Además, en el documento auspiciado por la Asociación Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), presentado ayer en la ciudad, se evidenció que en Chihuahua existe un patrón establecido de facto en delegar todos los asuntos relacionados con las mujeres a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia que no está facultada jurídicamente para coordinar esta actividad.
La investigación se realizó a través de solicitudes de información pública que se hicieron por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) a 18 dependencias estatales y 13 municipales, quienes entregaron respuestas plagadas de irregularidades, incompletas, parciales y manipuladas para simular que cumplen con las recomendaciones del CEDAW, según se expuso.
Por lo que la consejera del Ichitaip, Claudia Alonso Pesado, aseguró que someterá el informe al Consejo General del Ichitaip para determinar si las dependencias que cometieron irregularidades en sus respuestas son sujetas a sanciones.
Las recomendaciones que el CEDAW hace a México son 20 y son medidas necesarias que se deben llevar a cabo desde el ámbito legislativo, administrativo, judicial y político para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Una de ellas, por ejemplo, es armonizar las leyes y normas de los tres niveles de gobierno con la Convención CEDAW para poner fin a la violencia perpetrada contra las mujeres.
También propone tipificar en el Código Penal el feminicidio como delito y aplicar una estrategia eficaz para incorporar la perspectiva de género en todos los planes nacionales.
La metodología utilizada por el Observatorio Ciudadano en este informe consistió en hacer cuatro preguntas a las dependencias estatales y locales para conocer si la Secretaría de Relaciones Exteriores les informó de las recomendaciones; quién se encarga de dar seguimiento; qué área está encargada de hacer los informes correspondientes y qué acciones realiza a favor de las mujeres.
Las solicitudes de información se empezaron a procesar a partir de octubre de 2007.
Aunque las respuestas de las dependencias fueron variadas en su contenido, el Observatorio Ciudadano resumió que, en general, las instituciones revelan el incumplimiento para atender las recomendaciones.
Además, varias de las respuestas se hicieron fuera de tiempo y en algunos casos tuvieron que presentar recursos de revisión por negar la información. Exhibieron, por ejemplo, la respuesta del Instituto de la Vivienda (IVI), dependencia estatal que negó la información porque el recurrente carecía de derecho porque no residía en el estado, no contribuía al gasto público y no participa en los procesos electorales.
En las respuestas recibidas detectaron también que 13 dependencias estatales copiaron la contestación de la PGJE, quien envió un “machote” para que las adecuaran a sus marcos normativos y actividades.
En el caso de la PGJE señalaron que la dependencia insistió en conocer a quien formulaba la pregunta y al acudir un funcionario estatal a la oficina del Observatorio Ciudadano les manifestó que esperaban que el resultado no fuera negativo para la dependencia para no dañar la imagen de la institución.
En el caso del Municipio, ocho dependencias argumentaron inexistencia de la información, cuatro respondieron exactamente igual, en el sentido de que sí contaban con los datos, y una consideró que las preguntas no eran de su competencia.
Gloria Ramírez, presidenta del AMDH, indicó que este informe final será entregado al Poder Ejecutivo estatal, al Ichitaip y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haga un análisis y cumpla con la obligación de dar seguimiento a las recomendaciones del CEDAW.
“Nuestro afán no solamente es denunciar, sino decir que el Estado tiene un gran potencial en mujeres y en propuestas, en organizaciones, poder tener una sinergia que rompa esos esquemas, porque no es con el silencio, sino con diálogo como se puede construir nuevas miradas sobre Chihuahua y Ciudad Juárez”, afirmó.
Agregó que la labor del Observatorio no termina con el informe, ya que ahora revisarán e incentivarán el cumplimiento de las recomendaciones.
Agregó que no descartan denunciar de manera formal ante el Ichitaip a las dependencias que respondieron de manera irregular, pero dijo que primero evaluarán jurídicamente esta posibilidad.
La derechohumanista manifestó que al igual que Chihuahua, la Federación también demostró ser omisa en el seguimiento y cumplimiento del protocolo internacional, ya que a ese nivel también se aplicó el mismo ejercicio y los resultados fueron similares.
El informe final se presentó ayer en el Colegio de la Frontera Norte ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y organizaciones de la sociedad civil.
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