Pese a que aproximadamente el 90% denuncia las situaciones de agresión, una de cada tres retira la denuncia por pena, cariño, presión social y amenazas, entre otros motivosUna de cada cinco mujeres que ha sufrido violencia de género en Castilla y León desconfía de las medidas institucionales de protección y el 26,09 por ciento afirma que sufrió maltrato más de diez años. Además, el 81,5 por ciento indica que solicitó una orden de protección tras denunciar los hechos, medida que recibió el 96 por ciento del colectivo. Estas son las principales conclusiones de un trabajo sobre la ‘Influencia de las medidas de protección en las mujeres víctimas de violencia de género’, elaborado por Miguel Pérez Fernández y Luisa Velasco Riego, en el seno de la Comisión Regional contra la Violencia de Género, adscrita a la Consejería de Familia.
El estudio, consultado por Ical, se centra conocer cómo afectan a estas mujeres las medidas de protección acordadas por los órganos judiciales, es decir, las órdenes de protección, las medidas de alejamiento cautelares adoptadas, y cualquier otra acción de seguridad acordada para evitar nuevas agresiones a la víctima, como la protección policial personalizada o el servicio de tele-asistencia.
Por lo que respecta al contacto mantenido con el sistema judicial, policial, sanitario y servicios sociales, todas las mujeres encuestadas lo tuvieron en alguna ocasión con la Policía. En el caso de aquellas mujeres que residían en ámbito urbano, un 63,04 por ciento acudió al Cuerpo Nacional de Policía y un 54,35 por ciento, a la Policía Local. El 21,74 por ciento al residir en núcleos rurales acudió a la Guardia Civil.
Los datos del informe reseñan que el 90,22 por ciento de las mujeres encuestadas acudió al juzgado y, aunque todas disponen de alguna medida judicial, algunas no contactaron de forma personal, sino por medio de un abogado. Del 77,17 por ciento de las mujeres que solicitaron asistencia sanitaria, la menor parte lo hizo al médico de familia, el 33,8 por ciento. El 69,01 por ciento restante acudió a urgencias. Además, se comprobó que un porcentaje elevado de mujeres acude a los servicios sociales (76,09 por ciento) y un 7,61 por ciento a otras instituciones, entre las que se incluyen el psicólogo del Juzgado, asociaciones, oficina de asistencia a la mujer, unidades de salud mental y psicólogos particulares.
Además, se observó que un 40,22 por ciento de las mujeres denunció sólo en una ocasión; mientras que el 47,83 por ciento lo hizo entre dos y cinco veces. Sin embargo, un porcentaje importante de mujeres retiró la denuncia en alguna ocasión (36,96 por ciento). Entre los motivos alegados, arrepentimiento por parte del agresor, cariño, pena, pensar que puede cambiar, sentimientos hacia los hijos, miedo a que el agresor cumpla las amenazas y presión social y familiar, indica el estudio consultado por Ical.
Secuelas
Según las respuestas recibidas por las mujeres sobre su percepción de las secuelas, el 79,35 por ciento afirmó que sufre secuelas en general, de las que el 83,56 por ciento son de carácter psicológico (ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio, pesadillas, miedo, llanto, tristeza, sobresaltos, angustia, baja autoestima, trastornos alimenticios, inseguridad, inquietud, irritabilidad, desconfianza, pérdida de memoria, aislamiento, etc.), mientras que el 8,22 por ciento son físicas: dolor crónico de extremidades, costillas, cervicales, espalda, cabeza, fracturas, pérdida de fuerza en brazos, perforación de tímpano, lesión en el tabique nasal, funcionamiento anormal de los riñones, anemia, contracturas, heridas y cicatrices.
El 6,85 por ciento de las mujeres manifestó sufrir secuelas tanto físicas como psicológicas, mientras que en algunas mujeres (17,39 por ciento) los malos tratos parecen no haber dejado secuelas, aunque el estudio no puede concluir que las sufran, y el 3,26 por ciento no saben si realmente sufren secuelas o no.
Ical
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