El jurado de esta tercera edición de los premios ha decidido por unanimidad homenajear la labor de esta organización sin ánimo de lucro que, desde Perú, coordina una extensa red de entidades regionales y de destacadas personalidades que trabajan en el ámbito iberoamericano en la defensa de los derechos de la mujer.
Entre las prioridades de CLADEM, nacida en 1987, figuran "la lucha contra la violencia sobre las mujeres, la promoción y vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género".
Así, presta asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia de género y procura el seguimiento de los estados latinoamericanos y del Caribe en el cumplimiento de la protección de los Derechos Humanos. Uno de los principales logros del Comité fue que, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena se declarara a la violencia de género como una violación de los Derechos Humanos.
Además, desde 1995 CLADEM tiene status consultivo ante las Naciones Unidas y desde 2005 puede participar de las reuniones de la Organización de Estados Americanos. Concretamente, la organización cuenta con oficinas nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La directora de CLADEM, Mónica de las Casas, explicó "es muy difícil trabajar en una región que ha vivido durante mucho tiempo con dictaduras o en conflictos armados, donde no hay ninguna institucionalidad democrática, ni una plena vigencia democrática".
Por ello, indicó que "esta situación hace que la cultura de los Derechos Humanos sea prácticamente inexistente entre las personas y muchas veces se identifica el trabajo en favor de un derecho como promoción o apología del delito".
El Premio Rey de España de Derechos Humanos se concede cada dos años y tiene por objeto reconocer y estimular a las organizaciones que se hayan distinguido en la defensa y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos en Iberoamérica. Está instituido por el Defensor del Pueblo y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá.
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