16 de octubre de 2008

La fiscalía aboga por obligar a las víctimas de malos tratos a declarar

*Sugiere que en los casos de agresión se suspenda el derecho de no testificar contra la propia pareja
*La memoria del ministerio público destaca que muchas afectadas rompen la orden de alejamiento


Cinco mujeres murieron en la provincia de Barcelona en el 2007 a manos de su pareja. 72 en toda España. Es un problema (lacra, dicen a menudo los medios de comunicación) en el que la cadena de contramedidas adoptadas (campañas institucionales, órdenes de alejamiento, etcétera...) ha resultado inesperadamente ineficaz. La última edición de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, repasa desde ángulos inéditos y extrapolables al conjunto de España la violencia sexista en la provincia de Barcelona.

Retrata, como es obvio, al maltratador, pero, por sorprendente, destaca el hecho de que analiza la responsabilidad de muchas mujeres en la absolución judicial de sus agresores. Por ello, sugiere una reforma legal que impida a las maltratadas acogerse a la actual dispensa de no declarar contra su pareja en caso de agresión.

En cifras, la situación es la siguiente. Murieron en la provincia de Barcelona cinco mujeres. Son la punta del iceberg de las 4.776 detenciones que a lo largo de ese año se practicaron por violencia sexista. Lo singular del caso es que de las 4.699 sentencias que se dictaron en el 2007, 1.976 fueron absolutorias. ¿Casos sin fundamento? No. La memoria de la fiscalía subraya que la retractación de la víctima está detrás de muchos de esos juicios sin sentencia condenatoria.

El miedo puede ser, claro, una causa de peso para retractarse. Pero da a entender la fiscalía que no es la única. Basta con echar un ojo al capítulo dedicado a la desobediencia de las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores. La cifra es importante. "La no aceptación por parte de las víctimas de la conveniencia de esta pena ha generado la comisión de un elevado número de delitos de ruptura (desobediencia de una orden judicial), la mayoría de ellos producidos con el consentimiento y, en ocasiones, a instancias de la propia víctima", afirma la memoria presentada en el Parlament.

A raíz de esa constatación, la fiscalía catalana consideran que sería oportuno replantear en qué supuestos se debe aplicar una orden de alejamiento. Debería reservase --entienden-- "solo a los supuestos de violencia grave que revelen la existencia de una verdadera situación de riesgo en el futuro".
El conflicto radica, por lo tanto, en determinar cuándo una riña doméstica cruza la línea de la violencia sexista. No define la memoria esa imprecisa línea, pero sí subraya, en cualquier caso, la sorpresa que le ocasiona la "jurisprudencia un tanto particular" que practica la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, que se resiste a ver delito en las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja, al entender que no existe una situación de "discriminación, sumisión o desigualdad".

REFLEXIÓN PROFUNDA
La conclusión final de la fiscalía es que el problema de la violencia sexista sigue enquistado en la sociedad española y que, en consecuencia, alguna reforma legal podría tal vez mejorar la situación.
"Requiere una reflexión profunda el mantenimiento de la dispensa en la obligación de declarar como testigo a las víctimas unidas por vínculos conyugales con el agresor, que se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo de numerosas conductas", afirma. El servicio permanente de Santa Coloma de Gramenet alerta, sin embargo, del abuso de elevar a categoría de delito "ciertos hechos de escasa gravedad".

En cualquier caso, sería equivocado dar a entender que la memoria de la fiscalía pone el foco solo en las víctimas como culpables y no en los agresores. Sobre estos, presenta una interesante radiografía. Ni el consumo de alcohol, ni el abuso de drogas ni una dolencia mental que altere la personalidad está detrás de la mayoría de las agresiones. Los agresores --destaca la memoria-- "consideran a la mujer como un ser sujeto a la sumisión al hombre".La mitad (49%) son españoles. El 31% proceden de Latinoamérica, el 9% del Magreb, un 4% de países del Este, un 3% son comunitarios y solo el restante 4% proceden del África subsahariana o de Oriente. Las edades es otro aspecto en el que hace hincapié el balance anual. La mayoría de los agresores tiene entre 30 y 40 años, Apenas los hay de más de 60 y, en cambio, "hay que hacer mención a un cierto número de agresores menores de 20 años".

JESÚS G. ALBALAT
www.elperiodico.com

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