La jueza Marta Alicia Raggio, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial de Necochea, será sometida a juicio político por “acoso laboral” a partir del próximo 2 de diciembre. Luego de un proceso que comenzó en julio de 2006 por la acusación de la Procuradora General de Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, fueron convocados los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Funcionarios para el próximo martes 2 de diciembre con la idea de que en esa misma semana se tomen las declaraciones testimoniales estipuladas.
La magistrada, hoy suspendida, está acusada de atentar contra la integridad física, sexual, psicológica y social de la mayoría del personal que cumplía funciones en su juzgado, “valiéndose de su jerarquía” desde aproximadamente 1992. “Los hechos atribuidos constituyen groseros atropellos, menoscabos y avasallasamientos contra elementales derechos humanos”, reza acusación.
Los conjueces designados son Horacio Garaguso (M.del Plata), Javier Carbone (S. Isidro), Eduardo López Wesselhoefft (San Martín), Norberto Sánchez (San Martín) y Ricardo Cornaglia (Quilmes); mientras que los legisladores abogados elegidos son los diputados Marcelo Felliú, Carlos Bonicatto, Alberto Delgado, Raúl Pérez y el senador Diego Rodrigo.
Según la exposición de 36 empleados, la denuncia dice que “sometía a empleados y funcionarios a procederes tales como descalificación de su trabajo, cambio de lugar de tareas, y aislamiento como castigo, ridiculización, humillación, acoso sexual, exigencias desmesuradas, intromisión en la vida privada y discriminación”.
Y deduce que “propició un clima insoportable, en suma de hostigamiento permanente y constante que culminó con daños físicos y consecuencias sociales para aquellos”.
También se la acusa de hostilizar “de manera permanente, abuso de poder, utilizar agentes judiciales para provecho propio, prolongar horarios de trabajo, hostigar y mostrar desprecio con epítetos ridiculizantes, viles y groseros”.
Se detalla que utilizaba palabras tales como “inepta”, “corqui”, “no sabés nada”, “mentirosa”, “anoréxica”, “gorda”, “inútil”, “tarada”, así como muestras de discriminación racial. Un párrafo especial merece la denuncia realizada por Roberto José Diego, un empleado de 19 años que habría sido acosado sexualmente.
“En presencia de otros empleados se dirigía hacia él exhibiendo su ropa interior con frases de franco contenido sexual. En ocasiones se sentaba en su falda. En una oportunidad le tomó su mano derecha y se la hizo apoyar fuertemente en la parte media de sus nalgas”, cita el expediente.
Por su parte la doctora Raggio, con el patrocinio de los abogados defensores Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo, Brian Alvarez y Juan José Losinno, consideró la acusación como “una maniobra en mi contra de algunos inferiores jerárquicos. Una verdadera exageración de situaciones de menor entidad”. No obstante reconoce que “siempre fui exigente con mis inferiores y creo que solo con exigencia el juzgado marcha”, jactándose de la efectividad del que tenía a su cargo.
Aunque entre sus argumentos de defensa rescata que “mi error fue el de no poner límites y trata a los empleados como amigos”. En otro de sus escritos, la jueza acusada contrapone: “o soy una inhábil mental o mis denunciantes son unos mentirosos sindicalizados”.
Pero también reclamó una pericia psiquiátrica debido a que “en tanto no me di cuenta del dolor que se dice provocaba con mis actitudes adolezco de alguna causal de inhabilidad mental, producto de un sostenido, arduo y permanente trabajo”, sostuvo y solicitó la indemnización correspondiente.
Finalmente Raggio pidió Junta Médica a los efectos jubilatorios pero fue denegada por estar suspendida en el ejercicio de sus funciones. Ahora será el Jurado de Enjuiciamiento quien después de recoger los testimonios que empezarán a brindar a partir del 2 de diciembre, resuelva o no destituir a la jueza Marta Raggio.
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