Guatemala reconoce deficiencias en la resolución de casos de violencia género

Representantes del Gobierno de Guatemala reconocieron hoy en Washington que existen "problemas estructurales" en el Estado que impiden que las investigaciones de la mayoría de casos de violencia contra las mujeres obtengan resultados satisfactorios.
La debilidad de los sistemas de evaluación de pruebas y de protección de testigos son las causas principales de estas deficiencias, indicó Ruth del Valle, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una de las audiencias de su 134 periodo de sesiones, que se celebra en Washington del 16 al 27 de marzo, la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), analizó el caso concreto de María Isabel Véliz Franco, hallada muerta el 18 de diciembre de 2001 en la capital del país.
El caso, llevado a audiencia por la propia madre de la víctima, R.E.F.S, y que aún permanece abierto, fue revisado por la perita Claudia Paz, quien enumeró ante la CIDH las deficiencias que había encontrado en la investigación.
"Las actas oficiales omitieron circunstancias fundamentales sobre el cadáver y la escena del crimen, el registro del examen médico forense quedó incompleto, y los retrasos en las diligencias fueron injustificados", dijo Paz.

Entre esos retrasos, señaló, destacan los más de dos años y medio que transcurrieron hasta que la madre de la víctima obtuvo protección policial, o los tres años que pasaron desde la declaración ante la fiscalía de uno de los sospechosos, Gustavo Bolaños, hasta que se inició el proceso de verificación de las declaraciones.
"Los feminicidios son delitos públicos y corresponde al Estado solucionarlos, pero muchas veces el Estado tiende a pensar que es responsabilidad de los familiares de la víctima aclarar lo que ha pasado con el caso", sentenció Paz.
Según la perita, en muchos casos "no se cree en el relato de la víctima, se cree que miente o que tiene interés en manipular lo que ocurrió".

En el caso de María Isabel Véliz, agregó, los informes policiales "estigmatizaron a la víctima y a su familia, destacando características negativas que no aportaban nada a la investigación y que infundían la impresión de que obtuvo su merecido".
Según Del Valle, las irregularidades en el caso se deben a que, en el momento de ocurrir los hechos, en 2001, no había un sistema de evaluación de pruebas de acuerdo a los estándares internacionales.
"Ese sistema se ha establecido a partir de 2006, y está refrendado en el Ministerio Público. Los casos que la fiscalía investiga desde entonces sí responden a los estándares de derechos humanos", aseguró Del Valle.

La fiscal del Ministerio Público, Beatriz Torres, anunció su voluntad de desarrollar un programa de fortalecimiento de la protección de testigos, y lamentó la situación de impunidad en la que concluyen muchos de los casos.

http://www.adn.es/sociedad/20090321/NWS-0046-Guatemala-deficiencias-resolucion-violencia-reconoce.html