Condenan a la Diputación a indemnizar a una empleada por sufrir acoso laboral

La auxiliar de enfermería recibirá 27.000 euros por el «daño moral» que padeció en la residencia de Arana

Juana sufrió una «auténtica» campaña de «acoso y derribo» por parte de algunas de sus compañeras desde el mismo día en que empezó a trabajar como auxiliar de enfermería en la residencia geriátrica Arana, dependiente del Instituto foral de Bienestar Social (IFBS). Los «actos de menosprecio» hacia su persona, que comenzaron en 2001, eran «continuos» y el ambiente laboral «insostenible», situación que puso en conocimiento de sus superiores y denunció ante los responsables de la Diputación, que abrieron un expediente disciplinario a las funcionarias que presuntamente la acosaban.

El informe no sirvió de nada y las compañeras de la demandante «volvieron a la carga», hasta el punto de que Juana sufrió un «trastorno ansioso depresivo» que le obligó a coger una baja laboral durante quince meses, según explicó el gabinete psicológico de la federación de servicios públicos del sindicato UGT. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Vitoria ha dado la razón a la demandante y ha condenado a la Diputación a indemnizar a la trabajadora con 27.000 euros por «daño moral» como «responsable patrimonial» de lo ocurrido.

El juez entiende que la institución foral no adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a la empleada de los «riesgos psicosociales» derivados de su trabajo. «Ha quedado acreditado que la Diputación de Álava, el Instituto foral de Bienestar Social y los responsables de la residencia Arana incumplieron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores- a pesar de tener una denuncia clara de lo que pasaba».

En este sentido, la sentencia mantiene que el daño moral que alega la trabajadora se debe a un «deficiente funcionamiento» imputable a la entidad foral.
Juana empezó a trabajar en la 'planta amarilla' de la residencia hace siete años y medio. Ocupaba un puesto vacante como auxiliar de enfermería y desde el primer día fue «víctima de una campaña de acoso moral intenso» que la trabajadora soportó en silencio durante tres años. «Llegaron a colocar carteles con el número de la lotería de Navidad en los que se especificaba que se vendía a todo el mundo menos a ella», explicaron fuentes conocedoras del caso.

Servicio «anormal»
Fue a raíz de un altercado ocurrido en marzo de 2004 cuando Juana denunció los «continuos actos de menosprecio» sufridos por parte de varias de sus compañeras ante la dirección del centro y la Diputación. La institución foral decidió entonces abrir un expediente disciplinario a las empleadas que acosaban a la demandante.
El informe enturbió todavía más las relaciones laborales, lo que provocó un segundo incidente que Juana puso en conocimiento de la Subdirección de Área. La demandante tuvo que coger la baja tras serle diagnosticado «un cuadro de ansiedad desencadenado por un conflicto en el ámbito laboral».

El propio Instituto foral de Bienestar Social recoge en un informe realizado por el director técnico del Área de Personas Mayores para analizar la situación del personal en la llamada 'planta amarilla' de la residencia Arana que las «conductas irrespetuosas hacia el personal, la actitud prepotente y provocaciones continuas creaban un ambiente laboral de temor y tensión inaguantables para cualquier trabajador». «Me parece grave -añade el técnico- el que haya personas trabajadoras, sobre todo eventuales, que estén atemorizadas por dicho grupo y no se atrevan a expresar o denunciar determinadas actuaciones». De hecho, el psicólogo que atendió a Juana ratificó en sus informes que si no se hubiera producido un «continuo acoso», la demandante no habría sufrido un cuadro de ansiedad.

Ante esta situación, el juez mantiene que la «responsabilidad patrimonial» recae en la Diputación alavesa al entender que los «daños morales» que sufre la demandante son consecuencia del «servicio anormal» llevado a cabo por la Administración.

CARMEN BARREIRO
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