El titular del Juzgado Social número 3 de Barcelona ha condenado a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a readmitir a una antigua docente que denunció al centro y a tres de sus responsables por 'mobbing' y despido improcedente. Sin embargo, ha absuelto al resto de codemandados y le ha denegado la indemnización que solicitaba por los daños morales.
La demandante, Maria Dolors Obiols, empezó a trabajar en dicha universidad, con un contrato temporal, en septiembre de 1991 en calidad de profesora adjunta de Escuela Universitaria. En octubre de 1993, fue nombrada profesora titular de Escuela Universitaria interina adscrita al
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales.
Más de una década después, la UPF rescindió el contrato en septiembre de 2006 pero le ofreció otro en calidad de profesor colaborador del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales durante un año.
Pese a aceptar la oferta, Obiols se opuso al despido y, para ello, interpuso un recurso de reposición y, más tarde, uno contencioso administrativo, que un Juzgado Contencioso Administrativo que resolverá un juzgado de Barcelona en diciembre.
Por motivos que se desconocen y en una fecha que no ha sido precisada, la UPF tramitó el alta de Obiols en la Seguridad Social con efectos retroactivos desde el 1 de octubre de 2006 y le abonó la retribución correspondiente a pesar de que el contrato había finalizado.
En mayo de ese mismo año, la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia emitió un informe favorable de la actividad docente e investigadora de Obiols, por lo que ésta pudo presentarse al concurso público para una plaza de profesor colaborador.
Sin embargo, Sebastián Sarasa y Gosta Esping-Andersen --los codemandados que integraban la comisión encargada de la selección de personal junto a tres personas más-- declararon desierto el puesto al considerar que "no se constataron méritos para proponer a la candidata (Obiols) a la plaza".
Por esa razón y ante "su situación de incertidumbre laboral", la demandante presentó una queja al Síndic de Greuges, que pidió una explicación a la UPF --quien respondió-- y archivó el expediente sobre Obiols, que actualmente sufre un trastorno de ansiedad generalizada con crisis de angustia.
En noviembre de 2007, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que archivó el caso porque la UPF le dijo que le habían prorrogado el contrato. Sin embargo, Obiols no tenía ninguna asignatura asignada y, en junio de 2008, recibió una carta de la universidad comunicándole la extinción del contrato como colaboradora por haberse negado a firmar la prórroga del contrato suscrito el 1 de octubre de 2006.
El magistrado considera que la decisión de la UPF de prescindir de Obiols "no se puede relacionar a ninguna de las causas que pueden justificar una extinción contractual", y señala que no se puede despedir a un trabajador temporal que no quiere firmar una prórroga --cuyas condiciones nunca trascendieron durante la vista-- porque el contrato se extingue al llegar a la fecha de vencimiento.
Es por eso que el juez considera que el despido es "una respuesta al ejercicio lícito, con razón o sin, de las acciones legales en defensa de sus derechos y de sus condiciones laborales".
De ahí que el Juzgado Social número 3 de Barcelona ha declarado la nulidad del último despido y ha ordenado a la UPF que la readmita en las mismas condiciones y le abone los salarios atrasados --96,15 euros diarios--, si bien no ha condenado a la universidad a indemnizar a Obiols, que solicitaba una compensación de 250.000 euros.
En lo que respecta al acoso laboral que supuestamente Obiols padeció por parte de Jaume Casals, Sebastián Sarasa y Gosta Esping-Andersen, la sentencia recuerda que la visión que tienen de la docencia dista mucho de la de Obiols y, en estos casos, "cuando una persona no sigue la línea marcada por el dirigente, no tiene lugar en la organización y se tiende a no facilitarle su incorporación".
El magistrado sostiene que la mujer pudo percibir esa actitud como un ataque personal, pero no hay pruebas que demuestren que la hayan acosado psicológicamente, si bien reconoce que "no se la ha tratado con consideración después de tantos años de prestación de servicios".
www.europapress.es
17 de septiembre de 2008
El 'violador del ascensor' no saldrá de prisión hasta 2022 por la aplicación de la 'doctrina Parot'
El violador del ascensor- EFE
La redenciones de penas previstas para el reo se limitarán a la primera de sus condenas a 30 años
La Audiencia Provincial de Burgos ha decidido aplicar la doctrina Parot al llamado violador del ascensor de Valladolid, Pedro Luis Gallego Fernández, que tenía previsto abandonar la prisión el 20 de diciembre, tras haber cumplido apenas 16 años de prisión de los 328 a que fue condenado, según informa la Cadena SER. Con la aplicación de esta doctrina, que responde al nombre del ex jefe del comando itinerante de ETA, el francés Henri Parot, las redenciones de penas de las que se iba a beneficiar el violador del ascensor se aplicarán sobre la primera de las condenas reducidas a 30 años y seguiría cumpliendo la segunda y sucesivas hasta el límite efectivo de los 30 años. Se prevé que el reo salga de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) en noviembre de 2022.
Pedro Luis Gallego está condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más. La Sala de lo Penal de la Audiencia de Burgos tomó esta decisión tras conocer el informe del Ministerio Fiscal, que se mostró partidario de aplicar la doctrina Parot, así como las alegaciones presentadas por la defensa del reo.
Los trámites se iniciaron a finales del mes de agosto, cuando la Sala Primera de la Audiencia de Burgos recibió un escrito del Centro Penitenciario de Teixeiro en el que comunicaba, para que la Sala lo aprobase, que la fecha del cumplimiento de la pena de este recluso era el 18 de diciembre de 2008, día que abandonaría la cárcel.
La doctrina Parot es el nombre con el que se conoce la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 por la cual los beneficios penitenciarios se aplican sobre el total de las penas impuestas y no sobre el límite de 30 años.
El origen del nuevo sistema
En febrero de 2006, el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo aprobó, por 12 votos a 3, una nueva fórmula de cómputo de las penas. Se trataba de conseguir que el etarra francés Henri Parot, jefe del comando itinerante de ETA y autor de 26 asesinatos consumados y 166 frustrados, cumpliese íntegramente en prisión 30 años de condena y no pudiese salir en entre 2009 y 2011, cuando sólo habría cumplido entre 19 y 21 años.
La conocida desde entonces como doctrina Parot consiste en que el penado "deberá cumplir sucesivamente sus responsabilidades penales, de modo que extinguida una pena, con las redenciones y beneficios que le puedan ser aplicables, comienza el cumplimiento de la siguiente, por el orden sucesivo de su respectiva gravedad, hasta el límite efectivo de cumplimiento de los 30 años de cárcel".
La doctrina Parot se ha aplicado también a delincuentes comunes con graves condenas.
La política de igualdad también es para los despachos....
Pilar Tortosa, consultora de Arctos Consulting y asesora de RRHH de Lupicinio EvershedsAparte de la nueva legislación sobre las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que los despachos han informado de forma continua durante este año, el Ministerio de Igualdad va más allá y en este mes de septiembre parece querer comenzar las inspecciones a empresas a ver si realmente cumplen con las políticas de Igualdad. También ofrecen subvenciones para quién las cumplan y en cualquier caso el cumplimiento de estas políticas es algo en el que las empresas comienzan a participar y tratar de cumplir, ya no solo por cuanto les afecte la legislación actual, sino por un mayor prestigio entre los clientes así como una mayor atracción y retención del talento empresarial.
Si las empresas siguen este camino... ¿Qué pasa con las Firmas de Abogados? Si bien es cierto que ellos informan a los clientes, también debe ser un ejemplo interno de su cumplimiento.
Si en un despacho el papel de las mujeres no tiende a diferenciarse del de sus compañeros en cuanto a desarrollo y perfil del puesto, salario, y posibilidades de desarrollo, llegamos a un freno en muchos casos casi natural y es el de los horarios.
Como consultora me encuentro a mujeres de gran valía que no se atreven a entrar en grandes despachos pues el salir a las once de la noche, les impediría el tener una vida familiar normal, máxime con hijos pequeños, pues si bien esta tarea familiar debe ser compartida, estadísticamente en España hay más mujeres ejerciendo ese papel que hombres.
La pena es que se pierde una cantera muy valiosa de mujeres muy capaces y ellas también pierden la oportunidad.
¿Es por tanto el horario y la jornada un límite para las mujeres y para aumentar el talento en los despachos?
Desde el punto de vista de muchas mujeres si lo es y ahora es buen momento para recapacitar al respecto no vaya a ser que "en casa del herrero cuchillo de palo".
El concejal de Policía defiende al cuerpo ante el "acoso" del portavoz socialista
Julián Hernández avala el honor de los agentes y afirma que la justicia ha desestimado las denuncias del socialista. Asegura que el presunto guardia que amenazó a Doble no ha sido requerido por el juez.
La Policía Local de Santiago del Teide "esta libre de sospecha" de todo lo que el portavoz del PSC, Inocencio Doble, ha estado acusándola durante los últimos meses y "la prueba es que las denuncias han sido archivadas por los juzgados", aseguró ayer el concejal responsable del área, Julián Hernández González, quien responsabiliza al líder socialista de llevar a cabo una campaña de "acoso y derribo" contra este Cuerpo de Seguridad desde hace tiempo.
Indicó que "tampoco ninguna instancia judicial ha llamado a declarar al presunto agente que amenazó al edil del PSC, policía que me negó los hechos" que le atribuye Doble, "guardia que está tan afectado que está de baja laboral".
El edil del grupo de gobierno manifestó que el portavoz socialista en la corporación local "sí está imputado por presuntos delitos, siendo uno de ellos la revelación de documentos secretos".
En este sentido, Hernández González comentó que el concejal del PSC supuestamente "se apropió de documentación municipal sin llevar a cabo los trámites necesarios y después la hizo pública, hechos que denunciamos en los juzgados".
Historia "esperpéntica"
Asimismo, una de las "ofensas más graves" que ha realizado Doble "fue la similitud de nuestro Cuerpo con el de Coslada (Madrid), insultando a nuestros agentes sin base alguna", apuntó el edil de Policía, quien resaltó que debido a ello se cita al portavoz socialista "en el Juzgado de Paz para que en un acto de conciliación se retracte de sus palabras, pero éste no acude".
Ante esta circunstancia, el gobierno local decide nuevamente demandar judicialmente al líder del PSC, "cuyas citaciones llegarán próximamente", destacando que el portavoz "ya acumula unas cuatro o cinco denuncias" de la administración municipal.
En cuanto a las denuncias realizadas por la familia Remuiñan por presuntas vejaciones de policías locales, el nacionalista indicó que "me parece una historia esperpéntica".
El concejal expresó que "el juez ha desestimado su denuncia y ahora son ellos los imputados, donde el fiscal pide 15 meses de cárcel".
www.eldia.es
La Policía Local de Santiago del Teide "esta libre de sospecha" de todo lo que el portavoz del PSC, Inocencio Doble, ha estado acusándola durante los últimos meses y "la prueba es que las denuncias han sido archivadas por los juzgados", aseguró ayer el concejal responsable del área, Julián Hernández González, quien responsabiliza al líder socialista de llevar a cabo una campaña de "acoso y derribo" contra este Cuerpo de Seguridad desde hace tiempo.
Indicó que "tampoco ninguna instancia judicial ha llamado a declarar al presunto agente que amenazó al edil del PSC, policía que me negó los hechos" que le atribuye Doble, "guardia que está tan afectado que está de baja laboral".
El edil del grupo de gobierno manifestó que el portavoz socialista en la corporación local "sí está imputado por presuntos delitos, siendo uno de ellos la revelación de documentos secretos".
En este sentido, Hernández González comentó que el concejal del PSC supuestamente "se apropió de documentación municipal sin llevar a cabo los trámites necesarios y después la hizo pública, hechos que denunciamos en los juzgados".
Historia "esperpéntica"
Asimismo, una de las "ofensas más graves" que ha realizado Doble "fue la similitud de nuestro Cuerpo con el de Coslada (Madrid), insultando a nuestros agentes sin base alguna", apuntó el edil de Policía, quien resaltó que debido a ello se cita al portavoz socialista "en el Juzgado de Paz para que en un acto de conciliación se retracte de sus palabras, pero éste no acude".
Ante esta circunstancia, el gobierno local decide nuevamente demandar judicialmente al líder del PSC, "cuyas citaciones llegarán próximamente", destacando que el portavoz "ya acumula unas cuatro o cinco denuncias" de la administración municipal.
En cuanto a las denuncias realizadas por la familia Remuiñan por presuntas vejaciones de policías locales, el nacionalista indicó que "me parece una historia esperpéntica".
El concejal expresó que "el juez ha desestimado su denuncia y ahora son ellos los imputados, donde el fiscal pide 15 meses de cárcel".
www.eldia.es
La ley de Igualdad fracasa en los ayuntamientos
La ley de Igualdad, que obliga a los partidos políticos a confeccionar listas electorales paritarias entre hombres y mujeres, no ha logrado un incremento del número de diputadas en el Congreso. Pero además, tampoco ha contribuido a que éstas tengan mayor presencia en los ayuntamientos. Lo demuestra un estudio del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la UAB, que certifica que sólo 51 de los 940 ayuntamientos catalanes tienen una composición del pleno con paridad de sexos, eso es una presencia de mujeres de como mínimo el 40%.
El estudio afirma que en la presente legislatura los ayuntamientos gobernados por una alcaldesa son hoy el 12%, apenas dos puntos más que hace cuatro años. El estudio afirma que los partidos políticos incumplieron a propósito la ley de Igualdad, pues situaron a las mujeres en puestos de difícil elección en sus listas. "Puede afirmarse que en el momento de elaborar las candidaturas los partidos sabían que la paridad en las listas no se traduciría en paridad institucional", afirma el documento.
Por partidos, el PSC es el que tiene mayor número de grupos municipales paritarios, seguido de Iniciativa-Esquerra Unida, Convergència i Unió y Esquerra. El PP es el partido que menos aplicó el principio de paridad. Barcelona y L'Hospitalet son las únicas grandes ciudades con consistorios paritarios.
ELPAIS.com
El estudio afirma que en la presente legislatura los ayuntamientos gobernados por una alcaldesa son hoy el 12%, apenas dos puntos más que hace cuatro años. El estudio afirma que los partidos políticos incumplieron a propósito la ley de Igualdad, pues situaron a las mujeres en puestos de difícil elección en sus listas. "Puede afirmarse que en el momento de elaborar las candidaturas los partidos sabían que la paridad en las listas no se traduciría en paridad institucional", afirma el documento.
Por partidos, el PSC es el que tiene mayor número de grupos municipales paritarios, seguido de Iniciativa-Esquerra Unida, Convergència i Unió y Esquerra. El PP es el partido que menos aplicó el principio de paridad. Barcelona y L'Hospitalet son las únicas grandes ciudades con consistorios paritarios.
ELPAIS.com
Un paso adelante pero sólo para la ciudad de Buenos Aires
La Corte Suprema de Justicia inauguró el lunes pasado la Oficina de Violencia Doméstica, con un equipo multidisciplinario que atenderá los casos de maltrato familiar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
La decisión de crear esta oficina fue tomada por la Corte, a propuesta de su presidente, Ricardo Lorenzetti, hace cuatro años, y desde entonces se viene trabajando para ponerla en funcionamiento. Temas como el presupuesto o el personal a designar fueron algunas de las causas de esa demora.
La oficina, que atenderá todos los días del año y las 24 horas del día, se encuentra bajo la directa responsabilidad de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco y su directora es Analía Monferrer.
La OVD está integrada por médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados, que fueron elegidos por concurso, pero su límite más evidente es que, aunque depende de la Corte nacional, sólo atenderá a quienes tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
La decisión del más alto Tribunal tiene su base en la realidad sobre la violencia doméstica en la Argentina: según Amnistía Internacional, en lo que va del año, fueron asesinadas 81 mujeres en episodios de violencia de género. El femicidio, palabra que comenzó a utilizarse a partir de 1990, describe -según Jane Caputo y Diana E. H. Russell- a "los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas".
Marcela Lagarde, diputada y presidenta de la Comisión de Femicidio del parlamento de México, afirma que éste "sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.
Todos tienen en común la idea de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables". Para esta antropóloga feminista, "todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres".
Los datos de la violencia
En la Argentina, según un informe del BID, el 25% de las mujeres es víctima de algún tipo de violencia.
En la provincia de Buenos Aires, durante 2005, hubo más de 8800 denuncias en las 24 comisarías de la mujer, pero sólo en enero y febrero de 2008, estas denuncias fueron 13.620. En 2005, en la ciudad de Buenos Aires, se brindó asistencia en los centros integrales a 3669 víctimas, y se recibieron 12.739 llamadas sobre violencia familiar.
Lamentablemente, a nivel nacional, el Consejo Nacional de la Mujer carece de estadísticas.
Con estos datos, resulta obvio que la lucha para erradicar la violencia de género no sólo necesita de leyes eficaces y jueces que las apliquen correctamente, sino también políticas de Estado para desarrollar programas de detección temprana de la violencia y tratamiento a sus víctimas, incluso antes de llegar a las instancias judiciales. En este marco se inscribe la OVD inaugurada en la Corte Suprema el lunes.
Así lo expresó Elena Highton, al precisar que uno de los fines con que se creó la oficina es "desjudicializar los casos que no requieran de la apertura de legajo, cosa que no siempre se necesita. A veces basta con apoyo psicológico para que la persona que sufre las agresiones pueda llegar por sus propios medios a romper el círculo de violencia".
La OVD atenderá a las víctimas, escuchará su relato y luego le ofrrecerán una serie de posibles soluciones al problema: alojamiento en albergues si fuera necesario, asistencia psicológica para la víctima y el grupo familiar y, en su caso, derivación a la justicia.
La legislación
Desde hace más de 10 años que en nuestro país se vienen dictando leyes sobre la violencia doméstica. En 1995 el Congreso Nacional sancionó la ley 24.417, que establece en su artículo primero que "toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas".
La ley reconoce como grupo familiar tanto el originado en el matrimonio como en las uniones de hecho.
La ley 24.417 invitó a las provincias a adherir y a dictar leyes similares. Así lo hicieron Chubut en 1995, Corrientes en 1996, Santa Fe en 1997, La Rioja en 1998, La Pampa en 2000, Buenos Aires y Santa Cruz en 2001 y Córdoba en 2006.
La Pampa había sido una de las pioneras en legislación sobre violencia familiar, con la sanción en 1988 de la ley 1.081, de Servicio Especial para la Erradicación de la Violencia Familiar, por la cual se creó en el ámbito del ministerio de Bienestar Social, un servicio destinado a ese fin, formado por un grupo interdisciplinario de profesionales, y cuyas acciones tenían por objeto la realización de campañas y programas de esclarecimiento para "desterrar mitos y temores que impiden a las víctimas salir de su aislamiento, creando en la comunidad sentido solidario y promoviendo el repudio y condena respecto de la violencia familiar".
Las leyes no alcanzan
Pero aún con la sanción de estas leyes, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no disminuyó y prueba de ello son las 81 muertes que denuncia Amnistía Internacional en el presente año.
Según María José Lubertino, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), se calcula que el número de femicidios es mayor, pero no hay un registro consolidado de todas las jurisdicciones.
Tampoco hay un registro de las lesiones y secuelas que el maltrato físico y psicológico deja en las mujeres víctimas de violencia doméstica.
Pareciera que, en lugar de disminuir, los casos van en aumento, pues todos o casi todos los días los medios de comunicación dan cuenta de algún hecho de maltrato en el ámbito doméstico. Esto es también una muestra de los pequeños avances que se han logrado en este terreno, en cuanto a su mayor visibilidad y difusión. Antes, el maltrato quedaba dentro de las paredes de la casa familiar, y sólo algunos familiares o allegados conocían lo que sucedía, pero nadie lo denunciaba, pues se tenía el concepto equivocado de que constituía un tema "privado".
El aumento actual de casos y denuncias, no significa necesariamente que se haya incrementado la violencia doméstica, sino que hay un cambio en las mujeres, producto de la mayor conciencia de sus derechos y del trabajo incesante de las organizaciones de mujeres que, con menos medios que el Estado pero en muchas ocasiones con más perseverancia, realizan campañas y todo tipo de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
Sería muy positivo que los tribunales provinciales y la propia Corte Suprema extendieran esta iniciativa a todo el país, pues la violencia doméstica no reconoce límites geográficos ni clases sociales.
IRINA SANTESTEBAN
www.argenpress.info
La decisión de crear esta oficina fue tomada por la Corte, a propuesta de su presidente, Ricardo Lorenzetti, hace cuatro años, y desde entonces se viene trabajando para ponerla en funcionamiento. Temas como el presupuesto o el personal a designar fueron algunas de las causas de esa demora.
La oficina, que atenderá todos los días del año y las 24 horas del día, se encuentra bajo la directa responsabilidad de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco y su directora es Analía Monferrer.
La OVD está integrada por médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados, que fueron elegidos por concurso, pero su límite más evidente es que, aunque depende de la Corte nacional, sólo atenderá a quienes tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
La decisión del más alto Tribunal tiene su base en la realidad sobre la violencia doméstica en la Argentina: según Amnistía Internacional, en lo que va del año, fueron asesinadas 81 mujeres en episodios de violencia de género. El femicidio, palabra que comenzó a utilizarse a partir de 1990, describe -según Jane Caputo y Diana E. H. Russell- a "los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas".
Marcela Lagarde, diputada y presidenta de la Comisión de Femicidio del parlamento de México, afirma que éste "sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.
Todos tienen en común la idea de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables". Para esta antropóloga feminista, "todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres".
Los datos de la violencia
En la Argentina, según un informe del BID, el 25% de las mujeres es víctima de algún tipo de violencia.
En la provincia de Buenos Aires, durante 2005, hubo más de 8800 denuncias en las 24 comisarías de la mujer, pero sólo en enero y febrero de 2008, estas denuncias fueron 13.620. En 2005, en la ciudad de Buenos Aires, se brindó asistencia en los centros integrales a 3669 víctimas, y se recibieron 12.739 llamadas sobre violencia familiar.
Lamentablemente, a nivel nacional, el Consejo Nacional de la Mujer carece de estadísticas.
Con estos datos, resulta obvio que la lucha para erradicar la violencia de género no sólo necesita de leyes eficaces y jueces que las apliquen correctamente, sino también políticas de Estado para desarrollar programas de detección temprana de la violencia y tratamiento a sus víctimas, incluso antes de llegar a las instancias judiciales. En este marco se inscribe la OVD inaugurada en la Corte Suprema el lunes.
Así lo expresó Elena Highton, al precisar que uno de los fines con que se creó la oficina es "desjudicializar los casos que no requieran de la apertura de legajo, cosa que no siempre se necesita. A veces basta con apoyo psicológico para que la persona que sufre las agresiones pueda llegar por sus propios medios a romper el círculo de violencia".
La OVD atenderá a las víctimas, escuchará su relato y luego le ofrrecerán una serie de posibles soluciones al problema: alojamiento en albergues si fuera necesario, asistencia psicológica para la víctima y el grupo familiar y, en su caso, derivación a la justicia.
La legislación
Desde hace más de 10 años que en nuestro país se vienen dictando leyes sobre la violencia doméstica. En 1995 el Congreso Nacional sancionó la ley 24.417, que establece en su artículo primero que "toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas".
La ley reconoce como grupo familiar tanto el originado en el matrimonio como en las uniones de hecho.
La ley 24.417 invitó a las provincias a adherir y a dictar leyes similares. Así lo hicieron Chubut en 1995, Corrientes en 1996, Santa Fe en 1997, La Rioja en 1998, La Pampa en 2000, Buenos Aires y Santa Cruz en 2001 y Córdoba en 2006.
La Pampa había sido una de las pioneras en legislación sobre violencia familiar, con la sanción en 1988 de la ley 1.081, de Servicio Especial para la Erradicación de la Violencia Familiar, por la cual se creó en el ámbito del ministerio de Bienestar Social, un servicio destinado a ese fin, formado por un grupo interdisciplinario de profesionales, y cuyas acciones tenían por objeto la realización de campañas y programas de esclarecimiento para "desterrar mitos y temores que impiden a las víctimas salir de su aislamiento, creando en la comunidad sentido solidario y promoviendo el repudio y condena respecto de la violencia familiar".
Las leyes no alcanzan
Pero aún con la sanción de estas leyes, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no disminuyó y prueba de ello son las 81 muertes que denuncia Amnistía Internacional en el presente año.
Según María José Lubertino, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), se calcula que el número de femicidios es mayor, pero no hay un registro consolidado de todas las jurisdicciones.
Tampoco hay un registro de las lesiones y secuelas que el maltrato físico y psicológico deja en las mujeres víctimas de violencia doméstica.
Pareciera que, en lugar de disminuir, los casos van en aumento, pues todos o casi todos los días los medios de comunicación dan cuenta de algún hecho de maltrato en el ámbito doméstico. Esto es también una muestra de los pequeños avances que se han logrado en este terreno, en cuanto a su mayor visibilidad y difusión. Antes, el maltrato quedaba dentro de las paredes de la casa familiar, y sólo algunos familiares o allegados conocían lo que sucedía, pero nadie lo denunciaba, pues se tenía el concepto equivocado de que constituía un tema "privado".
El aumento actual de casos y denuncias, no significa necesariamente que se haya incrementado la violencia doméstica, sino que hay un cambio en las mujeres, producto de la mayor conciencia de sus derechos y del trabajo incesante de las organizaciones de mujeres que, con menos medios que el Estado pero en muchas ocasiones con más perseverancia, realizan campañas y todo tipo de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
Sería muy positivo que los tribunales provinciales y la propia Corte Suprema extendieran esta iniciativa a todo el país, pues la violencia doméstica no reconoce límites geográficos ni clases sociales.
IRINA SANTESTEBAN
www.argenpress.info
Realidad virtual en la terapia contra la violencia de género
El aumento de los casos de violencia de género ha sido tan elevado que dar respuesta al estrés postraumático ha pasado a ser una prioridad para los médicos y las terapias con las que trabajan los psicólogos clínicos están echando mano de las técnicas virtuales.
Una de las principales propuestas del Instituo Labhuman, de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido el Proyecto Emma, una terapia que trabaja la recuperación del paciente a partir de un entorno virtual totalmente personalizado.
"El proyecto ha dado excelentes resultados clínicos y lo estamos aplicando en algunos hospitales nacionales con gran éxito en abuso de menores o en casos de oncología infantil", explicó el director del instituto, Mariano Alcañiz.
El instituto Labhuman también utiliza este tipo de tecnologías para la terapia contra los abusos o la obesidad infantil a partir de distintos programas y,en general, "para dar solución a problemas reales de la sociedad, en campos como la educación, la salud, el bienestar de las personas mayores, incluso el ocio y entretenimiento", remarcó Alcañiz.
Begoña sánchez
www.adn.
Una de las principales propuestas del Instituo Labhuman, de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido el Proyecto Emma, una terapia que trabaja la recuperación del paciente a partir de un entorno virtual totalmente personalizado.
"El proyecto ha dado excelentes resultados clínicos y lo estamos aplicando en algunos hospitales nacionales con gran éxito en abuso de menores o en casos de oncología infantil", explicó el director del instituto, Mariano Alcañiz.
El instituto Labhuman también utiliza este tipo de tecnologías para la terapia contra los abusos o la obesidad infantil a partir de distintos programas y,en general, "para dar solución a problemas reales de la sociedad, en campos como la educación, la salud, el bienestar de las personas mayores, incluso el ocio y entretenimiento", remarcó Alcañiz.
Begoña sánchez
www.adn.
Medidas para luchar contra la violencia de género
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona y la Subdelegación del Gobierno han impulsado las medidas para luchar contra la violencia de genero, asunto que se analizó en el transcurso de la Junta Local de Seguridad celebrada ayer.
La concejala de Igualdad, Juana Donate, manifestó que "es preciso mantener actualizado un protocolo de actuación adecuado para afrontar los casos de malos tratos, en el que intervengan tanto la Policía Local y Guardia Civil, como las concejalías de Igualdad y Asuntos Sociales", entre otros órganos públicos y judiciales.
"En definitiva, se trata de coordinar recursos e instrumentos de todo tipo para poder asegurar la prevención y protección de las víctimas y, en su caso, la sanción adecuada" para los agresores, expresó la edil del área.
Por su parte, el alcalde sanmiguelero, Valentín González, insistió al subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, sobre la necesidad que tiene el municipio de "contar con servicios diurnos y nocturnos de patrullas de la Guardia Civil, para poder complementar con garantías los servicios que presta la Policía Local".
Además, el presidente de la corporación local cree que es básico "establecer medidas de actuación conjuntas" entre ambos cuerpos para reforzar la seguridad en el municipio.
www.eldia.es
La concejala de Igualdad, Juana Donate, manifestó que "es preciso mantener actualizado un protocolo de actuación adecuado para afrontar los casos de malos tratos, en el que intervengan tanto la Policía Local y Guardia Civil, como las concejalías de Igualdad y Asuntos Sociales", entre otros órganos públicos y judiciales.
"En definitiva, se trata de coordinar recursos e instrumentos de todo tipo para poder asegurar la prevención y protección de las víctimas y, en su caso, la sanción adecuada" para los agresores, expresó la edil del área.
Por su parte, el alcalde sanmiguelero, Valentín González, insistió al subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, sobre la necesidad que tiene el municipio de "contar con servicios diurnos y nocturnos de patrullas de la Guardia Civil, para poder complementar con garantías los servicios que presta la Policía Local".
Además, el presidente de la corporación local cree que es básico "establecer medidas de actuación conjuntas" entre ambos cuerpos para reforzar la seguridad en el municipio.
www.eldia.es
El consejo de la Mujer diseña campañas dirigidas a hombres
Carmen Domínguez explicó que ya se trabaja en las actividades del día 25 de noviembre. /ENRIQU
Las acciones de Igualdad de las asociaciones cuentan con una nueva subvención para poder desarrollar los proyectos
Los miembros del consejo local de la Mujer continúan trabajando en el desarrollo del III Plan de Igualdad para la ciudad. En este sentido, a principios de semana se reunían para comenzar a diseñar las actividades con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre, donde además de las actividades habituales, se proyectan algunas novedades.
La concejala de Igualdad, Carmen Domínguez, anunció que se está trabajando para que exista un consenso por parte de todas las asociaciones y colectivos implicados en esta lucha, con el objetivo de contar con un programa de actividades lo más completo posible. «Se ha preparado la temática con la participación de todos los grupos políticos y las propuestas de la administración para esta fecha, aunque también se continuarán con las campañas habituales de prevención y sensibilización del Plan de Igualdad, que se retomarán en un mes», puntualizó.
Será a partir del próximo mes cuando se comiencen a diseñar nuevas campañas de sensibilización, ya que como explicó la edil, «el mensaje de la violencia ya está claro y se debe pasar de eso». «Creemos que ahora es más efectivo crear un mensaje positivo sobre todas aquellas mujeres que salen de esta situación a través de el esfuerzo y el apoyo la administración y sus recursos», subrayó Carmen Domínguez.
Junto al mensaje, las futuras campañas también tendrá un nuevo público, al que irá dirigidas de forma exclusiva: el hombre.
Un nuevo receptor al que el Consistorio quiere implicar en la lucha contra la violencia de género.
Por otro lado, la concejala de Igualdad anunció que el próximo día 23 de septiembre varias asociaciones y colectivos de la ciudad colaborarán en una exposición colectiva en la capital jienense. Una muestra en la que a través de diversos documentos gráficos se pretende plasmar la evolución de la mujer en toda la provincia.
Nuevas subvenciones
El Boletín Oficial de la Provincia publicaba hace unos días la aprobación de una nueva subvención destinada a las acciones y proyectos por parte de asociaciones sin ánimo de lucro que fomenten la igualdad entre sexos.Dicho reglamento, que es la primera vez que se crea según informó Carmen Domínguez, ayudar al desarrollo de los distintos programas, así como estimularlos y motivar a los diferentes colectivos a su creación.
«Es una noticia importante porque suponen un apoyo para llevar a cabo estas iniciativas», aseguró.
El plazo de inscripción se abrirá durante un mes a partir del próximo día 23 de septiembre, y los interesados podrán obtener toda la información necesaria, así como asesoramiento gratuito, en el Centro de Información a la Mujer de Linares.
Respecto a la cuantía, la edil adelantaba que ésta dependerá del grado de integración que presente.
IRENE TÉLLEZ
De la Merced denuncia la falta de medios para hacer frente a la violencia machista
Mercedes de la Merced llega al hotel Meliá, donde se celebró el encuentro con mujeres. / LUIS CALLEJA
La presidenta de Mujeres en Igualdad, que asistió a un acto del PP en Zamora, reclama juzgados especializados
La ex eurodiputada del PP Mercedes de la Merced, elegida presidenta de Mujeres en Igualdad durante el IV Congreso Nacional, asistió ayer aun acto en Zamora dedicado a las mujeres. En esta jornada, organizada por el Partido Popular, denunció la escasez de medios económicos, policiales y judiciales para hacer frente a «una tragedia denominada violencia machista». «No comprendemos cómo ciudades con menos de 50.000 habitantes no disponen de un juzgados especializados en violencia de género», sentenció.
De la Merced lanzó un mensaje de apoyo a la mujer inmigrante y aseguró, que la organización no entiende de razas o ideología política. «Queremos ser los ojos, la voz y los oídos, de todas aquellas mujeres que sufren cualquier tipo de desigualdad en España y en el resto del mundo», aseguró.
Asimismo, la presidenta de Mujeres en Igualdad animó a todas las víctimas a denunciar cualquier caso de injusticia o desigualdad que se produzca en cualquier ámbitos de la sociedad española.
La organización también brinda asesoramiento en el ámbito laboral, ya que parte de sus esfuerzos los dedica la lucha contra las desigualdades de salario para que «se eliminen todos los obstáculos que hoy en día existen y de esta manera se trate a mujeres y hombres por el mismo baremo».
Los programas de formación para mujeres que desean reincorporarse al mundo laboral o la conciliación entre la vida familiar y personal, son «dos cuestiones primordiales» para la organización. Por ello, uno de sus fines consiste en «contribuir al cambio de mentalidad y sensibilización social» en la que participen todos, los agentes sociales.
Casas de acogida
'Mujeres en Igualdad' gestiona directamente cinco casas de acogida y brinda apoyo psicológico y asesoramiento jurídico a todas aquellas víctimas que lo necesiten. Durante los once años de vida de la organización, han pasado 1.500 mujeres víctimas de malos tratos y 780 niños.
De la Merced destacó la importancia de que las mujeres que son maltratadas encuentren un lugar donde resguardarse para que no sientan la necesidad de volver al hogar. «La asistencia debe ser obligatoria», subrayó de la Merced, quien trasladó al Gobierno Central la necesidad de hacer cambios en la actual legislación, ya que según defiende, «no se ajusta a la realidad».
Asimismo, destacó también que su meta a la cabeza de esta agrupación consiste en trabajar para que la mujer obtenga el papel que le corresponde en la sociedad y apoyar a todas aquellas mujeres que se sienten discriminadas social y laboralmente, así como lograr llegar a todos los rincones del país, con un especial esfuerzo en el ámbito rural.
RAQUEL HERNANZ
Miguel Lorente abre el I Congreso sobre Violencia de Género
Miguel LorenteEl delegado del Gobierno para este asunto será el encargado de dar la primera conferencia, que analizará las causas del maltrato
El médico forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, dará la primera conferencia del I Congreso de Violencia de Género que ha organizado el Área de Mujer del Ayuntamiento de Burgos para los días 8 y 9 de octubre, a propuesta del Consejo Sectorial de la Mujer.
Lorente abordará las causas por las que se produce esta lacra que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 66 mujeres, según el cómputo de la Red Feminista.El objetivo de estas sesiones es, según explicó ayer la concejala de la Mujer, Concepción Girón, es formar a colectivos profesionales, al voluntariado y a todas aquellas personas que así lo deseen en los conceptos y las teorías que tienen que ver con el maltrato a la mujer por parte de sus parejas.
Así, tras la charla de Lorente tendrá lugar una mesa redonda que intentará analizar cuáles son las causas de esta violencia. En ella participarán Ma Antonia Caro, experta en maltrato y miembro de la organización no gubernamental accionEnred, y Andrés Montero, director del Instituto de Psicología de la Violencia.
La primera jornada se cerrará con la conferencia ‘Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género’, a cargo de María Naredo, de Amnistía Internacional.
El jueves, día 9, Ana Agirre, responsable de Formación del Instituto Vasco de la Mujer hablará sobre prevención y Lidia Antolín, agente de igualdad de oportunidades, y Marian Moreno, asesora de coeducación de la Consejería de Educación del Principal de Asturias hablarán en una mesa redonda sobre la prevención de la violencia de género en adolescentes.
El congreso se cerrará con la realización de talleres. Quienes participen podrán elegir entre ‘Análisis del sexismo en las revistas y publicidad’, a cargo de Isabel Menéndez, periodista y experta en género; ‘Por los buenos tratos’, con Belén González, licenciada en Ciencias de la Información, especialista en género y coordinadora del proyecto del mismo título, o ‘Agresiones sexuales: estrategias de prevención en la juventud’, por Antonio Fuertes, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y coordinador del programa de doctorado Sexualidad y Relaciones Interpersonales.
El juicio por la violación de una joven en la calle Azcárraga de Oviedo se celebra el 1 de octubre
El Ministerio Fiscal solicita la pena de 15 años y seis meses de prisión para un hombre acusado de violar, en enero de 2007, a una joven en la calle Azcárraga de Oviedo. El fiscal considera que el acusado deberá pagar a la víctima una indemnización de 6.000 euros por daños morales.
El juicio se celebrará el 1 de octubre de 2008 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El fiscal justifica en su escrito de calificación que el acusado, E. J. P. C., cometió un delito de violación por el que solicita una pena de prisión de diez años; un delito de robo con intimidación al que le pide una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel y un año de privación de libertad por un delito de amenazas.
El hombre fue detenido después de que las pruebas de ADN practicadas con la muestra del semen encontrado en las prendas de la joven y la saliva de una colilla recogida en el lugar del suceso diesen positivas.
Durante la investigación los agentes detuvieron a un hombre acusado de ser el autor material de los hechos al tener en su poder el teléfono móvil que había sido sustraído a la víctima en el momento de la violación.
Este hombre pasó 22 días en la prisión de Villabona hasta que se demostró por medio de las pruebas de ADN que no había sido el autor de los hechos delictivos.
Tras meses de investigación, el acusado, que ya había prestado declaración en la Comisaría de Policía, en su momento, y había negado los hechos fue detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al dar positiva la prueba del ADN realizada en el Instituto Toxicológico de Madrid.
www.europapress.es
El juicio se celebrará el 1 de octubre de 2008 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El fiscal justifica en su escrito de calificación que el acusado, E. J. P. C., cometió un delito de violación por el que solicita una pena de prisión de diez años; un delito de robo con intimidación al que le pide una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel y un año de privación de libertad por un delito de amenazas.
El hombre fue detenido después de que las pruebas de ADN practicadas con la muestra del semen encontrado en las prendas de la joven y la saliva de una colilla recogida en el lugar del suceso diesen positivas.
Durante la investigación los agentes detuvieron a un hombre acusado de ser el autor material de los hechos al tener en su poder el teléfono móvil que había sido sustraído a la víctima en el momento de la violación.
Este hombre pasó 22 días en la prisión de Villabona hasta que se demostró por medio de las pruebas de ADN que no había sido el autor de los hechos delictivos.
Tras meses de investigación, el acusado, que ya había prestado declaración en la Comisaría de Policía, en su momento, y había negado los hechos fue detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al dar positiva la prueba del ADN realizada en el Instituto Toxicológico de Madrid.
www.europapress.es
Juzgan mañana a un acusado de violar a su ex novia en Lora del Río (Sevilla)
La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará mañana a un hombre, F.J.R.C., acusado de violar a su ex novia en su propia casa mientras le daba puñetazos en la localidad sevillana de Lora del Río. Por tales hechos, la Fiscalía solicita una pena de diez años de prisión para el inculpado.
La vista oral ya fue suspendida en la mañana del pasado 24 de marzo al incomparecer cuatro de los testigos.
Según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el procesado se encontró sobre las 5.00 horas del 9 de marzo de 2003 en una discoteca de dicho municipio con C.C.C., con la que había mantenido una relación sentimental hacía unos meses.
El Ministerio Público acusa a F.J.R.C. de coger por el brazo a la víctima y llevársela hasta el domicilio de ella dándole golpes hasta que logró encerrarla en dicho inmueble, donde supuestamente la violó a la vez que le daba puñetazos en la cara.
El procesado cesó en su actitud al sonar un mensaje en el móvil de ella por lo que la dejó salir de la vivienda sobre las 6.30 horas. La víctima sufrió lesiones consistentes en contusiones, arañazos y hematomas, así como un gran estado de ansiedad.
La Fiscalía de Sevilla considera que los hechos relatados constituyen un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual, por los que pide diez años de cárcel para el acusado. Asimismo, solicita una indemnización para C.C.C. de 6.000 euros por los daños morales y 500 euros por las lesiones sufridas.
www.europapress.es
La vista oral ya fue suspendida en la mañana del pasado 24 de marzo al incomparecer cuatro de los testigos.
Según el escrito de acusación provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el procesado se encontró sobre las 5.00 horas del 9 de marzo de 2003 en una discoteca de dicho municipio con C.C.C., con la que había mantenido una relación sentimental hacía unos meses.
El Ministerio Público acusa a F.J.R.C. de coger por el brazo a la víctima y llevársela hasta el domicilio de ella dándole golpes hasta que logró encerrarla en dicho inmueble, donde supuestamente la violó a la vez que le daba puñetazos en la cara.
El procesado cesó en su actitud al sonar un mensaje en el móvil de ella por lo que la dejó salir de la vivienda sobre las 6.30 horas. La víctima sufrió lesiones consistentes en contusiones, arañazos y hematomas, así como un gran estado de ansiedad.
La Fiscalía de Sevilla considera que los hechos relatados constituyen un delito de detención ilegal y otro de agresión sexual, por los que pide diez años de cárcel para el acusado. Asimismo, solicita una indemnización para C.C.C. de 6.000 euros por los daños morales y 500 euros por las lesiones sufridas.
www.europapress.es
El Senado insta al Gobierno a aprobar antes de final de año el Plan de Lucha contra tráfico de mujeres, niñas y niños
El pleno del Senado aprobó hoy por unanimidad una moción del PP por la que insta al Gobierno a aprobar antes de que finalice el año 2008 el Plan Integral de Lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños.
El texto, que incorpora enmiendas del PSOE, CiU y PNV, urge al Ejecutivo a que en el actual periodo de sesiones de luz verde a esta iniciativa, auspiciada por la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, previa consulta a las comunidades autónomas y teniendo en cuenta sus competencias.
El Plan deberá ir acompañado de la correspondiente Memoria Económica, que recogerá el presupuesto que se invertirá por cada ministerio en la ejecución de la actuación de su área, así como la implicación y dotación económica que pudiera suponer para las distintas administraciones públicas.
Asimismo, la Cámara Alta precisa que los Presupuesto Generales del Estado para 2009 deben prever las correspondientes dotaciones económicas para la ejecución del Plan.
http://www.europapress.es
El texto, que incorpora enmiendas del PSOE, CiU y PNV, urge al Ejecutivo a que en el actual periodo de sesiones de luz verde a esta iniciativa, auspiciada por la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, previa consulta a las comunidades autónomas y teniendo en cuenta sus competencias.
El Plan deberá ir acompañado de la correspondiente Memoria Económica, que recogerá el presupuesto que se invertirá por cada ministerio en la ejecución de la actuación de su área, así como la implicación y dotación económica que pudiera suponer para las distintas administraciones públicas.
Asimismo, la Cámara Alta precisa que los Presupuesto Generales del Estado para 2009 deben prever las correspondientes dotaciones económicas para la ejecución del Plan.
http://www.europapress.es
EL GOBIERNO ACHACA AL "CAMBIO DE SENSIBILIDAD DE LOS ESPAÑOLES" LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE MUJERES ASESINADAS
Los maltratadores se sienten más culpables, en 2007 se suicidó el 9,8% de los asesinos y hoy se quitan la vida el 20%
Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género, aseguró hoy que la disminución en el número de mujeres asesinadas por sus parejas, 44 en lo que llevamos de año, frente a las 58 que perdieron la vida en el mismo periodo de 2007 se debe "a un cambio de sensibilidad de la sociedad española hacia la violencia de género".
"Esta disminución en el número de mujeres muertes es fruto de la reacción social contra el problema de la violencia de género y no tanto de la aplicación de medidas puntuales, sino el conjunto de todas las medidas de la Ley Integral contra la Violencia de Género", explicó Lorente a Servimedia.
Según Lorente la sensibilidad de los españoles hacia la violencia de género ha aumentado casi dos puntos respecto al año pasado según datos del barómetro del CIS.
"Esto significa que ese posicionamiento social es una reacción contra la violencia. Cuanto más conocimiento hay del problema, más fácil es posicionarse", añadió.
Arrinconar al maltratador, que éste sienta el desprecio social ha sido uno de los mensajes más repetidos por el Gobierno en las campañas contra la violencia de género y que ha calado en la sociedad y en los maltratadores ya que mientras que el año pasado se suicidaron el 9,8% de los asesinos de mujeres, en estos primeros nueves meses de 2008 ya se han quitado la vida un 20%.
"Ahora la sociedad deja de justificar la conducta del maltratador. Ya no se dice se le habrá ido la mano, estaría celoso, habría bebido mucho... El año pasado se suicidó un 9,8% de hombres que mataron a sus mujeres y en lo que llevamos de año el incremento en el número de suicidios es importante.
Ahora, el agresor percibe el rechazo social y como no se quiere enfrentar a él intenta el suicidio y, en muchas ocasiones, lo consuma", agregó Lorente.
El delegado del Gobierno se siente satisfecho por esta disminución en el número de mujeres asesinadas.
"En el Ministerio de Igualdad estamos satisfechos ante estos datos, pero tanto la ministra como la vicepresidenta han dicho en muchas ocasiones que hay que seguir trabajando hasta conseguir que ninguna mujer pierda la vida a manos de un maltratador.
Cada vez que conseguimos que una mujer se salve de la muerte nos sentimos muy felices".
SERVIMEDIA
www.discapnet.es
Miguel Lorente, delegado del Gobierno para la Violencia de Género, aseguró hoy que la disminución en el número de mujeres asesinadas por sus parejas, 44 en lo que llevamos de año, frente a las 58 que perdieron la vida en el mismo periodo de 2007 se debe "a un cambio de sensibilidad de la sociedad española hacia la violencia de género".
"Esta disminución en el número de mujeres muertes es fruto de la reacción social contra el problema de la violencia de género y no tanto de la aplicación de medidas puntuales, sino el conjunto de todas las medidas de la Ley Integral contra la Violencia de Género", explicó Lorente a Servimedia.
Según Lorente la sensibilidad de los españoles hacia la violencia de género ha aumentado casi dos puntos respecto al año pasado según datos del barómetro del CIS.
"Esto significa que ese posicionamiento social es una reacción contra la violencia. Cuanto más conocimiento hay del problema, más fácil es posicionarse", añadió.
Arrinconar al maltratador, que éste sienta el desprecio social ha sido uno de los mensajes más repetidos por el Gobierno en las campañas contra la violencia de género y que ha calado en la sociedad y en los maltratadores ya que mientras que el año pasado se suicidaron el 9,8% de los asesinos de mujeres, en estos primeros nueves meses de 2008 ya se han quitado la vida un 20%.
"Ahora la sociedad deja de justificar la conducta del maltratador. Ya no se dice se le habrá ido la mano, estaría celoso, habría bebido mucho... El año pasado se suicidó un 9,8% de hombres que mataron a sus mujeres y en lo que llevamos de año el incremento en el número de suicidios es importante.
Ahora, el agresor percibe el rechazo social y como no se quiere enfrentar a él intenta el suicidio y, en muchas ocasiones, lo consuma", agregó Lorente.
El delegado del Gobierno se siente satisfecho por esta disminución en el número de mujeres asesinadas.
"En el Ministerio de Igualdad estamos satisfechos ante estos datos, pero tanto la ministra como la vicepresidenta han dicho en muchas ocasiones que hay que seguir trabajando hasta conseguir que ninguna mujer pierda la vida a manos de un maltratador.
Cada vez que conseguimos que una mujer se salve de la muerte nos sentimos muy felices".
SERVIMEDIA
www.discapnet.es
Más de la mitad de las fallecidas este año por violencia machista convivían con su asesino
El 52,3 por ciento de las mujeres muertas este año por violencia de género convivía con su asesino, la cuarta parte de ellas había denunciado y en un 15,9 por ciento de los casos, contaban con una orden de protección en vigor, según datos actualizados del Ministerio de Igualdad.
En total, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de 2008, una cifra que podría ampliarse a 49 de confirmarse cinco casos de muerte que Igualdad tiene bajo investigación, en espera de que se aclaren las causas del fallecimiento y la relación existente entre víctima y verdugo.
Si bien diez de las 44 mujeres asesinadas habían denunciado, dos de ellas retiraron los cargos. Además, en ocho casos se habían pedido órdenes de protección, que se concedieron a siete de las solicitantes y que estaban en vigor en el momento del crimen. Igualdad explica también que cinco de los asesinos quebrantaron las medidas sin el consentimiento de las víctimas, mientras que uno de ellos lo hizo con su autorización.
En la mayor parte de los casos (60 por ciento), los asesinos eran pareja de la mujer cuando la mataron, mientras que en cuatro de cada diez homicidios, la unión se había disuelto o se encontraba en fase de ruptura. Además, las cifras del ministerio revelan que 24 de los 44 individuos tenían entre 31 y 50 años y señalan que el 56 por ciento de ellos son españoles.
Tras cometer el crimen, un 43,2 por ciento de los asesinos intentaron sin éxito suicidarse y el 20,5 por ciento consiguió quitarse la vida.
Sobre las mujeres, Igualdad informa que seis de cada diez habían nacido en España y el 41 por ciento tenía entre 21 y 40 años de edad cuando murió; más de la cuarta parte tenía entre 41 y 50 y una de cada diez no había cumplido aún los 21 años.
Por comunidades autónomas, la región que más sufrió el impacto de la violencia de género en los primeros meses del año fue Madrid, donde tuvieron lugar ocho de los 44 asesinatos. Cataluña registró siete casos y la Comunidad Valenciana, seis. Aragón, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla no han tenido que lamentar víctimas mortales desde que arrancó 2008,
www.europapress.es
En total, 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de 2008, una cifra que podría ampliarse a 49 de confirmarse cinco casos de muerte que Igualdad tiene bajo investigación, en espera de que se aclaren las causas del fallecimiento y la relación existente entre víctima y verdugo.
Si bien diez de las 44 mujeres asesinadas habían denunciado, dos de ellas retiraron los cargos. Además, en ocho casos se habían pedido órdenes de protección, que se concedieron a siete de las solicitantes y que estaban en vigor en el momento del crimen. Igualdad explica también que cinco de los asesinos quebrantaron las medidas sin el consentimiento de las víctimas, mientras que uno de ellos lo hizo con su autorización.
En la mayor parte de los casos (60 por ciento), los asesinos eran pareja de la mujer cuando la mataron, mientras que en cuatro de cada diez homicidios, la unión se había disuelto o se encontraba en fase de ruptura. Además, las cifras del ministerio revelan que 24 de los 44 individuos tenían entre 31 y 50 años y señalan que el 56 por ciento de ellos son españoles.
Tras cometer el crimen, un 43,2 por ciento de los asesinos intentaron sin éxito suicidarse y el 20,5 por ciento consiguió quitarse la vida.
Sobre las mujeres, Igualdad informa que seis de cada diez habían nacido en España y el 41 por ciento tenía entre 21 y 40 años de edad cuando murió; más de la cuarta parte tenía entre 41 y 50 y una de cada diez no había cumplido aún los 21 años.
Por comunidades autónomas, la región que más sufrió el impacto de la violencia de género en los primeros meses del año fue Madrid, donde tuvieron lugar ocho de los 44 asesinatos. Cataluña registró siete casos y la Comunidad Valenciana, seis. Aragón, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla no han tenido que lamentar víctimas mortales desde que arrancó 2008,
www.europapress.es
Los malos tratos y la denuncia/Argentina
La historia de esta familia, como la de muchas otras, es poco feliz. La pobreza en la que viven -y así lo confirmó el juez- es extrema. Tanto la niña como su madre eran maltratadas por la pareja de la mujer y el tío de la chica denunció en abril estos maltratos, según fuentes cercanas a la causa.
Aunque el juez prefirió no dar a conocer la fecha de la denuncia.El procedimiento que se tomó en ese caso fue el de enviar a una trabajadora social para que entrevistara a la madre. En ese momento, ella y sus hijos se había ido a la casa de su mamá para huir del maltratador.
No la encontraron y no la siguieron buscando. El juez lo justifico de esta manera: "Como en todos los casos se verificó la veracidad de la denuncia, pero cuando la asistente social del Juzgado fue a la casa, la niña ya estaba viviendo con la abuela.
Por lo que al principio no aparecieron sospechas. Piensen ustedes que en todos estos casos, donde hay un maltrato de abuso sexual hay mucho secreto de familia".
Ante el cuestionamiento sobre la falta de seguimiento de la investigación contestó: "Sí se investigó, pero inmediatamente ocurre lo de la violación. Y la madre y el padrastro se presentaron a la comisaría a hacer la denuncia". La violación ocurrió en julio y la denuncia por maltrato en abril.
En el hospital
La niña entró al hospital hace tres semanas. Desde ese entonces estuvo internada a la espera de una decisión.
En este ámbito también fallaron las medidas de protección hacia la niña.
"No es que falló -retrucó Ferrer-. Uno no puede pensar que estos grupos van a llegar tan lejos, incluso, de poner en riesgo la salud psíquica de la niña.
Esto que hicieron le podría haber provocado un trastorno psíquico irreversible. Esto no ocurrió porque tiene una gran fortaleza emocional".
A pesar de estas intervenciones, el magistrado sostuvo que "siempre se le garantizó el derecho a poder, en la intimidad y con la reserva del caso, tomar la decisión que era trascendente para su cuerpo. Porque el aborto implica una intervención agresiva sobre el cuerpo y por lo tanto hace a un derecho personalísimo respecto del cual nadie que no sea ella puede hacerlo".
www.losandes.com.
Aunque el juez prefirió no dar a conocer la fecha de la denuncia.El procedimiento que se tomó en ese caso fue el de enviar a una trabajadora social para que entrevistara a la madre. En ese momento, ella y sus hijos se había ido a la casa de su mamá para huir del maltratador.
No la encontraron y no la siguieron buscando. El juez lo justifico de esta manera: "Como en todos los casos se verificó la veracidad de la denuncia, pero cuando la asistente social del Juzgado fue a la casa, la niña ya estaba viviendo con la abuela.
Por lo que al principio no aparecieron sospechas. Piensen ustedes que en todos estos casos, donde hay un maltrato de abuso sexual hay mucho secreto de familia".
Ante el cuestionamiento sobre la falta de seguimiento de la investigación contestó: "Sí se investigó, pero inmediatamente ocurre lo de la violación. Y la madre y el padrastro se presentaron a la comisaría a hacer la denuncia". La violación ocurrió en julio y la denuncia por maltrato en abril.
En el hospital
La niña entró al hospital hace tres semanas. Desde ese entonces estuvo internada a la espera de una decisión.
En este ámbito también fallaron las medidas de protección hacia la niña.
"No es que falló -retrucó Ferrer-. Uno no puede pensar que estos grupos van a llegar tan lejos, incluso, de poner en riesgo la salud psíquica de la niña.
Esto que hicieron le podría haber provocado un trastorno psíquico irreversible. Esto no ocurrió porque tiene una gran fortaleza emocional".
A pesar de estas intervenciones, el magistrado sostuvo que "siempre se le garantizó el derecho a poder, en la intimidad y con la reserva del caso, tomar la decisión que era trascendente para su cuerpo. Porque el aborto implica una intervención agresiva sobre el cuerpo y por lo tanto hace a un derecho personalísimo respecto del cual nadie que no sea ella puede hacerlo".
www.losandes.com.
CCOO acusa a Buendía de intentar desautorizar una sanción de Inspección a Vipasa
CCOO ha acusado hoy al consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía, de intentar "presionar" y "desautorizar" una propuesta sancionadora de 12.000 euros por acoso laboral contra la empresa pública Vipasa remitida por la Inspección de Trabajo.
El secretario general de CCOO-COMFIA en Asturias, José Antonio Rodríguez, y el delegado de este sindicato en Vipasa Rubén Díaz han ofrecido hoy una rueda de prensa para criticar la comparecencia de Buendía el pasado 25 de agosto en la Comisión de Infraestructuras de la Junta General del Principado.
El consejero pidió que se elimine la propuesta de sancionar con 12.000 euros a la empresa pública Vipasa por el trato vejatorio denunciado por los trabajadores al estimar que se trata de un "fallo del sistema".
Para CCOO, el único interés de Buendía con estas manifestaciones fue la de "ejercer presión sobre la Inspección de Trabajo, intentándola desautorizarla"."La posible presión y/o acoso político a la actuación inspectora constituye toda una intromisión inaceptable o mejor un ataque intolerable al ámbito de sus competencias", ha manifestado Rodríguez sobre la actuación del consejero.
Ha recordado que, además de esta acta sancionadora, existe una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo que da por "probadas" las imputaciones de la denuncia y obliga a indemnizar a una trabajadora de Vipasa por daños morales.
También ha criticado las manifestaciones realizadas por Buendía en las que dijo que "algunas de las decisiones no habrán gustado, pero no precisamente a los que más trabajan". "No se puede admitir que un 'socialista' diga esto", ha subrayado José Antonio Rodríguez, que ha anunciado que ha pedido una reunión con los responsables de la Dirección General de Trabajo y con la Jefatura de Inspección Laboral de Asturias con el fin de "intentar aclarar la adecuación normativa de las actuaciones de la autoridad laboral sobre este caso".
El representante de CCOO se pregunta "qué va a pasar cuando el consejero de Industria y Trabajo, Graciano Torre, que dirige el organismo competente para decidir sobre el recurso de alegaciones de Vipasa sobre esta sanción, tenga que dilucidar sobre la conveniencia o no del acta sancionadora después de las manifestaciones vertidas por su 'colega' Buendía".
Ha reconocido que el problema de Vipasa es anterior a la asunción de competencias de Vivienda por la Consejería que dirige Buendía, pero ha criticado la "pasividad" mostrada por el consejero para atajar y resolver los problemas tras habérselo trasladado en una reunión que mantuvieron personalmente.Por su parte, Rubén Díaz ha asegurado que el clima de salud laboral que se vive en Vipasa es "nefasto" y que los trabajadores no son contrarios a la reestructuración que pretende realizar la empresa si se hace cumpliendo con los derechos de los trabajadores.
Díaz ha explicado que la situación en Vipasa está "muy enquistada" ya que de sus treinta empleados, la mitad se alinean con las intenciones de la empresa.
En este sentido, Rodríguez también ha censurado la actuación que tuvo el diputado de IU Aurelio Martín en la citada Comisión al no querer escuchar la posición de un sector de los trabajadores y limitarse a leer un papel firmado por los del otro en el que manifiestan que no existe acoso laboral en Vipasa.
Por último, ha precisado que esta postura de IU "a lo mejor tiene que ver con sus relaciones en Vipasa en la anterior legislatura" cuando la coalición asumía las competencias en vivienda.
www.copeasturias.com
El secretario general de CCOO-COMFIA en Asturias, José Antonio Rodríguez, y el delegado de este sindicato en Vipasa Rubén Díaz han ofrecido hoy una rueda de prensa para criticar la comparecencia de Buendía el pasado 25 de agosto en la Comisión de Infraestructuras de la Junta General del Principado.
El consejero pidió que se elimine la propuesta de sancionar con 12.000 euros a la empresa pública Vipasa por el trato vejatorio denunciado por los trabajadores al estimar que se trata de un "fallo del sistema".
Para CCOO, el único interés de Buendía con estas manifestaciones fue la de "ejercer presión sobre la Inspección de Trabajo, intentándola desautorizarla"."La posible presión y/o acoso político a la actuación inspectora constituye toda una intromisión inaceptable o mejor un ataque intolerable al ámbito de sus competencias", ha manifestado Rodríguez sobre la actuación del consejero.
Ha recordado que, además de esta acta sancionadora, existe una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo que da por "probadas" las imputaciones de la denuncia y obliga a indemnizar a una trabajadora de Vipasa por daños morales.
También ha criticado las manifestaciones realizadas por Buendía en las que dijo que "algunas de las decisiones no habrán gustado, pero no precisamente a los que más trabajan". "No se puede admitir que un 'socialista' diga esto", ha subrayado José Antonio Rodríguez, que ha anunciado que ha pedido una reunión con los responsables de la Dirección General de Trabajo y con la Jefatura de Inspección Laboral de Asturias con el fin de "intentar aclarar la adecuación normativa de las actuaciones de la autoridad laboral sobre este caso".
El representante de CCOO se pregunta "qué va a pasar cuando el consejero de Industria y Trabajo, Graciano Torre, que dirige el organismo competente para decidir sobre el recurso de alegaciones de Vipasa sobre esta sanción, tenga que dilucidar sobre la conveniencia o no del acta sancionadora después de las manifestaciones vertidas por su 'colega' Buendía".
Ha reconocido que el problema de Vipasa es anterior a la asunción de competencias de Vivienda por la Consejería que dirige Buendía, pero ha criticado la "pasividad" mostrada por el consejero para atajar y resolver los problemas tras habérselo trasladado en una reunión que mantuvieron personalmente.Por su parte, Rubén Díaz ha asegurado que el clima de salud laboral que se vive en Vipasa es "nefasto" y que los trabajadores no son contrarios a la reestructuración que pretende realizar la empresa si se hace cumpliendo con los derechos de los trabajadores.
Díaz ha explicado que la situación en Vipasa está "muy enquistada" ya que de sus treinta empleados, la mitad se alinean con las intenciones de la empresa.
En este sentido, Rodríguez también ha censurado la actuación que tuvo el diputado de IU Aurelio Martín en la citada Comisión al no querer escuchar la posición de un sector de los trabajadores y limitarse a leer un papel firmado por los del otro en el que manifiestan que no existe acoso laboral en Vipasa.
Por último, ha precisado que esta postura de IU "a lo mejor tiene que ver con sus relaciones en Vipasa en la anterior legislatura" cuando la coalición asumía las competencias en vivienda.
www.copeasturias.com
El Govern pide a la ciudadanía que denuncie los casos de violencia machista para evitar muertes como la de Laura Gallego
Santiago considera una \"vergüenza\" que cada semana muera asesinada una mujer en España y reclama la \"implicación\" de los ciudadanos
El presidente del Govern, Francesc Antich, y la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, reclamaron hoy la “implicación” de los ciudadanos, con el fin de que denuncien ante la Policía o la Guardia Civil los casos de violencia machista que conozcan para poder evitar muertes como la de la joven de Marratxí Laura Gallego, de 28 años, que fue presuntamente asesinada el pasado domingo por su pareja, Hermenegildo.F.S., de 31 años, quien ingresó ayer en prisión.
Antich y Santiagohicieron estas declaraciones tras el minuto de silencio convocado a las 12.00 horas en el Consolat de Mar en memoria de la primera víctima de la violencia de género durante este año en Baleares. Al acto, acudieron entre otros los consellers del Govern, el delegado del Gobierno, Ramón Socías, la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol.
Tras mostrar sus condolencias a la familia de Laura Gallego “por el padecimiento que están sufriendo en este momento”, Santiagorecordó que para luchar contra la violencia machista no sólo se deben impulsar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, sino que también se requiere de la “implicación civil de las personas, de forma que cuando un ciudadano conoce una situación de maltrato a un niño o a una mujer debe ponerlo en conocimiento de la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil”.
“Esto es una carrera a largo plazo, pero sin duda la tenemos que ganar, porque es una vergüenza que en estos momentos muera cada semana una mujer a manos de su pareja por la violencia machista”, sentenció, al tiempo que consideró que el problema fundamental de este fenómeno radica en que los hombres que maltratan y asesinan a las mujeres “no consideran a éstas como personas, sino como cosas y, por tanto, cuando la mujer decide separarse o le planta cara la considera suya al igual que si fuese su coche o un mueble”.
Así, la consellera de Asuntos Sociales manifestó que la violencia machista es un tema “cultural y educativo” y, en este sentido, advirtió de que “no conseguiremos la igualdad de género hasta que no logremos que la educación en esta materia sea real en cosas tan pequeñas como que las niñas jueguen al fútbol y que los niños hagan aerobic”.
Por otra parte, Santiagorecordó que el maltrato y la violencia machista “se da en todas las capas sociales”, de modo que remarcó que se puede encontrar tanto “en situaciones de economía boyante, como de pobreza”. No obstante, recalcó que el hecho de que Laura Gallego y su presunto asesino fuesen consumidores de droga y se encontraran en una situación de vulnerabilidad “no es una excusa, ni justifica el tema de la violencia machista”.
Recursos para las mujeres maltratadas
A pesar de ello, reconoció que “efectivamente, desde las institutiones públicas siempre podemos hacer más para mejorar la situación de las personas con vulnerabilidad”. Por otro lado, informó de que lo primero que tiene que hacer una mujer que sufra maltrato por parte de su pareja es dirigirse a los servicios sociales de cada zona “donde le informarán de los recursos técnicos y económicos de los que dispone una persona para poderse alejar del maltratador”.
Así, recordó que las mujeres que padecen maltrato pueden percibir la Renta Mínima de Inserción, mientras que también pueden acudir a las casas de acogida. “Tenemos una serie de recursos mínimos, pero importantes para que las mujeres en situación de maltrato puedan denunciar”, aseveró.
Finalmente, la consellera lamentó que la violencia machista está “cada vez más presente en nuestra sociedad con una media de una mujer y media muerta por semana en España”, de manera que remarcó que si esto fuese terrorismo político u otro tipo de violencia, “estaríamos en una situación políticamente muy preocupante”.
En esta línea, Antichestimó que la erradicación del “terrorismo contra las mujeres” debe ser “prioritaria” para todas las instituciones, aunque afirmó que esta lucha debe comenzar “desde la misma sociedad”. “Hay que pedir a aquellos que conozcan casos de este tipo que los denuncien porque es la única forma de que podamos luchar contra esta violencia machista y lograr que la sociedad sea mucho más libre”, concluyó el presidente del Ejecutivo balear.
Imperan en 14 estados códigos machistas
El especialista Pablo Navarrete. Foto: Arturo Bermúdez
En Campeche y Michoacán, un hombre que asesina a su mujer por sospecha de infidelidad, tendría una pena de tres días a tres o cinco años de prisión, respectivamente, y con un buen abogado puede evitar la cárcel.
En 14 códigos penales de distintos estados de la República Mexicana un hombre violento que asesina a su pareja con todas las agravantes de ley puede librar la cárcel si argumenta que se vio afectado en su honor.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que la figura del homicidio por razón de honor resulta tan aberrante que basta con que el asesino exponga de manera verbal que encontró a su mujer cerca de un hotel y que él sospechó infidelidad, para evadir la efectiva acción de la justicia.
En Campeche y Michoacán, por ejemplo, el homicida puede presentar como única prueba la sospecha de que su pareja iba a tener un acto carnal, para justificar su asesinato.
“La ley cae en el absurdo de que todo aquel que sorprenda a su esposa en un acto de infidelidad o a punto de cometerlo, puede matarla, y se hará acreedor a lo mínimo que establece como sanción la ley”, dijo el especialista.
“La ley cae en el absurdo de que todo aquel que sorprenda a su esposa en un acto de infidelidad o a punto de cometerlo, puede matarla, y se hará acreedor a lo mínimo que establece como sanción la ley”, dijo el especialista.
El artículo 275 del código penal de Campeche establece: “Se impondrán de tres días a tres años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o próximo a su consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables, o a ambos, salvo el caso de que el matador (sic) haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrán al homicida de cinco a diez años de prisión”.
Algo similar plantea el artículo 280 del código penal de Michoacán: “Se impondrá de tres días a cinco años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o en otro próximo anterior o posterior a su consumación, prive de la vida o lesione a cualquiera de los culpables, o a ambos, excepto cuando el autor del delito haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrá al homicida de cinco a diez años de prisión”.
El código penal de Tamaulipas, aunque no tiene el salvoconducto de la sospecha, sí otorga también penas menores a los homicidas cuando éstos son encontrados culpables.
“Un buen abogado y una fianza evitan que el homicida pise siquiera la cárcel. Estamos hablando de homicidas de clase media y alta, porque la gente pobre, de comunidades indígenas, carecen de dinero para pagarse un defensor, y por lo mismo siempre son dejados a la mano de Dios y son sentenciados con las penas más altas”, precisó el especialista.
“En esos mismos tres estados, el robo de ganado es castigado con una pena mucho mayor que el homicidio de una mujer. En el caso de Campeche, la pena por robarse una cabeza de ganado es de tres a cinco años; en el caso de Tamaulipas, de 12 a 13 años, y en Michoacán, de seis a 12 años”, agregó.
Mujeres sin honor
En total, son 14 estados los que contemplan en sus códigos penales la figura del homicidio por razón de honor o por infidelidad conyugal. Se trata de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
“Un enfermo de celos encuentra en esta estructura del estado de derecho una protección de la legislación que protege su honor de hombre, algo que resulta totalmente machista y misógino, porque se ubica el hombre como un ser supremo y superior”, aseveró Navarrete Gutiérrez.
Pero si el asesinato es cometido por una mujer, las leyes que operan son más duras y hasta crueles. “A ellas les aplican todas las agravantes de alevosía, premeditación y ventaja, y terminan por purgar penas máximas por homicidio calificado.
“Yo nunca he visto un caso donde se argumenten razones de honor entre las mujeres; que ella argumente estado de emoción violenta por la infidelidad”, precisó.
En Jalisco, recordó, siguió de cerca dos casos de asesinatos. El hombre invocó el homicidio por razón de honor y obtuvo una pena mínima. Aquí la prensa sólo dedicó tres o cuatro párrafos.
En el caso de la mujer asesina los jueces aplicaron la pena máxima y la prensa publicó 58 notas, muchas de primera plana, con calificativos denigrantes.
Los códigos penales de estos 14 estados, refirió, no han sido tocados a pesar de que dichos artículos resultan todo un insulto y una vergüenza a la dignidad humana, porque se han opuesto los mismos legisladores locales.
“Ellos consideran que dicha estructura del derecho funciona para una sociedad machista como la nuestra. Hay una resistencia ideológica, cultural y legal, aun cuando se contravienen todos los acuerdos internacionales de protección hacia la mujer, y que se cuenta con una ley contra la violencia”.
Hacia una abolición del absurdo
Para el coordinador de Asuntos Jurídicos de Inmujeres dicha figura delictiva sólo incentiva la violencia contra las mujeres en lugar de protegerla, además de que premia, de manera vergonzosa, a los criminales. “Constituye de facto un salvoconducto para que los hombres violentos puedan seguir agrediendo y asesinando de manera impune a las mujeres”, precisó.
Por lo mismo, dijo, es preciso reformular las instituciones del estado a partir de las necesidades jurídicas, políticas, sociales y culturales de las mujeres.
“Sólo vamos a avanzar cuando ya no haya una representación minoritaria de las mujeres en los puestos de decisión, particularmente del Poder Legislativo, donde aún no se supera el 20 por ciento de representación femenina”.
Por lo pronto, Inmujeres llevará a cabo tres congresos regionales para convocar a los legisladores a modificar sus códigos penales. Uno de ellos se llevará a cabo el 18 y 19 de septiembre, en Morelia, Michoacán, donde esperan sacar un acuerdo con el Congreso local.
En Mérida, Yucatán, se celebrará el segundo congreso el 30 y 31 de octubre, y en Tijuana, Baja California, 6 y 7 de noviembre. El 19 de noviembre se llevará a cabo en la Cámara de Diputados el congreso nacional sobre la misma agenda.
Blanca Valadez
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
