Los cuatrocientos golpes

Entre enero y septiembre de 2008 se presentaron una media de 400 denuncias diarias por violencia doméstica y de género. Los datos del Observatorio del CGPJ relativos a ese periodo muestran que son cada vez las mujeres que piden ayuda


Pocas novedades ha deparado el último estudio de violencia doméstica y de género del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pocas, más allá del incremento de denuncias de las víctimas de delitos en el ámbito familiar.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales acumularon en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, lo que se traduce en una media de 400 al día. Así se desprende de los datos del Observatorio del órgano de gobierno de los jueces actualizados a 30 de septiembre.

A falta de conocer los datos relativos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se puede concluir que las denuncias relativas a violencia doméstica y de género se caracterizaron el pasado año por un crecimiento progresivo, de forma que si en el primer trimestre sumaron 33.608, y en el segundo 37.072, el tercero continuó esa tendencia al alza hasta alcanzar la cifra de 37.239, un quince por ciento más que en el mismo periodo de 2007.

Uno de los datos más llamativos que se desprende del nuevo informe del CGPJ es que si bien en anteriores estudios lo significativo era el incremento de denuncias por parte de la víctima, lo que destaca ahora es la participación de sus familiares en este proceso: cada vez son más los parientes que se deciden a poner en conocimiento de las autoridades las situaciones de abuso. Así, en el primer trimestre de 2008, 142 familiares se decidieron a dar ese paso, en el segundo 197 y en el tercero 412. Todas estas denuncias fueron presentadas directamente en el juzgado, por lo que a ellas hay que sumar otras 310 interpuestas en dependencias policiales. No obstante, la iniciativa de los familiares a denunciar estos hechos representa un porcentaje mínimo en relación con el grueso de las denuncias, que parten en la mayor parte de los casos de la propia víctima (cerca de 27.000).

En un 11,4 por ciento de los casos, las víctimas desistieron en sus denuncias, un porcentaje similar al registrado el pasado año (un 10 por ciento en todo 2007). El 54 por ciento de estas renuncias vinieron de la mano de mujeres españolas; el 46 por ciento, de extranjeras.

De los 54.592 asuntos penales acumulados en los distintos juzgados, la mayoría fueron tramitados como diligencias previas (26.690) o urgentes -juicio rápido- (5.547). Otra parte de ellos, 9.877, se tramitaron como procedimiento abreviado (seguido para el enjuiciamiento de delitos penados con pena privativa de libertad hasta nueve años) y sólo 85 como sumario (pena de libertad superior a nueve años).

El 72 por ciento de los delitos instruidos lo fueron por lesiones, seguidos muy de lejos por delitos contra la libertad (9,3 por ciento) y contra la integridad moral (6,1 por ciento).
En total se celebraron 1.933 juicios de faltas, de los que un 58 por ciento fueron rápidos.

Órdenes de protección
En este tercer trimestre de 2008 los tribunales españoles dictaron 11.675 sentencias relacionadas con violencia doméstica y de género. De ellas, un 64 por ciento fueron condenatorias. Respecto a las personas juzgadas, de nuevo se aprecia la importante presencia de extranjeros, de forma que uno de cada tres justiciables eran de fuera de España.

Respecto a las órdenes de protección solicitadas e incoadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, en el tercer trimestre de 2008 hubo un total de 11.141 peticiones, de las que se acordaron 8.174 -el 73,8 por ciento-. De las solicitantes, una de cada tres era extranjera, la misma proporción que los hombres denunciados: el 63 por ciento eran españoles frente al 36 por ciento de fuera de nuestras fronteras. Además, un 63 por ciento de los agresores convivía con sus víctimas, frente al 36 por ciento que eran ex parejas de ellas.

Dentro del ámbito de la orden de protección se adoptaron 19.138 medidas penales, a las que hay que sumar otras 5.526 medidas cautelares acordadas en el marco del procedimiento judicial. De todas, las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación representaron el 80 por ciento de las medidas, seguidas por la prohibición de volver al lugar de los hechos y la salida del domicilio.

En cuanto a las medidas civiles adoptadas en el marco de la orden de protección, 1.902 se refirieron a la prestación de alimentos, 1.664 a la atribución de la vivienda y 262 a la suspensión del régimen de visitas.


N. VILLANUEVA
www.abc.es