El concepto de violencia de género crecerá más allá del ámbito de la pareja

• Llegará además al entorno familiar, social y laboral
• La nueva Ley también tutelará a las personas dependientes de la mujer

La futura Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León ampliará el concepto de violencia más allá del ámbito de la pareja a otros como el familiar, social y laboral. Además, no sólo garantizará el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas a recibir atención integral, sino también de las personas dependientes de ella, desde hijos a personas mayores, al considerarles víctimas indirectas. Así lo recoge el último borrador del proyecto de Ley que ultima la Junta, al que tuvo acceso Ical, que en breve pasará los últimos trámites para debatirse en el seno de las Cortes regionales.

A estas dos novedades, la norma, compromiso de legislatura del jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, sumará el abordaje de la violencia de género desde el ámbito de la prevención y la atención, para dar una respuesta "efectiva" a las necesidades existentes, y fijará mecanismos de planificación y coordinación de las medidas que adopten los poderes públicos para alcanzar su primer y último objetivo: erradicar esta lacra social.

Del mismo modo, servirá para que se potencien los recursos asistenciales para mejorar la atención al colectivo a través de una mayor cualificación de los profesionales, gracias a programas específicos de formación; y articulará medidas de prevención, a través de un refuerzo de las campañas de sensibilización que se dirigen a la población y con las que se intentará involucrar al mayor número de asociaciones para llegar a la mayor parte del público objetivo.

La Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León responde a la necesidad de "regular como el máximo rango legal" la obligación de los poderes públicos de dar una respuesta efectiva al problema, para lo que fijará un conjunto de derechos y abordará sus situaciones desde un punto de vista global y multidisciplinar. Su objetivo básico pasa por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, para lo que es necesario eliminar la violencia hacia la mujer como la más clara manifestación de desigualdad.

En este sentido, el texto normativo especificará que los poderes públicos "no pueden ser ajenos a este tipo de violencia, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la no discriminación por razones de sexo". De hecho, este derecho a la igualdad real está considerado como fundamental en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, y obliga a los poderes públicos a eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida su plena realización.

En el caso concreto del Estatuto de Autonomía, la norma autonómica básica prohíbe, de forma expresa, la discriminación de género y exige a los poderes públicos adoptar medidas positivas para lograr la plena igualdad entre sexos, sobre todo en "el ámbito educativo, económico, laboral, en la vida pública, el medio rural, en relación con su salud y con colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, de manera particular las víctimas de violencia de género".

Abordaje integral

La Ley, cuyo título preliminar establece como principio rector garantizar la protección de la intimidad de las víctimas en todos los procedimientos, también contempla como parte del abordaje integral la elaboración de estudios y trabajos de investigación que permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia de género, así como la colaboración con los medios de comunicación.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la norma es la prevención. En este ámbito destacan las medidas de formación de todos los profesionales que intervienen con las mujeres y, en especial, la importancia de la prevención en el ámbito educativo, laboral y sanitario. Dentro de los instrumentos de planificación y coordinación, como ejes rectores, la Ley se centrará en todas aquellas medidas que sumen los esfuerzos de instituciones, asociaciones y colectivos que trabajan en la erradicación de esta lacra social.

Colaboración

El desarrollo del cuerpo normativo se han tenido muy presentes la conclusiones de la Ponencia de Estudio sobre Violencia de Género en Castilla y León que, tras la comparecencia de expertos y profesionales, se cerró en 2006 con la principal conclusión de ofrecer a la sociedad una regulación específica en la materia, además con carácter integral.

En la elaboración de este anteproyecto han participado cerca de 50 colectivos y asociaciones de Castilla y León con la presentación de alegaciones, conclusiones y sugerencias. Entre ellos figuran, por ejemplo, la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer y el Consejo Regional de la Mujer. La primera está integrada por el Consejo de Colegios Profesionales de Abogados de Castilla y León; el de Psicólogos, y el de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en Castilla y León. El segundo lo integran, además de los sindicatos UGT y CCOO, hasta 15 asociaciones de mujeres y otras de carácter más general, como los sindicatos agrarios UCCL y Asaja.

En la lista de colectivos a los que la Junta ha consultado se encuentran también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL); la Delegación del Gobierno; la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP); la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), junto a Cruz Roja Castilla y León; Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León; el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos y el de Diplomados en Enfermería, entre otros.

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