Italia legaliza las patrullas ciudadanas

El Gobierno de Berlusconi invita a ex policías a vigilar las calles para combatir las agresiones sexuales

El clamor popular suscitado por los últimos episodios de violencia sexual protagonizados por extranjeros en Roma, Bolonia y Milán ha llevado al Gobierno de Silvio Berlusconi a precipitar los acontecimientos. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto urgente contra los violadores que incluye la autorización y creación de rondas nocturnas de ciudadanos que patrullarán los barrios para velar por la seguridad de los vecinos.

El Gobierno italiano llama a las asociaciones de ex agentes de policía o ex carabineros a integrar estas patrullas, coordinadas por el delegado del Gobierno, que deberán estar desarmadas y sólo dotadas de teléfonos móviles y radiotransmisores para advertir a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de «individuos peligrosos o cuando consideren que alguien podría cometer un delito», explicó el ministro del Interior, Roberto Maroni.
«Serán personas que saben lo que hacen», añadió el ideólogo de esta iniciativa. Las comparó también con los bomberos voluntarios.

Ya las anunció durante la primavera pasada, en plena campaña electoral, pero el trámite parlamentario ralentizó su puesta en funcionamiento. Maroni se inspiró en la asociación 'City angels', que realiza «recorridos preventivos» cada noche por las calles de Milán desde hace quince años.
«No queremos militarizar el territorio, sino controlarlo y dejar que las autonomías locales tomen parte en la protección de los ciudadanos. Evitará que en momentos de tensión la gente se tome la justicia por sus manos», explicó entonces. «Si la izquierda está de acuerdo, bien. Y si no, contaremos con los números necesarios para sacarlo adelante», afirmó.

Justicia parapolicial
La hoy oposición de centroizquierda y rival electoral entonces lo desaprobó en campaña y lo denuncia ahora. Cree que Berlusconi promueve una justicia parapolicial. Y hasta el Vaticano, que camina a menuda de la mano de 'Il Cavaliere', considera que no es «el camino adecuado. Es una abdicación del Estado de Derecho», opinó ayer el arzobispo Agostino Marchetto, secretario del dicasterio para los emigrantes. El Gobierno se ha quedado solo con este plan hasta el punto de que el presidente, Giorgio Napolitano, tuvo que salir a desmentir a Maroni, que le había involucrado en su confección y visto bueno. «Es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo», explicó una nota difundida por el Palacio del Quirinale.

El decreto de ley incluye asimismo un paquete de medidas que contemplan, entre otras cosas, penalizar el acoso y el hostigamiento sexual con penas de seis meses a cuatro años a las que se sumará un agravante si el autor es la ex pareja de la víctima, aumentar las sentencias de cárcel por violación y hasta ofrecer asesoría legal a las víctimas. La cadena perpetua se reserva a los asesinos que previamente habrían forzado sexualmente a sus víctimas.


Asimismo permite a las autoridades detener durante seis meses -obligatoriamente en una cárcel, descartando los arrestos domiciliarios para los sospechosos de violación- a inmigrantes ilegales acusados de delitos sexuales, justo hasta que sean identificados y expulsar a aquellos que no se consideren «elegibles para quedarse en Italia». Las fuerzas de seguridad disfrutarán de una partida especial de 100 millones de euros para dotarse de mayores recursos en este campo y se prevé asimismo la contratación antes del 31 de marzo de 2.500 nuevos agentes.

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