16 de octubre de 2008
Detenido un joven de 25 años por un delito de malos tratos a su pareja en Zamora
Según las declaraciones de la víctima, de 20 años, había sido objeto de malos tratos y lesiones durante su convivencia en cuatro ocasiones.
La Policía Nacional en Zamora informó que estos malos tratos consistían en bofetadas y puñetazos, además de intentos de ahogamiento.
www.icalnews.com
El Gobierno destinará más de 300 millones al combatir la violencia machista
El ministerio de Igualdad invertirá 28,3 millones de euros en el combate contra la violencia machista, a los que se sumarán otros 300 millones del resto de las carteras, ha informado en rueda de prensa la ministra Bibiana Aído.
En la presentación de los presupuestos de Igualdad, Aído ha detallado que la cuantía global de su ministerio ascenderá a 113,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 37,19 por ciento con respecto a 2008.Ha recalcado, en este sentido, el incremento presupuestario "significativo" teniendo en cuenta la austeridad de los Presupuestos Generales del Estado confeccionados para el próximo año.
Por áreas, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género tendrá 28,3 millones, un 83,7 por ciento más con relación al año anterior; el organismo autónomo del Instituto de la Mujer dispondrá de 25 millones y el de Juventud de 34,8 millones.
Dentro de este mismo capítulo, 8 millones se destinarán a campañas de sensibilización y protección de las víctimas de maltrato; 3 millones a programas de reeducación de los maltratadores y 5 millones a la adquisición de dispositivos electrónicos de control telemático para las medidas de alejamiento impuestas a los maltratadores. El resto de los ministerios aportarán 300 millones de euros a la lucha contra la violencia machista.
De esta última cuantía, Interior aportará 144 millones para la seguridad y protección de las mujeres; Trabajo invertirá 64 millones para la formación y acceso laboral de las mujeres, y Justicia gastará 42 millones en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
Acompañada por la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, y el subsecretario del ministerio, Antonio Hidalgo, Aído ha informado asimismo de que la cantidad global para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres superará los 1.100 millones de euros.
En el ámbito laboral "se seguirá apoyando a las mujeres trabajadoras y emprendedoras, apostando por promocionar el acceso y la consolidación de las mujeres en el mercado laboral y en la empresa". Con ese objetivo, se invertirán cinco millones de euros en la incentivación de empleo y autoempleo de mujeres, dirigido sobre todo a las mujeres de entre 45 y 55 años, así como un millón de euros a la creación y puesta en marcha del distintivo empresarial en materia de igualdad.
EFE
El polémico proyecto de mobbing y acoso laboral sigue “durmiendo” en el Senado
El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.
Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.
Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.
El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.
Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores. Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados.
Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.
El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.
La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.
La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.
De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.
Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.
El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.
No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.
De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.
Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.
Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".
Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.
Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.
También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.
Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.
Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.
Matías Debarbieri
www.infobaeprofesional.com
Detenidas dos personas en La Línea por malos tratos, uno contra la madre y otro contra su pareja
El primero de los detenidos fue S.Y.P., de 50 años, que fue denunciado por maltratar constantemente a sus padres con el fin de exigirles dinero para adquirir sustancias estupefacientes, de las que es adicto.
Así, dado que en esta ocasión se encontraba extremadamente violento, su hermana llamó a la Policía, que al llegar observó como se encontraba en la acera con su madre y, al ver el patrullero, dio un fuerte empujón a la anciana que cayó sobre un conche estacionado. Posteriormente, al intentar detenerlo, interpuso a su madre entre él y los agentes, logrando por fin reducirlo y trasladarlo a Comisaría donde quedó detenido hasta ser pasado a disposición judicial.
Por otra parte, los agentes de la Policía también detuvieron a M.C.N., de 21 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en ámbito familiar.
Según una denuncia presentada, el detenido golpeaba con frecuencia a su pareja sentimental, por lo que tras denunciarlo la mujer, los funcionarios del Servicio de Atención a la Familia procedieron a su detención.
www.europapress.es
El Congreso insta al Gobierno a crear más juzgados especializados en violencia machista
La proposición, presentada por la diputada Olaia Fernández, insistía en la necesidad de crear más juzgados especializados, «como en el caso de Galicia, que está muy justificado», según afirmó. También aborda la formación del personal jurídico dedicado a este asunto y la coordinación entre estos juzgados y los cuerpos de seguridad del Estado.
Esta aprobación se produjo un día después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazara en el Senado la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica en Ourense, Lugo y Ferrol.
A. Posilio
www.lavozdegalicia.es
La fiscalía aboga por obligar a las víctimas de malos tratos a declarar
*La memoria del ministerio público destaca que muchas afectadas rompen la orden de alejamiento
Cinco mujeres murieron en la provincia de Barcelona en el 2007 a manos de su pareja. 72 en toda España. Es un problema (lacra, dicen a menudo los medios de comunicación) en el que la cadena de contramedidas adoptadas (campañas institucionales, órdenes de alejamiento, etcétera...) ha resultado inesperadamente ineficaz. La última edición de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, repasa desde ángulos inéditos y extrapolables al conjunto de España la violencia sexista en la provincia de Barcelona.
Retrata, como es obvio, al maltratador, pero, por sorprendente, destaca el hecho de que analiza la responsabilidad de muchas mujeres en la absolución judicial de sus agresores. Por ello, sugiere una reforma legal que impida a las maltratadas acogerse a la actual dispensa de no declarar contra su pareja en caso de agresión.
En cifras, la situación es la siguiente. Murieron en la provincia de Barcelona cinco mujeres. Son la punta del iceberg de las 4.776 detenciones que a lo largo de ese año se practicaron por violencia sexista. Lo singular del caso es que de las 4.699 sentencias que se dictaron en el 2007, 1.976 fueron absolutorias. ¿Casos sin fundamento? No. La memoria de la fiscalía subraya que la retractación de la víctima está detrás de muchos de esos juicios sin sentencia condenatoria.
El miedo puede ser, claro, una causa de peso para retractarse. Pero da a entender la fiscalía que no es la única. Basta con echar un ojo al capítulo dedicado a la desobediencia de las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores. La cifra es importante. "La no aceptación por parte de las víctimas de la conveniencia de esta pena ha generado la comisión de un elevado número de delitos de ruptura (desobediencia de una orden judicial), la mayoría de ellos producidos con el consentimiento y, en ocasiones, a instancias de la propia víctima", afirma la memoria presentada en el Parlament.
A raíz de esa constatación, la fiscalía catalana consideran que sería oportuno replantear en qué supuestos se debe aplicar una orden de alejamiento. Debería reservase --entienden-- "solo a los supuestos de violencia grave que revelen la existencia de una verdadera situación de riesgo en el futuro".
El conflicto radica, por lo tanto, en determinar cuándo una riña doméstica cruza la línea de la violencia sexista. No define la memoria esa imprecisa línea, pero sí subraya, en cualquier caso, la sorpresa que le ocasiona la "jurisprudencia un tanto particular" que practica la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, que se resiste a ver delito en las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja, al entender que no existe una situación de "discriminación, sumisión o desigualdad".
REFLEXIÓN PROFUNDA
La conclusión final de la fiscalía es que el problema de la violencia sexista sigue enquistado en la sociedad española y que, en consecuencia, alguna reforma legal podría tal vez mejorar la situación.
"Requiere una reflexión profunda el mantenimiento de la dispensa en la obligación de declarar como testigo a las víctimas unidas por vínculos conyugales con el agresor, que se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo de numerosas conductas", afirma. El servicio permanente de Santa Coloma de Gramenet alerta, sin embargo, del abuso de elevar a categoría de delito "ciertos hechos de escasa gravedad".
En cualquier caso, sería equivocado dar a entender que la memoria de la fiscalía pone el foco solo en las víctimas como culpables y no en los agresores. Sobre estos, presenta una interesante radiografía. Ni el consumo de alcohol, ni el abuso de drogas ni una dolencia mental que altere la personalidad está detrás de la mayoría de las agresiones. Los agresores --destaca la memoria-- "consideran a la mujer como un ser sujeto a la sumisión al hombre".La mitad (49%) son españoles. El 31% proceden de Latinoamérica, el 9% del Magreb, un 4% de países del Este, un 3% son comunitarios y solo el restante 4% proceden del África subsahariana o de Oriente. Las edades es otro aspecto en el que hace hincapié el balance anual. La mayoría de los agresores tiene entre 30 y 40 años, Apenas los hay de más de 60 y, en cambio, "hay que hacer mención a un cierto número de agresores menores de 20 años".
JESÚS G. ALBALAT
www.elperiodico.com
Abren juicio oral contra el agresor del profesor Neira por malos tratos
Mientras tanto, la mejoría del profesor Jesús Neira Rodríguez sigue adelante. Si el pasado lunes salió del coma, ayer, se encontraba un poco mejor, según explicó a ABC su esposa, María Isabel Cepeda.
Aumenta violencia contra las mujeres
Los protocolos contra la violencia de género se adaptan a las comarcas
707 vallisoletanas piden ayuda en el 016 en un año
Es la que más llamadas registró en Castilla y León, donde hubo 2.954.
La mayoría de estas llamadas las realiza la propia víctima, en un 80% de los casos (572 llamadas), aunque también cogen el teléfono para denunciar o solicitar consejo familiares y personas allegadas, en un 15%.
Sin embargo, cuando se habla de la Comunidad, en la que hubo 2.954 llamadas en el mismo periodo de tiempo, el mes con más actividad es diciembre de 2007, con 299 conversaciones telefónicas.
El PSE tramita la expulsión de su grupo en Iurreta del edil acusado de acoso
La portavoz socialista en esa población del Duranguesado, María Ángeles Muñoz, precisó ayer a la agencia Efe que la documentación ha sido presentada a requerimiento del partido, que ya el pasado domingo solicitó al corporativo la entrega inmediata de su acta de concejal. Para que se haga efectiva la salida del grupo municipal socialista, el escrito deberá ser puesto primero en conocimiento del pleno del consistorio.
El PSE cuenta con tres de los once concejales que forman la corporación de Iurreta. La expulsión del grupo socialista no implica que Ulibarri deba abandonar el consistorio, ya que si no devuelve su acta de concejal podría permanecer el resto del mandato como edil no adscrito.
Muñoz ha explicado personalmente a Ulibarri la situación, aun reconociendo que la decisión de dejar el cargo de corporativo "es suya".
No entregará el acta
Ulibarri, de 57 años y padre de cuatro hijos, adelantó ayer que no piensa entregar su acta de concejal, ya que entiende que no ha hecho "nada". El concejal, quien desde el mismo domingo viene sosteniendo que la denuncia que propició su detención es "falsa" y fruto de un "montaje" de sus escoltas, mostró ayer su "confianza en la justicia" y lamentó ser objeto de un "juicio paralelo" en la calle.
El PSE y el concejal mantienen versiones enfrentadas sobre la situación de Ulibarri en el partido. Los socialistas aseguran que acudió a las elecciones municipales de mayo del año pasado como independiente en sus listas, mientras que el edil acusado de acoso sostiene que se afilió seis meses antes de esos comicios.
Ulibarri se quejó ayer de que, tras su arresto, ningún representante de la dirección socialista le haya telefoneado para conocer su versión de los hechos o incluso para pedirle que entregue el acta de edil. "Todos los partidos actúan de la misma forma: cuando ven una cosa rara, se desentienden", dijo.
"Quienes me conocen saben que lo que tengo en esta vida es el honor, el honor de pertenecer al partido socialista y, como obrero que soy, también al sindicato UGT", concluyó.
ELPAIS.com