La estadística es tozuda y las cifras, inquietantes. El goteo de casos de violencia machista en Euskadi es incesante y va a más. Tal y como confirman los datos, la Ertzaintza detuvo el año pasado a 1.142 hombres por malos tratos hacia sus parejas o por quebrantar una orden judicial de alejamiento con respecto a ellas. Esta cifra de detenciones supone un incremento de un 20% con relación al año anterior, cuando los arrestados fueron 946.
Lo escalofriante de los números oculta una realidad aún más dura, ya que los detenidos por la Policía vasca se suman a los varones arrestados por las policías locales. El año pasado, los tribunales vascos registraron 3.067 casos relacionados con la violencia contra la mujer, mientras que el año anterior se contabilizaron 2.488.
En este sentido, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Ángeles Montes, hacía un llamamiento durante la apertura del año judicial a luchar contra la violencia de género, "una lacra social que no deja de aumentar".
El fenómeno ha adquirido tal intensidad y gravedad que un total de quince mujeres cuentan en este momento con servicio personal de escolta por su situación de especial riesgo. Este número ha pasado de cuatro mujeres en 2004, cuando empezó a prestarse este servicio de forma permanente, a once en 2005, dieciséis en 2006, trece en 2007 y quince en la actualidad. Según explicó ayer Interior, "la cifra se incrementa de manera progresiva y, en cualquier caso, se trata de un número que varía en función de las situaciones de riesgo detectadas en cada momento". De hecho, este presupuesto figura dentro de la partida de seguridad privada, ampliable según las necesidades.
Por otra parte, son más de 200 las mujeres que tienen actualmente un teléfono Bortxa para mantenerse en contacto con la Ertzaintza.
Tanto celo en las medidas preventivas no ha podido evitar que las muertas por violencia machista el año pasado en Euskal Herria se eleven a seis. El 29 de diciembre falleció en Errenteria la venezolana Clara Rangel en presencia de sus tres hijos. Cuatro meses antes, el pánico se apoderó de Santurtzi tras descubrirse el cadáver de una joven africana, atada de pies y manos. Asimismo, en agosto otro luctuoso suceso interrumpía la quietud de la localidad alavesa de Baños de Ebro, con la muerte de Estíbaliz Angulo, de 72 años. En los tres casos ocurridos en la CAV, la Ertzaintza detuvo a los autores de los hechos.
Pero el trágico balance se estrenó el 18 de enero, con Tatiele de Sousa, que falleció a manos de su pareja, quien le propinó seis cuchilladas en Pamplona. Después, la noche de San Fermín, se produjo el asesinato de la joven de Irun Nagore Laffage también en la capital navarra. Y el 2 de septiembre, otro hombre de 76 años estrangulaba a su mujer, Carlota Ortuzar, de 60 años, vecina de Urruña (Lapurdi).
protocolo con la upv El sistema de trabajo de la Ertzaintza para prevenir y perseguir los casos de violencia contra las mujeres busca ofrecer a las víctimas un servicio integral. Para ello, la Ertzain- tza mantiene una coordinación permanente con las instituciones sociales encargadas de atender esta problemática, así como con las autoridades judiciales. A partir de ahí, se establecen los dispositivos de protección en función del nivel de riesgo detectado, con niveles de protección que incluyen el contacto permanente de la comisaría más próxima o el acceso a un teléfono móvil conectado con el centro policial (teléfono Bortxa ), así como el control por parte de la Ertzaintza del potencial agresor o del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento.
El sistema establecido por la Er-tzaintza para detectar y atender los casos de mujeres amenazadas se basa en un protocolo diseñado en colaboración con especialistas en psicología de la Universidad del País Vasco. La atención prestada es evaluada periódicamente por las propias víctimas, que en las encuestas realizadas muestran "una satisfacción generalizada" por el trabajo de los agentes.
Todas las comisarías trabajan con un mismo protocolo, desarrollado por la Ertzaintza y especialistas de la UPV, que tiene como objetivo "controlar cada paso que se da en la atención a las víctimas de esta clase de delitos, garantizando que se las informa correctamente sobre los derechos, sobre la posibilidad de solicitar una orden de protección o los servicios de asistencia letrada y de asistencia social".
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