La polémica sobre EpC, un freno a la ley contra la violencia doméstica

Durante esta semana se ha celebrado en Madrid un Congreso que ha analizado los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Según reconoció María Durán Ferrer, encargada de la primera ponencia del Congreso, la Ley se sustenta en tres pilares: "Los derechos de las mujeres que son víctimas, las medidas penales y judiciales contra los agresores y las medidas dirigidas a modificar la estructura patriarcal de la sociedad, como aquellas que vigilan la publicidad discriminatoria o determinan la obligatoriedad de ciertos contenidos sobre igualdad de género en la Educación".

Precisamente, la erradicación de la violencia de género a través de la Educación ha sido abordada durante el Congreso, con la intervención de Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Carmen Maestro ha mostrado su alarma por los datos preliminares de un informe del Observatorio Estatal de la Convivencia, en el que se aprecia que el 7,3% del alumnado percibe que "el hombre que parece agresivo es más atractivo" (el porcentaje aumenta si sólo se tiene en cuenta a las chicas). La presidenta del Consejo considera que estos datos son uno de los síntomas de la necesidad de prevenir actitudes que puedan acabar convirtiéndose en episodios de violencia doméstica.

Cómo puede combatirse la violencia de género desde las escuelas? La Ley Integral dedica el capítulo primero del título primero a las medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género en el ámbito educativo. En este apartado, se prevén algunas medidas de carácter orientativo, como la necesidad de formar en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, así como otras de contenido más práctico, como la participación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres en el Consejo Escolar del Estado, o la actuación vigilante de la inspección educativa. Estas últimas medidas ya se están llevando a cabo, aunque el gran instrumento en el que confían los profesionales es el desarrollo de la asignatura de Educación a la Ciudadanía, que obliga a abordar la violencia de género entre sus contenidos.

"Hasta ahora, el tratamiento de la igualdad de género en la escuela se había dejado al albur de la sensibilidad de los diferentes centros y tutores. Con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el tema de la igualdad de géneros se convierte en algo obligatorio, lo que provoca que todos los niños tengan igual acceso al tratamiento de estos temas".


Es la opinión de Carmen Rodríguez Méndez, autora de 'La configuración del género en los procesos de socialización' y subdirectora del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

Hemos acudido a uno de los textos de 'Educación para la Ciudadanía' que circulan por las librerías (concretamente, el de la editorial edebé) para saber cómo se aborda la violencia de género. De las 104 páginas que componen el texto, un par de ellas aparecen bajo el siguiente epígrafe: "Una vulneración de los derechos humanos: la violencia doméstica". En él se define la violencia doméstica, tanto física como psicológica, se ofrecen sendos testimonios, así como una clasificación con aquellas situaciones que favorecen la violencia doméstica.

Por último, se plantean una serie de ejercicios, como el de identificar las causas de la violencia doméstica que se ocultan tras los dos testimonios, o el de plantear un debate en clase sobre las tradiciones culturales de los pueblos que amparan la violencia, como aquellos en los que se practica la mutilación genital femenina.

Sin embargo, la aplicación de la Ley Integral en materia de educación está chocando frontalmente con los problemas que arrastra la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Una polémica artificial que está robándonos muchas horas", según dijo Carmen Maestro durante el Congreso. Lo cierto es que, al margen del caso de la Comunidad Valenciana y su enseñanza en inglés, la polémica sigue tan encendida como siempre.

Ayer se conoció la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio de Educación contra la Comunidad de Madrid por el desarrollo de los contenidos de la educación primaria, entre los que se contaban algunos puntos referentes a la polémica asignatura. Uno de los puntos del recurso aseguraba que la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre estaba infringiendo tanto la Ley Orgánica de la Educación como la Ley Integral en cuanto a sus mandatos para la erradicación de la violencia de género. Aunque el TSJM ha considerado que no existe tal vulneración, el Ministerio ha recurrido de nuevo el desarrollo normativo, en esta ocasión, ante el Tribunal Supremo.

Esta sentencia (consúltala, en pdf), algo subida de tono, ha aumentado la tensión entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid, que hoy se han embarcado en un cruce de declaraciones sobre estas cuestiones. Por un lado, Aguirre ha afirmado que lo único que trata su Comunidad es sustituir las "valoraciones morales" de algunos "manuales manipuladores" por los preceptos constitucionales.

Mientras, fuentes ministeriales han respondido a unas declaraciones de Aguirre sobre la objeción a EpC asegurando que "Esperanza Aguirre se ha equivocado y confiamos en que sus asesores la informen mejor".

Toda esta polémica está perjudicando seriamente el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, según coincidía un gran número de las asistentes al Congreso sobre los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, organizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

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