G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Aunque la Comunidad Autónoma de Canarias lidera todas las listas en lo que a malos tratos sobre la mujer se refiere, puesto que concentra el mayor número de denuncias por violencia de género al año (alrededor de 10.000), está a la cabeza en usuarias de teleasistencia (796) y en órdenes de protección dictadas por la justicia, (2.780 en el año 2007) sólo 17 agentes trabajan en exclusividad en esta actividad en la provincia tinerfeña.
En concreto, estos 17 policías pertenecen a la denominada UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de las víctimas de malos tratos), el único grupo especializado en esta materia y que está adscrito al Cuerpo Nacional de Policía.
Se trata de agentes de segunda actividad, es decir, que han alcanzado una determinada edad (en este caso 58 años) en la que se les da la oportunidad de retirarse o de ir a otro destino como, por ejemplo, un trabajo más específico. Se llaman con el término de segunda actividad porque se prefiere que sean estos los que hagan funciones tales como la de atención a las víctimas de violencia de género, en vez de detraer a otros agentes de destinos más complejos.
Esta circunstancia tiene un aspecto claramente negativo, y es que no son personas que trabajen en este campo del maltrato por vocación, sino más bien por el incentivo económico que ello les conlleva en comparación con la jubilación anticipada; sin embargo, también tiene un factor positivo, y es que se trata de policías muy experimentados que, por lo general, saben resolver cualquier conflicto de manera eficaz y que suelen conocer el perfil del agresor y su forma de actuar.
Actualmente, en la provincia tinerfeña la UPAP está compuesta por 17 agentes: cinco está asignados a Santa Cruz de Tenerife; otros cinco, en San Cristóbal de La Laguna; dos, en el Puerto de la Cruz; tres, en Las Américas y otros tres, en Santa Cruz de La Palma, según han confirmado fuentes policiales y de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
El resto de los agentes del propio Cuerpo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que realizan labores de custodia o vigilancia, comparten estas funciones con las propias del otro puesto que tienen. Esta circunstancia se da ante la necesidad de dar respuesta a las constantes solicitudes de protección que se registran como consecuencia del aumento de las denuncias relacionadas con la violencia machista.
Así, cuando un juez decreta una orden de protección para una mujer, ésta siempre se cumplirá destinando a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, sin embargo, rara vez se dará la circunstancia de que sea un agente de la UPAP, debido al escaso personal con el que cuenta esta unidad, por lo que en la mayor parte de los casos a éstos sólo les son asignados los casos más graves y en los que la vida de la mujer corre serio riesgo.
Grandes deficiencias
Las deficiencias, a parte de las propias del escaso número de personal son innumerables. "Estos agentes no tienen vehículos, despachos y en ocasiones ni siquiera ordenadores en los que realizar sus informes, por lo que incluso deben, en ocasiones, trabajar de prestado con los recursos de otros compañeros", explica el portavoz de la Unión Federal de Policía, Rafael Dios, antes de señalar que "tienen una sobrecarga de trabajo incluso por encima de la de cualquier otro agente que trabaje en este tipo de casos".
Según este representante sindical, las condiciones de trabajo son pésimas ya que "sólo se les da un teléfono para que las víctimas se pongan en contacto y punto".
No obstante reconoce la buena labor que hacen al explicar que "con los pocos medios que tienen están consiguiendo buenos resultados, así que lo que cabría pensar es qué pasaría si dotaran adecuadamente a este servicio tanto en personal como en medios".
Las UPAP fueron promovidas por la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y sus puntos débiles a nivel nacional pueden resumirse en cuatro: corregir el déficit en recursos, mejorar la efectividad de los que ya existen, facilitar la colaboración con los policías locales y revisar los protocolos. En este sentido, los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que aplicar la orden de protección son los encargados también de valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo del riesgo.
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