El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha estimado el recurso planteado por un funcionario de Vivienda, al que este mismo tribunal confirmó en su día haber sufrido el acoso de sus superiores, y se ha ratificado, por segunda vez, en que se le cambió de puesto con el ánimo de perjudicarle.
El nuevo pronunciamiento emitido por la Sala de lo Contencioso del TSJR, que revoca el fallo favorable al Gobierno dictado en primera instancia a finales de 2004, obedece a la resolución emitida a primeros de año por el Tribunal Constitucional. Resolución en la que el TC estimó el recurso de amparo de la Administración autonómica y resolvió retrotraer las actuaciones a este momento del proceso, por considerar que no se había dado traslado a las partes, y en concreto a la Administración regional, de una resolución que lesionaba su derecho de defensa.
Pues bien, la sentencia dictada ahora por el TSJR reproduce los mismos argumentos recogidos en la resolución de febrero de 2005. Y viene a decir, en síntesis, que «no existía ninguna justificación objetiva» para diseñar un nuevo organigrama de la Consejería a la que se halla adscrito el funcionario demandante y que a éste, en su nuevo puesto, se le habían impuesto tareas distintas a las que hasta ese momento realizaba.
En definitiva, la Sala llega a la conclusión de la «existencia de desviación de poder por parte de la Administración», así como que la nueva organización de la Consejería tiene «conexión directa con el mobbing padecido por el demandante».
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