Asamblea de Madrid denunció hoy que el Gobierno regional "obliga" a los ayuntamientos a financiar con fondos propios cerca del 80 por ciento de los programas en materia de violencia de género que se llevan a cabo en cada municipio, al tiempo que afirmó que la Administración regional se niega a dialogar con los Consistorios los convenios en los que se regulan este tipo de políticas.
La portavoz socialista de Mujer en el Parlamento regional, Josefa Pardo, que estuvo acompañada por la secretaria de Igualdad del PSM, Carmen Toledano, y de diversas concejalas socialistas, apuntó que los ayuntamientos realizan una serie de actuaciones en materia de violencia de género que "exceden" a lo que financia el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, la edil de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Raquel López, explicó que los convenios que regulan esta materia datan de 2005, cuando a la Comunidad de Madrid se le delegó la recepción de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia machista.
Como el Gobierno regional tenía la responsabilidad de dar a estas mujeres una serie de ayudas, se desarrolló una red de puntos municipales y se articuló una serie de convenios "que no se pudieron negociar" a través de los cuales se regirían esos centros de ayuda, que serían "de un modelo estándar, independientemente de la dimensión del municipio".
Sin embargo, indicó que en el borrador que se ha presentado este año se incluye como novedad que los ayuntamientos tendrán que abordar también programas de erradicación de la violencia de género y que se tiene que atender a todas las mujeres "con independencia de que tengan o no orden de alejamiento o protección". "Esto que nos piden no nos lo financian, pero nosotros ya lo hacemos", sentenció.
López manifestó que los socialistas "no están dispuestos" a que el Gobierno autonómico "se permita la osadía" de obligar a los ayuntamientos a firmar un convenio en el que se dice que todo lo que hacen las administraciones locales "está financiado por la Comunidad de Madrid, cuando no es así".
Pardo recordó que los 47 convenios que existen cuentan con una partida de 306 millones de euros con los que hay que asignar un psicólogo y una trabajadora social para cada centro.
FALTA DE DIÁLOGO
Tras destacar que el convenio afecta a todos los municipios de la región con independencia de su signo político, Pardo manifestó que se ven diferencias entre los distintos ayuntamientos que están sujetos al convenio. Así, puso por ejemplo el caso de Fuenlabrada, donde el Ejecutivo autonómico financia el 1 por ciento de todas las políticas de violencia de género, o Getafe, donde subvenciona exclusivamente en esta materia el 20 por ciento del total, mientras que el 80 por ciento restante es dinero municipal.
"Difícilmente se puede hacer un proyecto para acabar con la violencia doméstica si no se parte del diálogo con los ayuntamientos que son las administraciones que más cerca están de las mujeres y donde se puede abordar la prevención de la violencia", señaló Pardo.
La portavoz socialista también denunció que "o se quita del convenio" esa responsabilidad a los ayuntamientos de hacer todas las políticas en materia de violencia machista "o se financia". "El convenio es para atención a víctimas, no para prevención, y una parte importante tiene que ir orientada a la prevención", indicó, al tiempo que consideró que la asignatura de Educación para la Ciudadanía podría ser "una buena herramienta" para trasladar la igualdad a los colegios.
Por su parte, la concejala de Mujer e Igualdad de Getafe, Sara Hernández, se quejó de que el Gobierno regional "asfixia" a los ayuntamientos y les obliga a cubrir bajo un solo convenio todas las políticas de igualdad "que tradicionalmente ya venían desarrollando".
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