El magistrado Eduardo López-Palop- LUIS SEVILLANOEduardo López-Palop -el juez de Madrid que se ocupa en exclusiva de que los maltratadores de mujeres cumplan sus condenas- ha pedido al Poder Judicial su traslado a otro órgano judicial. La sobrecarga de trabajo que registra su juzgado (a finales de septiembre, 6.500 sentencias pendientes de ejecución) resultan inasumibles para un solo juez y un juzgado. "Y más cuando en él se tramitan asuntos tan delicados como la violencia machista", afirman fuentes de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. López-Palop ha pedido destino en uno de los nuevos juzgados de instrucción que se van a crear en Madrid.
Este magistrado denunció hace casi un año la descomunal carga de trabajo que soportaba su juzgado, el número 2 de ejecutorias de Madrid. "Estoy sentado sobre un polvorín", declaró entonces a EL PAÍS. Su trabajo, en una materia tan delicada como la violencia machista, lo describió así: "Cuando llego a casa por la noche y las noticias hablan de algún hombre que ha matado a su esposa, se me encoge el estómago. Ya no puedo dormir esa noche pensando si será de los míos". Casi un año después, su juzgado no ha sido reforzado, a pesar de las peticiones de ayuda que él hizo y que el Juzgado Decano de Madrid trasladó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia indicaron entonces que se analizaría la situación del juzgado de López-Palop y de los otros tres juzgados de ejecutorias penales de Madrid, que también tenían problemas de sobrecarga, y que se tomarían medidas.
López-Palop denunció entonces que tenía unas 7.000 sentencias pendientes de ejecución. Ahora, casi un año después, ha reducido las sentencias pendientes en más de 500. Tras la denuncia de López-Palop, se creó un quinto juzgado de ejecutorias penales para Madrid. Durante meses, el nuevo juzgado recibió todas las sentencias para ejecución que iban enviando los otros juzgados penales. Pero esa medida ha sido insuficiente. De hecho, los otros cuatro juzgados de ejecutorias tienen ahora acumuladas entre 7.000 y 8.000 sentencias pendientes de ejecución cada uno. Están invadidos de nuevos casos fruto de las leyes que castigan delitos relacionados con el tráfico y las alcoholemias. "Este Gobierno no ha parado de penalizar asuntos que antes eran de la esfera administrativa. Colapsa de trabajo a los juzgados, pero se olvida dotarlos de medios", protestaban ayer fuentes judiciales de la plaza de Castilla.
J. A. HERNÁNDEZ
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