Quesada expuso hoy en conferencia de prensa el informe anual de labores (2008-2009) de la Defensoría de los Habitantes, el cual indica que los costarricenses interpusieron un total de 17.539 denuncias contra instituciones estatales en los últimos doce meses.
Una de las principales preocupaciones de Quesada es el creciente numero de denuncias por violencia de género, un flagelo que cobró la vida de unas 30 mujeres en 2008 a manos de sus parejas sentimentales.
La defensora dijo que las mujeres no cuentan con un acompañamiento legal adecuado para conocer sus derechos y afirmó que siguen "sin protección", pues dos artículos de la ley contra la violencia doméstica fueron declarados inconstitucionales y aún no se corrigen.
Aseguró que la violencia contra las mujeres se convierte en un problema público solo cuando mueren asesinadas y no antes, cuando, a su juicio, las autoridades no le dan la importancia necesaria porque los ven como "un asunto privado".
Una de las instituciones más denunciadas por los habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debido a las largas listas de espera para cirugías y citas con especialistas, que en ocasiones son programadas para dentro de meses e incluso años.
"Los ciudadanos nos dicen que no saben si estarán vivos" para cuando les llegue el turno de una cirugía o una cita, comentó Quesada.
La defensora también criticó "el doble discurso" del Gobierno en materia ambiental, pues "por un lado hablan de la protección de los recursos naturales y el turismo sostenible" y por otro "el Estado es uno de los principales violadores de la ley ambiental".
Según Quesada, el Estado está atentando contra el medioambiente al no aligerar la creación de una ley de recurso hídrico moderna y al conceder permisos de minería a cielo abierto y para construcciones en la zona marítimo terrestre.
El informe también denuncia deficiencias en la gestión municipal por al existencia de basureros al aire libre, aguas sin tratamiento, contaminación de fuentes de agua, la prestación deficiente de servicios y el otorgamiento de polémicos permisos de construcción en zonas cercanas al mar o montañas.
El texto también contiene denuncias sobre el transporte público, el maltrato contra los ancianos, el desempleo, la inseguridad y violencia.
www.que.es
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