Interpreta la normativa como un instrumento jurídico eficaz para prevenir los malos tratos
«Las denuncias aumentan porque la sociedad toma conciencia» dice la fiscal Segarra
Contundente.
La Fiscalía Provincial de Sevilla reprochó ayer con firmeza las manifestaciones efectuadas en diversos medios de comunicación por el magistrado del juzgado de Familia 7, Francisco Serrano, y consideró, en respuesta al juez, que la Ley Integral de Violencia de Género «ni ha producido ni viene produciendo un efecto perverso al proteger situaciones de abusos de mujeres que denuncian malos tratos».
En un comunicado, la fiscal jefe, María José Segarra, explicó que por el contrario la mencionada legislación «está suponiendo un instrumento jurídico eficaz en la lucha y erradicación e incluso prevención de este fenómeno tan complejo, habiendo demostrado la realidad social que era necesario una legislación específica que garantice un tratamiento adecuado a estas victimas en las relaciones interfamiliares». En este sentido, Segarra manifestó que los poderes públicos no pueden permanecer al margen en «esta lucha», ya que esta ley fue aprobada tras diversas enmiendas por consenso de la mayoría de los partidos políticos y, por tanto, «es la expresión de la soberanía popular», por lo que «corresponde a jueces y fiscales su aplicación conforme a la legalidad e imparcialidad».
Denuncias
Para la Fiscalía de Sevilla, el posible incremento de las denuncias por malos tratos responde «a que la sociedad está tomando conciencia de que debe condenarse a la violencia machista». «Es cierto que debemos analizar la magnitud de este fenómeno en todos sus ámbitos para comprender su evolución y evaluar de forma más rigurosa las distintas políticas públicas encaminadas a proteger a estas victimas con el fin de proponer nuevas medidas y adoptar aquellas otras que permitan corregir las disfunciones y los errores cometidos para actuar de forma más eficaz y eficiente contra este tipo de violencia», consideró Segarra.
La fiscal jefe sostuvo igualmente que los jueces acuerden el archivo de un procedimiento penal seguido por malos tratos o que un órgano sentenciador dicte una sentencia absolutoria cuando la mujer no ratifica su denuncia policial o cuando se acoge a su derecho a no declarar contra su cónyuge «no presupone que estemos ante una denuncia falsa, sino que obedece a que la mujer en unas ocasiones presionada por sus circunstancias decide hacer primar que continúe su 'status' familiar en detrimento de su propia seguridad, en la falsa creencia que así beneficia a sus hijos menores o núcleo familiar».
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