La violencia de género en Asturias arraiga entre los jóvenes

El fiscal encargado de estos casos en el Principado, Gabriel Bernal, considera "preocupante" el número de esta clase de delitos entre menores de 30 años

El fiscal encargado de los casos de violencia de género en Asturias, Gabriel Bernal, considera "preocupante" el número de estos delitos entre parejas jóvenes, entre los que destacan cinco víctimas menores de edad.

Así lo expresa en la Memoria anual de la Fiscalía correspondiente a 2008, que refleja que de las 376 diligencias urgentes tramitadas en el Juzgado de Violencia de Género de Oviedo, 80 de las víctimas eran menores de 30 años y sus agresores tenían edades semejantes, lo que refleja que los roles de violencia machista "también arraigan en generaciones en las que, por su edad, no deberían estar presentes".

En opinión del fiscal, es necesario redoblar y mantener los esfuerzos educativos durante la infancia y la juventud para lograr una disminución "relevante y apreciable" de este tipo de conductas, para lo que es necesario formar a los ciudadanos en estos valores desde la sociedad en su conjunto y no sólo en el ámbito escolar.

Entre todos los casos, distingue los de cinco víctimas menores de 18 años, cuyos agresores son mayores de edad pero de acusada juventud.

Bernal destaca la importancia de los medios de comunicación y los distintos agentes sociales en el compromiso de luchar contra la violencia sobre la mujer, que el pasado año sumó 757 denuncias en Asturias, 519 de las cuales fueron realizadas por la propia víctima.

Entre los requerimientos 150 se iniciaron desde los servicios de asistencia y no por denuncia de las víctimas, mientras que 117 mujeres afectadas por episodios violentos se mostraron contrarias a continuar con el procedimiento judicial.

En el Juzgado de Violencia de Género de Oviedo se tramitaron en 2008 766 procedimientos penales y 81 civiles, el número de órdenes de protección solicitadas llegó a 234, de las cuales se concedieron 118.

En cuanto al país de origen de las víctimas, 257 eran de nacionalidad española mientras que 119 procedían de otras nacionalidades, de estas últimas, 93 eran de Centro y Sudamérica, el colectivo de inmigrantes con mayor presencia en la región.

Del informe de la Fiscalía también se desprende la preocupación desde los estamentos judiciales por la oferta ocupacional que existe en el Principado para aquellos casos a los que se pena con trabajos en beneficio de la comunidad.

En este sentido, Bernal califica la oferta de insuficiente y destaca como notable la demora en la elaboración de programas de cumplimiento para este tipo de penas, que en ocasiones llegan a prescribir a la espera de plazas disponibles.

Finalmente, el fiscal solicita un incremento de personal en la Unidad Forense de Valoración Integral adscrita a los juzgados que llevan estos casos, ya que sólo está formada por un psicólogo y un trabajador social, lo que resulta insuficiente debido la carga de trabajo que soportan.

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