Guardias civiles, policías nacionales, trabajadores del centro penitenciario de Logroño y miembros de la Fiscalía en La Rioja profundizan hoy en el Sistema de Seguimiento Integral (SSI) de los casos de violencia de género, que se aplica desde hace un año y que incluye 767 casos de la comunidad riojana.
La Delegación del Gobierno en La Rioja, en un comunicado, ha añadido que esta jornada de formación práctica sobre el SSI en Logroño trata de coordinar toda la información y recursos humanos que se destinan a la lucha contra la violencia de género.
Durante la jornada, inaugurada por el delegado del Gobierno en La Rioja, José Antonio Ulecia, se informa sobre cómo establecer un seguimiento eficaz de las medidas de alejamiento y protección, de las que se benefician 350 mujeres en La Rioja; así como aumentar el nivel de seguridad de las mujeres amenazadas.
Los objetivos de esta jornada de formación son los de profundizar en los conocimientos del SSI, trasladar al Ministerio del Interior las sugerencias y requerimientos de los usuarios de La Rioja y facilitar un espacio de intercambio profesional entre todas las personas implicadas en la protección de las víctimas de violencia de género.
El SSI, desarrollado en el ámbito nacional por el Ministerio del Interior, es una herramienta de trabajo para todos los profesionales que intervienen en la protección de las víctimas.
Su coordinación en el ámbito nacional permite el seguimiento de víctima y agresor aunque se produzcan traslados de domicilio de la mujer o el agresor se encuentre bajo la supervisión de Instituciones Penitenciarias, en centros ubicados fuera de La Rioja.
El SSI se inició en 2007 y actualmente involucra a unos 26.000 usuarios y gestiona 104.000 casos, de los 767 son de La Rioja, donde tienen acceso a ellos todos los funcionarios policiales, de Instituciones Penitenciarias, Fiscalía y Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno.
Esta herramienta, que es una iniciativa "pionera" en el ámbito europeo y mundial para combatir este problema social, ha contado con la colaboración de las Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona e Instituto Criminológico Andaluz en la elaboración de los formularios de riesgo.
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