CABEZA DEL BUEY
La violencia de género es un problema social de magnitud, motivo, en la actualidad, de una importante alarma en la comunidad internacional.
En la localidad existe una oficina de atención psicológica a víctimas de violencia de género. Un recurso especializado en atención, orientación, información y tratamiento de todas las áreas que pueden concernir a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familiares directos.
Una simple sospecha de violencia de género por parte de un profesional es condición suficiente e imprescindible para derivar a la posible víctima a la oficina de atención psicológica de ámbito y actuación comarcal.
Está ubicada en la calle Mencía Álvarez, junto a los juzgados, y los números de teléfono son 924.632.929 y 636.774.358.
En la medida en que se ignora que este problema existe, cómo se da y en qué consiste, se puede llegar a ser cómplice, por acción u omisión, de una situación que causa un inmenso sufrimiento a las personas que la padecen. No existe vacuna contra la violencia de género, pero cuanto antes se detecta, más posibilidades existen de evitar sus perores consecuencias. La detección es tarea de todos.
JOSÉ PIZARRO
hoy.es
26 de agosto de 2008
Dos detenidos en Lleida por episodios de violencia machista en plena calle
Lleida
La Guardia Urbana de Lleida detuvo el pasado fin de semana a dos hombres por violencia machista.
En un caso se trató de un intento de agresión sexual a plena luz del día de una joven y, en el otro, de una agresión física a su pareja sentimental. Los dos presuntos agresores fueron trasladados a dependencias policiales y están a la espera de pasar a disposición judicial.
El episodio de la agresión sexual se produjo el sábado, a las 8.20 horas, en la céntrica calle de Cavallers, en la confluencia con la calle Major. Éste es un lugar que normalmente suele estar muy concurrido, ya que se halla en pleno eje comercial de la ciudad. Una patrulla policial que realizaba servicios de vigilancia en la zona observó que una muchacha joven, aparentemente muy nerviosa, estaba siendo atendida por unos ciudadanos.
Los agentes municipales se acercaron al lugar para interesarse por lo que le había ocurrido y ella les explicó entre sollozos que un individuo de mediana edad la había abordado en plena calle y había intentado agredirla sexualmente, pero que al no conseguir su propósito se había marchado corriendo en dirección al centro histórico de la ciudad.
Los policías recordaron entonces que minutos antes habían visto merodear en la zona del Canyeret, en la falda de la Seu Vella, a un hombre cuyas características físicas eran coincidentes con la descripción que les acababa de facilitar la joven de su agresor, por lo que inmediatamente iniciaron su búsqueda por aquella zona y consiguieron localizar al sospechoso y detenerlo.
El hombre, que fue reconocido por la víctima, fue identificado como D. M. A., de 33 años y vecino de Lleida.
El segundo caso de violencia machista tuvo lugar a las 4.15 horas del domingo en la Rambla de Aragó, a la altura de la calle del Bisbe Messeguer. La Policía Local detuvo a A. N. A., de 29 años y natural de Camerún, por un presunto delito de malos tratos a su compañera sentimental.
Una patrulla observó que un individuo estaba golpeando a una mujer en plena calle. A continuación, los agentes separaron a la pareja y la mujer, de 29 años y natural de Perú, manifestó que él era su pareja sentimental. El supuesto agresor, vecino de Lleida, fue detenido y trasladado a las dependencias de este cuerpo policial.
LLUÍS VISA
ELPAIS.com
La Guardia Urbana de Lleida detuvo el pasado fin de semana a dos hombres por violencia machista.
En un caso se trató de un intento de agresión sexual a plena luz del día de una joven y, en el otro, de una agresión física a su pareja sentimental. Los dos presuntos agresores fueron trasladados a dependencias policiales y están a la espera de pasar a disposición judicial.
El episodio de la agresión sexual se produjo el sábado, a las 8.20 horas, en la céntrica calle de Cavallers, en la confluencia con la calle Major. Éste es un lugar que normalmente suele estar muy concurrido, ya que se halla en pleno eje comercial de la ciudad. Una patrulla policial que realizaba servicios de vigilancia en la zona observó que una muchacha joven, aparentemente muy nerviosa, estaba siendo atendida por unos ciudadanos.
Los agentes municipales se acercaron al lugar para interesarse por lo que le había ocurrido y ella les explicó entre sollozos que un individuo de mediana edad la había abordado en plena calle y había intentado agredirla sexualmente, pero que al no conseguir su propósito se había marchado corriendo en dirección al centro histórico de la ciudad.
Los policías recordaron entonces que minutos antes habían visto merodear en la zona del Canyeret, en la falda de la Seu Vella, a un hombre cuyas características físicas eran coincidentes con la descripción que les acababa de facilitar la joven de su agresor, por lo que inmediatamente iniciaron su búsqueda por aquella zona y consiguieron localizar al sospechoso y detenerlo.
El hombre, que fue reconocido por la víctima, fue identificado como D. M. A., de 33 años y vecino de Lleida.
El segundo caso de violencia machista tuvo lugar a las 4.15 horas del domingo en la Rambla de Aragó, a la altura de la calle del Bisbe Messeguer. La Policía Local detuvo a A. N. A., de 29 años y natural de Camerún, por un presunto delito de malos tratos a su compañera sentimental.
Una patrulla observó que un individuo estaba golpeando a una mujer en plena calle. A continuación, los agentes separaron a la pareja y la mujer, de 29 años y natural de Perú, manifestó que él era su pareja sentimental. El supuesto agresor, vecino de Lleida, fue detenido y trasladado a las dependencias de este cuerpo policial.
LLUÍS VISA
ELPAIS.com
Multitud de proyectos en pro de la mujer
Castro Urdiales
En el Centro de Información a la Mujer (CIM) se han desarrollado, a lo largo de su existencia, una serie de proyectos encaminados a ayudar a las mujeres con cualquier tipo de problema.
Entre ellos destacan las exposiciones 'Salud es nombre de mujer'o 'La mujer en el Sahara', además de las charlas de la Asociación de apoyo a las víctimas de agresiones sexuales 'Cavas', o las ofrecidas en las pedanías castreñas para presentar el CIM.
A todo esto hay que sumar la celebración del Día de la Mujer Rural y del Día Internacional en contra de la Violencia de Género cuando se realizó una manifestación por las calles de Castro Urdiales a lo largo de la cual se entregaron rosas blancas.
El CIM ha realizado, al margen de estos proyectos propios, otros tantos en colaboración con entidades.
Por ejemplo, un taller de teatro junto con la Dirección General de la Mujer o apoyo al área de Juventud del Ayuntamiento en materia de igualdad, haciendo entrega de libros coeducativos para las ludotecas de verano.
E. RUIZ
El Diario Montañés
En el Centro de Información a la Mujer (CIM) se han desarrollado, a lo largo de su existencia, una serie de proyectos encaminados a ayudar a las mujeres con cualquier tipo de problema.
Entre ellos destacan las exposiciones 'Salud es nombre de mujer'o 'La mujer en el Sahara', además de las charlas de la Asociación de apoyo a las víctimas de agresiones sexuales 'Cavas', o las ofrecidas en las pedanías castreñas para presentar el CIM.
A todo esto hay que sumar la celebración del Día de la Mujer Rural y del Día Internacional en contra de la Violencia de Género cuando se realizó una manifestación por las calles de Castro Urdiales a lo largo de la cual se entregaron rosas blancas.
El CIM ha realizado, al margen de estos proyectos propios, otros tantos en colaboración con entidades.
Por ejemplo, un taller de teatro junto con la Dirección General de la Mujer o apoyo al área de Juventud del Ayuntamiento en materia de igualdad, haciendo entrega de libros coeducativos para las ludotecas de verano.
E. RUIZ
El Diario Montañés
Sólo el 10% de las víctimas de malos tratos se acogen a medidas de seguridad
Granada
Un total de 231 mujeres víctimas de malos tratos, tanto físicos como psicológicos, el 9,58 por ciento de las 2.410 con orden de protección o con sentencia dictada en la provincia de Granada, han solicitado acogerse a las medidas de seguridad que actualmente ofrece la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), según ha informado Efe.
Estos datos figuran en el registro de la Unidad de Violencia contra la Mujer, dependiente de la Subdelegación del Gobierno y que comenzó a funcionar el pasado mes marzo de 2007.De las 2.410 órdenes de protección o las sentencias ya dictadas que contienen penas en vigor en la provincia, consistentes fundamentalmente en medidas de alejamiento dictadas contra el agresor, 1.078 están al cargo de la Guardia Civil y 1.332 de la Policía Nacional, a fecha de 10 de agosto de 2008.
Protección
La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), a la que están acogidas 231 víctimas de malos tratos, un total de 213 en Granada y 18 en Motril, ofrece servicios tales como facilitar a las mujeres teléfonos móviles para ser usados en circunstancias de riesgo, asistencia en los juicios y servicios de autoprotección, entre otras medidas de seguridad.
En la provincia hay, además, un total de 230 mujeres acogidas al servicio de teleasistencia, según la Unidad de Violencia contra la Mujer, que tiene registradas 743 denuncias por violencia de género en la provincia de enero a junio de este año, ya sea porque se ha producido un maltrato físico o uno psicológico.
Atención personalizada
La Unidad de Violencia contra la Mujer recoge informáticamente los datos recopilados por las Fuerzas de Seguridad sobre las víctimas que denuncian malos tratos, así como su presunto agresor y su entorno, lo que permite determinar el nivel de riesgo de la mujer en cuestión para que le sea aplicado uno u otro grado de protección en función de sus necesidades y de su situación.
Este dispositivo tiene también entre sus funciones coordinar los recursos destinados a la protección de las víctimas, identificar sus necesidades, hacer un seguimiento individualizado de cada caso, lo que permitiría la personación como acusación en los que deriven en muerte, y la emisión de informes sobre la situación.
Granada - Ideal
Un total de 231 mujeres víctimas de malos tratos, tanto físicos como psicológicos, el 9,58 por ciento de las 2.410 con orden de protección o con sentencia dictada en la provincia de Granada, han solicitado acogerse a las medidas de seguridad que actualmente ofrece la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), según ha informado Efe.
Estos datos figuran en el registro de la Unidad de Violencia contra la Mujer, dependiente de la Subdelegación del Gobierno y que comenzó a funcionar el pasado mes marzo de 2007.De las 2.410 órdenes de protección o las sentencias ya dictadas que contienen penas en vigor en la provincia, consistentes fundamentalmente en medidas de alejamiento dictadas contra el agresor, 1.078 están al cargo de la Guardia Civil y 1.332 de la Policía Nacional, a fecha de 10 de agosto de 2008.
Protección
La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), a la que están acogidas 231 víctimas de malos tratos, un total de 213 en Granada y 18 en Motril, ofrece servicios tales como facilitar a las mujeres teléfonos móviles para ser usados en circunstancias de riesgo, asistencia en los juicios y servicios de autoprotección, entre otras medidas de seguridad.
En la provincia hay, además, un total de 230 mujeres acogidas al servicio de teleasistencia, según la Unidad de Violencia contra la Mujer, que tiene registradas 743 denuncias por violencia de género en la provincia de enero a junio de este año, ya sea porque se ha producido un maltrato físico o uno psicológico.
Atención personalizada
La Unidad de Violencia contra la Mujer recoge informáticamente los datos recopilados por las Fuerzas de Seguridad sobre las víctimas que denuncian malos tratos, así como su presunto agresor y su entorno, lo que permite determinar el nivel de riesgo de la mujer en cuestión para que le sea aplicado uno u otro grado de protección en función de sus necesidades y de su situación.
Este dispositivo tiene también entre sus funciones coordinar los recursos destinados a la protección de las víctimas, identificar sus necesidades, hacer un seguimiento individualizado de cada caso, lo que permitiría la personación como acusación en los que deriven en muerte, y la emisión de informes sobre la situación.
Granada - Ideal
El CGPJ obliga a los jueces de guardia a asumir casos de malos tratos urgentes
El acuerdo pone fin a cuatro años de conflictos de competencias para aclarar si estos juzgados debían intervenir si el de Violencia sobre la Mujer está cerrado
El Consejo General del Poder Judicial ha acordado que los jueces de guardia tengan que asumir los casos urgentes de violencia doméstica que se registren cuando el juzgado de malos tratos esté cerrado, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario.
Esta decisión pone fin a los problemas de competencias que se habían planteado entre ambos juzgados desde que entró en vigor hace casi cuatro años la Ley de Violencia sobre la Mujer. En este periodo se han dado conflictos entre ambos órganos, dado que no estaba claro a qué juez le tocaba intervenir cuando el juzgado de malos tratos ya no estaba abierto al público.
Este acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre. Se estima que cada día pasan una media de ocho detenidos por malos tratos en los juzgados de la provincia. La Guardia Civil arrestó durante el pasado fin de semana a 14 personas en la provincia por violencia de género.
El acuerdo es consecuencia de la regulación de servicios de guardias para los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, una medida de la que está excluida la provincia de Alicante. Este servicio sólo estará vigente para las ciudades que tengan más de cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer. Alicante tiene tan sólo dos, que podrían ser tres si acaba asumiendo los casos de malos tratos de San Vicente del Raspeig, por lo que aún está muy lejos de alcanzar esta cifra. Las únicas capitales que cumplen con este requisito son Madrid, Barcelona y Sevilla. Este servicio se prestará durante tres días consecutivos, con la presencia de un equipo de guardia entre las 9 y las 21 horas. En el resto de ciudades, la jornada acaba a las 14.00 horas.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que "como Alicante no va a tener todavía servicios de guardia para los malos tratos, lo que el Consejo ha resuelto es potenciar la colaboración entre estos órganos judiciales". Según el acuerdo del CGPJ, el juzgado de guardia tendrá que atender a los detenidos que sean presentados fuera de las horas de trabajo de Violencia sobre la Mujer, así como las solicitudes de órdenes de protección. Una vez resueltas las comparecencias urgentes, el juez de guardia remitirá todo lo acordado a Violencia sobre la Mujer para que prosiga la instrucción.
Asimismo, el acuerdo incluye la actuación del juez de guardia en otras situaciones urgentes como las intervenciones telefónicas o el levantamiento del cadáver."El caso clásico es el de una mujer que va a denunciar que durante la hora de la comida su marido le ha llegado a amenazar con un cuchillo. La orden de protección o la situación del detenido no puede estar esperando a que el juzgado abra al día siguiente, cuando ya existe uno de guardia durante las 24 horas del día", explicaron fuentes judiciales. A lo largo de estos años, varios han sido los conflictos de competencias entre los juzgados de malos tratos y los de guardia a cuenta de este tipo de situaciones, que incluso han tenido que ser resueltas por la Audiencia.
Las fuentes explicadas por este diario señalaron que se trata de situaciones urgentes y que paradójicamente con este tipo de conflictos los que se consigue es ralentizar los procedimientos, lo que va en detrimento de las víctimas.
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
www.diarioinformacion.com
El Consejo General del Poder Judicial ha acordado que los jueces de guardia tengan que asumir los casos urgentes de violencia doméstica que se registren cuando el juzgado de malos tratos esté cerrado, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario.
Esta decisión pone fin a los problemas de competencias que se habían planteado entre ambos juzgados desde que entró en vigor hace casi cuatro años la Ley de Violencia sobre la Mujer. En este periodo se han dado conflictos entre ambos órganos, dado que no estaba claro a qué juez le tocaba intervenir cuando el juzgado de malos tratos ya no estaba abierto al público.
Este acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre. Se estima que cada día pasan una media de ocho detenidos por malos tratos en los juzgados de la provincia. La Guardia Civil arrestó durante el pasado fin de semana a 14 personas en la provincia por violencia de género.
El acuerdo es consecuencia de la regulación de servicios de guardias para los juzgados de Violencia Sobre la Mujer, una medida de la que está excluida la provincia de Alicante. Este servicio sólo estará vigente para las ciudades que tengan más de cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer. Alicante tiene tan sólo dos, que podrían ser tres si acaba asumiendo los casos de malos tratos de San Vicente del Raspeig, por lo que aún está muy lejos de alcanzar esta cifra. Las únicas capitales que cumplen con este requisito son Madrid, Barcelona y Sevilla. Este servicio se prestará durante tres días consecutivos, con la presencia de un equipo de guardia entre las 9 y las 21 horas. En el resto de ciudades, la jornada acaba a las 14.00 horas.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, explicó que "como Alicante no va a tener todavía servicios de guardia para los malos tratos, lo que el Consejo ha resuelto es potenciar la colaboración entre estos órganos judiciales". Según el acuerdo del CGPJ, el juzgado de guardia tendrá que atender a los detenidos que sean presentados fuera de las horas de trabajo de Violencia sobre la Mujer, así como las solicitudes de órdenes de protección. Una vez resueltas las comparecencias urgentes, el juez de guardia remitirá todo lo acordado a Violencia sobre la Mujer para que prosiga la instrucción.
Asimismo, el acuerdo incluye la actuación del juez de guardia en otras situaciones urgentes como las intervenciones telefónicas o el levantamiento del cadáver."El caso clásico es el de una mujer que va a denunciar que durante la hora de la comida su marido le ha llegado a amenazar con un cuchillo. La orden de protección o la situación del detenido no puede estar esperando a que el juzgado abra al día siguiente, cuando ya existe uno de guardia durante las 24 horas del día", explicaron fuentes judiciales. A lo largo de estos años, varios han sido los conflictos de competencias entre los juzgados de malos tratos y los de guardia a cuenta de este tipo de situaciones, que incluso han tenido que ser resueltas por la Audiencia.
Las fuentes explicadas por este diario señalaron que se trata de situaciones urgentes y que paradójicamente con este tipo de conflictos los que se consigue es ralentizar los procedimientos, lo que va en detrimento de las víctimas.
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
www.diarioinformacion.com
Presentan denuncia contra director del CNC por acoso sexual
La Fiscalía investiga la denuncia presentada por una alumna del Colegio Nacional de la Capital (CNC) contra el director del turno tarde que supuestamente la acosó sexualmente y le ofreció elevar sus notas a cambio de favores sexuales.
La denuncia fue presentada por los familiares de la joven de 15 años, quien identificó al profesor Arnaldo Ferreira Gadea, como el autor del acoso.
La fiscala Viviana Riveros fijará fecha para que declaren los testigos del hecho, entre ellos varios de los compañeros de la denunciante, quienes junto a la joven, se vieron obligados a cambiar de turno, a la noche, ante las presiones del director del turno tarde.
La denuncia señala que supuestamente el docente desde hace varias semanas estaba acosando a la estudiante, a quien incluso la seguía hasta su casa.
Por Ppn .com.py -
http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=45019
La denuncia fue presentada por los familiares de la joven de 15 años, quien identificó al profesor Arnaldo Ferreira Gadea, como el autor del acoso.
La fiscala Viviana Riveros fijará fecha para que declaren los testigos del hecho, entre ellos varios de los compañeros de la denunciante, quienes junto a la joven, se vieron obligados a cambiar de turno, a la noche, ante las presiones del director del turno tarde.
La denuncia señala que supuestamente el docente desde hace varias semanas estaba acosando a la estudiante, a quien incluso la seguía hasta su casa.
Por Ppn .com.py -
http://www.ppn.com.py/html/noticias/noticia-ver.asp?id=45019
25 de agosto de 2008
Interior afirma que 1.172 policías se dedican a la violencia machista
La Policía Nacional tiene 1.172 agentes especializados en atención y protección a las víctimas de violencia de género, 658 en los Servicios de Atención a la Familia y 514 en las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP). Policías con una formación específica para este tipo de situaciones, según informó ayer el Ministerio del Interior.
Las UPAP realizan el seguimiento de las órdenes de protección, estando en contacto directo con la víctima. Dependiendiendo del riesgo, que se decide mediante un protocolo de evaluación, los agentes ejecutan diversas medidas como llamadas telefónicas periódicas, acompañamientos y seguimiento cercano del caso.
Cuando el peligro es elevado y requiere vigilancia permanente, intervienen las patrullas de las brigadas de seguridad ciudadana, formadas por unos 35.000 policías nacionales, que son los encargados de mantener el orden en calles o espectáculos públicos, entre otras funciones. Actualmente hay casi 1.000 mujeres calificadas con riesgo alto o extremo en el ámbito de la Policía Nacional.
La Guardia Civil, por su parte, cuenta con 554 agentes en los llamados Equipos Mujer-Menor, cuya labor es de asesoriamiento y seguimiento de los casos. Pese al aumento de policías especializados, han muerto 48 mujeres en lo que va de año, varias de ellas con órdenes de protección.
EL PAÍS
ELPAIS.com
Las UPAP realizan el seguimiento de las órdenes de protección, estando en contacto directo con la víctima. Dependiendiendo del riesgo, que se decide mediante un protocolo de evaluación, los agentes ejecutan diversas medidas como llamadas telefónicas periódicas, acompañamientos y seguimiento cercano del caso.
Cuando el peligro es elevado y requiere vigilancia permanente, intervienen las patrullas de las brigadas de seguridad ciudadana, formadas por unos 35.000 policías nacionales, que son los encargados de mantener el orden en calles o espectáculos públicos, entre otras funciones. Actualmente hay casi 1.000 mujeres calificadas con riesgo alto o extremo en el ámbito de la Policía Nacional.
La Guardia Civil, por su parte, cuenta con 554 agentes en los llamados Equipos Mujer-Menor, cuya labor es de asesoriamiento y seguimiento de los casos. Pese al aumento de policías especializados, han muerto 48 mujeres en lo que va de año, varias de ellas con órdenes de protección.
EL PAÍS
ELPAIS.com
El 016 recibió 181 llamadas diarias sobre maltrato en sus primeros once meses de funcionamiento
De los datos facilitados por algunas afectadas, no puede deducirse que exista un perfil de mujer maltratada, según el Ministerio de Igualdad
El teléfono 016 de información y atención legal a las víctimas de la violencia doméstica ha recibido 60.132 llamadas sobre malos tratos desde su puesta en marcha, hace once meses, una media de 181 al día, siendo la mayoría realizadas por mujeres (el 81,7%), según un informe del Ministerio de Igualdad.
A este teléfono también han llegado llamadas maliciosas (bromas, insultos o amenazas), llamadas resultado de errores de marcado o consultas sobre materias que no guardan relación con la violencia de género.
La media diaria de llamadas atendidas desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2008 fue de 181 y de 8 cada hora, y las protagonistas, las mujeres (que hicieron 49.109 consultas), junto a familiares y amigos de las víctimas (el 15,8% ó 9.525 llamadas), y profesionales y entidades públicas (el 2,5% ó 1.498 llamadas).
Marzo fue el mes en el que se atendieron más llamadas (7.040), aunque febrero pasado -con una cifra récord de ocho víctimas mortales- fue el que registró un mayor número medio de llamadas al día (238) y cada hora (10). En julio se volvió a producir un repunte en el número de consultas (6.490).
El informe señala que, de los datos facilitados por algunas de las mujeres, ya que el servicio es confidencial, se puede concluir que "no existe un perfil de mujer maltratada". La mayoría eran casadas, con un hijo y con un nivel de estudios de grado medio.
Respecto a la nacionalidad de las mujeres, se conoce la de 5.668 casos, en los que el 74,2% eran españolas y el 25,8% extranjeras, y de 3.631 agresores (el 73,9% españoles y el 26,1% extranjeros).
Una cuarta parte de las llamadas, desde Madrid
Por comunidades, 15.259 llamadas se realizaron desde Madrid (el 25,5% del total), 9.664 desde Andalucía (16,2%), 7.967 desde Cataluña (13,3%), 6.110 desde la Comunidad Valenciana (10,2%), 3.296 desde Canarias (5,5%), 2.672 desde Castilla y León (4,5%), 2.647 desde Galicia (4,4%) y 2.160 desde Castilla-La Mancha (3,6%). Además, desde Murcia se recibieron 1.768; del País Vasco 1.500; de Baleares 1.403; de Extremadura 1.245; de Asturias 1.157; de Aragón 1.132; de Cantabria 756 y desde Navarra 586.
El menor número de llamadas se realizaron desde Ceuta, Melilla y La Rioja, con 94, 148 y 268, respectivamente.
EFE - Madrid
ELPAIS.com
El teléfono 016 de información y atención legal a las víctimas de la violencia doméstica ha recibido 60.132 llamadas sobre malos tratos desde su puesta en marcha, hace once meses, una media de 181 al día, siendo la mayoría realizadas por mujeres (el 81,7%), según un informe del Ministerio de Igualdad.
A este teléfono también han llegado llamadas maliciosas (bromas, insultos o amenazas), llamadas resultado de errores de marcado o consultas sobre materias que no guardan relación con la violencia de género.
La media diaria de llamadas atendidas desde el 3 de septiembre de 2007 hasta el 31 de julio de 2008 fue de 181 y de 8 cada hora, y las protagonistas, las mujeres (que hicieron 49.109 consultas), junto a familiares y amigos de las víctimas (el 15,8% ó 9.525 llamadas), y profesionales y entidades públicas (el 2,5% ó 1.498 llamadas).
Marzo fue el mes en el que se atendieron más llamadas (7.040), aunque febrero pasado -con una cifra récord de ocho víctimas mortales- fue el que registró un mayor número medio de llamadas al día (238) y cada hora (10). En julio se volvió a producir un repunte en el número de consultas (6.490).
El informe señala que, de los datos facilitados por algunas de las mujeres, ya que el servicio es confidencial, se puede concluir que "no existe un perfil de mujer maltratada". La mayoría eran casadas, con un hijo y con un nivel de estudios de grado medio.
Respecto a la nacionalidad de las mujeres, se conoce la de 5.668 casos, en los que el 74,2% eran españolas y el 25,8% extranjeras, y de 3.631 agresores (el 73,9% españoles y el 26,1% extranjeros).
Una cuarta parte de las llamadas, desde Madrid
Por comunidades, 15.259 llamadas se realizaron desde Madrid (el 25,5% del total), 9.664 desde Andalucía (16,2%), 7.967 desde Cataluña (13,3%), 6.110 desde la Comunidad Valenciana (10,2%), 3.296 desde Canarias (5,5%), 2.672 desde Castilla y León (4,5%), 2.647 desde Galicia (4,4%) y 2.160 desde Castilla-La Mancha (3,6%). Además, desde Murcia se recibieron 1.768; del País Vasco 1.500; de Baleares 1.403; de Extremadura 1.245; de Asturias 1.157; de Aragón 1.132; de Cantabria 756 y desde Navarra 586.
El menor número de llamadas se realizaron desde Ceuta, Melilla y La Rioja, con 94, 148 y 268, respectivamente.
EFE - Madrid
ELPAIS.com
El Cabildo forma a 500 personas para actuar ante la Violencia de Género
Santa Cruz de Tenerife/ El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) ha preparado a unas 500 personas a través del Programa Insular de Prevención de la Violencia de Género con diferentes acciones destinadas a la información, formación y sensibilización de la población para que puedan ser capaces de actuar ante las situaciones de este tipo que se produzcan a su alrededor.
Este proyecto se puso en marcha en el mes de diciembre del año 2007 desde la Unidad Orgánica de Violencia de Género, mediante la gestión indirecta de la Asociación Nosotras Kontamos, ubicado en el municipio de Los Realejos, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de dicha localidad, informa la Corporación insular en un comunicado.Las líneas demarcadas de actuación están determinadas por un convenio de colaboración entre el IASS y el Instituto Canario de la Mujer, a través del cual se gestiona la Red Insular de Recursos especializados en Violencia de Género.
A lo largo de este periodo se han realizado actividades destinadas a la consecución de los objetivos previstos, siguiendo las líneas de trabajo con el Proyecto de Investigación para la prevención de la Violencia de Género en la Isla de Tenerife y la Intervención para la prevención de la Violencia de Género.
Todas estas actuaciones están enmarcadas en el Programa Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, y la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este marco normativo hace referencia a la prevención como forma de erradicación de esta lacra social del siglo XXI.
El Programa Insular de Prevención de la Violencia de Género ofrece información como medio de formación y sensibilización, y está orientado, principalmente, a aquellas personas que no están padeciendo situaciones de violencia de género pero que pueden ser susceptibles de recibirla en algún momento de su vida. Está destinado, también, a aquellas personas que estén en medio de una situación de violencia pero que no han sido capaces de salir de ella, bien por falta de información o bien por falta del apoyo necesario para dar el paso a un nuevo modo de vida. Además, otro de los colectivos de destinatarios son las niñas, adolescentes y mujeres del territorio insular que, por el hecho de serlo, están en riesgo de sufrir una situación de violencia de género en un momento de su vida.
Los objetivos generales del programa insular son, entre otros, la realización de un diagnóstico de la situación de la Violencia de Género en la Isla a través de la colaboración de los 31 municipios, el diseño y la planificación de un programa de intervención en materia de prevención en el ámbito insular, y la implementación de las acciones recogidas en el programa (orientadas a la detección de situaciones de violencia de género así como a la información, formación y sensibilización de la población en general, desde los diferentes ámbitos de intervención).
Entre las acciones realizadas destacan la elaboración del borrador del Proyecto de Investigación para la Prevención de la Violencia de Género en la Isla de Tenerife, la organización y celebración de la Jornada Conmemorativa del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, la elaboración del proyecto de intervención para la Prevención de la Violencia de Género de la Isla de Tenerife A partes iguales kontamos +, la elaboración de materiales divulgativos con motivo de la celebración del 28 de mayo Día Internacional de la Salud de las Mujeres, o la exposición Ciencia: sustantivo femenino, dentro del ciclo informativo "Genialidad con nombre de mujer, una historia silenciada".
Además, hay previstos otros talleres destinados a la formación, información y sensibilización en diferentes colectivos (mujer, personas con discapacidad o jóvenes, entre otros) y la elaboración de nuevas exposiciones que se irán desarrollando a lo largo de toda la Isla, siempre en colaboración con los ayuntamientos, dado que el entorno en el que se desarrollen las actividades debe ser el más próximo posible a la población destinataria, es decir, su propio municipio.
ACN Press
canarias24horas.com
Este proyecto se puso en marcha en el mes de diciembre del año 2007 desde la Unidad Orgánica de Violencia de Género, mediante la gestión indirecta de la Asociación Nosotras Kontamos, ubicado en el municipio de Los Realejos, y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de dicha localidad, informa la Corporación insular en un comunicado.Las líneas demarcadas de actuación están determinadas por un convenio de colaboración entre el IASS y el Instituto Canario de la Mujer, a través del cual se gestiona la Red Insular de Recursos especializados en Violencia de Género.
A lo largo de este periodo se han realizado actividades destinadas a la consecución de los objetivos previstos, siguiendo las líneas de trabajo con el Proyecto de Investigación para la prevención de la Violencia de Género en la Isla de Tenerife y la Intervención para la prevención de la Violencia de Género.
Todas estas actuaciones están enmarcadas en el Programa Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, y la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este marco normativo hace referencia a la prevención como forma de erradicación de esta lacra social del siglo XXI.
El Programa Insular de Prevención de la Violencia de Género ofrece información como medio de formación y sensibilización, y está orientado, principalmente, a aquellas personas que no están padeciendo situaciones de violencia de género pero que pueden ser susceptibles de recibirla en algún momento de su vida. Está destinado, también, a aquellas personas que estén en medio de una situación de violencia pero que no han sido capaces de salir de ella, bien por falta de información o bien por falta del apoyo necesario para dar el paso a un nuevo modo de vida. Además, otro de los colectivos de destinatarios son las niñas, adolescentes y mujeres del territorio insular que, por el hecho de serlo, están en riesgo de sufrir una situación de violencia de género en un momento de su vida.
Los objetivos generales del programa insular son, entre otros, la realización de un diagnóstico de la situación de la Violencia de Género en la Isla a través de la colaboración de los 31 municipios, el diseño y la planificación de un programa de intervención en materia de prevención en el ámbito insular, y la implementación de las acciones recogidas en el programa (orientadas a la detección de situaciones de violencia de género así como a la información, formación y sensibilización de la población en general, desde los diferentes ámbitos de intervención).
Entre las acciones realizadas destacan la elaboración del borrador del Proyecto de Investigación para la Prevención de la Violencia de Género en la Isla de Tenerife, la organización y celebración de la Jornada Conmemorativa del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, la elaboración del proyecto de intervención para la Prevención de la Violencia de Género de la Isla de Tenerife A partes iguales kontamos +, la elaboración de materiales divulgativos con motivo de la celebración del 28 de mayo Día Internacional de la Salud de las Mujeres, o la exposición Ciencia: sustantivo femenino, dentro del ciclo informativo "Genialidad con nombre de mujer, una historia silenciada".
Además, hay previstos otros talleres destinados a la formación, información y sensibilización en diferentes colectivos (mujer, personas con discapacidad o jóvenes, entre otros) y la elaboración de nuevas exposiciones que se irán desarrollando a lo largo de toda la Isla, siempre en colaboración con los ayuntamientos, dado que el entorno en el que se desarrollen las actividades debe ser el más próximo posible a la población destinataria, es decir, su propio municipio.
ACN Press
canarias24horas.com
El CCN exige al PSC que retire su apoyo al alcalde de Valle Gran Rey (La Gomera) por un posible delito de acoso sexual
El Centro Canario Nacionalista (CCN) exigió hoy al PSC-PSOE que retire su apoyo al alcalde de Valle Gran Rey (La Gomera), Ruymán García, "por intentar abusar sexualmente de una trabajadora municipal afiliada al CCN, según informó hoy el partido político en una nota.
El presidente del CCN se puso en contacto con el secretario de Organización del PSC-PSOE, Francisco Hernández Spínola, para pedirle que "retirara inmediatamente el apoyo al alcalde de Valle Gran Rey y que se muestre consecuente con la política desarrollada por los socialistas en materia de abusos sexuales".
Según explicó el CCN, "García intentó conseguir favores sexuales de una trabajadora del Ayuntamiento de Valle Gran Rey a cambio de la renovación de su contrato". La trabajadora, que fue en la plancha del propio Ignacio González al Ayuntamiento de Santa Cruz en las pasadas elecciones locales, ha puesto el caso en manos de sus abogados para la interposición de las acciones que le competan en derecho.
La trabajadora aseguró que Ruyman García "la engañó citándola en un hotel de Santa Cruz para una hipotética renovación del contrato como responsable del departamento de bailes del ayuntamiento. El alcalde intentó que entrara en su habitación, pero la trabajadora se resistió y se produjo un forcejeo con tocamientos hasta que la denunciante pudo zafarse y salir del hotel, donde le esperaban su marido y su hijo".
González Santiago remarcó que el CCN se personará en la causa y apoyará a su afiliada, exigiendo la inhabilitación del alcalde para el ejercicio de cualquier cargo público, lo que le obligaría a dejar la alcaldía del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Además, el CCN exigió del PSC-PSOE y de Juan Fernando López Aguilar, su secretario general, "que obligue a sus compañeros de Valle Gran Rey a retirar inmediatamente el apoyo político al alcalde, dejándolo en minoría y obligándolo por tanto a abandonar la vida pública".
Según el CCN, "hay situaciones como la denunciada por la trabajadora de Valle Gran Rey que no pueden pasarse por alto en un partido político y que en unos momentos en los que están aumentando los delitos sexuales no se puede permitir que un alcalde utilice su cargo para conseguir favores sexuales acosando a un trabajador municipal".
EUROPA PRESS
www.europapress.es
El presidente del CCN se puso en contacto con el secretario de Organización del PSC-PSOE, Francisco Hernández Spínola, para pedirle que "retirara inmediatamente el apoyo al alcalde de Valle Gran Rey y que se muestre consecuente con la política desarrollada por los socialistas en materia de abusos sexuales".
Según explicó el CCN, "García intentó conseguir favores sexuales de una trabajadora del Ayuntamiento de Valle Gran Rey a cambio de la renovación de su contrato". La trabajadora, que fue en la plancha del propio Ignacio González al Ayuntamiento de Santa Cruz en las pasadas elecciones locales, ha puesto el caso en manos de sus abogados para la interposición de las acciones que le competan en derecho.
La trabajadora aseguró que Ruyman García "la engañó citándola en un hotel de Santa Cruz para una hipotética renovación del contrato como responsable del departamento de bailes del ayuntamiento. El alcalde intentó que entrara en su habitación, pero la trabajadora se resistió y se produjo un forcejeo con tocamientos hasta que la denunciante pudo zafarse y salir del hotel, donde le esperaban su marido y su hijo".
González Santiago remarcó que el CCN se personará en la causa y apoyará a su afiliada, exigiendo la inhabilitación del alcalde para el ejercicio de cualquier cargo público, lo que le obligaría a dejar la alcaldía del Ayuntamiento de Valle Gran Rey.
Además, el CCN exigió del PSC-PSOE y de Juan Fernando López Aguilar, su secretario general, "que obligue a sus compañeros de Valle Gran Rey a retirar inmediatamente el apoyo político al alcalde, dejándolo en minoría y obligándolo por tanto a abandonar la vida pública".
Según el CCN, "hay situaciones como la denunciada por la trabajadora de Valle Gran Rey que no pueden pasarse por alto en un partido político y que en unos momentos en los que están aumentando los delitos sexuales no se puede permitir que un alcalde utilice su cargo para conseguir favores sexuales acosando a un trabajador municipal".
EUROPA PRESS
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24 de agosto de 2008
Mientras estás dormido
Isabel Cepeda traza un perfil de su marido, el profesor Jesús Neira, que sigue en coma dos semanas después de ser agredido.
Isabel Cepeda, de 41 años, espera desde hace 20 días en el vestíbulo del hospital Puerta de Hierro a que su marido, Jesús Neira, de 55 años, abra los ojos.
La historia de este profesor, en coma tras ser golpeado brutalmente por defender a una mujer, ha elevado el listón del compromiso contra la violencia machista. Cepeda sabe que el gesto puede servir para avanzar en ese terreno, para ayudar a fijar un modelo, y lo defiende con una entereza sorprendente ante los medios de comunicación.
En un restaurante cercano al hospital, la mujer recibe a este periódico para contar quién es su marido. Su voz se quiebra cuando se da cuenta de que Neira está al borde de la muerte, de que no sabe si saldrá de esta ni en qué condiciones. Ésta es la descripción que ella hace de su marido:"Si Jesús se despertara ahora y viera todo lo que se dice de él, eso de que es un héroe, le parecería una exageración. Diría: '¡Qué héroe ni qué carajo!'. Como si lo estuviera viendo.
Seguro que diría eso porque para él sería un ejemplo de que las cosas no funcionan. Si una sociedad considera un gesto así (algo que debería ser normal) como una heroicidad, es que algo no marcha bien. Para él, hacer eso fue simplemente un deber. No podía haber actuado de otra manera; sería impensable en él".
Su gesto fue algo natural. Como cuando se incorpora si una persona se levanta de su asiento en un almuerzo, o cuando deja pasar a una señora delante de él... Un simple gesto de civismo, lo que haría alguien con principios.
Quizá Jesús sea un caballero a la antigua. Sus amigos lo definen así a veces. Héctor Cantolla, el actor que ha doblado a Marlon Brando, Paul Newman, Ed Harris, a Terminator..., dice de él que es un caballero de honor que defiende los valores humanos a capa y espada. Eso lo han repetido mucho estos días sus amigos. Nunca ha tenido problemas para hacerlos. A lo mejor es por ser hijo único.
De niño se iba al parque y tenía que entablar amistad rápidamente si no quería quedarse solo. Siempre ha sido así. Si está en una cafetería, charla con cualquier persona. Es así como conoció a Héctor, por ejemplo.Tiene un gran sentido de la amistad. Yo a veces me he enfadado porque cuando teníamos tiempo para estar juntos aparecía algún amigo suyo con algún problema y él le atendía. "¿Y yo qué?", le decía. Pero me gusta que sea así. Tenerle como amigo es un privilegio.
Su generosidad llega a ser a veces muy sorprendente. Le gusta ser buen anfitrión, como los de antes, continuamente preocupado por cómo estás, pero además le ves hacer cosas increíbles. Una vez alguien le dijo que la corbata que llevaba era muy bonita. "¿Te gusta? Pues toma, para ti". Él tiene esos golpes.En la facultad donde imparte clases es igual de sociable. Charla con los alumnos, con las limpiadoras, con los catedráticos, con los bedeles. Ya era así cuando le conocí. Sería a finales de los años ochenta. No nos conocimos realmente hasta más tarde, y nos casamos en 1991. Yo estudiaba Económicas y él ya era profesor de Teoría del Estado en la Universidad Complutense. A mí me pareció un hombre guapísimo, interesantísimo, con una voz muy profunda.
Era y sigue siendo de esos profesores que consiguen entusiasmar a los alumnos con lo que están estudiando. Es de los que les hace participar en clase y utiliza la conversación como un método didáctico. No deja escapar nunca a un interlocutor sin que argumente por qué tiene una posición determinada sobre un tema.No son todo virtudes.
También tiene defectos, como todo el mundo. Tiene mucho genio. Hay que esperar a que se le pase. A veces discutimos por ser puntuales en algún lugar donde hemos quedado. Él no quiere desaprovechar ni un instante, así que prefiere apurar hasta el último minuto y seguir charlando con los vecinos en el jardín común de la urbanización de Las Rozas donde vivimos, con su portátil, su cerveza y su libro.Le fastidia enormemente perder tiempo. Estoy segura de que, si se despertase ahora, se enfadaría mucho por dos cosas. Primero, por todos los días perdidos en el hospital. Luego, por todo lo que la gente está sufriendo por él.
Sí, estoy entera, o lo parezco cuando hablo con la gente, pero estoy asustada. Sabemos que su estado es grave.Jesús es un hombre de costumbres sencillas. La partida de ajedrez que juega todos los viernes por la tarde con un amigo es sagrada. Le gusta jugar, pero en realidad es la excusa que ponen ambos para verse y hablar de cualquier cosa con el tablero de madera por delante y un buen whisky, un macallan, al lado.Le gusta vestir bien, pero sin ser ostentoso. De traje cuando va a la Universidad; en vaqueros y camisa, por ejemplo, cuando está en casa. No le gusta que se vean las marcas de la ropa.
Cuando alguna vez le han regalado un polo Lacoste, le ha quitado el cocodrilo.¿Qué más le gusta? El picante fuerte, escribir con su pluma Mont Blanc, jugar al futbolín, la Fórmula 1, la música clásica, Mozart, pero también Carlos Gardel, Roberta Flack. Un sitio donde lo pasamos muy bien es en el bar Aperitoche. Allí hay música en directo y todo el mundo corea las canciones. Es un hombre con el que te diviertes mucho.Hace poco andaba todo el día con una canción en la boca. Esa de Fito y los Fitipaldis que se llama Soldadito marinero. Me acuerdo de que cantaba: "Después de un invierno malo, una mala primavera...". Y fíjate que ahora ha venido un mal verano.
Quiso ser marino, pero no pudo por la operación de corazón que sufrió cuando tenía 17 años. Luego le volvieron a operar con 35 años. Por eso ya no hace mucho deporte. Antes nadaba mucho y jugaba al tenis, pero tras las intervenciones se vio obligado a hacerlo a otro ritmo y ya no se divertía. Él es así: o hace las cosas al máximo, o no las hace.Las dos operaciones le han marcado mucho.
Creo que es lo que le ha hecho ser tan vitalista: aprovechar cada segundo. Por eso deja huella por donde pasa. Tiene una personalidad arrolladora y no deja indiferente a nadie. Los problemas que ha tenido con algunas personas han sido siempre por ser muy independiente, por hacer lo que él consideraba correcto y no plegarse.Siempre ha sido un profesor de a pie, sin más ambición que la de dar sus clases.No se le puede encasillar en nada, ni le gusta alinearse con una línea política determinada, pese a que su trabajo esté estrechamente ligado a la política.
Tiene la casa llena de libros y de cintas de vídeo con los momentos más importantes de la política nacional que se han emitido: todos los debates sobre el estado de la nación, la dimisión de Suárez, los debates de las elecciones...A eso se dedica a fin de cuentas, a deconstruir los discursos utilizando técnicas sociolingüísticas.
No está muy contento con el sistema político español. Por eso, le gustaría irse a vivir a Londres durante un tiempo, o a Estados Unidos. Le gusta el sistema democrático de allí por la separación de poderes que tienen; de ahí que le guste tanto Alexis de Tocqueville [pensador, jurista y político francés del XIX, autor de la obra La democracia en América].
Estos días nos habríamos ido a Oropesa. No ha podido ser, pero tenemos ya muchos viajes comprometidos con los amigos que han venido a verle y a interesarse por él.Es increíble cómo se está portando todo el mundo. Algunos amigos con los que habíamos tenido algún roce en el pasado han venido a preguntar por él o me han llamado, conscientes de las prioridades en un momento así. Y luego he tenido el apoyo de muchas mujeres maltratadas que me han escrito para dar las gracias por el gesto que tuvo ese día. Creo que todo lo que está pasando a su alrededor es bueno socialmente. Se merece que salga bien de esto.
Cuando ocurrió todo, el sábado aquel, Jesús estaba indignado, no por la agresión que sufrió, sino por el hecho de que maltratara a una mujer. No merece ser llamado hombre.Creo que lo más importante para él es que sus hijos sean personas buenas y decentes. Les pide que rindan en clase y que den lo máximo que puedan, y le gustaría que fuesen algo importante, lo que cualquier padre desearía para sus hijos, ¿no? Pero, por encima de todo, les pide que sean gente digna.Vida de estudioso- Neira nace en Granada, en 1953, en el seno de una familia gallega vinculada a la Marina.- 14 años después la familia se traslada a Madrid, donde Neira se doctora en Derecho y es premio extraordinario en 1989 por su tesis El discurso prefascista en Antonio Goicoechea en la Universidad Complutense.- A finales de los ochenta es ya profesor de Teoría del Estado en la Universidad Camilo José Cela. Isabel Cepeda, estudiante de Económicas, asiste a sus clases.- En 1991 se casan y tienen dos hijos gemelos, que se suman a una hija de Neirade un matrimonio anterior.- Durante su carrera profesional colabora en varios medios de comunicación
Empresa fue condenada por ser omisa al manejar denuncia de empleada
El acoso sexual en el lugar de trabajo es un asunto que va más allá de lo que resuelvan la víctima y el victimario.
La empresa donde se lleva a cabo el abuso es responsable legalmente de actuar de forma rápida y diligente para terminar con la situación, garantizar un ambiente laboral de respeto, proteger directamente a quien sufre la agresión y sancionar al agresor si es culpable.
Si el patrono es omiso o negligente en el manejo de estas situaciones será condenado a resarcir económicamente el daño moral que sufra la víctima, aunque no sea responsable directo de los actos de unos de sus empleados.
Esta es la lección que dejó la resolución reciente 38-2008 de la Sala Segunda al condenar a la empresa Refrigeración Industrial Beirute al pago de ¢350.000 por el daño moral que sufrió una exempleada. Ella fue hostigada por medio de correos electrónicos por parte de un compañero de trabajo.
Este proceso fue paralelo a las medidas legales directas que tomó la víctima contra el agresor, quien es el responsable personal de tales agresiones.
Según los especialistas consultados por EF, el voto es un llamado para que todas las empresas del país creen y, fundamentalmente, apliquen rigurosamente un reglamento con el procedimiento interno que debe seguir un empleado si sufre una agresión sexual de este tipo.
Lo óptimo es que dentro de la empresa exista un órgano especializado en este tipo de casos y que su reacción sea inmediata, tome una decisión interna y la notifique cuanto antes de tal situación al Ministerio de Trabajo , tal y como lo ordena la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia .
Lo que no se debe hacer
En el caso analizado por la Sala Segunda quedó acreditado que pese a que la víctima puso en conocimiento su problema a la gerencia y vicepresidencia mostrándoles los correos electrónicos que evidenciaban el acoso, la reacción de sus jefes fue que resolvieran el problema entre ella y el agresor.
También se le ofreció a ella la posibilidad de que renunciara a su puesto con el pago equivalente a si hubiera sido despedida. Mientras tanto el agresor simplemente fue amonestado y conservó su cargo.
Esto fue considerado por la Sala como un procedimiento ilegal, omiso y discriminatorio contra la víctima.
El caso evidencia que la sola existencia de un reglamento no basta, pese a que la empresa alegó tener uno, en el fondo fue condenada por el tratamiento que se le dio a la víctima, consideró Luis Sánchez, abogado laboralista del bufete Facio y Cañas.
Mejor haga esto
Para evitar demandas por el mal manejo del acoso sexual toda compañía debería asignar a una persona o un órgano específico que reciba denuncias garantizando confidencialidad y dirija el proceso, recomendó la abogada Marcela Acosta, de la firma Arias y Muñoz.
La queja puede ser presentada por escrito o verbalmente y ojalá aporte de una vez la prueba del caso.
Si la persona denunciante da la información oralmente la empresa debe levantar un acta donde conste la acusación con la firma de quien la interpone.
El órgano tiene hasta tres días para tomar las declaraciones de los hechos de la víctima y el victimario.
Luego se debe hacer una audiencia, que no tarde más de ocho días, durante la cual se reciban versiones de testigos.
Finalmente, con base en los hechos demostrados y sin tardar más de ocho días, decide si sanciona o no y lo notifica al Ministerio de Trabajo.
Alejandro Fernández Sanabria
http://www.elfinancierocr.com:80/edactual/economia1602065.html
La empresa donde se lleva a cabo el abuso es responsable legalmente de actuar de forma rápida y diligente para terminar con la situación, garantizar un ambiente laboral de respeto, proteger directamente a quien sufre la agresión y sancionar al agresor si es culpable.
Si el patrono es omiso o negligente en el manejo de estas situaciones será condenado a resarcir económicamente el daño moral que sufra la víctima, aunque no sea responsable directo de los actos de unos de sus empleados.
Esta es la lección que dejó la resolución reciente 38-2008 de la Sala Segunda al condenar a la empresa Refrigeración Industrial Beirute al pago de ¢350.000 por el daño moral que sufrió una exempleada. Ella fue hostigada por medio de correos electrónicos por parte de un compañero de trabajo.
Este proceso fue paralelo a las medidas legales directas que tomó la víctima contra el agresor, quien es el responsable personal de tales agresiones.
Según los especialistas consultados por EF, el voto es un llamado para que todas las empresas del país creen y, fundamentalmente, apliquen rigurosamente un reglamento con el procedimiento interno que debe seguir un empleado si sufre una agresión sexual de este tipo.
Lo óptimo es que dentro de la empresa exista un órgano especializado en este tipo de casos y que su reacción sea inmediata, tome una decisión interna y la notifique cuanto antes de tal situación al Ministerio de Trabajo , tal y como lo ordena la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia .
Lo que no se debe hacer
En el caso analizado por la Sala Segunda quedó acreditado que pese a que la víctima puso en conocimiento su problema a la gerencia y vicepresidencia mostrándoles los correos electrónicos que evidenciaban el acoso, la reacción de sus jefes fue que resolvieran el problema entre ella y el agresor.
También se le ofreció a ella la posibilidad de que renunciara a su puesto con el pago equivalente a si hubiera sido despedida. Mientras tanto el agresor simplemente fue amonestado y conservó su cargo.
Esto fue considerado por la Sala como un procedimiento ilegal, omiso y discriminatorio contra la víctima.
El caso evidencia que la sola existencia de un reglamento no basta, pese a que la empresa alegó tener uno, en el fondo fue condenada por el tratamiento que se le dio a la víctima, consideró Luis Sánchez, abogado laboralista del bufete Facio y Cañas.
Mejor haga esto
Para evitar demandas por el mal manejo del acoso sexual toda compañía debería asignar a una persona o un órgano específico que reciba denuncias garantizando confidencialidad y dirija el proceso, recomendó la abogada Marcela Acosta, de la firma Arias y Muñoz.
La queja puede ser presentada por escrito o verbalmente y ojalá aporte de una vez la prueba del caso.
Si la persona denunciante da la información oralmente la empresa debe levantar un acta donde conste la acusación con la firma de quien la interpone.
El órgano tiene hasta tres días para tomar las declaraciones de los hechos de la víctima y el victimario.
Luego se debe hacer una audiencia, que no tarde más de ocho días, durante la cual se reciban versiones de testigos.
Finalmente, con base en los hechos demostrados y sin tardar más de ocho días, decide si sanciona o no y lo notifica al Ministerio de Trabajo.
Alejandro Fernández Sanabria
http://www.elfinancierocr.com:80/edactual/economia1602065.html
Un policía por cada 50 maltratadas
La seguridad de 25.000 víctimas de violencia machista está en manos de 514 agentes especializados - El nuevo nivel de "riesgo extremo" exige vigilancia continua
Riesgo extremo. Así califica la policía el nuevo nivel de peligro en que puede estar una mujer maltratada. El que activa todas las alarmas. La protección policial todavía no consigue evitar todas las muertes, aunque éstas fueran previsibles. Fue el caso de la joven Katherine, asesinada el lunes pasado en Tenerife: ni una orden de protección sobre ella, ni una de alejamiento sobre su pareja evitaron el trágico final. En las concentraciones de repulsa por este crimen se escucharon quejas sobre la desprotección de la víctima, la número 47 en lo que va de año. Y es que sólo 514 agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía tienen en sus manos la misión de proteger a unas 25.000 víctimas de violencia de género. Cincuenta mujeres por agente.
Los miembros de las llamadas UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección) son los encargados de defenderlas de sus agresores y de controlar a éstos, además de evaluar periódicamente el riesgo que corren. Una labor que exige dedicación absoluta. "No hay medios ni personal suficiente", se queja un portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que cita situaciones como la de Madrid, donde cada agente tiene que atender a más de 25 mujeres, o la de Gijón, con tres funcionarios para más de mil casos. Pese a los esfuerzos, en el año 2007 un total de 12 de las 74 mujeres asesinadas tenían una orden de protección en vigor. Así las cosas, la instauración de un nuevo nivel de riesgo con protección exhaustiva viene a aumentar la carga de trabajo.
La modificación del protocolo policial para valorar el peligro, en vigor desde el 18 de julio, busca mejorar y perfeccionar el anterior. Las medidas que se activan cuando, tras evaluar las diligencias policiales, resulta que el nivel de riesgo es extremo son: "vigilancia permanente de la víctima", "control intensivo de los movimientos del agresor" y, en su caso, supervisión de los centros escolares de los hijos. Lo necesario para garantizar la seguridad de la víctima. Casi convertirse en su sombra.
"Las mujeres que tienen una protección diaria son sólo las amenazadas de muerte", dice un policía de una UPAP de Madrid. "En esos casos hay tres funcionarios por mujer", explica, divididos en turnos. Pero pocas logran este nivel de seguimiento. Consuelo Abril, abogada matrimonialista, cuenta que ahora mismo tiene varios casos de mujeres que no se sienten protegidas. "Yo tengo claro que me va a matar". Así expresan su miedo a la abogada. Porque el contacto telefónico que se ofrece en la mayoría de los casos no siempre es suficiente para ellas.
"Tenemos un máximo de 10 cada uno, para poder atenderlas bien", explica el miembro de la UPAP de Madrid. El seguimiento es "exhaustivo", y cada día las llaman a todas. Aún así, con los 514 agentes que integran estas unidades en todo el país, las cuentas no salen. Cuando se le pregunta si son suficientes para todas las víctimas a las que hay que proteger, el policía contesta que los recursos van aumentando poco a poco. "Tendrían que ser más. Pero es el pan nuestro de cada día", remata. En su comisaría, la creación de un grupo especializado completo, con agentes de distintas categorías, está todavía a medias.
La creación de estas unidades policiales especializadas "es una forma de organización interna que en principio es buena", estima el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Llorente. "Pero si se ve superado por el número de casos habría que ir adaptándolo a las necesidades de la demanda".
Las UPAP, que fueron promovidas por la Ley Integral de Violencia de Género, empezaron a funcionar con 89 agentes. Hoy, cuatro años después, sus puntos débiles pueden resumirse en cuatro, según explica Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género: hay que ampliar los recursos y mejorar la efectividad de los que ya existen, facilitar la colaboración con los policías locales y revisar los protocolos que se siguieron cuando una mujer asesinada tuviera una orden de protección en vigor, para aprender de los posibles fallos. Porque algo no funcionó en casos como el de Gabriela Toledo, muerta en junio pasado. Su pareja, además de una orden de expulsión del país, tenía una orden de alejamiento que incumplía. Y volvió a acosarla. Ella acudió a la Guardia Civil para contarlo, pero al día siguiente su agresor la mató.
"Ha habido una evolución de los medios en el terreno de la seguridad a las víctimas", opina Comas, "pero no ha sido suficiente. En la reunión de presidentes que ha convocado Zapatero debería ser uno de los temas estrella". El presidente del Gobierno ha anunciado que la próxima reunión con las comunidades autónomas abordará monográficamente el problema de la violencia de género.
De momento, ni el aumento del número de denuncias por parte de las mujeres (más del 12% desde que se aprobó la ley) ni el de las órdenes de protección acordadas por los jueces (casi un 72% del total de las solicitadas en el primer trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial) ha logrado reducir significativamente los asesinatos machistas. Sí han bajado las muertes en las que mediaba una denuncia o una orden de protección, según datos del Ministerio de Igualdad. Pero en lo que va de mes ha habido ya ocho muertas presuntamente a manos de sus parejas, una más que en todo agosto del año pasado.
"Tenemos una de las mejores leyes de Europa y no hacemos más que sacar medidas puntuales", señala la abogada Consuelo Abril. "Habrá que buscar que realmente se cumplan y sean viables", concluye.
La poca efectividad es precisamente una de las quejas que han elevado los sindicatos policiales, quienes la achacan a la falta de personal y de presupuesto. "Muchas comisarías pequeñas tienen dificultades para ubicar un despacho para estas unidades y tampoco tienen coches oficiales", denuncia el portavoz del Sindicato Unificado. También se muestra descontento con que los cursos de formación especializada en violencia de género sean breves y poco prácticos y con que estos puestos estén destinados a agentes en segunda actividad (en situación previa a la jubilación).
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, inició en febrero pasado una investigación de oficio para evaluar la situación. Actualmente está a la espera de que las comunidades le remitan la información correspondiente. El Ministerio de Igualdad, por su parte, en la evaluación de los tres años de funcionamiento de la ley que presentó en julio, señala entre sus logros la mejora de los recursos para seguridad.
"Cuando hablamos de protección, el riesgo cero no existe", alega Miguel Llorente. "Las órdenes de protección sirven para crear un contexto de seguridad y ahí viene la importancia de la evaluación del riesgo". Acertar en este punto es clave, y quienes trabajan con las víctimas coinciden en señalar que no es una tarea fácil, y que deben llevarla a cabo verdaderos especialistas en este tipo de maltrato.
El caso de Tanta Stan, asesinada en julio en Logroño, da idea de las dificultades. Su marido tenía que abandonar el país como sustitución de una pena de prisión por malos tratos; pese a ello, estaba en busca y captura porque había vuelto a llamarla. En la fachada de la mujer aparecieron pintadas amenazantes, según los vecinos, días antes de su muerte. Pero ella no lo contó cuando el policía que la protegía la llamó el mismo día del asesinato. ¿Por qué no se sentía en riesgo? A estas mujeres no se les puede preguntar si están en una situación de peligro, según los expertos, porque "ellas no lo van a aceptar; de su mente escapa toda posibilidad de riesgo real". En este caso, no tenía miedo porque lo creía fuera del país. Por eso se la calificó en riesgo bajo.
Los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que aplicar la orden de protección son los encargados también de valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo del riesgo. El nuevo nivel de peligro extremo exige evaluaciones cada 72 horas. Según el Sindicato Unificado de Policía, un 25% del tiempo de trabajo se invierte en burocracia. Katherine, la mujer de 26 años muerta el pasado lunes, había visto bajar su nivel de riesgo de medio a bajo. Hechos como este "ponen en evidencia que las medidas son insuficientes", opina Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Pese a que su agresor volvió a amenazarla, no se le asignaron más agentes. "Las medidas de protección no son un instrumento fiable al 100%, pero los organismos públicos debemos tender a que se acerque lo más posible", concluye Montserrat Comas.
ANAÍS BERDIÉ
ELPAIS.com
Riesgo extremo. Así califica la policía el nuevo nivel de peligro en que puede estar una mujer maltratada. El que activa todas las alarmas. La protección policial todavía no consigue evitar todas las muertes, aunque éstas fueran previsibles. Fue el caso de la joven Katherine, asesinada el lunes pasado en Tenerife: ni una orden de protección sobre ella, ni una de alejamiento sobre su pareja evitaron el trágico final. En las concentraciones de repulsa por este crimen se escucharon quejas sobre la desprotección de la víctima, la número 47 en lo que va de año. Y es que sólo 514 agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía tienen en sus manos la misión de proteger a unas 25.000 víctimas de violencia de género. Cincuenta mujeres por agente.
Los miembros de las llamadas UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección) son los encargados de defenderlas de sus agresores y de controlar a éstos, además de evaluar periódicamente el riesgo que corren. Una labor que exige dedicación absoluta. "No hay medios ni personal suficiente", se queja un portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que cita situaciones como la de Madrid, donde cada agente tiene que atender a más de 25 mujeres, o la de Gijón, con tres funcionarios para más de mil casos. Pese a los esfuerzos, en el año 2007 un total de 12 de las 74 mujeres asesinadas tenían una orden de protección en vigor. Así las cosas, la instauración de un nuevo nivel de riesgo con protección exhaustiva viene a aumentar la carga de trabajo.
La modificación del protocolo policial para valorar el peligro, en vigor desde el 18 de julio, busca mejorar y perfeccionar el anterior. Las medidas que se activan cuando, tras evaluar las diligencias policiales, resulta que el nivel de riesgo es extremo son: "vigilancia permanente de la víctima", "control intensivo de los movimientos del agresor" y, en su caso, supervisión de los centros escolares de los hijos. Lo necesario para garantizar la seguridad de la víctima. Casi convertirse en su sombra.
"Las mujeres que tienen una protección diaria son sólo las amenazadas de muerte", dice un policía de una UPAP de Madrid. "En esos casos hay tres funcionarios por mujer", explica, divididos en turnos. Pero pocas logran este nivel de seguimiento. Consuelo Abril, abogada matrimonialista, cuenta que ahora mismo tiene varios casos de mujeres que no se sienten protegidas. "Yo tengo claro que me va a matar". Así expresan su miedo a la abogada. Porque el contacto telefónico que se ofrece en la mayoría de los casos no siempre es suficiente para ellas.
"Tenemos un máximo de 10 cada uno, para poder atenderlas bien", explica el miembro de la UPAP de Madrid. El seguimiento es "exhaustivo", y cada día las llaman a todas. Aún así, con los 514 agentes que integran estas unidades en todo el país, las cuentas no salen. Cuando se le pregunta si son suficientes para todas las víctimas a las que hay que proteger, el policía contesta que los recursos van aumentando poco a poco. "Tendrían que ser más. Pero es el pan nuestro de cada día", remata. En su comisaría, la creación de un grupo especializado completo, con agentes de distintas categorías, está todavía a medias.
La creación de estas unidades policiales especializadas "es una forma de organización interna que en principio es buena", estima el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Llorente. "Pero si se ve superado por el número de casos habría que ir adaptándolo a las necesidades de la demanda".
Las UPAP, que fueron promovidas por la Ley Integral de Violencia de Género, empezaron a funcionar con 89 agentes. Hoy, cuatro años después, sus puntos débiles pueden resumirse en cuatro, según explica Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género: hay que ampliar los recursos y mejorar la efectividad de los que ya existen, facilitar la colaboración con los policías locales y revisar los protocolos que se siguieron cuando una mujer asesinada tuviera una orden de protección en vigor, para aprender de los posibles fallos. Porque algo no funcionó en casos como el de Gabriela Toledo, muerta en junio pasado. Su pareja, además de una orden de expulsión del país, tenía una orden de alejamiento que incumplía. Y volvió a acosarla. Ella acudió a la Guardia Civil para contarlo, pero al día siguiente su agresor la mató.
"Ha habido una evolución de los medios en el terreno de la seguridad a las víctimas", opina Comas, "pero no ha sido suficiente. En la reunión de presidentes que ha convocado Zapatero debería ser uno de los temas estrella". El presidente del Gobierno ha anunciado que la próxima reunión con las comunidades autónomas abordará monográficamente el problema de la violencia de género.
De momento, ni el aumento del número de denuncias por parte de las mujeres (más del 12% desde que se aprobó la ley) ni el de las órdenes de protección acordadas por los jueces (casi un 72% del total de las solicitadas en el primer trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial) ha logrado reducir significativamente los asesinatos machistas. Sí han bajado las muertes en las que mediaba una denuncia o una orden de protección, según datos del Ministerio de Igualdad. Pero en lo que va de mes ha habido ya ocho muertas presuntamente a manos de sus parejas, una más que en todo agosto del año pasado.
"Tenemos una de las mejores leyes de Europa y no hacemos más que sacar medidas puntuales", señala la abogada Consuelo Abril. "Habrá que buscar que realmente se cumplan y sean viables", concluye.
La poca efectividad es precisamente una de las quejas que han elevado los sindicatos policiales, quienes la achacan a la falta de personal y de presupuesto. "Muchas comisarías pequeñas tienen dificultades para ubicar un despacho para estas unidades y tampoco tienen coches oficiales", denuncia el portavoz del Sindicato Unificado. También se muestra descontento con que los cursos de formación especializada en violencia de género sean breves y poco prácticos y con que estos puestos estén destinados a agentes en segunda actividad (en situación previa a la jubilación).
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, inició en febrero pasado una investigación de oficio para evaluar la situación. Actualmente está a la espera de que las comunidades le remitan la información correspondiente. El Ministerio de Igualdad, por su parte, en la evaluación de los tres años de funcionamiento de la ley que presentó en julio, señala entre sus logros la mejora de los recursos para seguridad.
"Cuando hablamos de protección, el riesgo cero no existe", alega Miguel Llorente. "Las órdenes de protección sirven para crear un contexto de seguridad y ahí viene la importancia de la evaluación del riesgo". Acertar en este punto es clave, y quienes trabajan con las víctimas coinciden en señalar que no es una tarea fácil, y que deben llevarla a cabo verdaderos especialistas en este tipo de maltrato.
El caso de Tanta Stan, asesinada en julio en Logroño, da idea de las dificultades. Su marido tenía que abandonar el país como sustitución de una pena de prisión por malos tratos; pese a ello, estaba en busca y captura porque había vuelto a llamarla. En la fachada de la mujer aparecieron pintadas amenazantes, según los vecinos, días antes de su muerte. Pero ella no lo contó cuando el policía que la protegía la llamó el mismo día del asesinato. ¿Por qué no se sentía en riesgo? A estas mujeres no se les puede preguntar si están en una situación de peligro, según los expertos, porque "ellas no lo van a aceptar; de su mente escapa toda posibilidad de riesgo real". En este caso, no tenía miedo porque lo creía fuera del país. Por eso se la calificó en riesgo bajo.
Los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que aplicar la orden de protección son los encargados también de valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo del riesgo. El nuevo nivel de peligro extremo exige evaluaciones cada 72 horas. Según el Sindicato Unificado de Policía, un 25% del tiempo de trabajo se invierte en burocracia. Katherine, la mujer de 26 años muerta el pasado lunes, había visto bajar su nivel de riesgo de medio a bajo. Hechos como este "ponen en evidencia que las medidas son insuficientes", opina Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Pese a que su agresor volvió a amenazarla, no se le asignaron más agentes. "Las medidas de protección no son un instrumento fiable al 100%, pero los organismos públicos debemos tender a que se acerque lo más posible", concluye Montserrat Comas.
ANAÍS BERDIÉ
ELPAIS.com
Arranca un plan contra la violencia de género en el medio rural
El Plan contra la Violencia de Género en el Medio Rural arranca en septiembre dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes. EL principla motivo es que en 2007 se registraron 2.417 denuncias por violencia sobre la mujer, de las que casi el 40 por ciento tuvieron lugar en el ámbito rural.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, avanzó ayer que a partir del 1 de septiembre se pondrá en marcha el Plan Regional contra la Violencia de Género en el Medio Rural dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes -el 95 por ciento del total- en los que durante el pasado año se concentraron casi el 40 por ciento de las 2.417 denuncias registradas en toda la Comunidad. De ellas, 935 se produjeron en el ámbito de actuación de la Guardia Civil y las 1.482 restantes, en el del Cuerpo Nacional de Policía.
Según explicó Alejo, tras la reunión del la Comisión de Asistencia al Delegado, se trata de «mejorar la coordinación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales con la intención de «reforzar» e «intensificar» el trabajo en las zonas rurales, en las que resulta «más difícil llegar, gestionar las medidas» y atender las demandas de la población dada la gran dispersión de la misma, así como la extensión de la propia Comunidad.
Zonas de acción
El Plan, aprobado ayer por mañana, divide la región en 59 zonas de actuación y tiene como eje vertebrador la colaboración entre la Guardia Civil, los Centros de Acción Social (Ceas), los ayuntamientos y, en su caso, los centros de salud.
En este sentido, el delegado del Gobierno insistió en que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es «mejorar la coordinación de las distintas administraciones», es decir, con las diputaciones y los responsables de la asistencia social de la Administración regional, porque el problema de la violencia -agregó- no se «puede abordar desde una sola administración, sino desde la suma de esfuerzos entre todas».
Del mismo modo, subrayó la necesidad de que se fomenten los canales de relación para que «la información que llega a las distintas administraciones sea procesada de forma inmediata». Por este motivo, reiteró la importancia de que se mejore la coordinación entre los profesionales implicados y sus recursos.
http://www.diariodeleon.es:80/se_leon/noticia.jsp?CAT=111&TEXTO=7085039
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, avanzó ayer que a partir del 1 de septiembre se pondrá en marcha el Plan Regional contra la Violencia de Género en el Medio Rural dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes -el 95 por ciento del total- en los que durante el pasado año se concentraron casi el 40 por ciento de las 2.417 denuncias registradas en toda la Comunidad. De ellas, 935 se produjeron en el ámbito de actuación de la Guardia Civil y las 1.482 restantes, en el del Cuerpo Nacional de Policía.
Según explicó Alejo, tras la reunión del la Comisión de Asistencia al Delegado, se trata de «mejorar la coordinación de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales con la intención de «reforzar» e «intensificar» el trabajo en las zonas rurales, en las que resulta «más difícil llegar, gestionar las medidas» y atender las demandas de la población dada la gran dispersión de la misma, así como la extensión de la propia Comunidad.
Zonas de acción
El Plan, aprobado ayer por mañana, divide la región en 59 zonas de actuación y tiene como eje vertebrador la colaboración entre la Guardia Civil, los Centros de Acción Social (Ceas), los ayuntamientos y, en su caso, los centros de salud.
En este sentido, el delegado del Gobierno insistió en que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es «mejorar la coordinación de las distintas administraciones», es decir, con las diputaciones y los responsables de la asistencia social de la Administración regional, porque el problema de la violencia -agregó- no se «puede abordar desde una sola administración, sino desde la suma de esfuerzos entre todas».
Del mismo modo, subrayó la necesidad de que se fomenten los canales de relación para que «la información que llega a las distintas administraciones sea procesada de forma inmediata». Por este motivo, reiteró la importancia de que se mejore la coordinación entre los profesionales implicados y sus recursos.
http://www.diariodeleon.es:80/se_leon/noticia.jsp?CAT=111&TEXTO=7085039
Tres casos de violencia doméstica en menos de 24 horas
La Policía Local de Murcia intervino este viernes en tres casos de violencia doméstica y de género que protagonizaron otras tantas parejas en menos de 24 horas. Como resultado de su actuación, los agentes pusieron a disposición judicial a tres varones y a una mujer, la novia de uno de ellos.
El primer suceso se produjo en la pedanía de Monteagudo a las 23.25 horas, cuando la sala del 092 recibió la llamada de una mujer que alertaba de que su pareja estaba destrozando la vivienda y que tenía miedo por sus cuatro hijos menores, según informaron fuentes policiales.
Al ser preguntada por los agentes, la mujer reconoció que su pareja, identificado como M.M.M:, de 31 años de edad y nacionalidad española no había agredido ni a ella ni a sus hijos, aunque se encontraba destrozando el mobiliario de la casa.
La mujer añadió que el individuo, residente en el Polígono de la Paz, era su pareja sentimental pero que no habían llegado a estar nunca casados. Mientras tanto, la Policía confirmó que él tenía una orden de alejamiento en vigor emitida por un juzgado de Alicante con motivo de unos malos tratos habituales en el ámbito familiar.
Aunque fuentes policiales no pudieron confirmar si la orden de alejamiento obligaba al presunto autor de los hechos a alejarse de su actual pareja o de alguna otra mujer, los agentes procedieron a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
El segundo incidente tuvo lugar en la calle Campoverde de Barriomar a las 17.50 horas, cuando una mujer de nacionalidad marroquí realizó una llamada al 092 pidiendo ayuda. Ante esta alerta, una unidad de la Policía Local se desplazó al lugar, donde encontró a la llamante.
La mujer confesó a los agentes que había discutido momentos antes con su marido, A.M., también de nacionalidad marroquí y 36 años de edad, y que éste le agredió presuntamente. A consecuencia de los golpes, la mujer se quejaba de un fuerte dolor en el brazo y en varias partes del cuerpo, por lo que manifestó su intención de presentar una denuncia policial por lo sucedido.
Los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, a quien trasladaron a un centro de salud para ser atendido de diversos arañazos, mientras que la mujer fue llevada a un centro de salud, donde los sanitarios estimaron oportuno su traslado al hospital Morales Meseguer.
Una riña compartida
El último suceso tuvo lugar también este viernes a las nueve horas, cuando un coche se detuvo en la calle Princesa de Murcia , junto a un agente de Policía que se encontraba dirigiendo el tráfico, y sus dos ocupantes -un hombre y una mujer- descendieron del vehículo y comenzaron una fuerte riña.
El agente les pidió que retiraran el coche, y observó que la mujer arremetía contra el varón. Los dos implicados explicaron al policía que habían discutido previamente, y la mujer alegó que había sido golpeada, por lo que ambos fueron llevados a Comisaría para prestar declaración. Posteriormente la mujer solicitó ser atendida médicamente y fue trasladada al Reina Sofía.
24.08.08 - EP
Murcia - La Verdad
El primer suceso se produjo en la pedanía de Monteagudo a las 23.25 horas, cuando la sala del 092 recibió la llamada de una mujer que alertaba de que su pareja estaba destrozando la vivienda y que tenía miedo por sus cuatro hijos menores, según informaron fuentes policiales.
Al ser preguntada por los agentes, la mujer reconoció que su pareja, identificado como M.M.M:, de 31 años de edad y nacionalidad española no había agredido ni a ella ni a sus hijos, aunque se encontraba destrozando el mobiliario de la casa.
La mujer añadió que el individuo, residente en el Polígono de la Paz, era su pareja sentimental pero que no habían llegado a estar nunca casados. Mientras tanto, la Policía confirmó que él tenía una orden de alejamiento en vigor emitida por un juzgado de Alicante con motivo de unos malos tratos habituales en el ámbito familiar.
Aunque fuentes policiales no pudieron confirmar si la orden de alejamiento obligaba al presunto autor de los hechos a alejarse de su actual pareja o de alguna otra mujer, los agentes procedieron a su detención y posterior puesta a disposición judicial.
El segundo incidente tuvo lugar en la calle Campoverde de Barriomar a las 17.50 horas, cuando una mujer de nacionalidad marroquí realizó una llamada al 092 pidiendo ayuda. Ante esta alerta, una unidad de la Policía Local se desplazó al lugar, donde encontró a la llamante.
La mujer confesó a los agentes que había discutido momentos antes con su marido, A.M., también de nacionalidad marroquí y 36 años de edad, y que éste le agredió presuntamente. A consecuencia de los golpes, la mujer se quejaba de un fuerte dolor en el brazo y en varias partes del cuerpo, por lo que manifestó su intención de presentar una denuncia policial por lo sucedido.
Los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, a quien trasladaron a un centro de salud para ser atendido de diversos arañazos, mientras que la mujer fue llevada a un centro de salud, donde los sanitarios estimaron oportuno su traslado al hospital Morales Meseguer.
Una riña compartida
El último suceso tuvo lugar también este viernes a las nueve horas, cuando un coche se detuvo en la calle Princesa de Murcia , junto a un agente de Policía que se encontraba dirigiendo el tráfico, y sus dos ocupantes -un hombre y una mujer- descendieron del vehículo y comenzaron una fuerte riña.
El agente les pidió que retiraran el coche, y observó que la mujer arremetía contra el varón. Los dos implicados explicaron al policía que habían discutido previamente, y la mujer alegó que había sido golpeada, por lo que ambos fueron llevados a Comisaría para prestar declaración. Posteriormente la mujer solicitó ser atendida médicamente y fue trasladada al Reina Sofía.
24.08.08 - EP
Murcia - La Verdad
Educación oculta a una docena de profesoras víctimas de violencia machista
A las pasadas oposiciones de Secundaria se presentaron más de 35.000 personas. Sus nombres y apellidos aparecieron en una lista pública, en un tablón colocado estratégicamente en los pasillos de las Delegaciones Provinciales de Educación. Cualquier persona podía entrar allí y buscar un nombre en la lista y al instante sabría el día, la hora y el lugar donde debía examinarse uno de los opositores. ¿Y si un asesino buscara a su víctima en esa lista?
Ésta es una pregunta estrafalaria y provocadora, pero la Consejería de Educación ha tenido que buscarle una respuesta rápida para proteger a media docena de maestras víctimas de la violencia machista. En el último proceso, la Junta ha ocultado el nombre de seis aspirantes, seis mujeres que se escondían de sus parejas. Estas profesoras que, fuera de sus escuelas, sufrían insultos, golpes, amenazas y vejaciones a manos de sus maridos o de sus novios, entraron en una especie de programa de protección de testigos en su primer año de vigencia, un oasis de rapidez burocrática en el aparatoso y lento universo de la Administración.
Se les designó el tribunal en el que debían examinarse desde el más estricto secreto. El director general de Recursos Humanos de Educación se puso en contacto con ellas personalmente. Sus nombres no aparecieron en ninguna lista, ni en la de exámenes ni en la de resultados ni en el reparto de plazas. Ni siquiera los miembros del tribunal que las examinaron conocían sus nombres hasta unos minutos antes de verlas entrar por la puerta.
La normativa que hace de la Administración un muro de contención entre la víctima y su agresor es muy reciente. La estatal apenas tiene un año de vida, y la orden de la Consejería tiene meses. Poco más de una docena de maestras ha pedido amparo a Educación este curso.
en primera persona. Una de ellas fue Laura (nombre falso), una interina de una ciudad costera que acudió al examen de oposición escoltada por un policía de paisano. Su ex pareja estaba acusada de haber intentado asesinarla y, a espera del juicio, el magistrado dictó una orden de alejamiento para proteger a la víctima. Al ser interina estaba obligada a presentarse al examen. Su ex novio también era profesor y había formado parte de un tribunal de oposiciones, así que Educación la mandó a examinarse en un tribunal lejos de la provincia en la que éste impartía clases. Laura desapareció de la lista de opositores, se convirtió en un código cifrado que sólo conocía la Consejería. A última hora, cuando ya había reservado hotel en la ciudad donde debía presentarse, un desliz de la Junta dejó al descubierto su nombre en las listas de tribunales por internet. Educación tuvo que sacarla de allí y reasignarle un nuevo tribunal en la otra punta de la comunidad.
La ex pareja de Laura, según sus denuncias, la había amenazado con usar a sus influencias para evitar a toda costa que lograra la plaza. Probablemente era una estrategia para amedrentarla. Sea como fuere, Laura volvió a convertirse en un código cifrado y ya no pudo seguirle la pista.
En abril, Educación aprobó una orden que establecía que “las mujeres docentes víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad de destino para protegerse tendrán derecho al traslado a otro puesto en una localidad diferente”. Las maestras con plaza fija pueden solicitar un traslado conservando los privilegios de su antigüedad y su puesto, y las interinas pueden cambiar el destino que les ha tocado cubrir. Tienen que presentar una orden de alejamiento y, si aún no hay sentencia del juez, valdría un informe de la Fiscalía o de los servicios sociales que acrediten indicios de violencia machista.
No hay muchas que hayan estrenado esta orden. CC.OO dice que “despierta recelos pedir que te trasladen porque te están machacando en casa”. Seis profesoras lo hicieron. Se incorporarán a sus nuevos centros sin que nadie sepa de dónde vienen y qué circunstancias las han llevado allí.Otra variante es la de ocultar los nombres en las oposiciones, como hicieron otras seis profesoras. “La Junta es muy ágil en este tema. Puede tardar semanas en resolver un traslado por razones de salud, pero si se trata de violencia de género, el papeleo se resuelve rápido. Y si no hay plaza para alejar a la víctima de su agresor, se crea”, dicen en Educación.
Daniel Cela
www.elcorreodeandalucia.es
Ésta es una pregunta estrafalaria y provocadora, pero la Consejería de Educación ha tenido que buscarle una respuesta rápida para proteger a media docena de maestras víctimas de la violencia machista. En el último proceso, la Junta ha ocultado el nombre de seis aspirantes, seis mujeres que se escondían de sus parejas. Estas profesoras que, fuera de sus escuelas, sufrían insultos, golpes, amenazas y vejaciones a manos de sus maridos o de sus novios, entraron en una especie de programa de protección de testigos en su primer año de vigencia, un oasis de rapidez burocrática en el aparatoso y lento universo de la Administración.
Se les designó el tribunal en el que debían examinarse desde el más estricto secreto. El director general de Recursos Humanos de Educación se puso en contacto con ellas personalmente. Sus nombres no aparecieron en ninguna lista, ni en la de exámenes ni en la de resultados ni en el reparto de plazas. Ni siquiera los miembros del tribunal que las examinaron conocían sus nombres hasta unos minutos antes de verlas entrar por la puerta.
La normativa que hace de la Administración un muro de contención entre la víctima y su agresor es muy reciente. La estatal apenas tiene un año de vida, y la orden de la Consejería tiene meses. Poco más de una docena de maestras ha pedido amparo a Educación este curso.
en primera persona. Una de ellas fue Laura (nombre falso), una interina de una ciudad costera que acudió al examen de oposición escoltada por un policía de paisano. Su ex pareja estaba acusada de haber intentado asesinarla y, a espera del juicio, el magistrado dictó una orden de alejamiento para proteger a la víctima. Al ser interina estaba obligada a presentarse al examen. Su ex novio también era profesor y había formado parte de un tribunal de oposiciones, así que Educación la mandó a examinarse en un tribunal lejos de la provincia en la que éste impartía clases. Laura desapareció de la lista de opositores, se convirtió en un código cifrado que sólo conocía la Consejería. A última hora, cuando ya había reservado hotel en la ciudad donde debía presentarse, un desliz de la Junta dejó al descubierto su nombre en las listas de tribunales por internet. Educación tuvo que sacarla de allí y reasignarle un nuevo tribunal en la otra punta de la comunidad.
La ex pareja de Laura, según sus denuncias, la había amenazado con usar a sus influencias para evitar a toda costa que lograra la plaza. Probablemente era una estrategia para amedrentarla. Sea como fuere, Laura volvió a convertirse en un código cifrado y ya no pudo seguirle la pista.
En abril, Educación aprobó una orden que establecía que “las mujeres docentes víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad de destino para protegerse tendrán derecho al traslado a otro puesto en una localidad diferente”. Las maestras con plaza fija pueden solicitar un traslado conservando los privilegios de su antigüedad y su puesto, y las interinas pueden cambiar el destino que les ha tocado cubrir. Tienen que presentar una orden de alejamiento y, si aún no hay sentencia del juez, valdría un informe de la Fiscalía o de los servicios sociales que acrediten indicios de violencia machista.
No hay muchas que hayan estrenado esta orden. CC.OO dice que “despierta recelos pedir que te trasladen porque te están machacando en casa”. Seis profesoras lo hicieron. Se incorporarán a sus nuevos centros sin que nadie sepa de dónde vienen y qué circunstancias las han llevado allí.Otra variante es la de ocultar los nombres en las oposiciones, como hicieron otras seis profesoras. “La Junta es muy ágil en este tema. Puede tardar semanas en resolver un traslado por razones de salud, pero si se trata de violencia de género, el papeleo se resuelve rápido. Y si no hay plaza para alejar a la víctima de su agresor, se crea”, dicen en Educación.
Daniel Cela
www.elcorreodeandalucia.es
La Dirección General de Salud Laboral recibe 27 denuncias de trabajadores por riesgos psicosociales en 2008
La Dirección General de Salud Laboral de la Conselleria de Trabajo y Formación ha recibido en lo que va de año 27 denuncias de trabajadores que han notificado situaciones de conflicto y acoso psicológico en el ámbito laboral, y en las que desde el Área de psicología se ha actuado de forma urgente y prioritaria.
Según informaron fuentes de la Conselleria, en lo que va de año se han atendido a 103 personas que aseguran estar sufriendo las consecuencias del “estrés, bornout, acoso psicológico o sexual en el trabajo”, situaciones estrechamente relacionadas con el ‘mobbing’, término anglófono que describe el acoso u hostigamiento en el ámbito laboral, y que tiene consecuencias psicológicas “muy graves”.
Así lo aseguró la coordinadora nacional de Recursos Humanos del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, María José Martínez, quien destacó que una víctima de ‘mobbing’ padece un “intenso sufrimiento” provocado por trato vejatorio que recibe de un superior con el fin de desestabilizarlo psicológicamente. Asimismo, Martínez describe al acosador como una persona “fría, calculadora, con tintes psicóticos y sobre todo, muy insegura, que no siente ningún remordimiento por el trato de dispensa a su víctima”.
El Govern balear atendió en 2007 a 141 personas, 46 hombres y 95 mujeres, que denunciaron sufrir acoso u otros conflictos de tipo psicológico en el trabajo. Los sectores prioritarios donde se producen estas situaciones son hostelería, comercio y la administración pública (dentro de ésta la administración local). En lo que va de año el departamento ha atendido a 103 personas.
El equipo de Psicología de la Conselleria centra su actividad en modificar las condiciones psicosociales en el trabajo. “Trabajamos en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con las denuncias registradas”, aseguraron desde el Govern. Además, desde el pasado mes de abril se han incrementado los recursos humanos del equipo y se ha dotado de un psicólogo más.
El superior que ejerce ‘mobbing’ contra un trabajador puede hacerlo de varias maneras mientras consiga su fin: “deteriorar psicológicamente” a su víctima. Las formas más frecuentes son “retirar la palabra al trabajador, ridiculizarlo ante sus compañeros, darle tareas inocuas, excluirla de actos o salidas en el trabajo, hacer correr rumores falsos”. El acosado se siente cada vez “más hundido, más roto” y puede manifestar síntomas depresivos -llanto, tristeza, irritabilidad, agotamiento físico, desánimo- que la mayoría de las veces desencadenan en una baja laboral.
Bajas laborales
La baja es utilizada a su vez por el acosador para justificar sus quejas y descontento con el trabajador, de manera que “todo se convierte en un bucle que siempre se encarniza con el acosado”, afirmó Martínez, que subrayó al respecto que esta situación hace “muy necesaria” la intervención de agentes externos que “detecten” la existencia de ‘mobbing’ hacia esa persona y sobre todo, agregó, “es básica la prevención”.
Estadísticas en España señalan que el 12 por ciento de la población española padece ‘mobbing’ en el trabajo y, según aseveró Martínez, periodistas, publicistas, funcionarios y docentes son carne de acoso laboral por encima del resto de profesiones.
www.libertadbalear.com
Según informaron fuentes de la Conselleria, en lo que va de año se han atendido a 103 personas que aseguran estar sufriendo las consecuencias del “estrés, bornout, acoso psicológico o sexual en el trabajo”, situaciones estrechamente relacionadas con el ‘mobbing’, término anglófono que describe el acoso u hostigamiento en el ámbito laboral, y que tiene consecuencias psicológicas “muy graves”.
Así lo aseguró la coordinadora nacional de Recursos Humanos del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, María José Martínez, quien destacó que una víctima de ‘mobbing’ padece un “intenso sufrimiento” provocado por trato vejatorio que recibe de un superior con el fin de desestabilizarlo psicológicamente. Asimismo, Martínez describe al acosador como una persona “fría, calculadora, con tintes psicóticos y sobre todo, muy insegura, que no siente ningún remordimiento por el trato de dispensa a su víctima”.
El Govern balear atendió en 2007 a 141 personas, 46 hombres y 95 mujeres, que denunciaron sufrir acoso u otros conflictos de tipo psicológico en el trabajo. Los sectores prioritarios donde se producen estas situaciones son hostelería, comercio y la administración pública (dentro de ésta la administración local). En lo que va de año el departamento ha atendido a 103 personas.
El equipo de Psicología de la Conselleria centra su actividad en modificar las condiciones psicosociales en el trabajo. “Trabajamos en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con las denuncias registradas”, aseguraron desde el Govern. Además, desde el pasado mes de abril se han incrementado los recursos humanos del equipo y se ha dotado de un psicólogo más.
El superior que ejerce ‘mobbing’ contra un trabajador puede hacerlo de varias maneras mientras consiga su fin: “deteriorar psicológicamente” a su víctima. Las formas más frecuentes son “retirar la palabra al trabajador, ridiculizarlo ante sus compañeros, darle tareas inocuas, excluirla de actos o salidas en el trabajo, hacer correr rumores falsos”. El acosado se siente cada vez “más hundido, más roto” y puede manifestar síntomas depresivos -llanto, tristeza, irritabilidad, agotamiento físico, desánimo- que la mayoría de las veces desencadenan en una baja laboral.
Bajas laborales
La baja es utilizada a su vez por el acosador para justificar sus quejas y descontento con el trabajador, de manera que “todo se convierte en un bucle que siempre se encarniza con el acosado”, afirmó Martínez, que subrayó al respecto que esta situación hace “muy necesaria” la intervención de agentes externos que “detecten” la existencia de ‘mobbing’ hacia esa persona y sobre todo, agregó, “es básica la prevención”.
Estadísticas en España señalan que el 12 por ciento de la población española padece ‘mobbing’ en el trabajo y, según aseveró Martínez, periodistas, publicistas, funcionarios y docentes son carne de acoso laboral por encima del resto de profesiones.
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San Sebastián acogerá en octubre el segundo congreso sobre violencia de género e intrafamiliar
El Palacio Kursal de San Sebastián acogerá los días 16 y 17 de octubre, el segundo congreso interdisciplinar de violencia de género e intrafamiliar, en el que diversas conferencias y talleres abordarán la problemática específica de este tipo de violencia, la rehabilitación de las víctimas o la detección y abordaje educativo de la violencia de pareja entre adolescentes.
Organizado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, con la colaboración del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia, contará, entre otros, con la presencia del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, encargado de inaugurar el congreso, el Ararteko, Iñigo Lamarca y la directora de Emakunde, Izaskun Moyua.
Tras la inauguración, el 16 de octubre se desarrollará la Conferencia Marco, denominada violencia de género: el desafío de su control y prevención. A partir de las doce del mediodía, tendrá, lugar una nueva charla que correrá a cargo de la socióloga y miembro de la Comisión "Violencia contra la Mujer" de la Asociación Mujeres del Mundo de Bilbao.
Entre la una y las dos de la tarde, la directora de Emakunde y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel disertarán sobre las políticas desarrolladas desde el Gobierno Vasco.
De cuatro a siete de la tarde del día 16 tendrán lugar cuatro talleres simultáneos en los que se analizarán la Ley Integral sobre Violencia de Género, los recursos existentes para la rehabilitación de las víctimas, la repercusión de la comunicación en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la detección y abordaje educativo de la violencia de pareja entre adolescentes.
El 17 de octubre, a partir de las nueve y media de la mañana, los asistentes podrán ver un audiovisual, en el que se comentarán secuencias de la película de Iciar Bollain, "Te doy mis ojos", centrada en la violencia de género.
De diez y media a once y media de la mañana tendrá lugar una mesa de testimonios, moderada por Íñigo Lamarca, tras el que se desarrollará un debate a partir de las doce del mediodía. La clausura correrá a cargo del viceconsejero de Justicia, Josu J. Sagasti.
www.europapress.es
Organizado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, con la colaboración del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia, contará, entre otros, con la presencia del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, encargado de inaugurar el congreso, el Ararteko, Iñigo Lamarca y la directora de Emakunde, Izaskun Moyua.
Tras la inauguración, el 16 de octubre se desarrollará la Conferencia Marco, denominada violencia de género: el desafío de su control y prevención. A partir de las doce del mediodía, tendrá, lugar una nueva charla que correrá a cargo de la socióloga y miembro de la Comisión "Violencia contra la Mujer" de la Asociación Mujeres del Mundo de Bilbao.
Entre la una y las dos de la tarde, la directora de Emakunde y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel disertarán sobre las políticas desarrolladas desde el Gobierno Vasco.
De cuatro a siete de la tarde del día 16 tendrán lugar cuatro talleres simultáneos en los que se analizarán la Ley Integral sobre Violencia de Género, los recursos existentes para la rehabilitación de las víctimas, la repercusión de la comunicación en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la detección y abordaje educativo de la violencia de pareja entre adolescentes.
El 17 de octubre, a partir de las nueve y media de la mañana, los asistentes podrán ver un audiovisual, en el que se comentarán secuencias de la película de Iciar Bollain, "Te doy mis ojos", centrada en la violencia de género.
De diez y media a once y media de la mañana tendrá lugar una mesa de testimonios, moderada por Íñigo Lamarca, tras el que se desarrollará un debate a partir de las doce del mediodía. La clausura correrá a cargo del viceconsejero de Justicia, Josu J. Sagasti.
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Un informe de Amnistía Internacional constata los incumplimientos de la Ley Integral contra la Violencia de Género en Justicia y Sanidad
Tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género muchos son los puntos de la normativa que aún quedan por desarrollar, sobre todo en lo referido a asistencia sanitaria, funcionamiento del sistema judicial y actuación ante casos de malos tratos en mujeres inmigrantes. Así lo recoge el último informe elaborado por Amnistía Internacional.
Uno de los principales aspectos que preocupan a los diferentes organismos y asociaciones que trabajan a diario con las víctimas de la violencia de género es la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las medidas que se plantean, en la teoría, dentro de la Ley Integral, así como la ausencia de coordinación entre los diferentes sectores implicados, que dificultan que se pueda prestar apoyo a las mujeres.
Según María Jesús Martínez, representante de Amnistía Internacional, entre los compromisos nacidos de la Ley Integral contra la violencia de género que no se han cumplido están algunos vinculados con la asistencia sanitaria. No se ha llevado a cabo el plan de formación para los profesionales de la Sanidad, los hostales y los albergues siguen utilizándose como centros de emergencia y la asistencia es desigual, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se preste.
En el ámbito de la Justicia también se observan deficiencias. La formación del personal de juzgados deja mucho que desear y la puesta en marcha de los juzgados especiales no ha supuesto un incremento en el número de investigaciones. Además, recuerda María Jesús Martínez, la falta de coordinación entre los diferentes segmentos provoca que las víctimas no dejen nunca de serlo.
Al mismo tiempo, no a todas las víctimas de la violencia doméstica se las trata de igual manera. Por ejemplo, las que sufren una enfermedad mental o problemas con el alcohol quedan fuera de la ley, y en el caso de las mujeres inmigrantes tampoco se les presta el apoyo que necesitan. Recordemos que, sin papeles en muchos casos, una denuncia puede suponer directamente una orden de expulsión, si ésta no prospera.
En este mismo sentido se expresa también la representante de la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, Nati Cabello, quien pide, además, un mayor número de campañas de sensibilización, pero permanentes y no puntuales, que sirvan para informar a las mujeres de dónde y cómo pueden pedir la ayuda que necesitan.
Desde La Rueda, que acogieron la Ley Integral como un paso importantísimo para la erradicación de la violencia de género, recuerdan que si no se aplica correctamente, se puede convertir en un laste. Los operadores sociales, políticos y judiciales tendrían que trabajar más para su desarrollo. Además, Nati Cabello denuncia la falta de recursos económicos y humanos, sobre todo en el apoyo a asociaciones y colectivos que, como el suyo, trabajan directamente con las víctimas.
Por ello, la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” ha enviado una carta, tanto al presidente del gobierno como al de la comunidad autónoma, para que, en la próxima reunión que se celebrará en septiembre con las regiones, se aborde el problema de la violencia de género. Quieren que no haya diferencia de recursos en función de la comunidad en la que se viva y que se coordinen todos los recursos, locales, regionales y nacionales.
www.radioarlanzon.com
Uno de los principales aspectos que preocupan a los diferentes organismos y asociaciones que trabajan a diario con las víctimas de la violencia de género es la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las medidas que se plantean, en la teoría, dentro de la Ley Integral, así como la ausencia de coordinación entre los diferentes sectores implicados, que dificultan que se pueda prestar apoyo a las mujeres.
Según María Jesús Martínez, representante de Amnistía Internacional, entre los compromisos nacidos de la Ley Integral contra la violencia de género que no se han cumplido están algunos vinculados con la asistencia sanitaria. No se ha llevado a cabo el plan de formación para los profesionales de la Sanidad, los hostales y los albergues siguen utilizándose como centros de emergencia y la asistencia es desigual, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se preste.
En el ámbito de la Justicia también se observan deficiencias. La formación del personal de juzgados deja mucho que desear y la puesta en marcha de los juzgados especiales no ha supuesto un incremento en el número de investigaciones. Además, recuerda María Jesús Martínez, la falta de coordinación entre los diferentes segmentos provoca que las víctimas no dejen nunca de serlo.
Al mismo tiempo, no a todas las víctimas de la violencia doméstica se las trata de igual manera. Por ejemplo, las que sufren una enfermedad mental o problemas con el alcohol quedan fuera de la ley, y en el caso de las mujeres inmigrantes tampoco se les presta el apoyo que necesitan. Recordemos que, sin papeles en muchos casos, una denuncia puede suponer directamente una orden de expulsión, si ésta no prospera.
En este mismo sentido se expresa también la representante de la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, Nati Cabello, quien pide, además, un mayor número de campañas de sensibilización, pero permanentes y no puntuales, que sirvan para informar a las mujeres de dónde y cómo pueden pedir la ayuda que necesitan.
Desde La Rueda, que acogieron la Ley Integral como un paso importantísimo para la erradicación de la violencia de género, recuerdan que si no se aplica correctamente, se puede convertir en un laste. Los operadores sociales, políticos y judiciales tendrían que trabajar más para su desarrollo. Además, Nati Cabello denuncia la falta de recursos económicos y humanos, sobre todo en el apoyo a asociaciones y colectivos que, como el suyo, trabajan directamente con las víctimas.
Por ello, la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” ha enviado una carta, tanto al presidente del gobierno como al de la comunidad autónoma, para que, en la próxima reunión que se celebrará en septiembre con las regiones, se aborde el problema de la violencia de género. Quieren que no haya diferencia de recursos en función de la comunidad en la que se viva y que se coordinen todos los recursos, locales, regionales y nacionales.
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La mitad de los maltratadores no terminan la rehabilitación
El doctor en Psicología y director del Master Universitario de Intervenciones en Psicoterapia de la Universidad de Salamanca, José Navarro Góngora, resalta que la mitad de los agresores de violencia de género no terminan los tratamientos de rehabilitación.
Para Góngora, el problema no es la eficacia de los métodos empleados, sino la falta de motivación con la que acuden los hombres a estos programas de recuperación.
«Los que se quedan son los menos violentos, que tienen un mejor pronóstico, y se consigue que acaben con la violencia física, aunque resulta bastante difícil detener la violencia psicológica», relata.
Góngora realizó estas declaraciones durante su intervención en el curso de verano 'Sociedad, violencia y mujer II: necesidad de un enfoque multidisciplinar en la violencia de género', patrocinado por la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria.
El psicólogo recuerda que los hombres que reciben una condena penal y llevan a cabo tratamiento reinciden en un porcentaje menor, «aunque los resultados son modestos y humildes».Navarro explica que estos hombres tienen posteriormente un seguimiento, en el que se realiza un control de la situación que beneficia positivamente, pero para llevar a cabo una vigilancia más amplia sería necesario realizar cambios en el marco legal.
Para Navarro, el objetivo básico con los agresores es conseguir cambiar el sistema de valores y creencias que tienen, para poder acabar con la violencia.
El proceso de rehabilitación comienza en un primer momento con una ayuda por parte de los especialistas para controlar sus impulsos, para identificar cuáles son la pistas que preludian una agresión en un momento.De esta manera, se llega a conseguir poder ofrecer a los maltratadores una respuesta alternativa a su problema.
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