Juzgados complejos
Los de Violencia sobre la Mujer son Juzgados que reciben la mayor parte del trabajo en las guardias . Durante las mismas (que son de tres días), en Madrid llegan a celebrarse una media de seis juicios rápidos y se acuerdan en torno a 7 u 8 órdenes de protección. La sobrecarga que soportan provoca que un tercio de los profesionales allí destinados prolonguen su jornada laboral entre un 10 y un 30 por ciento por encima del horario.
Los secretarios judiciales de los juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer -92 en toda España- se sienten discriminados con respecto a jueces, fiscales y resto de funcionarios. Son los únicos que no ven recompensado en sus nóminas el esfuerzo añadido que supone trabajar en esta materia; al contrario, ven cómo les sobrepasan no sólo los jueces y los fiscales (como ellos, cuerpos jurídicos superiores) sino también las tres categorías de funcionarios. No descartan convocar paros si no se les dispensa un trato «equitativo».
Un decreto del Ministerio de Justicia, firmado en la etapa de Mariano Fernández Bermejo y en vigor desde el pasado 1 de enero, ha duplicado los ingresos por las guardias tanto a los jueces como a los miembros del Ministerio Público que prestan servicio en Madrid, Barcelona y Sevilla; a los funcionarios, que dependen de los gobiernos autonómicos, se les está empezando a abonar un complemento por la especificidad del destino, una fórmula para evitar la movilidad. Así ocurre en Madrid y Cataluña. Valencia lo aprobará en breve.
De esta forma, mientras Justicia paga a jueces y fiscales 487 euros por guardia (el servicio dura tres días), los secretarios judiciales y el resto de los funcionarios perciben 273. A esto cabe añadir, aunque dependa de cada Comunidad, el complemento específico, que es de 774 euros mensuales en el caso de los funcionarios de gestión; 719 en el de los de tramitación procesal; y 663 en el de los funcionarios de auxilio judicial.
Los secretarios judiciales de Violencia sobre la Mujer se sienten «discriminados» retributiva y profesionalmente y por ello se han dirigido por escrito al Ministerio. Quieren reunirse con sus responsables. Incluso han pedido la mediación del Consejo General del Poder Judicial y han mantenido un encuentro con el vocal Antonio Dorado (que es secretario judicial) y con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán.
Esta última ha transmitido su preocupación al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien ha enviado una carta en la que también pone de manifiesto la importancia del trabajo que realiza este colectivo.
O todos o nadie
Los secretarios judiciales son conscientes de que el ministro Francisco Caamaño y el resto de su equipo acaban de aterrizar -de hecho, el nombramiento de la nueva directora general de Modernización, Caridad Hernández, se acordó en el Consejo de Ministros del pasado viernes- pero quieren una respuesta a su reclamación en el plazo de tiempo más breve posible.
Fuentes de este colectivo explicaron a ABC que tampoco se les olvida que la actual situación económica no es la mejor para exigir subidas retributivas. Pero lo que no están dispuestos a tolerar es «la discriminación y el agravio». «Si hay que congelar los sueldos, que se haga; pero si no hay dinero, no lo hay para nadie», advierten.
NIEVES COLLI
www.abc.es
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