17 de marzo de 2009

Los juzgados de violencia de género de Zaragoza inician una huelga indefinida

Los veinte trabajadores de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza comenzaron ayer una huelga indefinida para reivindicar un complemento salarial por la especificidad de su trabajo. Un complemento que estos trabajadores percibían hasta que las competencias fueron transferidas a la Comunidad, hace ahora un año. Además, los funcionarios reclaman unas instalaciones de trabajo «dignas» y una regulación de sus condiciones laborales.

Esta huelga viene a ser un endurecimiento de las protestas que los trabajadores de estos juzgados han estado realizando cada lunes desde el pasado 19 de enero. Ante la falta de acuerdos, los trabajadores han decidido convocar una huelga indefinida.

Servicios mínimos
Sin embargo, la polémica ha rodeado a esta convocatoria, ya que los trabajadores consideran «abusivos» los servicios mínimos establecidos por la administración. Según explicó el representante sindical de Comisiones Obreras en materia de justicia, Luis Casero, «los cinco funcionarios que se encarguen de hacer la guardia durante la huelga deberán hacer frente al cien por cien del trabajo». Esta situación ha llevado a los representantes sindicales a anunciar acciones judiciales para impedir que «se frenen los efectos de la huelga». En la mañana de ayer presentaron un recurso, en el que pedían la anulación de la decisión de servicios mínimos adoptada por el Gobierno regional.

Sin embargo, el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Ejecutivo regional, Rogelio Silva, indicó ayer, en una entrevista en la televisión autonómica, que en ningún caso el Ejecutivo tiene intención de «coartar el derecho a huelga».

Consejero y trabajadores no coinciden ni en este punto, ni en ningún otro de los que han llevado a esta huelga. Según Silva, estos funcionarios cobran 250 euros más desde que las competencias están traspasadas a Aragón. Algo que los trabajadores niegan. Según estos últimos, esta paga la cobran todos los funcionarios de justicia de Aragón y su función es equipara sus sueldos a los del resto de España. Por lo que respecta a las instalaciones, Silva reconoció que hay «deficiencias» pero aseguró que se están subsanando poco a poco.

YOLANDA AZNAR
www.abc.es

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