en Finlandia y Suecia el 41% de la ciudadanía sabe de la existencia de esos instrumentos. En cuanto al Estado español, el porcentaje se sitúa en el 15%, con lo que una inmensa mayoría de la población ignora la existencia de recursos como la Defensoría vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Derechos y servicios Maite Erro recordó que la institución que ella representa es un órgano público del Gobierno Vasco, creado en 2005 y adscrito a Emakunde, que está al servicio de cualquier ciudadano (hombres y mujeres). Destacó, asimismo, que la Defensoría "ejerce sus funciones con objetividad e imparcialidad, sin sujeción a vínculo jerárquico alguno ni a instrucciones de ninguna clase".

Su misión es la defensa de los ciudadanos ante situaciones de discriminación por razón de sexo en el sector privado y la promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato en la CAV.

Competen a la Defensoría de la Igualdad, entre otras, funciones asesoras, indicativas e inspectoras orientadas a la atención a la ciudadanía para el esclarecimiento y corrección de posibles situaciones de discriminación.

www.noticiasdealava.com

25 de junio de 2009

´Llevo 9 años en un despacho de Emasagra sin hacer nada´

El ex directivo que ha denunciado por ´mobbing´ a la dirección, incluido a S. P., lleva meses en tratamiento psicológico por el supuesto trato "denigrante"

J.C.N.H lleva 28 años como trabajador de Emasagra pero los nueve últimos se han convertido, según confiesa a este diario, en un "verdadero calvario". En la actualidad, ocupa un despacho de la sede de Emasagra en la calle Molinos pero durante las siete horas diarias permanece de brazos cruzados: "no me asignan ninguna función".

En enero presentó una denuncia en los tribunales porque "no aguantaba más", contra varios directivos de Emasagra –incluido S. P. actual consejero delegado– "perfecto conocedor desde 2006 del acoso laboral al que me han sometido".

El Juzgado de Instrucción 8 de Granada trata de aclarar ahora si existen indicios de delitos contra la integridad, lesiones psíquicas y contra los derechos de los trabajadores por parte de S P, el actual gerente R A, su antecesor en el cargo, A N; el director de la Fundación de Emasagra, L G; y el director económico financiero, F S A.

Dada la condición de aforado de S P –actual senador del PP–, el juez F Z elevó una consulta al Tribunal Supremo para saber si era competente para llevar la instrucción del dirigente popular. El alto tribunal estableció en un auto, que hizo público ayer La Opinión, que no se apreciaban, por el momento, indicios de delito por parte de P por lo que remite la causa de nuevo al Juzgado de Instrucción. No obstante, si de la investigación se desprendiera alguna infracción penal "inequívoca y relevante" del senador, el Supremo deja la puerta abierta a que sea la Sala Segunda de lo Penal la que lleve a cabo su enjuiciamiento.

Reunión con S. El denunciante, que ocupó en su día la jefatura del área de administración de Emasagra, asegura que él y otro compañero que ya se desligó de la empresa, víctima también del supuesto acoso laboral, acudieron en 2006 al Ayuntamiento para hablar con P. "Le dijimos que ya no aguantábamos más, que llevábamos seis años ninguneados, cada uno en un despacho sin hacer nada y él se comprometió a arreglar el asunto. Él conoce mi situación y está claro que como máximo responsable ejecutivo tiene mucho que decir ", precisa el denunciante, al que no le consta, por otro lado, que haya dado instrucciones directas para discriminarlo.

J.C.N.H. sitúa el origen del problema en el año 2000 cuando él y otros dos compañeros –estos dos últimos fuera ya de la empresa– denunciaron una serie de irregularidades,. Entonces, el consejero delegado era el hoy subdelegado de Gobierno, A C.

El despido de los tres se declaró improcedente y fue entonces cuando empezaron a sufrir la supuesta persecución laboral. Con la llegada del PP al gobierno de la ciudad, la situación no varió. Con el tiempo, sus dos compañeros solicitaron la resolución del contrato obteniendo una indemnización.

El denunciante asegura que a él le ofrecieron un puesto en la Fundación de Emasagra, responsabilidad que aceptó, no sin antes renunciar a su puesto en el comité de empresa. Tampoco allí tuvo un trabajo asignado, continuó el ninguneo hasta que el gerente R A le comunicó en diciembre pasado que debía volver de nuevo a la empresa, según su testimonio.

Fue en ese momento cuando confiesa que toca fondo y sufre una depresión que le lleva a presentar la denuncia ante los tribunales y, al mismo tiempo, solicitar una baja médica por problemas psicológicos que le mantuvo fuera durante cuatro meses. No obstante, precisa que a día de hoy sigue yendo a las consultas con el psicólogo.

"Mi situación era insostenible, no podía soportar por más tiempo el trato recibido y no me quedaba más salida que acudir al juez", argumenta el denunciante, quien afirma que no busca una indemnización millonaria sino mantener su puesto de trabajo en condiciones normales.

ÁLVARO CALLEJA
www.laopiniondegranada.es

3 de junio de 2009

El sindicato de Policía Local estudia una denuncia por 'mobbing'

La inspección de Salud ya ha dado de alta a dos de los 23 agentes de baja por ansiedad

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) se reunirá hoy con su gabinete jurídico para decidir qué acciones lleva a cabo, entre las que baraja una posible denuncia por mobbing, tras advertir el alcalde, Juan Ramón Troncoso (PSOE), que abrirá expedientes por la "huelga encubierta" protagonizada por 23 agentes dados de baja por "estrés o ansiedad".

El delegado del Sppme en el Ayuntamiento de San Juan, Miguel Ángel Ordaz, recordó a Europa Press que el alcalde ha reclamado a la Consejería de Salud la inspección de las bajas y sólo en la semana pasada, la inspección dio de alta a dos de los agentes. Hoy, otros ocho pasarán la revisión.

Las bajas se solicitaron alegando "ansiedad o estrés" en el 90% de los casos, que el Sppme atribuye a los "insoportables" turnos organizados por el Consistorio. Como ya informó el Ayuntamiento, esta situación se produjo también durante las procesiones de Semana Santa y supone "una merma del servicio de seguridad ciudadana" .

www.diariodesevilla.es

4 de mayo de 2009

¿Es peor el remedio que la enfermedad? Reducción de las jornadas laborales

Especialistas en derecho laboral recomiendan extremar cuidados al momento de recortar la jornada de trabajo o de reasignar tareas. Los reclamos por despido indirecto y mobbing vuelven a decir presente

Todo remedio tiene contraindicaciones. Por eso, en la búsqueda de paliativos laborales para hacerle frente a la crisis, habrá que tener muy en cuenta los efectos colaterales. La reducción de la jornada o del sueldo, el cambio de actividad o, mismo, la incertidumbre alimentada por la inacción de jefes y empresas, están empezando a ser objeto de reclamo ante los tribunales por parte de los trabajadores.

El debate que subyace se da entre lo malo y lo peor: recortar la jornada y la paga o perder el empleo.

Para Gustavo Gallo, titular de Gallo & Asociados, tanto la disminución de horas como de salario son causal de despido indirecto, pues de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) no se pueden cambiar las condiciones pautadas al inicio de la relación laboral. “Se parte de la base de que el riesgo empresario no debe trasladarse al empleado”, explicó.

“La reducción de horas y salario es una modalidad de suspensión del empleado”, dijo en esa línea Eduardo Viñales, socio del estudio Funes de Rioja, y reafirmó que “la medida, si no es aceptada, puede dar lugar a un despido indirecto”.

Así las cosas, ésta se ha convertido en una herramienta de uso diario. “La legislación laboral le otorga al empleador la facultad de modificar las condiciones laborales de sus trabajadores siempre y cuando tal facultad no sea irracional, no cause perjuicio moral o material al trabajador y no modifique condiciones esenciales del contrato de trabajo”, relativizó Mercedes Balado Bevilacqua, abogada de Beretta Godoy.

Pero, justamente, la jornada y la remuneración son condiciones esenciales del contrato de trabajo. No obstante, para la abogada su modificación puede hacerse, pues se trata de una “redistribución del tiempo”, con el pago proporcional de las horas que se trabajarán.

Vaivenes y mobbing

El cambio de tareas y la reconversión de empleados también está en auge por estos días, pero desde el punto de vista legal, cuando aquellas no obedecen a razones funcionales justificadas u ocasionan perjuicio material o moral al empleado, lo habilitan a recuperar las condiciones anteriores, dijo Gallo. “Hay muchos casos de este tipo en los tribunales, que suelen resolverse con bastante rapidez”, señaló.

“Se observa como práctica difundida la utilización de ésta nueva disposición de la LCT (N. de R.: sobre modificaciones de tareas) a fin de considerar rota la relación laboral por despido indirecto. La justicia laboral es receptiva a este tipo de planteos”, advirtió también Viñales.

Así y todo, para Balado Bevilacqua la reconversión de tareas es una facultad que tiene el empleador.

“En principio -aclaró- no podría modificarse en detrimento del trabajador” y si esto ocurriese, “daría lugar a que el trabajador afectado se considerase agraviado y reclamase la reposición de sus tareas anteriores bajo apercibimiento de considerarse despedido”.

En este punto, puestos a analizar la posición de la parte empleadora, los tres consultados insistieron en la necesidad de instrumentar y registrar estos acuerdos ante el Ministerio de Trabajo. En línea con lo anterior, si bien las medidas que las empresas están impulsando están siendo acordadas (en general) con las entidades sindicales representativas, no todo lo que reluce tiene aroma a limpio.

“En el plano individual el conflicto se está exacerbando, ya que existe una oportunidad de reclamo para aquellos empleados con intención de cambio de empleo o simplemente de alejamiento de la empresa”, apuntó Viñales. “El mobbing, acoso moral, stress laboral y otras figuras innovativas están siendo esgrimidas por empleados para mejorar su capacidad de negociación a su egreso”, dijo.

Sobre el punto, la abogada de Beretta Godoy explicó que por mobbing hay que entender la comunicación hostil y sin ética dirigida sistemáticamente por uno o varios individuos contra otro, arrastrado a una posición de indefensión. Estas conductas, que implican un abuso moral, deben tener lugar de manera reiterada y durante un largo período, extremo que termina involucrando aspectos mentales, psicosomáticos y sociales del individuo.

La pregunta es si en el contexto actual, ante las indefiniciones sobre cambios en las condiciones de trabajo y a la incertidumbre sobre la mismísima continuidad laboral, se puede reclamar en función de lo que sería un “mobbing por omisión”.

Por lo pronto, existe una tendencia jurisprudencial dirigida a sancionar actos de este tipo, considerar los despidos fundados en maltrato y establecer indemnizaciones por daño moral o psicológico a raíz de la comprobación de la existencia de situaciones de acoso laboral, reconocieron los abogados.

Sin embargo, dijo Balado Bevilacqua, “es poco probable que la crisis o la inestabilidad del contexto socioeconómico por sí solas sean consideradas como factores desencadenantes del mobbing; pueden generar incertidumbre, pero eso no puede entenderse como maltrato por parte del empleador”.

Empero, en climas alterados, los especialistas recomendaron aceitar las comunicaciones y políticas desde las áreas de recursos humanos para prevenir estos escenarios. En esa línea, agregaron que una comunicación institucional continua, generalizada y transparente en cuanto al impacto que la crisis está teniendo en el negocio y su relación con la estabilidad laboral es una forma para cubrir posibles aristas ante eventuales reclamos.

Ariel Alberto Neuman

cronista.com

2 de mayo de 2009

El acoso en el trabajo, ‘muy difícil de probar’

Los problemas para comprobar en el juzgado los casos de ‘mobbing’ hacen que haya pocas denuncias

’Muy difícil de probar’. Así califican desde fuentes judiciales el acoso laboral. Una situación que, según algunas encuestas, se incrementa año tras año pero que, sin embargo, no tiene su reflejo en las estadísticas judiciales. Y es que la incredulidad por parte de los compañeros de las víctimas y la dificultad para probar un acoso que suele quedar entre el acosador y la persona que lo sufre son algunas de las causas de que todavía se denuncie poco o se tramite por otras vías.

Los expertos dicen que el acoso moral en el trabajo sufre una tendencia al alza que se refleja en las encuestas -en torno a un 15% de la población laboral en 2005- pero no en los juzgados. Y es que, como señala la abogada Virgina Villar, ‘el acoso laboral es una situación que existe pero que presenta unos perfiles que son muy difíciles de probar ya que genera una situación emocional en la víctima que lleva a la incredulidad por parte de sus compañeros. La persona acosada se resiente y cuando es capaz de verbalizar lo que le ocurre, su afección emocional hace que lo diga de tal manera que es cuestionada’.

Por ello, según fuentes judiciales, las denuncias que llegan a los juzgados no reflejan la realidad, pues en los casos en que el acoso laboral desemboca en despido se abordan como tal. Es más, ‘algunas veces la víctima incluso prefiere que se resuelva el caso por otra vía, ya que en muchos casos es una situación que se produce entre la víctima y el acosador y la primera no tiene la oportunidad ni de pedir la cuenta’, dice Virginia Villar. A su juicio, ‘todavía es muy difícil de probar’ una situación de estas características.

Villar considera que ‘en el caso de que la víctima sea una mujer, es todavía más difícil ya que en muchos casos suele tener el perfil de una proposición no correspondida. Cuando el superior se ve no correspondido, el acoso laboral es tremendo’.

Mal diagnóstico

El ‘mobbing’ está todavía mal diagnosticado porque algunos de sus síntomas son abordados como otras enfermedades, tales como depresión, estrés y ansiedad, entre otras. El acoso moral en el trabajo es un comportamiento que lleva a cabo actuaciones recurrentes que hostigan al trabajador. También puede producirse entre compañeros.

‘Decía que no valía para nada’

Fue sólo un instante pero cambió su vida y la de su familia. Hacía 11 años que Yolanda R. trabajaba en una empresa del sector textil. Hasta ese momento todo había sido normal y era encargada de sección. El cambio se produjo cuando su jefe la llamó para abordar un problema y ‘me declaró su amor. Intentó besarme y me dijo que le gustaban mis ojos, mis labios...’. Cuando dijo ‘no’, su suerte en la empresa estaba echada.

Lo que ella denunció después como acoso no tardó en llegar. ‘Me llamaba a su oficina y me decía que no valía para nada, todo para machacarme. Me enfrentó a mis compañeros y había una persona en la empresa, amigo suyo y que estaba en situación irregular, que me controlaba y me cerraba las puertas con llave para que no pudiera coger los trabajos que tenía que hacer’. La situación se hizo insostenible y Yolanda R. pidió la baja voluntaria al ‘no aguantar la presión a la que él me sometía’.

Han pasado tres años y medio desde entonces y ella no logra superarlo. ‘No me siento capacitada para trabajar, tengo miedo a otro jefe. Siempre he creído en la gente pero ahora no confío en nadie’, dice. En este tiempo, ella y su familia se han sentido solos contra el acosador. ‘Vas a la Justicia y no hacen nada, ves que las cosas en las que creías son un asco y te quedas con la sensación de que, si tienes poder, puedes salir impune’. Aun así, sigue su lucha para que sea un juez el que ratifique que ha sufrido acoso laboral. Una situación difícil de demostrar cuando tus compañeros te dan la espalda. Pero ella lo tiene claro. Le basta ‘con que lo reconozcan y pidan perdón’.

www.laregion.es

21 de abril de 2009

La crisis económica ha "disparado" los casos de acoso laboral en España, según Alares

La actual crisis económica ha "disparado" los casos de acoso laboral en España hasta el punto de que el 45 por ciento de las demandas judiciales relacionadas con cuestiones laborales tienen que ver con el acoso psicológico en el lugar del trabajo, afirmó hoy la empresa especializada en asistencia familiar Alares.

Actualmente, más de 800.000 personas sufren en España acoso en su empleo, según datos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo. Así, el 20 por ciento de los trabajadores reconoce que ha sufrido algún tipo de trato discriminatorio y el 45 por ciento asegura que ha presenciado casos entre sus compañeros.

En cuanto al tipo de personas que sufren de este tipo de acoso o 'mobbing', de acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Igualdad, el 65,8 por ciento son mujeres, siendo el embarazo la primera causa de acoso en las empresas. De hecho, nueve de cada diez mujeres embarazadas sufren discriminación y el 20 por ciento llegan a ser despedidas, según la Fundación Madrina.

Ante esta situación, Alares ha puesto en marcha el 'Programa Alares Tolerancia Cero ante el Acoso', en el que se enseña a los empleados a prevenir el acoso laboral. Además, la iniciativa consta de una segunda parte en que se asiste a los trabajadores que se sientan acosadas en el trabajo.

www.europapress.es

9 de abril de 2009

El TSJR ratifica que se cambió de puesto a un funcionario para perjudicarle

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha estimado el recurso planteado por un funcionario de Vivienda, al que este mismo tribunal confirmó en su día haber sufrido el acoso de sus superiores, y se ha ratificado, por segunda vez, en que se le cambió de puesto con el ánimo de perjudicarle.

El nuevo pronunciamiento emitido por la Sala de lo Contencioso del TSJR, que revoca el fallo favorable al Gobierno dictado en primera instancia a finales de 2004, obedece a la resolución emitida a primeros de año por el Tribunal Constitucional. Resolución en la que el TC estimó el recurso de amparo de la Administración autonómica y resolvió retrotraer las actuaciones a este momento del proceso, por considerar que no se había dado traslado a las partes, y en concreto a la Administración regional, de una resolución que lesionaba su derecho de defensa.

Pues bien, la sentencia dictada ahora por el TSJR reproduce los mismos argumentos recogidos en la resolución de febrero de 2005. Y viene a decir, en síntesis, que «no existía ninguna justificación objetiva» para diseñar un nuevo organigrama de la Consejería a la que se halla adscrito el funcionario demandante y que a éste, en su nuevo puesto, se le habían impuesto tareas distintas a las que hasta ese momento realizaba.

En definitiva, la Sala llega a la conclusión de la «existencia de desviación de poder por parte de la Administración», así como que la nueva organización de la Consejería tiene «conexión directa con el mobbing padecido por el demandante».

Fuente

13 de marzo de 2009

El ‘mobbing’ se incrementa cada año pero las denuncias son escasas por un mal diagnóstico

Los expertos advierten de que el número de afectados supera ya el 15% y piden medidas preventivas

Las denuncias no lo evidencian pero las encuestas sí.El acoso moral en el trabajo sufre una tendencia al alza (pasó de un cinco por ciento de afectados en 2000 a un 15 por ciento en 2005) y se ha convertido ya en uno de los problemas más importantes dentro de las organizaciones labores, según el jefe de Sección de recoñecemento e análise del centro provincial del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga). Habla de ‘situación preocupante’ y demanda medidas preventivas.

El término es reciente (1973) pero las conductas de ‘mobbing’ existen desde la época de Caín y Abel, ‘probablemente uno de los primeros casos’ que se registró al respecto. Así de contundente se mostró ayer el jefe de Sección de reconocimiento y análisis del centro provincial del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), Juan Manuel Rodríguez Lorenzo, en una jornada técnica en la que analizó la problemática del acoso moral en el trabajo, poniendo de relevancia que se trata en la actualidad de uno de los problemas más importantes dentro de las organizaciones laborales.

Pese a su larga existencia y a que los estudios -encuesta europea sobre las condiciones de trabajo- revelan una tendencia al alza de esta problemática en España (extrapolable a Galicia), pasando de un cinco por ciento de la población laboral con problemas de acoso psicológico en el año 2000 a un 15 por ciento en 2005, las denuncias de los afectados no reflejan la realidad de esta situación. Las denuncias, alegó, son muy pocas, porque el ‘mobbing’ está todavía mal diagnosticado. ‘Síntomas y signos de una persona que sufre acoso laboral son diagnosticados como otras enfermedades’, como depresión, ansiedad o estrés, dijo. A ello se une que el ‘mobbing’ como tal se define como una conducta de hostigamiento de una persona hacia otra de forma recurrente en el tiempo, por lo que ‘hasta ahora se creía que como se repetían formaban parte del sueldo o de la organización y se consideraban normales y banales’.

Para Rodríguez Lorenzo se trata de ‘una situación preocupante’ por lo que destacó la necesidad de tomar medidas preventivas y ‘no únicamente paliativas o punitivas sobre víctimas y acosadores’. Para ello debe trabajarse en cuestiones como fomentar la formación, integrar la prevención en la empresa o las propias denuncias.

Llevarse mal, una bronca o un jefe exigente no es ‘mobbing’.

El acoso moral en el trabajo es un comportamiento que lleva a cabo actuaciones recurrentes que hostigan al trabajador (también puede ser del trabajador al superior o entre compañeros).

El ‘mobbing’ no es una enfermedad sino un riesgo porque expone al que lo sufre a la posibilidad de enfermar, de ser dañado afectando a la calidad de su trabajo y a las relaciones laborales y personales. Con esta puntualizaciones, José Manuel Rodríguez, calificó el acoso psicológico en el trabajo como ‘el crimen perfecto’ o ‘la violencia en silencio’ porque la víctima es incapaz de hacer frente a sus acosadores dado que empieza a creer que es un empleado que no merece la pena que siga en la organización. ‘Me cargo a un trabajador pero lo hago con su consentimiento y participación’, explicó. Por lo general, el acosador suele ser una persona debil intelectual o profesionalmente y la víctima más brillante.

www.laregion.es

6 de marzo de 2009

DENUNCIAN QUE JEFE DE LA MUNICIPAL ACOSA A TODAS

• Mujer policía dice que las toca, las “repella” y las invita al sexo

• Funcionario ya había sido sancionado por un caso similar

• Siete testigos se ofrecen a declarar en contra del jefe

Tremendo culebrón se armó en el seno de la Policía Municipal del cantón central de San José, debido a que una de las oficiales de ese cuerpo policial acusó al jefe por acoso sexual.

Se trata de el abogado Manuel Garro Chacón, quien ya había sido denunciado por el mismo delito por otra funcionaria de apellido Jiménez y fue castigado con 15 días de suspensión sin goce de salario. La mujer fue despedida, meses después.

Ahora, la oficial Dilana Guerrero Cascante presentó otra denuncia en contra de Garro -de la cual tiene copia este medio y el Instituto Nacional de la Mujer- en la que precisa ser víctima de toqueteos inmorales, “repellos”, insinuaciones e invitaciones al sexo por parte del hombre, desde hace cinco años.

Siete funcionarios se ofrecieron como testigos del caso.

Pero más allá de la situación que denuncia Guerrero, tres mujeres de la Policía Municipal que conversaron con DIARIO EXTRA aseguran que Garro acosa a todas las mujeres de ese cuerpo policial.

“Él te dice, qué rico hacer esto, qué rico lo otro y cuando te ve nunca lo hace a la cara sino a la vagina, a los pechos o al trasero, ceñido y hablando todas las burradas que usted se pueda imaginar. Un día yo venía y donde él se me acerca me las tocó (pechos) con la mano de frente, ese día pegué semejante brinco y se la ‘asolié’. Son conductas que se presentan en la Policía Municipal y son constantes, con todas las policías, no solo conmigo. Unas ceden, otras no cedemos y a esas nos va mal” explicó la denunciante.

Otra de sus compañeras, Idania Zamora Barrantes, confirmó que el comportamiento del jefe policial es inaceptable y lo más grave es que es pastor de una iglesia.

“El señor es pastor de una iglesia cristiana y vea qué curioso, él en las reuniones de trabajo siempre ha declarado que su debilidad son las mujeres y eso es a lo que él lo lleva a perder la cordura. Delante de los compañeros ha dicho, mi pecado: las mujeres, mi debilidad: las mujeres, para nadie es un secreto; él con su misma boca lo ha dicho” dijo Zamora.

La denunciante encuentra inaceptable la doble moral con la que actúa Garro.

“Cuando él habla en el púlpito, habla de la moral, de las buenas costumbres y dice que no se debe desear la mujer de tu prójimo y él no mira la mujer de su prójimo, él toca a la mujer de su prójimo y desea acostarse con la mujer de su prójimo” agregó Dilana.

“ME ACOSÓ 5 AÑOS Y AHORA EXPLOTÉ”

“Me decía que necesitaba estar conmigo para una situación laboral, entre 10 y 11 de la noche, pero después me dijo que no era para hablar nada de trabajo sino que lo quería era salir conmigo. Yo le expliqué que qué excusa le iba a dar a mi marido para salir a esa hora. En ese momento yo tenía una relación de cinco años” así comenzó narrando Dilana, los años que, según ella, fue vista por su jefe como un objeto sexual.

La mujer contó que los dos primeros años de trabajo los pasó tranquila gracias a que un compañero la defendía.

“Los toqueteos se vienen dando desde hace cinco años. Los dos primeros años que yo trabajé ahí, no, porque un amigo de él que era amigo mío, le dijo: ‘Ella no se toca, se respeta y espero que lo cumpla’, porque ya sabía lo que él les hace a las mujeres. Pero cuando mi compañero se fue de la Municipalidad, el jefe se volvió y me dijo: ‘Ya el que te apadrina no está, ahora salada’” contó.

Con el defensor de la mujer fuera de la policía, ella dice que comenzó el suplicio.

“Tiempo después comenzaron las indirectas y los toqueteos, las palabras con doble sentido. Cuando yo estaba en la oficialía de guardia, en el mostrador y él llegaba por detrás, me pasaba los genitales, arrimándolos, como llaman ‘repellándola’ a uno. Y cuando pasaba de frente levantaba las manos para tocarme” enfatizó.

Guerrero asegura que guardó silencio todo este tiempo por temor a quedarse sin trabajo, pues el hombre la amenazaba. Como no consiguió acostarse con ella, la mujer dice que inició una campaña en su contra de acoso laboral, la cual la motivó a denunciar.

“Todo el acoso laboral era porque yo no accedí a acostarme con él.

Todas las mujeres que han estado ahí han sufrido de acoso, lo que pasa es que ninguna, por miedo a quedarse sin trabajo, ha levantado la mano para denunciarlo por sus amenazas”.

La mujer policía dice que accedió a denunciarlo para no volverse loca, pues el estrés la estaba matando, poco a poco.

REPRESALIAS A TESTIGOS

Según la versión de Idania Zamora Barrantes, una de las siete personas que están dispuestas a testificar en contra de Garro, ella sufrió represalias por parte del jefe.

“Tengo un dictamen médico que dice que presento una lesión a nivel de columna vertebral, estoy esperando una cirugía y, poco después que él supo que era testigo de Dilana, me trasladó a hacer recorridos a la calle. No puedo caminar todo el día ni subir gradas. Me tengo que incapacitar porque donde él me reubicó va contra mi salud pero tampoco puedo faltar porque me acusaba de insubordinación” dijo Zamora.

Una dirigente sindical de la municipalidad enumeró las represalias sufridas por más testigos.

“A todos los testigos nos ha trasladado, yo soy supervisora de policía y me mandó a supervisión vial, estoy aprendiendo qué es lo que se hace ahí porque yo no sé. A otro supervisor lo mandó 71 días de vacaciones porque se dio cuenta de que va a ser testigo de ella. Le dijo que lo reubicaba si él no le servía testigo a la compañera y si la convencía de que quitara la denuncia, él se negó. A otra compañera, que es testigo también, la mandó a vacaciones y eso lo hace para que se quiten. Yo sabía que esto va a propiciar incluso que pida nuestro despido, pero ya no aguantamos mas” dijo la sindicalista, que prefirió no identificarse.

Idania Zamora también dice ser víctima de acoso laboral por parte de Garro, debido a que un sobrino de él la embarazó.

“Todo iba perfecto hasta que quedé embarazada. Ahí empezó la guerra, porque todas las mujeres que nos embarazamos en la policía tenemos problema con él. Comenzó mandándome a la calle, a que hiciera uso de mi plaza. Desde ahí el hombre cambió. Pasó el tiempo, yo hacía recorrido, pero cuando mi chiquito tenía un año empecé a andar con un sobrino de él y nació mi hija. Eso fue peor, me mandaba a cuidar el parque Okayama, en San Francisco de Dos Ríos, sola, sin radio y de noche” explicó.

Idania dice que se ofreció como testigo del acoso sexual por solidaridad con su compañera y por los maltratos recibidos por Garro y su familia.

“Cuando salió el burumbún de la denuncia de Dilana, yo no era parte, pero en eso me llamó un familiar de Garro desde la oficina de él, con un teléfono con altavoz a pegarme 150 mil gritos, me trató como nunca nadie me trató en la vida: de perra, de puta, de sucia, de traidora y un montón de cosas más y me acusó de que yo había denunciado al hijo, pues como yo me llamo Idania y ella se llama Dilana, pensó que había sido yo. Yo le pedí a la compañera que me involucrara en la denuncia porque es demasiado lo que él ha hecho en la policía con todas las mujeres que trabajan aquí” contó.

La intención de la llamada que recibió Idania era desenmascarar a la denunciante, según ella.

“Me exigía que yo le dijera quién había sido el que acusó a Garro, yo le dije que no había sido yo, y que averiguara él, que qué era el miedo. Que por qué me señala a mí, porque yo no me quise acostar con él. Entonces me amenazó con dejarme en la calle con mis hijos, me dijo que pusiera el culo a trabajar para darle de comer a mis mierdosos” concluyó.

NO ES CULPA DE LA MUNI

La dirigente sindical que conversó con DIARIO EXTRA y será testigo de la denuncia de acoso quiso dejar claro que la Municipalidad de San José no es responsable de esta incómoda situación.

“Que quede claro que la Municipalidad no tiene la culpa, porque la alcaldesa ha hecho los esfuerzos necesarios para que haya equidad en la policía, y yo sé que la política de ella es promover la igualdad de derechos, pero los departamentos son islas, lo que ocurre en las departamentos se escapa de la administración y nosotros hemos sido las culpables por quedarnos calladas y las dos o tres que hemos hablado nos hemos quedado sin trabajo, nos han trasladado o hemos ido a dar a los tribunales” finalizó.

Durante toda la tarde, este medio intentó comunicarse con el denunciado pero no hubo forma de contactarlo a su teléfono celular,
le dejamos mensajes pero no devolvió la llamada.

www.diarioextra.com


21 de febrero de 2009

Condenan a la Diputación a indemnizar a una empleada por sufrir acoso laboral

La auxiliar de enfermería recibirá 27.000 euros por el «daño moral» que padeció en la residencia de Arana

Juana sufrió una «auténtica» campaña de «acoso y derribo» por parte de algunas de sus compañeras desde el mismo día en que empezó a trabajar como auxiliar de enfermería en la residencia geriátrica Arana, dependiente del Instituto foral de Bienestar Social (IFBS). Los «actos de menosprecio» hacia su persona, que comenzaron en 2001, eran «continuos» y el ambiente laboral «insostenible», situación que puso en conocimiento de sus superiores y denunció ante los responsables de la Diputación, que abrieron un expediente disciplinario a las funcionarias que presuntamente la acosaban.

El informe no sirvió de nada y las compañeras de la demandante «volvieron a la carga», hasta el punto de que Juana sufrió un «trastorno ansioso depresivo» que le obligó a coger una baja laboral durante quince meses, según explicó el gabinete psicológico de la federación de servicios públicos del sindicato UGT. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vitoria ha dado la razón a la demandante y ha condenado a la Diputación a indemnizar a la trabajadora con 27.000 euros por «daño moral» como «responsable patrimonial» de lo ocurrido.

El juez entiende que la institución foral no adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a la empleada de los «riesgos psicosociales» derivados de su trabajo. «Ha quedado acreditado que la Diputación de Álava, el Instituto foral de Bienestar Social y los responsables de la residencia Arana incumplieron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores- a pesar de tener una denuncia clara de lo que pasaba».

En este sentido, la sentencia mantiene que el daño moral que alega la trabajadora se debe a un «deficiente funcionamiento» imputable a la entidad foral.
Juana empezó a trabajar en la 'planta amarilla' de la residencia hace siete años y medio. Ocupaba un puesto vacante como auxiliar de enfermería y desde el primer día fue «víctima de una campaña de acoso moral intenso» que la trabajadora soportó en silencio durante tres años. «Llegaron a colocar carteles con el número de la lotería de Navidad en los que se especificaba que se vendía a todo el mundo menos a ella», explicaron fuentes conocedoras del caso.

Servicio «anormal»
Fue a raíz de un altercado ocurrido en marzo de 2004 cuando Juana denunció los «continuos actos de menosprecio» sufridos por parte de varias de sus compañeras ante la dirección del centro y la Diputación. La institución foral decidió entonces abrir un expediente disciplinario a las empleadas que acosaban a la demandante.
El informe enturbió todavía más las relaciones laborales, lo que provocó un segundo incidente que Juana puso en conocimiento de la Subdirección de Área. La demandante tuvo que coger la baja tras serle diagnosticado «un cuadro de ansiedad desencadenado por un conflicto en el ámbito laboral».

El propio Instituto foral de Bienestar Social recoge en un informe realizado por el director técnico del Área de Personas Mayores para analizar la situación del personal en la llamada 'planta amarilla' de la residencia Arana que las «conductas irrespetuosas hacia el personal, la actitud prepotente y provocaciones continuas creaban un ambiente laboral de temor y tensión inaguantables para cualquier trabajador». «Me parece grave -añade el técnico- el que haya personas trabajadoras, sobre todo eventuales, que estén atemorizadas por dicho grupo y no se atrevan a expresar o denunciar determinadas actuaciones». De hecho, el psicólogo que atendió a Juana ratificó en sus informes que si no se hubiera producido un «continuo acoso», la demandante no habría sufrido un cuadro de ansiedad.

Ante esta situación, el juez mantiene que la «responsabilidad patrimonial» recae en la Diputación alavesa al entender que los «daños morales» que sufre la demandante son consecuencia del «servicio anormal» llevado a cabo por la Administración.

CARMEN BARREIRO
www.elcorreodigital.com

19 de febrero de 2009

CCOO insta a las empresas a analizar si presentan riesgos de acoso laboral

Más de 70 delegados sindicales asistieron ayer a un seminario sobre ´mobbing´ y acoso laboral en el que constataron las dificultades para poner en marcha medidas preventivas en los puestos de trabajo

Denunciarlo ante los jefes, llamar a la Inspección de Trabajo, contar con testigos dispuestos a declarar.
Muchas veces el verdadero calvario del trabajador que subre acoso laboral o mobbing comienza cuando decide poner fin al problema afrontándolo con los medios a su disposición. Esta es una de las conclusiones que se extrajeron ayer del seminario sobre acoso laboral que organizó el sindicato CCOO y que contó con la asistencia de 70 delegados sindicales y varios alumnos de formación profesional.
El consejo del ponente, Manuel Fernández Martín, técnico del Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), es que las empresas «se pongan manos a la obra en prevención y elaboren estudios sobre los posibles riesgos de acoso laboral que se pueden presentar antes de que se den situaciones problemáticas». Fernández valora que muchas empresas hayan incluido en sus convenios protocolos de intervención en caso de acoso laboral o sexual pero cree que «sería mucho más positivo hacer un trabajo de evaluación previa que evitaría tener que llegar a encontrarse con casos concretos».

Rechazo manifiestoEl experto considera que el empresario «tiene que declarar públicamente en la empresa su rechazo al acoso laboral y publicitar las medidas con las que cuenta para atajarlo o afrontarlo, de manera que se sepa claramente que es una conducta reprobable». También aconseja determinar muy claramente «cuáles son las conductas que se definen como acoso y no sólo atender a la víctima sino estudiar qué hay detrás». «Si para cambiar las cosas hay que proponer al empresario un estudio ´para detectar condiciones laborales deficientes para mejorar la productividad´ en vez de un ´estudio sobre el acoso laboral´ porque esto último resulta más agresivo, habrá que hacerlo para tratar de introducir este tipo de medidas».

En el debate posterior a las ponencias, los trabajadores pusieron de manifiesto los problemas con los que se encuentran en sus lugares de trabajo como el hecho de que los cargos intermedios no tengan conocimientos de gestión de recursos humanos o gestión de personal, lo que se suele traducir en problemas con la plantilla.

Fernández Martín asegura que un buen sistema para evitar que haya malentendidos y tensiones entre el personal y la dirección de la empresa «es articular reuniones de trabajo regulares sobre los problemas y sugerencias respecto al trabajo cotidiano e incluso crear un buzón de sugerencias en el que se puedan expresar posibles mejoras en las condiciones laborales». Para llegar a ello «hay que mejorar la comunicación entre jefes y trabajadores».

Según el ponente, la incomunicación es uno de los problemas básicos y se ha demostrado que su mejora tiene consecuencias positivas incluso en la productividad de la empresa. «Puede que esto no sea la panacea para solucionar todos los problemas pero es un pasito positivo importante», aseguró. «En el fondo los intereses del trabajador y del empresario son los mismos y este tipo de pasos suponen un beneficio para el empresario y para el trabajador».

Los asistentes también debatieron sobre la falta de motivación en el puesto de trabajo y sobre la importancia de poder promocionar dentro de la empresa con criterios objetivos. El ponente contó con la presentación de Agustín Gutiérrez Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO en Eivissa.

www.diariodeibiza.es

18 de febrero de 2009

La Fiscalía pide 6 meses de cárcel para un empresario por presunto acoso sexual a una empleada

La fiscalía ha pedido a un Juzgado de San Vicente del Raspeig que decrete la apertura de un juicio oral contra un empresario al que acusa de acosar sexualmente a su asistenta doméstica en la vivienda familiar y en una panadería que regentaba.

La mujer estuvo de baja como consecuencia de esta situación durante dos meses en el año 2005, aunque el procesado, J.C.P., le dio de baja en la Seguridad Social antes de que se reincorporara a su puesto de trabajo.

Según fuentes de la acusación pública, los casos de supuesto acoso sexual en el trabajo rara vez llegan a juicio, bien porque las víctimas renuncian a denunciar los hechos por miedo a perder el empleo o bien por la dificultad de reunir pruebas suficientes contra los sospechosos.

Según la Fiscalía, la trabajadora presuntamente acosada por J.C.P. comenzó a trabajar para él el 13 de diciembre del 2004 como empleada de hogar. Desde entonces, y en repetidas ocasiones, el hombre se le insinuó, le puso «caras lascivas» y se desnudó delante de ella.
Incluso, siempre según la Fiscalía, le ponía «sobres llenos de dinero encima de la tabla de planchar». En febrero del 2005 llegó a decirle: «Pase usted a la habitación y acuéstese conmigo si quiere». Situaciones similares se dieron cuando la trabajadora comenzó a limpiar en un horno de Mutxamel.

La víctima fue indemnizada por su despido improcedente, pero sufre un «trastorno adaptativo, ansiedad y depresión» que han requerido tratamiento psiquiátrico.

www.laverdad.es

Mujer policía denuncia acoso sexual de superior

PARAGUARI (Catalino Ibarra, corresponsal) Un grave caso de persecución y acoso sexual fue denunciado por una suboficial de policía que forma parte de la seguridad policial de la circunscripción judicial local. Acusa del hecho a un superior, a cuyo cargo está en dicha dependencia judicial. El jefe de Policía está enterado del tema, al igual que las autoridades judiciales, pero todos hacen caso omiso a la denuncia.

La víctima del hecho es Johana Benítez, suboficial 2º de orden y seguridad, al servicio de la Jefatura de Policía del 9º departamento.

La denunciante refiere que viene sufriendo desde hace más de un mes sistemático acoso sexual por parte del suboficial principal Juan Silvino Iriarte Rodas, jefe de seguridad de la X Circunscripción Judicial, con sede en esta capital departamental.
La agente refiere que el supuesto acosador le llama a cualquier hora en su teléfono celular para verse y respondiendo con negativa le ordena que se presente inmediatamente junto a él.

“El 6 de febrero pasado, cerca de las 22:00, me llamó para comer con él un asadito con vino en la sede del juzgado. Cuando apagué mi teléfono, llama al celular de mi hermana Liz Benítez (también policía) y me ordena ir junto a él. Cuando llegué con mi hermana por poco le echó del lugar. Estaba tomando vino en su puesto de guardia. Tengo testigos del acontecimiento”, se quejó la agente. Informó que comunicó el hecho al jefe de policía regional, comisario principal Nicodemus Méndez, pero este hace caso omiso a su denuncia, pues aparentemente el salario “extra” que ganan los agentes en el juzgado es parte de la “recaudación” mensual de su superior.

Dijo también que hoy llegará hasta la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, como también al Departamento de Bienestar Familiar de la Policía, para denunciar el hecho. Por su parte, el suboficial Rubén Benítez, otro agente destinado en el juzgado dijo que el jefe de seguridad del juzgado le obliga llevar diariamente comida de su casa, supuestamente para los camaristas Rodrigo Escobar y Antonio Alvarez. Es para congraciarse con los jueces, quienes son sus protectores, señaló.
El suboficial dijo que en la víspera presentó solicitud para trasladarse del lugar. Fue ante el comisario Méndez, afirmó. Para conocer la versión de Iriarte Rodas hemos llamado al teléfono celular Nº 0971 283576, que supuestamente le corresponde, pero daba el tono de apagado. Por su parte, Méndez dijo que la agente debería presentar denuncia formal a la comisaría jurisdiccional o la fiscalía. Dijo que él tampoco recibió denuncia por escrito.

www.abc.com.py

16 de febrero de 2009

Abren una investigación por acoso laboral en una residencia

El Servicio de Inspección de la Delegación de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara ha abierto una investigación para aclarar un supuesto caso de acoso laboral que se habría producido en la residencia de ancianos La Alameda, en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La denuncia la ha presentado el ex director de la residencia José Carlos Barrientos, quien culpa del acoso a F.M.O., otro ex director del centro y actual delegado de organización de Sergesa, grupo que gestiona la residencia, cuya titularidad corresponde la Junta de Castilla-La Mancha.

Según la denuncia, también participaron del acoso laboral una supervisora de servicios generales, una coordinadora de auxiliares, una cocinera y una trabajadora social.

Barrientos sostiene en la denuncia que el responsable del grupo "apoya de forma incondicional" al resto de trabajadoras citados, de modo que él "escala peldaños en el Grupo Sergesa" y ellas mantienen "su estatus y poder dentro de la residencia, haciendo literalmente lo que les venga en gana y quitándose de en medio a todo aquel que se interponga en su camino".

El que fuera director del centro apenas tres meses y medio (desde abril a julio de 2008), relata que la actitud de los denunciados ha provocado numerosas bajas médicas por depresión, así como incontables renuncias de trabajadoras a seguir prestando sus servicios en el centro. Por ejemplo, relata el caso de la cocinera, de quien dice que sin tener la titulación adecuada, ha hecho de la cocina un "territorio comanche, donde sólo ella es la que manda, hace y deshace a su antojo", llegando a la situación de "agresiones psicológicas" al resto de personal de cocina.

En el caso de la coordinadora de auxiliares de enfermería, el ex director asegura "arrincona literalmente contra la pared a las auxiliares de clínica para recriminarles, coaccionándolas y amenazándolas, siempre sin testigos oculares".
Barrientos asegura en su denuncia que ha habido agresiones físicas, difusión de rumores sobre falsas identidades sexuales, vejación continua a los subordinados, despidos de quienes protestaban por la situación de acoso, gritos en presencia de los internos y de sus familiares, horarios excesivos para provocar renuncias son algunas de las actitudes denunciadas por Barrientos."Esto acaba derivando en la mayoría de los casos en bajas voluntarias en la empresa, no quedando rastro del acoso recibido, puesto que en pocos casos existen bajas por incapacidad transitoria", añade.

Barrientos asegura que cuando quiso acabar con el poder de las supuestas acosadoras, quienes llegaron a "atacar su intimidad", fue desautorizado por sus superiores en el organigrama de la empresa, por lo que tuvo que pedir la baja voluntaria y fracasó en su intento de "solucionar el mobbing que se está produciendo en la residencia".

Hace unos meses, Sergesa perdió la demanda que interpuso por un supuesto ataque a su honor empresarial contra los familiares de los internos, quienes habían reclamado una mejor atención para los 120 ancianos, muchos de ellos completamente dependientes.

www.eldigitalcastillalamancha.es

14 de febrero de 2009

La sargento que denunció acoso, destinada a la unidad de Tráfico

El nuevo jefe de la Policía Local, Agustín de Luis, ha decidido apartar de su cargo de responsable de Violencia de Género a la sargento Mercedes García, que denunció haber sufrido durante meses una situación de acoso por parte de varios mandos y compañeros.

La sargento será trasladada a la división de Tráfico y Transporte, dentro de una reorganización más amplia decretada por De Luis.

Mercedes García ejercía el cargo de forma interina, tras ser designada para el mismo por el anterior responsable del área, José Manuel López. Una reciente sentencia judicial avaló este nombramiento, que había sido cuestionada por el Sindicato del Área de Seguridad. El juez consideró acreditada «la necesidad y urgencia del nombramiento interino» de García, porque el Ayuntamiento lo defendió «invocando una delicada materia, la tramitación de los expedientes de violencia de género».
El juez añade que «no ha resultado acreditado que exista otro funcionario que ostente mayor grado de capacidad o mérito» para cumplir este cometido.

Por otro lado, la sargento ovetense ha puesto su caso en manos de la abogada Ana García Boto. La primera decisión que ha adoptado la letrada es personarse en el procedimiento que instruye el Juzgado número 2 contra varios mandos y agentes del cuerpo ovetense a instancias de la fiscalía.
Mercedes García denunció ante el Ayuntamiento en reiteradas ocasiones que estaba siendo víctima de un supuesto acoso por parte de varios mandos y compañeros. Entre otros extremos, denunció que a través de la emisora interna de la Policía Local se habían vertido durante meses insultos de contenido sexual contra ella.

El Ayuntamiento abrió una investigación interna y, tras tomar declaración a varios testigos, concluyó que había indicios de la posible comisión de varios delitos, por lo que envió el caso a la fiscalía. El fiscal jefe, Gerardo Herrero, remitió la denuncia al Juzgado al encontrar indicios de un supuesto trato vejatorio. La abogada de la sargento ovetense no descarta iniciar ahora acciones penales «contra responsables políticos o funcionarios que puedan tener responsabilidades por permitir que se mantuviera la situación de acoso durante meses», según han señalado a este periódico fuentes cercanas a la denunciante.

Reorganización
El nuevo jefe de la Policía Local, Agustín de Luis, ha decretado una reorganización interna del cuerpo. Entre otros cambios, ha apartado de su cargo de responsable de Violencia de Género a la sargento que denunció un supuesto acoso por parte de compañeros. Personamiento García se ha personado en el procedimiento judicial por acoso.

www.lne.es

Llevan al Ayuntamiento de Andújar a juicio por una denuncia por 'mobbing'

Un funcionario del Ayuntamiento de Andújar ha llevado al consistorio a juicio por un supuesto caso de acoso laboral (mobbing). El caso está visto para sentencia tras la vista oral celebrada esta semana en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén. El demandante exige que se anule una oposición de 2006 para cubrir una plaza en el servicio de recaudación y que le indemnicen con 90.000 euros.

El concejal Salvador Paulano, responsable de Hacienda y Personal cuando se convocó la oposición, ha explicado que el Consistorio rechazó en la vista oral los argumentos de la parte demandante, y que la oposición se desarrolló de forma correcta y de acuerdo a unas bases establecidas por sentencia judicial.

A la oposición concurrieron dos personas: la que finalmente se llevó la plaza y el demandante, que no respondió a las preguntas que le formulaban. Paulano indica que las mismas dos personas ya habían competido por la plaza en una oposición anterior que se declaró desierta al suspender los dos aspirantes la prueba que se les planteó dos años antes, como confirma la parte demandante.

El funcionario, defendido por el sindicato USO, argumentó que fue víctima de «acoso a partir de 2003, cuando entró el nuevo equipo de gobierno», lo que provocó que se «auto excluyera». Se trata de un funcionario con 20 años de antigüedad que, según su representante legal, sufrió entre otras vejaciones que le quitaran el despacho, que le restringieran el personal a su cargo y el uso del teléfono, al que no respetaron las vacaciones para presionarlo y que no pelease por la plaza que había ocupado de forma interina durante años.

Caso de que el juez desestime sus pretensiones de anular la oposición, insistirán con otra demanda directamente al fondo del asunto: el supuesto caso de acoso laboral.
La Justicia acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por la vía penal, admite la parte demandante, con la que intentaron demostrar que había incluso firmas falsificadas.


J .E. P.
www.ideal.es

12 de febrero de 2009

La riosellana despedida por el Ayuntamiento denuncia al Alcalde y a un edil por acoso laboral

Charo Fernández Román. lópez de arenosa
El concejal de Turismo, Raúl Minordo, presunto instigador de la persecución, niega todas las acusaciones
Los enfrentamientos judiciales entre el Ayuntamiento de Ribadesella y la ex trabajadora municipal Charo Fernández Román continúan. La que fuera técnica de turismo de Ribadesella hasta octubre de 2008, cuando fue despedida de forma improcedente por el actual gobierno riosellano, según ha dictaminado la juez, ha presentado otra denuncia, en la cual acusa al alcalde, Ramón Canal, y al concejal de Turismo, Raúl Minordo, ambos del PSOE, de una supuesta «persecución laboral».
El edil, presunto instigador del acoso laboral, ha negado todas las acusaciones.
La ex trabajadora relató ayer que la animadversión de Raúl Minordo hacia ella comenzó en agosto de 2001. «Entonces prestaba mis servicios en la Oficina de Turismo y la llamada de Minordo fue para amenazarme personalmente por no proporcionar información sobre su establecimiento (un hotel rural); en aquella época, totalmente ilegal», relató la afectada, que actualmente está en tratamiento psicológico para superar una depresión como consecuencia de la supuesta persecución laboral de la que fue objeto.
La trabajadora dio ejemplos del supuesto acoso laboral, como el envío de un agente de la Policía Local a su puesto de trabajo para vigilarla. La denunciante señaló también el menosprecio a su trabajo y a su persona. Estos hechos llevaron a Fernández Román a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social con el fin de que la justicia determine las posibles responsabilidades.
El envío de un policía local al despacho de la ex trabajadora fue reconocido hace unos días por el portavoz de IU, Francisco Vázquez, socio de gobierno de los socialistas en Ribadesella.
Por su parte, Raúl Minordo negó ayer todas las acusaciones de la ex empleada municipal. «No recuerdo esa llamada (la del año 2001). Sólo puedo decir que en aquella época tenía poco contacto con la Oficina de Turismo, porque mi negocio lo promocionaba por otras vías», indicó el edil, quien aseguró que el hotel de su propiedad «cumple todos los requisitos legales desde el año 1996», Raúl Minordo negó rotundamente haber acosado laboralmente a Charo Fernández Román.
«Soy concejal de un equipo de gobierno y por encima de mí está el Alcalde, que es el que da las órdenes. Además, esa trabajadora mantiene su contrato en la Fundación de Turismo», apuntó Minordo.
En estos dos puntos coinciden ambas versiones. La denunciante asegura que Raúl Minordo durante su etapa como concejal siempre se dirigió a ella asegurando que actuaba en nombre del Alcalde. «En cuanto a mi contrato, es cierto que está vigente, a pesar de las continuas presiones recibidas de Minordo para que dimitiera», añadió. El edil también niega este aspecto.
B. MORÁN
www.lne.es

Un informe trata de aclarar el supuesto caso de mobbing en el José Lafont

En el supuesto caso de mobbing a una DUE del centro especializado ‘José Lafont’ que, en mayo del pasado año, fue trasladada desde su puesto habitual en el quirófano, sin que se le ofreciera ningún tipo de explicación desde la Gerencia del Ingesa, se ha concluido una investigación que intenta echar algo de luz sobre este asunto, además de solicitar la readmisión de la trabajadora en el puesto de trabajo que ha desempeñado durante más de 32 años.

En un amplio documento, al que ha tenido acceso ‘El Faro’, se recogen las declaraciones de compañeros, mandos o incluso pacientes, se resumen los hechos que dieron comienzo tras la petición de traslado de otra compañera, por “presunto acoso moral”, y por “imposibilidad de seguir trabajando” con la afectada, quien fue finalmente a la que trasladaon, al parecer por “reestructuración de servicios”, según la informaron desde Ingesa.

El informe efectúa un análisis de las declaraciones concluyendo que no se puede probar “acoso” de la DUE, ni que se haya producido “altercado alguno” entre ambas compañeras sobre las que se especifica que existía “una relación de afinidad más allá del trabajo”.

En manifestaciones a este medio, la DUE ha reiterado su deseo de que Ingesa “rectifique y me reincorporen a mi anterior puesto”. Aún así, la afectada insiste en que el “daño ya está hecho, especialmente a mi hijo pequeño que ha visto l que he sufrido”. Señala que no es su intención “desearle mal a nadie”, pero que no comprende “cómo se hace algo así a una persona sin motivo aparente”.

Escrito por S. V.
www.elfaroceutamelilla.es

9 de febrero de 2009

Una trabajadora de Ravella achaca a su maternidad el acoso laboral que dice sufrir

Junto a otra compañera denunció presunta discriminación en el área de Cultura

Una de las trabajadoras del Concello de Vilagarcía que hace días denunció, a través del registro municipal, un presunto caso de acoso o marginación laboral en el departamento de Cultura, relaciona esta situación con su baja por maternidad.

En el escrito de denuncia, sellado con registro de entrada 1.778, esta auxiliar, ayudante sociocultural adscrita a la Concejalía de Cultura, sostiene que sufre "desde hace algún tiempo", y más concretamente desde el 16 de enero pasado, fecha de su incorporación al trabajo "después de una baja maternal", una situación que define como de "marginación en el puesto de trabajo", alegando que los responsables de la distribución de las tareas y responsabilidades que habitualmente ha desempeñado no le confían ahora esas labores.

Se trata de una situación que, a su juicio, menoscaba sus "derechos e intereses sociolaborales", al igual que su "dignidad personal", tratándose de una situación que, asegura, es conocida por el concejal de Cultura -el nacionalista Xosé Castro Ratón- "y por los demás responsables del departamento".

Reuniones previasA este respecto, incide en que ya realizó quejas verbales con anterioridad y añade que se mantuvieron reuniones informales en Ravella, "sin que hasta la fecha se haya puesto solución o remedio a esta situación".

En el escrito remitido a la junta de personal del Concello de Vilagarcía, al que ha tenido acceso FARO, la trabajadora denunciante solicita "que se proceda a la defensa de mis legítimos derechos e intereses".
Y lo pide así al tiempo que advierte de que es "urgente"_que por parte del Gobierno local se adopten "las iniciativas necesarias en previsión de que esta situación degenere en incidencias graves que perjudiquen a los trabajadores".

La ayudante sociocultural, que dirige sus críticas hacia el concejal citado y el técnico de Cultura, Javier Camba, denunció por escrito los hechos aludidos para que los tenga en consideración la alcaldesa de Vilagarcía "y acuerde lo necesario e imprescindible para preservar los derechos de todos los trabajadores".
Independientemente de esto, la denunciante se reserva su derecho a emprender "las acciones que correspondan para el resarcimiento de los daños y perjuicios sociolaborales y morales sufridos hasta la fecha o que puedan sobrevenir en el futuro".

El hecho de que dos trabajadoras de Ravella denunciaran la situación de marginación laboral que dicen padecer, de lo que informó FARO hace días, desató una importante tormenta política, con duras críticas desde los grupos de la oposición.

Xosé Castro Ratón se defendió rechazando las acusaciones vertidas contra él y brindándose a aclarar la situación y su gestión al frente de Cultura. Mañana tendrá oportunidad de hacerlo, pues de hecho ya se comprometió a ofrecer más detalles sobre lo sucedido aprovechando que se celebra una reunión de la junta de portavoces para analizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello.

M. MÉNDEZ
www.farodevigo.es

7 de febrero de 2009

Un coronel de lengua larga

Un mando del Regimiento «Garellano», condenado a un año por acosar a una teniente
Un comandante asturiano ya le demandó por «mobbing» en 2002

El Tribunal Militar Central ha condenado al coronel Francisco Bajo Ojeda a un año de cárcel por vejar y acosar sexualmente a varias oficiales del regimiento de Munguía, en Vizcaya. Pese a que varias subordinadas reconocieron haber sufrido las vejaciones y los comentarios degradantes, sólo una de ellas le denunció, por lo que el tribunal le ha condenado por un único delito.

Bajo Ojeda ya fue denunciado en 2002, junto a otros 14 mandos, por el comandante asturiano (hoy teniente coronel) J. P. R., en el primer proceso por «mobbing» en el Ejército, del que salió absuelto.
También ese año, el coronel fue acusado de golpear a un subordinado, por lo que fue condenado en 2006 a 8 meses de cárcel.

El Tribunal Militar Central da por probado que el coronel acusado utilizó su posición de mando para acosar a sus subordinadas. Por ello se le condena a un año de prisión y al pago de 4.000 euros de indeminización.

Estos hechos tuvieron lugar en julio y agosto de 2004, cuando el condenado, entonces teniente coronel, era jefe de la plana mayor del Regimiento «Garellano». Allí también estaban destinadas las militares que, ante el juez, reconocieron la «conducta acosadora» del hoy coronel. La mayoría de las afectadas eran oficiales que dependían directamente de Bajo Ojeda, pero también sufrió sus acosos la mujer de un suboficial. En cierta ocasión le dijo que se había puesto «muy cachondo» al verla caminar.

La única oficial que denunció los hechos, teniente médico en ese momento, aseguró que su superior intentó tocarle los muslos, y que después de varias insinuaciones y de que ella le mostrara su rechazo, Bajo Ojeda cursó un parte negativo. El resto de las oficiales destacó que el mando profería con frecuencia frases humillantes sobre sus cuerpos y que se insinuaba constantemente, muchas veces en público.
Además, estas oficiales tuvieron que soportar comentarios humillantes durante varios meses de quien entonces era su jefe. Así, la capitán denunciante recordaba frases como que «las canarias son muy calientes» o que «si ellas se iban a Canarias los fines de semana para follar».

El comandante J. P. R. acusó a Francisco Bajo Ojeda de mentir para proteger al entonces coronel jefe del «Garellano», L. G. R., al que el asturiano acusaba de haberle arrestado de forma arbitraria y de abrirle expediente por abandono de destino cuando, en realidad, estaba de baja por depresión. El asturiano sigue pleiteando para que se reconozca el acoso del que, asegura, fue objeto.

El coronel Bajo Ojeda fue denunciado en 2004 por una teniente médico por acoso constante. El Tribunal Militar Central le ha condenado a un año de prisión.

Violencia física
Bajo Ojeda fue condenado en 2006 a ocho meses de prisión por golpear a un subordinado en el año 2002, también en el cuartel de Munguía. «Mobbing» El comandante asturiano J. P. R. demandó al coronel del «Garellano», L. G. R., y a otros 13 mandos, entre ellos el entonces teniente coronel Bajo Ojeda, en el primer proceso por «mobbing» en el Ejército español. J. P. R. acusaba a Bajo de amparar al coronel L. G. R. en su actitud de acoso.

Los hechos ocurrieron en 2002, también en Munguía. Ninguno fue condenado, aunque prosiguen las acciones.

www.lne.es