Felícitas y Susana esperan justicia en la zona mixe
En Oaxaca, 22.9 por ciento de las mujeres han sido víctimas de actos de violencia como discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual en el ámbito escolar, cifra que supera el promedio nacional que asciende al 15.6 por ciento.
“Felícitas” y “Susana” son dos de las muchas víctimas de los centros escolares, sus cuerpos de niñas-adolescentes no son cifras estadísticas, sino el terreno de la agresión sexual por parte de sus maestros y de directivos de las instituciones educativas.
Las estadísticas producto del Diagnóstico y evaluación de la situación de violencia de género en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía y Familia; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; e Ipas México, son el reflejo de una realidad que tienen nombres y vidas apenas comenzadas.
Evelyn Aldaz Velez, señala en el resumen ejecutivo de los hallazgos de Oaxaca, que las adolescentes que hablan una lengua indígena han enfrentado mayores episodios de violencia en la familia (54 por ciento de adolescentes indígenas contra 31 por ciento de adolescentes no indígenas).
En la comunidad la violencia también es mayor contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en comparación con las que no lo son, con 51 y 32 por ciento, respectivamente. Mientras que en la escuela la cifra también desigual, 29 por ciento frente a 17 por ciento, entre las niñas que hablan una lengua y las que no. Esta es la “clasificación” donde se podrían ubicar Felícitas y Susana.
Felícitas y Susana, cuyos nombres se han cambiado para proteger su identidad, son dos de las niñas afectadas por la violencia sexual en la escuela.
Se trata de los albergues de Zacatepec Mixes y de Tamazulapam Mixe, donde el director, en un caso, y un maestro en el otro abusaron de sus alumnas.
De los hechos existen denuncias, en el primero no se obsequió la orden de aprehensión en una primera instancia, por lo que se apeló la decisión. Del segundo caso, la autoridad municipal obligó al padre de la víctima a firmar un “acta convenio”.
SUERTE DE SER MAESTRO Y AUTORIDAD
En tanto, los responsables de la educación como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), optan en todos estos casos por tomar la misma determinación: cambiar a los maestros agresores de institución para “resolver el problema”.
Esa ha sido la “suerte” de los agresores de Felícitas y Susana: Eloy Nicolás Laureano y Víctor Pérez González, quienes no sólo no fueron detenidos, sino también reconocieron los hechos que se les imputaban, pero firmaron un “convenio” que a la fecha no cumplen.
En estos casos, una de las familias fue obligada a firmar un convenio o acuerdo por parte del Ministerio Público, lo que estaba fuera de sus atribuciones, y por el otro fueron las autoridades municipales las que pidieron al padre suscribir un “acto convenio”.
Flora Gutiérrez, presidenta del Centro Integral Jurídico Pro-Derechos, asociación civil que lleva la defensa jurídica de los dos casos de violación contra las menores, denuncia que la circunstancia y la relación de poder que manejan los maestros en las comunidades son elementos fundamentales para que prevalezca la impunidad.
Se trata de maestros afiliados a la Sección 22 del SNTE. A veces estos maestros tienen un cargo dentro de la comunidad, lo que establece una relación jerárquica sobre las mujeres afectadas por la violencia sexual, que además no tienen recursos económicos y cuyas familias a veces no pueden comunicarse con la autoridad porque no hablan el castellano.
A ello, plantea la abogada de Pro Derechos, se agrega la corrupción de los Ministerios Públicos, quienes en lugar de aplicar la justicia para las víctimas, “se venden al mejor postor… actuando a favor de quien les da más dinero y estos casos son evidentes”.
Para las niñas violadas en las comunidades indígenas casi siempre no hay justicia, continúa la abogada Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias.
La impunidad de la justicia castiga a las víctimas. Mientras la comunidad también ejerce violencia contra las niñas al estigmatizarlas, lo que genera todas las repercusiones económicas, sociales y culturales en la vida de estas adolescentes. En los casos de Felícitas y Susana, tuvieron que abandonar la escuela secundaria, pues se embarazaron producto de la violencia sexual ejercida en su contra. Ahora tienen que mantener a sus hijos mientras sus violadores, por el grado de autoridad o jerarquía que tienen, no reciben ningún castigo.
Gutiérrez informa las irregularidades: En el caso de Felícitas, agredida sexualmente por Eloy Nicolás Laureano en el albergue de Zacatepec Mixes, el Ministerio Público obligó a que el papá, en representación de la niña, firmara un convenio con el agresor, pese a que esta “modalidad” no está permitida por la ley.
Su obligación es investigar y ejercitar la acción penal, es decir, consignar la averiguación previa ante los tribunales para que éstos, a su vez, libren una orden de aprehensión, pero en este caso los MP, lejos de verse de manera imparcial y estar a lado de la niña violada, están al lado del violador o presunto violador, señala la abogada.
Hubo una segunda instancia, pero como en el primero se negó la orden de aprehensión contra Nicolás Laureano, “pues no se acreditaba la violación y sí el estupro”, lo anterior porque el MP inicialmente había obligado a la familia de Felícitas a firmar un convenio.
Aunque de acuerdo con sus declaraciones Felícitas aseguró que el maestro la había obligado a tener relaciones sexuales, las autoridades de “procuración de justicia” y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca coincidieron en que no ameritaba ser detenido, pues Felícitas era mayor de 12 años pero menor de 18 años, lo que se configuraba era el delito de estupro, es decir, hubo cópula, pero con el consentimiento de la niña, resolución que finalmente se acordó en marzo de 2007.
“LA CARNE ES DÉBIL”
La historia de Susana no es diferente. Por los escasos recursos económicos de su familia, la niña fue enviada al albergue Alfonso Caso de Tamazulapam Mixe para que estudiara la secundaria. Quien “resolvió” el delito de violación en su contra cometido por el director de la institución escolar, Víctor Pérez González, fueron los síndicos municipales Maurilio Monterrubio López y Juvencio Franco Marín, así como otros funcionarios municipales en agosto de 2007.
Con lenguaje sexista, el acto convenio, como denominaron las autoridades, fue la forma de solucionar “el problema”, como se refieren al abuso sexual cometido contra la menor de 15 años de edad, que como en el caso anterior también resultó embarazada producto de la violación.
Susana fue contratada por Víctor Pérez González en la escuela para que fuera a su domicilio particular a hacer el aseo, ahí “logró su objetivo de tenerla sexualmente”, señala el acta-convenio cuya copia está en poder de Cimacnoticias.
Susana no les dijo a sus padres por temor a que fuera castigada, pero su madre se dio cuenta que se encontraba embarazada y así contó lo sucedido y acudieron ante las autoridades municipales, quienes optaron por resolver el caso sin que mediara la autoridad judicial.
En el acta-convenio, Pérez González “manifiesta que reconoce su error cometido y que la menor puede acudir con las instancias correspondientes y que pagará el delito que cometió, si la menor así lo desea… pero que la joven se encontraba en malos pasos…
Aclara que sabe muy bien el problema en que se metió, que efectivamente es muy penado… y aclara que cualquiera podía hacer lo mismo ya que la carne es débil y está dispuesto a arreglarlo de buena manera y para no llegar a otras instancias ya que el delito que cometió es muy penado… manifiesta que los padres de la menor hubieran platicado personalmente con este profesor, y de dialogar sobre el asunto, y de llegar a un buen acuerdo, que no era la forma o justo que se comparecieran ante las autoridades de la Sindicatura Municipal.
LAS VÍCTIMAS, SIN NINGÚN APOYO
Tanto Felícitas como Susana no recibieron nunca el apoyo económico al que se habían comprometido los agresores sexuales con la anuencia de las autoridades violentando todos sus derechos y, en cambio, los agresores sexuales no fueron castigados, fueron cambiados de escuela donde otras niñas y niños corren la misma suerte de Felícitas y Susana, señala la abogada.
Para la abogada, quien da seguimiento a estos y otros casos que se han presentado, apunta que sobre la justicia prevaleció la solidaridad masculina y una clara discriminación hacia la vida de las niñas mixes.
Flora Gutiérrez señaló que la impunidad en los casos de violencia sexual es muy alta en las comunidades indígenas, debido entre otras cosas a la completa parcialidad de los agentes del Ministerio Público.
De 10 casos de violación, cuatro se denuncian y seis no. El miedo es otro elemento por el que las niñas no exponen la violencia de la que son objeto, la estigmatización en la comunidad, pero sobre todo la poca posibilidad de que puedan acceder a la justicia, pues esto implica contar con dinero, viajar de su comunidad a la ciudad de Oaxaca y disposición de tiempo, además de un acompañamiento legal para que el MP no les diga “que dejen de molestar, que se vengan otro día”... hasta cansar a las víctimas, quienes terminan por abandonar sus casos.
De los cuatro casos, tres no obtuvieron justicia en la vía penal, el imputado no fue sancionado, al contrario, realmente la justicia fue en contra de las víctimas. En un solo caso la justicia resultó favorable a la víctima, gracias al acompañamiento legal que desde un principio se hizo, lo que no sucedió con los otros tres.
El Centro Integral Jurídico Pro-Derechos elaboró en 2007, con la ayuda del Fondo Canadá, un manual para atención a víctimas de violencia familiar, con un lenguaje accesible, sobre qué hacer en estos casos, cómo solucionamos esta problemática en las comunidades, además de impartir talleres en las comunidades, así fue como en solo unos meses encontraron al menos cuatro casos de violencia sexual.
Soledad Jarquín Edgar
www.cimacnoticias.com
11 de octubre de 2008
Los casos judiciales de malos tratos aumentan un 11% respecto a 2006
La apertura del Año Judicial celebrada ayer en Las Palmas sirvió para dejar patente que la prisión de Tenerife II está saturada, que los procedimientos penales se incrementaron un 6% respecto a 2006, y que hacen falta más medios para los casos de violencia doméstica, según apuntó Vicente Garrido, fiscal jefe.
El Año Judicial se inauguraba ayer en Las Palmas de la mano de Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual reclamó que "se apoye decididamente la independencia y eficacia del trabajo" de jueces y magistrados españoles, "independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia de otros poderes e instituciones". Por otra parte, se congratuló de la renovación y constitución del nuevo CGPJ.
Al acto también asistió Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, el cual destacó que son las figuras relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar las que siguen aumentado y generando, en consecuencia, una mayor preocupación, según el fiscal jefe, que destacó que "las mujeres son las que de forma reiterada y frecuente se convierten en víctimas en los entornos familiares y domésticos".
Así, el número de diligencias previas incoadas por los órganos judiciales de Canarias referidas al maltrato familiar fue de 4.974, reflejando un incremento del 10,93 por ciento siendo necesarios más medios.
Por otra parte, el volumen más importante de diligencias previas incoadas corresponde "como cada año" a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El número total de diligencias previas incoadas por todos los juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias catalogables en esta categoría delictiva fue de 94.976, reflejando un notable incremento del 8,79 por 100. "Si el año pasado por estas mismas fechas hablábamos de una esperanzadora estabilidad en la comisión de estos delitos en referencia a los datos del año 2006, hoy el frío dato de las cifras referidas y su desmesurado incremento nos devuelve a otra realidad diferente", añadió. En todo caso, precisó que, entre los distintos tipos penales, las conductas más graves, aquellas que suponen el empleo de violencia o intimidación en las personas para obtener un beneficio patrimonial, generaron 4.584 diligencias previas, representando el 4,82 por ciento de los delitos contra el patrimonio.
El ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales se concretó en el año 2007 en la presentación ante los diferentes órganos judiciales de un total de 15.095 escritos de acusación. Esta cifra representa un aumento del 4,74 por ciento en relación con las acusaciones formuladas en el anterior periodo anual.
La cifra más elevada, al igual que en el año precedente, corresponde a los escritos de acusación presentados en procedimientos abreviados, 8.228 entre las dos fiscalías provinciales. Igualmente, es significativo el número de escritos de acusación correspondientes a diligencias urgentes de enjuiciamiento rápido, que suman un total de 6.708.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apuntó que el número de inmigrantes llegados a Canarias disminuyó en 21.381 personas en relación al año anterior.
Castro Feliciano aseguró que "el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en el Año 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa. Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con la incidencia que ello determinó en los juzgados de instrucción afectados", fundamentalmente los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde, en El Hierro, que vieron sensiblemente aliviada la carga de trabajo, descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos juzgados en otras materias.
Alta tasa de resolución
En relación a los archivos de la Administración de Justicia en Canarias estos son, "sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones", aunque se ha mejorado en este apartado "al haberse destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable", dijo el presidente del TSJC.
Castro Feliciano resaltó que los órganos judiciales canarios alcanzaron en el último año una tasa de resolución solamente superada por las comunidades de Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de jueces y magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver, de tal modo que de los 407.839 registrados fueron resueltos 404.003, "pero la alta litigiosidad de nuestro territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un esfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos", manifestó.
AGENCIAS, Las Palmas
www.eldia.es
El Año Judicial se inauguraba ayer en Las Palmas de la mano de Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual reclamó que "se apoye decididamente la independencia y eficacia del trabajo" de jueces y magistrados españoles, "independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia de otros poderes e instituciones". Por otra parte, se congratuló de la renovación y constitución del nuevo CGPJ.
Al acto también asistió Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, el cual destacó que son las figuras relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar las que siguen aumentado y generando, en consecuencia, una mayor preocupación, según el fiscal jefe, que destacó que "las mujeres son las que de forma reiterada y frecuente se convierten en víctimas en los entornos familiares y domésticos".
Así, el número de diligencias previas incoadas por los órganos judiciales de Canarias referidas al maltrato familiar fue de 4.974, reflejando un incremento del 10,93 por ciento siendo necesarios más medios.
Por otra parte, el volumen más importante de diligencias previas incoadas corresponde "como cada año" a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El número total de diligencias previas incoadas por todos los juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias catalogables en esta categoría delictiva fue de 94.976, reflejando un notable incremento del 8,79 por 100. "Si el año pasado por estas mismas fechas hablábamos de una esperanzadora estabilidad en la comisión de estos delitos en referencia a los datos del año 2006, hoy el frío dato de las cifras referidas y su desmesurado incremento nos devuelve a otra realidad diferente", añadió. En todo caso, precisó que, entre los distintos tipos penales, las conductas más graves, aquellas que suponen el empleo de violencia o intimidación en las personas para obtener un beneficio patrimonial, generaron 4.584 diligencias previas, representando el 4,82 por ciento de los delitos contra el patrimonio.
El ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales se concretó en el año 2007 en la presentación ante los diferentes órganos judiciales de un total de 15.095 escritos de acusación. Esta cifra representa un aumento del 4,74 por ciento en relación con las acusaciones formuladas en el anterior periodo anual.
La cifra más elevada, al igual que en el año precedente, corresponde a los escritos de acusación presentados en procedimientos abreviados, 8.228 entre las dos fiscalías provinciales. Igualmente, es significativo el número de escritos de acusación correspondientes a diligencias urgentes de enjuiciamiento rápido, que suman un total de 6.708.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apuntó que el número de inmigrantes llegados a Canarias disminuyó en 21.381 personas en relación al año anterior.
Castro Feliciano aseguró que "el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en el Año 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa. Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con la incidencia que ello determinó en los juzgados de instrucción afectados", fundamentalmente los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde, en El Hierro, que vieron sensiblemente aliviada la carga de trabajo, descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos juzgados en otras materias.
Alta tasa de resolución
En relación a los archivos de la Administración de Justicia en Canarias estos son, "sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones", aunque se ha mejorado en este apartado "al haberse destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable", dijo el presidente del TSJC.
Castro Feliciano resaltó que los órganos judiciales canarios alcanzaron en el último año una tasa de resolución solamente superada por las comunidades de Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de jueces y magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver, de tal modo que de los 407.839 registrados fueron resueltos 404.003, "pero la alta litigiosidad de nuestro territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un esfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos", manifestó.
AGENCIAS, Las Palmas
www.eldia.es
Antonio Hidalgo López, nuevo subsecretario de Igualdad
El Gobierno ha nombrado subsecretario del Ministerio de Igualdad a Antonio José Hidalgo López, quien hasta la fecha desempeñaba el puesto de inspector general de Servicios en la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Nacido el 11 de septiembre de 1959 en Sevilla, casado, con una hija, Hidalgo López es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.
Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Junta de Andalucía y en la Administración General del Estado, entre ellos el de secretario general técnico de la Consejería de Cultura de Andalucía y el de subsecretario del Ministerio de Cultura.
www.expansion.com
Nacido el 11 de septiembre de 1959 en Sevilla, casado, con una hija, Hidalgo López es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.
Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Junta de Andalucía y en la Administración General del Estado, entre ellos el de secretario general técnico de la Consejería de Cultura de Andalucía y el de subsecretario del Ministerio de Cultura.
www.expansion.com
Lorente: «La igualdad no tiene marcha atrás, sólo es una cuestión de tiempo»
Miguel Lorente pronunció ayer la conferencia inaugural de las jornadas sobre masculinidad e igualdad
La primera conferencia también analizó las particularidades de la corriente posmachista
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género inaugura las jornadas sobre masculinidad
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género inaugura las jornadas sobre masculinidad
El Delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, considera que la igualdad de género es un proceso que ya no tiene marcha atrás: «No hay discusión posible, nadie lo va a parar. La única duda es cuánto vamos a tardar en conseguirlo. Si nos descoordinamos en esa tarea, lo retrasaremos y si no somos capaces de afrontarlo como es debido, entonces enfrentaremos dos posiciones, la masculina y la femenina. Pero antes o después lo conseguiremos, estoy seguro».
Lorente se expresó en estos términos durante la conferencia inaugural de las jornadas sobre masculinidad e igualdad de género, que organiza Prometeo, la asociación de hombres por la igualdad, con la colaboración de la Junta, los ayuntamientos de León y Villaquilambre y el patrocinio de La Caixa y Caja Duero. Los actos tienen lugar en el salón de actos del Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de León. Lorente resultó explícito y contundente: «No puede haber igualdad sin hombres. Podría haber equiparación, pero no es lo mismo» El delegado de Gobierno recordó las tradicionales fórmulas de desigualdad que han predominado en la historia moderna, a las que el varón siempre se ha adaptado para mantener una posición dominante. «Ahora es momento de acabar con las adaptaciones, es hora de acabar con la desigualdad». Para lograr ese objetivo, a criterio de Lorente será necesario que el varón abandone la tradicional teoría de que su status es superior y analizó la ética patriarcal de acuerdo a la cual se produce una jerarquización que siempre degenera en desigualdad.
El prototipo «ideal» para la sociedad machista responde al hombre caucásico, heterosexual, de raza blanca y edad adulta, casado, con hijos y de posición dominante. «Todo lo que sea salirse de esos prototipos, genera dudas. Un varón de esas características pero de raza negra, genera incertidumbre. Si es soltero se duda de su condición sexual...»
El ponente analizó el fenómeno del posmachismo. «Consiste en criticar a quien critica el sistema. El hombre que sigue esta filosofía duda del futuro porque quiere volver al pasado y culpa del paro a la mujer, por incorporarse al mercado laboral en lugar de estar en casa. También cree que la mala educación de los hijos es culpa de la madre, que hace su vida en vez de ocuparse sólo de su descendencia». En la misma línea, recordó que la desigualdad suele llevar finalmente a la violencia, y por ello subrayó tres axiomas básicos: «Es necesario demostrar que no todos los hombres son machistas, hay que recordar que no son sólo unos pocos los hombres que demuestran comportamientos machistas y finalmente hay que tener en cuenta que cualquier hombre puede ser un machista en potencia».
Más necesario que nunca
«Los modelos alternativos fomentan la desorientación y acrecientan los conflictos», recordó. «Por todo ello, la igualdad y el feminismo son más necesarios que nunca», concluyó, antes de recibir una cerrada ovación. «No puede haber igualdad sin hombres, eso sería simplemente una equiparación, sin más»
MIGUEL LORENTE Delegado de Violencia de Género
Miguel Ángel Zamora
Empleados Bancarios Con Tratamiento Psiquiátrico Por Exceso
El secretario General de la Asociación Bancaria de Entre Ríos, Juan Navarro en declaraciones a LT14 se refirió a la problemática que viven los trabajadores debido al exceso de horas que trabajan, y al acoso laboral por parte de funcionarios que desembarcaron desde el banco de Santa Fe a las sucursales entrerrianas. Navarro aseguró que iniciarán acciones legales y gremiales.
En la sucursal del BERSA de Paraná hubo un caso de una personas que falleció debido a la carga horaria y la presión que se ejerce sobre los trabajadores bancarios, mientras que en la localidad de Diamante un trabajador se encuentra internado luego de sufrir un infarto.
El secretario General de la Asociación mencionó que en muchos casos los empleados se encuentran realizando tratamiento psicológico debido a la cantidad de horas que trabajan y la presión que se ejerce sobre los mismos. Navarro sostuvo que “se ha planteado en distintos estamentos de los directivos del banco, pero no encontramos el eco respecto al acoso laboral y a la presión que existe en algunas áreas del banco con respecto algunos funcionarios que han desembarcado en las sucursales, llegados desde Santa Fe y que hoy se encuentran al frente de algunas áreas de la entidad”.
El secretario General de la Asociación sostuvo que estuvieron en asambleas con las autoridades del banco y si no se encuentra una solución la situación se va “agudizar”. Además señaló que “hay una gran preocupación de los trabajadores” y añadió que “accionaremos gremialmente y legalmente tenemos previstos hacer la presentación en la Dirección de Trabajo con respecto al acoso de estos personajes que vinieron desde afuera”.
LT14-SITIO DIGITAL/SEXTO SENTIDO rf
www.radiolt14.com.ar
En la sucursal del BERSA de Paraná hubo un caso de una personas que falleció debido a la carga horaria y la presión que se ejerce sobre los trabajadores bancarios, mientras que en la localidad de Diamante un trabajador se encuentra internado luego de sufrir un infarto.
El secretario General de la Asociación mencionó que en muchos casos los empleados se encuentran realizando tratamiento psicológico debido a la cantidad de horas que trabajan y la presión que se ejerce sobre los mismos. Navarro sostuvo que “se ha planteado en distintos estamentos de los directivos del banco, pero no encontramos el eco respecto al acoso laboral y a la presión que existe en algunas áreas del banco con respecto algunos funcionarios que han desembarcado en las sucursales, llegados desde Santa Fe y que hoy se encuentran al frente de algunas áreas de la entidad”.
El secretario General de la Asociación sostuvo que estuvieron en asambleas con las autoridades del banco y si no se encuentra una solución la situación se va “agudizar”. Además señaló que “hay una gran preocupación de los trabajadores” y añadió que “accionaremos gremialmente y legalmente tenemos previstos hacer la presentación en la Dirección de Trabajo con respecto al acoso de estos personajes que vinieron desde afuera”.
LT14-SITIO DIGITAL/SEXTO SENTIDO rf
www.radiolt14.com.ar
10 de octubre de 2008
Detienen a un hombre en Zaragoza como presunto autor de un delito de violencia de género
La Policía Local detuvo esta mañana en el zaragozano barrio del Actur a un hombre de 31 años, R.C.D., como presunto autor de un delito de violencia de género contra su ex pareja, a la que en el transcurso de una discusión, agredió físicamente.
Los hechos se registraron sobre las 5.30 horas en la calle Adolfo Aznar. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario con heridas leves, mientras que el presunto agresor fue puesto a disposición judicial.
Asimismo, en la calle Heroísmo fue detenido en la tarde de ayer Alexe I., de 39 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras ser denunciado por su esposa, según informaron fuentes de la Policía Local de Zaragoza.
EUROPA PRESS
www.laopinion.es
Los hechos se registraron sobre las 5.30 horas en la calle Adolfo Aznar. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario con heridas leves, mientras que el presunto agresor fue puesto a disposición judicial.
Asimismo, en la calle Heroísmo fue detenido en la tarde de ayer Alexe I., de 39 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras ser denunciado por su esposa, según informaron fuentes de la Policía Local de Zaragoza.
EUROPA PRESS
www.laopinion.es
Seis meses de prisión por violencia de género a un hombre, con la atenuante de sufrir de alcoholismo
El magistrado-juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a seis meses de prisión a un hombre, afectado de alcoholismo crónico, por acercarse a su ex pareja, de la que tenía orden de alejamiento, y sujetarla de las manos para evitar que huyera de él.
La sentencia, hecha pública hoy, condena al acusado, JA.J.H. por un delito de violencia de género, en su modalidad de coacciones, y, al tiempo que aplica la agravante de reincidencia, tiene en cuenta la atenuante "muy cualificada" de embriaguez, ya que en el momento de producirse los hechos, el imputado padecía de alcoholismo crónico que limitaba sus facultades de discernimiento.
Según explica la sentencia, el acusado, de 25 años de edad, y natural de Santander, había sido condenado a finales de enero de este mismo año por un delito de maltrato familiar, por el que también se le había impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
Sin embargo, tiempo después, tras ingerir cantidades de alcohol, y a pesar de tener conocimiento de la existencia de la orden de protección, "y con evidente desprecio hacia la resolución judicial", telefoneó a su ex pareja, quedando de acuerdo con ésta en verse en la puerta de su domicilio, en Santander.
Cuando ambos se encontraron, se originó una discusión y, con la finalidad de que ella no accediese al domicilio, el acusado la agarró del bolso donde estaban las llaves, y la sujetó por las muñecas con la intención de evitar el acceso al portal.
Por estos hechos, el juez condena al procesado, como autor de un delito de violencia de género en su modalidad de coacciones, concurriendo la agravante de reincidencia, y la atenuante muy cualificada de embriaguez, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante el término de un año.
Además le prohíbe que se aproxime a menos de 200 metros de la víctima, o que se comunique con ella por cualquier medio, durante un período de un año y medio, además de imponerle las costas del procedimiento.
www.europapress.es
La sentencia, hecha pública hoy, condena al acusado, JA.J.H. por un delito de violencia de género, en su modalidad de coacciones, y, al tiempo que aplica la agravante de reincidencia, tiene en cuenta la atenuante "muy cualificada" de embriaguez, ya que en el momento de producirse los hechos, el imputado padecía de alcoholismo crónico que limitaba sus facultades de discernimiento.
Según explica la sentencia, el acusado, de 25 años de edad, y natural de Santander, había sido condenado a finales de enero de este mismo año por un delito de maltrato familiar, por el que también se le había impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
Sin embargo, tiempo después, tras ingerir cantidades de alcohol, y a pesar de tener conocimiento de la existencia de la orden de protección, "y con evidente desprecio hacia la resolución judicial", telefoneó a su ex pareja, quedando de acuerdo con ésta en verse en la puerta de su domicilio, en Santander.
Cuando ambos se encontraron, se originó una discusión y, con la finalidad de que ella no accediese al domicilio, el acusado la agarró del bolso donde estaban las llaves, y la sujetó por las muñecas con la intención de evitar el acceso al portal.
Por estos hechos, el juez condena al procesado, como autor de un delito de violencia de género en su modalidad de coacciones, concurriendo la agravante de reincidencia, y la atenuante muy cualificada de embriaguez, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante el término de un año.
Además le prohíbe que se aproxime a menos de 200 metros de la víctima, o que se comunique con ella por cualquier medio, durante un período de un año y medio, además de imponerle las costas del procedimiento.
www.europapress.es
Unisemplosur toma inspectoría y Sural denuncia hostigamiento a trabajadores
Ambas partes manifiestan estar abiertas al diálogo, pero hasta los momentos no se han puesto de acuerdo acerca del reclamos que hace la masa laboral
En horas de la mañana de ayer, un grupo de trabajadores de Sural tomaron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo ante el incumplimiento de este organismo que se comprometió a entregarle el auto que les concede el inicio de las 120 previas al derecho a huelga, además del retiro de la solvencia laboral a la empresa. El sindicato ha tomado de manera intermitente la sede del organismo ministerial y cada vez se les prometió la entrega del documento para una nueva fecha, lo que hasta el día de ayer no se había cumplido, por lo que decidieron instalarse de manera indefinida en la inspectoría.
Ya son ocho meses desde que iniciaron los trámites ante la inspectoría y hasta los momentos no ha dado respuestas. El coordinador del trabajo, Arwin Pérez, se reunió en horas de la tarde con los trabajadores de Sural y reconoció que se comprometió a entregar el auto el martes. Les explicó que había dado las órdenes correspondientes, aunque finalmente estas no se cumplieron.
Entretanto, los trabajadores mantienen que se mantendrán en la inspectoría hasta que se cumpla con el compromiso, puesto que ellos ya han cumplido con todos los requisitos que debían para que se efectúe el proceso.
Denunciaron además amedrentamiento por parte de la empresa que mantuvo a efectivos de la Guardia Nacional dentro de la planta durante la tarde del martes, aun cuando no se había generado ningún tipo de conflicto.
Hostigamiento
La gerente de Sural, María De Solo, se pronunció a través de una nota de prensa, manifestando que el sindicato está obligando a los trabajadores a que mantengan una “operación morrocoy” dentro de la planta y esto se ha reflejado en el ritmo de las operaciones, aunque hasta los momentos han cumplido con sus compromisos comerciales y laborales.
Sostiene que el sindicato pretende que se calculen utilidades sobre utilidades, lo que no está permitido en la Ley Orgánica del Trabajo.
De acuerdo con De Solo, la organización gremial tiene una persecución, no solo hacia los trabajadores para que no cumplan con los niveles de producción, sino hacia los mismos directivos de la empresa, generando un alto nivel de malestar dentro de la planta.
Proponen mesa de diálogo
Los trabajadores de Sural lograron comunicare con el director nacional de la Inspectoría del Trabajo, Wilmer Núñez, quien les manifestó el interés por instalar una mesa de trabajo para buscarle una solución a sus reclamos. Así lo hizo saber el secretario general del sindicato, Isaic López.
No obstante, Núñez les advirtió que no trabajaría “bajo presión” y que podían enviarles a los funcionarios del orden público para que desalojaran las instalaciones, acotó el dirigente.
Ante la posición del director, López sostuvo que están dispuestos al diálogo, pero no se moverán de la inspectoría hasta que se les entregue el auto.
Marelys Torres
www.eldiariodeguayana.com
En horas de la mañana de ayer, un grupo de trabajadores de Sural tomaron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo ante el incumplimiento de este organismo que se comprometió a entregarle el auto que les concede el inicio de las 120 previas al derecho a huelga, además del retiro de la solvencia laboral a la empresa. El sindicato ha tomado de manera intermitente la sede del organismo ministerial y cada vez se les prometió la entrega del documento para una nueva fecha, lo que hasta el día de ayer no se había cumplido, por lo que decidieron instalarse de manera indefinida en la inspectoría.
Ya son ocho meses desde que iniciaron los trámites ante la inspectoría y hasta los momentos no ha dado respuestas. El coordinador del trabajo, Arwin Pérez, se reunió en horas de la tarde con los trabajadores de Sural y reconoció que se comprometió a entregar el auto el martes. Les explicó que había dado las órdenes correspondientes, aunque finalmente estas no se cumplieron.
Entretanto, los trabajadores mantienen que se mantendrán en la inspectoría hasta que se cumpla con el compromiso, puesto que ellos ya han cumplido con todos los requisitos que debían para que se efectúe el proceso.
Denunciaron además amedrentamiento por parte de la empresa que mantuvo a efectivos de la Guardia Nacional dentro de la planta durante la tarde del martes, aun cuando no se había generado ningún tipo de conflicto.
Hostigamiento
La gerente de Sural, María De Solo, se pronunció a través de una nota de prensa, manifestando que el sindicato está obligando a los trabajadores a que mantengan una “operación morrocoy” dentro de la planta y esto se ha reflejado en el ritmo de las operaciones, aunque hasta los momentos han cumplido con sus compromisos comerciales y laborales.
Sostiene que el sindicato pretende que se calculen utilidades sobre utilidades, lo que no está permitido en la Ley Orgánica del Trabajo.
De acuerdo con De Solo, la organización gremial tiene una persecución, no solo hacia los trabajadores para que no cumplan con los niveles de producción, sino hacia los mismos directivos de la empresa, generando un alto nivel de malestar dentro de la planta.
Proponen mesa de diálogo
Los trabajadores de Sural lograron comunicare con el director nacional de la Inspectoría del Trabajo, Wilmer Núñez, quien les manifestó el interés por instalar una mesa de trabajo para buscarle una solución a sus reclamos. Así lo hizo saber el secretario general del sindicato, Isaic López.
No obstante, Núñez les advirtió que no trabajaría “bajo presión” y que podían enviarles a los funcionarios del orden público para que desalojaran las instalaciones, acotó el dirigente.
Ante la posición del director, López sostuvo que están dispuestos al diálogo, pero no se moverán de la inspectoría hasta que se les entregue el auto.
Marelys Torres
www.eldiariodeguayana.com
Denuncia sindicato de Tornel maniobra de la CTM para retomar el control del gremio
Inválida, convocatoria a asamblea para el próximo día 17, alerta el dirigente Rodríguez Morales
Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizarán –el próximo 17 de octubre– una asamblea para destituir al comité ejecutivo del Sindicato Nacional Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel, con lo cual pretenden reinstalar el dominio cetemista en este gremio, denunció Alfredo Rodríguez Morales, secretario general de dicho sindicato, quien aseguró que no habrá respuesta de los trabajadores al intento por terminar con la organización independiente.
En entrevista, puntualizó que desde el pasado 18 de mayo, cuando determinaron dejar la CTM, han padecido hostigamiento constante de líderes cetemistas, quienes “estarían siendo apoyados por la empresa, pues los desestabilizadores, que son alrededor de 100 trabajadores, encabezados por Ariel Nieto Colín, ex secretario general del sindicato, y Jesús del Olmo, un dirigente de la central obrera, reciben una paga semanal que oscila entre 300 y mil pesos”.
Rodríguez Morales aseguró que la convocatoria para la asamblea, lanzada por la CTM, “no tiene validez”, lo que incluso confirmaron ayer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde nos dijeron que la emitían sólo 13 trabajadores, cuando las convocatorias con esa finalidad deben estar avaladas al menos por 33 por ciento de los afiliados al gremio, y pueden tener respaldo cuando las asambleas establecidas en los estatutos no han sido hechas por la directiva sindical, lo cual no aplica en esta ocasión, porque siempre hemos hecho todo conforme a los lineamientos”, afirmó.
Asimismo, apuntó que a las asambleas citadas por el gremio han acudido inspectores de la STPS, por lo cual existe registro de que se han realizado en tiempo y forma. Precisó que el viernes 17 de octubre, cuando está convocada la asamblea, más de 90 por ciento” de los trabajadores de Tornel estarán laborando, por lo que no acudirán al llamado, al cual sólo responderán “algunos incondicionales y acarreados, entre ellos ex trabajadores a los que les están pagando para dividir al gremio”, indicó. Precisó que dicha asamblea se llevará a cabo en el edificio central de la CTM.
Ante esta situación, Rodríguez Morales llamó tanto a la STPS como a los nuevos dueños de la empresa, Hari Shankar Shingania y Radupathi Shingania, accionistas mayoritarios del grupo indio JK Tires Industries, a que no avalen esta acción de la CTM y a que se acerquen al gremio que dirige, porque “lo que más importa es fortalecer la fuente laboral”, para que eso redunde tanto en beneficio de los trabajadores como de la empresa.
Asimismo, dijo lamentar que “detrás de todo esté Óscar Martín Romero Aldaco, gerente de relaciones industriales de la empresa”, y llamó a los accionistas de Tornel a “entablar un diálogo más directo”, pues ambos están por fortalecer la empresa, lo cual no se logrará imponiendo un “sindicato de protección, como pretende la gente de la CTM”.
Carolina Gómez Mena
www.jornada.unam.mx
Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizarán –el próximo 17 de octubre– una asamblea para destituir al comité ejecutivo del Sindicato Nacional Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel, con lo cual pretenden reinstalar el dominio cetemista en este gremio, denunció Alfredo Rodríguez Morales, secretario general de dicho sindicato, quien aseguró que no habrá respuesta de los trabajadores al intento por terminar con la organización independiente.
En entrevista, puntualizó que desde el pasado 18 de mayo, cuando determinaron dejar la CTM, han padecido hostigamiento constante de líderes cetemistas, quienes “estarían siendo apoyados por la empresa, pues los desestabilizadores, que son alrededor de 100 trabajadores, encabezados por Ariel Nieto Colín, ex secretario general del sindicato, y Jesús del Olmo, un dirigente de la central obrera, reciben una paga semanal que oscila entre 300 y mil pesos”.
Rodríguez Morales aseguró que la convocatoria para la asamblea, lanzada por la CTM, “no tiene validez”, lo que incluso confirmaron ayer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde nos dijeron que la emitían sólo 13 trabajadores, cuando las convocatorias con esa finalidad deben estar avaladas al menos por 33 por ciento de los afiliados al gremio, y pueden tener respaldo cuando las asambleas establecidas en los estatutos no han sido hechas por la directiva sindical, lo cual no aplica en esta ocasión, porque siempre hemos hecho todo conforme a los lineamientos”, afirmó.
Asimismo, apuntó que a las asambleas citadas por el gremio han acudido inspectores de la STPS, por lo cual existe registro de que se han realizado en tiempo y forma. Precisó que el viernes 17 de octubre, cuando está convocada la asamblea, más de 90 por ciento” de los trabajadores de Tornel estarán laborando, por lo que no acudirán al llamado, al cual sólo responderán “algunos incondicionales y acarreados, entre ellos ex trabajadores a los que les están pagando para dividir al gremio”, indicó. Precisó que dicha asamblea se llevará a cabo en el edificio central de la CTM.
Ante esta situación, Rodríguez Morales llamó tanto a la STPS como a los nuevos dueños de la empresa, Hari Shankar Shingania y Radupathi Shingania, accionistas mayoritarios del grupo indio JK Tires Industries, a que no avalen esta acción de la CTM y a que se acerquen al gremio que dirige, porque “lo que más importa es fortalecer la fuente laboral”, para que eso redunde tanto en beneficio de los trabajadores como de la empresa.
Asimismo, dijo lamentar que “detrás de todo esté Óscar Martín Romero Aldaco, gerente de relaciones industriales de la empresa”, y llamó a los accionistas de Tornel a “entablar un diálogo más directo”, pues ambos están por fortalecer la empresa, lo cual no se logrará imponiendo un “sindicato de protección, como pretende la gente de la CTM”.
Carolina Gómez Mena
www.jornada.unam.mx
Fiscal Montes: "No podemos esperar a que el trabajador se lesione o muera"
De nuevo la violencia machista y la siniestralidad laboral centraron la intervención de la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, en la apertura del año judicial. Preocupada por el "alarmante" número de muertes en ambos casos, la fiscal hizo un llamamiento a luchar contra la siniestralidad laboral y la violencia de género.
En materia de seguridad laboral advirtió de que las estadísticas de Osalan revelan que la mayoría de los accidentes con infracción de la normativa de prevención se produjeron en el sector de la construcción, sobre todo por caídas de altura, y en la industria, por atrapamiento de trabajadores. Montes apuntó que el número de accidentes mortales ascendió a 41 frente a los 49 del año anterior, mientras que se contabilizaron 335 accidentes graves (más de 320 en 2006) y 43.548 leves (más de 46.000 en 2006)
Subrayó la fiscal que la tarea pendiente para todos los poderes públicos implicados es atajar estas conductas, "controlando y en su caso sancionando, incluso penalmente, las infracciones sobre cumplimiento de las medidas de seguridad antes de que el daño llegue a producirse". "No podemos esperar a que el trabajador se lesione o muera", subrayó de manera gráfica en su alocución. "Hemos de inspeccionar, controlar y sancionar, en su caso, la carencia de las medidas de protección adecuadas", indicó.
Aumento "alarmante"
La fiscal Montes advirtió igualmente del "aumento alarmante" de la violencia machista y familiar, con 2.946 procedimientos de maltrato familiar no habitual (2.458 en 2006) y 121 habitual. "Estos datos son relevadores de que algo no funciona bien en el seno de nuestra sociedad en general, en nuestras familias en particular", reflexionó. Lamentó que los actos de violencia machista se siguen produciéndose -el último, el pasado domingo en Santurtzi-, causando en España la muerte de 71 mujeres en 2007 y unas 60 en lo que va de año.
Montes apuntó de nuevo los problemas que subyacen a la posibilidad legal de que las mujeres maltratadas puedan no declarar contra sus parejas. Una situación que se agrava cuando se trata de extranjeros sin residencia legal, ya que la pena de prisión conllevaría la expulsión del territorio. Otro de los problemas es el efectivo cumplimiento de las órdenes de alejamiento, "que deben imponerse por imperativo legal siempre que haya una condena", con independencia del deseo de la víctima. La fiscal instó a todas las instituciones a seguir colaborando para erradicar esta violencia.
A. G
www.elpais.com
En materia de seguridad laboral advirtió de que las estadísticas de Osalan revelan que la mayoría de los accidentes con infracción de la normativa de prevención se produjeron en el sector de la construcción, sobre todo por caídas de altura, y en la industria, por atrapamiento de trabajadores. Montes apuntó que el número de accidentes mortales ascendió a 41 frente a los 49 del año anterior, mientras que se contabilizaron 335 accidentes graves (más de 320 en 2006) y 43.548 leves (más de 46.000 en 2006)
Subrayó la fiscal que la tarea pendiente para todos los poderes públicos implicados es atajar estas conductas, "controlando y en su caso sancionando, incluso penalmente, las infracciones sobre cumplimiento de las medidas de seguridad antes de que el daño llegue a producirse". "No podemos esperar a que el trabajador se lesione o muera", subrayó de manera gráfica en su alocución. "Hemos de inspeccionar, controlar y sancionar, en su caso, la carencia de las medidas de protección adecuadas", indicó.
Aumento "alarmante"
La fiscal Montes advirtió igualmente del "aumento alarmante" de la violencia machista y familiar, con 2.946 procedimientos de maltrato familiar no habitual (2.458 en 2006) y 121 habitual. "Estos datos son relevadores de que algo no funciona bien en el seno de nuestra sociedad en general, en nuestras familias en particular", reflexionó. Lamentó que los actos de violencia machista se siguen produciéndose -el último, el pasado domingo en Santurtzi-, causando en España la muerte de 71 mujeres en 2007 y unas 60 en lo que va de año.
Montes apuntó de nuevo los problemas que subyacen a la posibilidad legal de que las mujeres maltratadas puedan no declarar contra sus parejas. Una situación que se agrava cuando se trata de extranjeros sin residencia legal, ya que la pena de prisión conllevaría la expulsión del territorio. Otro de los problemas es el efectivo cumplimiento de las órdenes de alejamiento, "que deben imponerse por imperativo legal siempre que haya una condena", con independencia del deseo de la víctima. La fiscal instó a todas las instituciones a seguir colaborando para erradicar esta violencia.
A. G
www.elpais.com
Un Guardia Civil de paisano evita la agresión a una mujer en los Juzgados de Badajoz
El agente se interpuso entre la victima y el agresor evitando que la siguiera agrediendo.
Un Guardia Civil de paisano perteneciente al Subsector de Trafico de la Guardia Civil de Badajoz, evitó la agresión a una mujer vecina de esta localidad, por parte de su pareja en los Juzgados de esta capital.Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron en la mañana del día de ayer, cuando un Guardia de paisano se encontraba en los pasillos de los Juzgado de Badajoz a la espera de la celebración de un Juicio.
Este observó como el ahora detenido insultó y agredió a su pareja momentos en el que el agente se interpuso entre la victima y su pareja, evitando que el agresor la siguiera golpeando.
Tras identificarse ante el agresor como Guardia Civil, alertó a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de esta capital, quienes se hacen cargo de la detención e instrucción de las diligencias por un delito de Violencia de Genero.
ead
www.extremaduraaldia.com
Un Guardia Civil de paisano perteneciente al Subsector de Trafico de la Guardia Civil de Badajoz, evitó la agresión a una mujer vecina de esta localidad, por parte de su pareja en los Juzgados de esta capital.Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron en la mañana del día de ayer, cuando un Guardia de paisano se encontraba en los pasillos de los Juzgado de Badajoz a la espera de la celebración de un Juicio.
Este observó como el ahora detenido insultó y agredió a su pareja momentos en el que el agente se interpuso entre la victima y su pareja, evitando que el agresor la siguiera golpeando.
Tras identificarse ante el agresor como Guardia Civil, alertó a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de esta capital, quienes se hacen cargo de la detención e instrucción de las diligencias por un delito de Violencia de Genero.
ead
www.extremaduraaldia.com
Más de 2.000 mujeres tienen protección por ser víctimas de violencia doméstica
Un total de 2.073 mujeres en Canarias cuentan con medidas de protección por ser víctimas de violencia de género, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y del Género del Consejo General del Poder Judicial facilitados ayer por el Instituto Canario de la Mujer.
En total, en España se han solicitado 37.826 órdenes de protección, de las que el 7, 3 por ciento eran de Canarias, que se «sitúa como la quinta comunidad con más medidas» solicitadas, según el documento. Asimismo, se desprende del informe que del total de solicitudes presentadas -2.780- fueron desestimadas 707, lo que supone un 74,57 por ciento de acuerdos con los tribunales para ordenar la protección de estas mujeres.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, manifestó sobre la situación de mayor o menor de mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas que «no se puede consentir es que sean las mujeres las que vayan marcadas». Pidió que fueran «ellos» los que lleven los dispositivos de vigilancia y las «marcas» que le señalen como «maltratador».
Llamadas al 1-1-2
Las llamadas al Servicio de Atención a la Mujer Víctima de Violencia (Samvv) 1-1-2 para denunciar casos de violencia de género han aumentado en lo que va de 2008 (enero-julio) un 17 por ciento con respecto al 2007. Así lo manifestó De Luis, que aclaró que ese dato es «preocupante» pues se aprecia que existe conflictividad, aunque instó a «celebrarlo», en el sentido de que las mujeres «tienen algo a lo que acudir cuando tienen un problema y que sepan que hay alguien que las atiende y les orienta».
Así, detalló que el 47 por ciento de las alertas en el Dispositivo de Emergencias de Mujeres Maltratadas (DEMA)es para denunciar violencia física sin agresión sexual y otro 47 por ciento por violencia no física. El 45 por ciento es por agresión física-psíquica, seguido de un 27 por ciento por agresión psíquica.
En lo que se refiere a las islas, apuntó que es Tenerife la isla que más alertas en DEMA tuvo en 2007 con casi 300, seguidas de Gran Canaria con 240 y ya más lejos Fuerteventura con 57, Lanzarote con 52, La Palma con 50, La Gomera con 22 y El Hierro con 12.
www.abc.es
En total, en España se han solicitado 37.826 órdenes de protección, de las que el 7, 3 por ciento eran de Canarias, que se «sitúa como la quinta comunidad con más medidas» solicitadas, según el documento. Asimismo, se desprende del informe que del total de solicitudes presentadas -2.780- fueron desestimadas 707, lo que supone un 74,57 por ciento de acuerdos con los tribunales para ordenar la protección de estas mujeres.
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, manifestó sobre la situación de mayor o menor de mujeres amenazadas por sus parejas o exparejas que «no se puede consentir es que sean las mujeres las que vayan marcadas». Pidió que fueran «ellos» los que lleven los dispositivos de vigilancia y las «marcas» que le señalen como «maltratador».
Llamadas al 1-1-2
Las llamadas al Servicio de Atención a la Mujer Víctima de Violencia (Samvv) 1-1-2 para denunciar casos de violencia de género han aumentado en lo que va de 2008 (enero-julio) un 17 por ciento con respecto al 2007. Así lo manifestó De Luis, que aclaró que ese dato es «preocupante» pues se aprecia que existe conflictividad, aunque instó a «celebrarlo», en el sentido de que las mujeres «tienen algo a lo que acudir cuando tienen un problema y que sepan que hay alguien que las atiende y les orienta».
Así, detalló que el 47 por ciento de las alertas en el Dispositivo de Emergencias de Mujeres Maltratadas (DEMA)es para denunciar violencia física sin agresión sexual y otro 47 por ciento por violencia no física. El 45 por ciento es por agresión física-psíquica, seguido de un 27 por ciento por agresión psíquica.
En lo que se refiere a las islas, apuntó que es Tenerife la isla que más alertas en DEMA tuvo en 2007 con casi 300, seguidas de Gran Canaria con 240 y ya más lejos Fuerteventura con 57, Lanzarote con 52, La Palma con 50, La Gomera con 22 y El Hierro con 12.
www.abc.es
Preocupan asesinatos
Marlene Blanco, directora de la Policía Nacional Civil, responde preguntas a periodistas, cuando terminó la actividad con diputadas al Congreso que aparecen detrás de ella.
Integrantes de la Comisión de la Mujer en el Congreso se reunieron ayer con Marlene Blanco Lapola, directora de la PNC, para expresar su preocupación sobre los asesinatos contra ese sector y conocer cómo van las investigaciones.
Las diputadas Beatriz Canastuj, Dolores Beltrán, Sonia Segura, Delia Back y Thelma Ramírez, integrantes de la citada comisión, se reunieron con Blanco en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las legisladoras manifestaron su preocupación por la violencia contra las mujeres; durante la cita, también comentaron respecto de otros temas que afectan a las féminas.
“Sabemos que ella (Blanco) nos dará el apoyo que necesitamos para frenar tanta muerte de mujeres”, expresó Ramírez, diputada por Izabal.
La funcionaria afirmó: “Si queremos que la violencia y la delincuencia hacia la mujer disminuyan, debemos colocar a mujeres en puestos de atención a la víctima”.
Otra solicitud de las legisladoras a la directora de la PNC es la promoción y cumplimiento de la Ley contra el Feminicidio, la cual tipifica la violencia física, psicológica, económica y sexual contra la mujer.
Denuncias de acoso
Blanco comentó a las legisladoras que conoce unas ocho denuncias por acoso sexual dentro de la institución.
Blanco comentó a las legisladoras que conoce unas ocho denuncias por acoso sexual dentro de la institución.
Afirmó que está optimista de que se romperá el silencio, y que las mujeres policías acudirán a ella para presentar sus casos.
La funcionaria señaló que luego de haber recibido cartas, llamadas telefónicas y mensajes de texto a su celular, ha identificado al menos ocho denuncias de acoso sexual en la PNC.
Agregó que confía en que, ahora que una mujer dirige la PNC, las mujeres que pertenecen a esa institución se acerquen para tratar sus casos, los cuales cree que son más, pero que por temor a represalias no se atreven a denunciarlos.
Necesitan inversión
La funcionaria aceptó que en las instalaciones de la academia, las comisarías y las subestaciones las condiciones no son las idóneas para el desempeño de las mujeres policías, por lo que insta al
La funcionaria aceptó que en las instalaciones de la academia, las comisarías y las subestaciones las condiciones no son las idóneas para el desempeño de las mujeres policías, por lo que insta al
Gobierno para que le amplíen el presupuesto del próximo año.
Con ese incremento se adecuarían dormitorios y sanitarios diseñados para hombres.
Con ese incremento se adecuarían dormitorios y sanitarios diseñados para hombres.
claudia acuña
La violencia familiar registra un repunte de 60% este año
Mujeres rompieron el silencio y denuncian a agresores (Cruz Sojo/Especial)
Más de 1.200 casos denunciaron de enero a septiembre en el litoral central
Más de 1.200 casos de violencia familiar se han registrado en el estado Vargas desde el mes de enero hasta los primeros días del mes de septiembre de 2008, según cifras que maneja la Fundación Instituto Regional de la Mujer (Iremujer) en la entidad costera.
La cifra representa un incremento del 60% de las denuncias formuladas en el mismo período durante el pasado año.
Sin embargo, las autoridades estiman que el aumento no obedece a la presencia de un mayor foco de violencia familiar en la zona costera, sino a la postura asumida por más mujeres de denunciar a sus agresores.
"Las mujeres rompieron el silencio en el cual se mantenían, y eso es un paso importante en su desarrollo personal, al tiempo de significar mejora para los integrantes del núcleo, pues en el caso de los maltratos físicos y verbales no son sólo victimas las parejas -hombres y mujeres-, sino también los hijos", apunta la presidenta del organismo, María Gabriela Croes.
Las denuncias recibidas en el Litoral Central son procesadas mayoritariamente en las jefaturas civiles, en la Dirección de Desarrollo Social de la Prefectura de Vargas y en los distintos organismos receptores de denuncias, así como en las defensorías adscritas a Iremujer.
"Otro aspecto positivo es que, con el paso del tiempo, tanto los organismos de seguridad como la Fiscalía se han dado cuenta de la gravedad de la situación y que los casos que antes eran desechados o calificados como 'problemas de marido y mujer', hoy son atendidos por ser un delito que cuenta con el respaldo de un instrumento legal", refiere Croes, aunque reconoce que todavía hay mucho por hacer pero que son pocas las voluntades para resolver las fallas. De acuerdo con estadísticas nacionales, tan sólo el 64% de las mujeres que padecen de maltrato denuncian formalmente a su agresor.
"Es por ello que es muy importante la formación e información de las mujeres, porque de esa manera ellas sabrán a dónde acudir en casos de violencia", acotó.
Actualmente la institución, conjuntamente con la Prefectura y los consejos comunales litoralenses, están diseñando un plan de difusión para dar a conocer las 19 formas existentes de violencia hacia la mujer, en foros y talleres.
Caraballeda.-
Trece mujeres están en riesgo extremo de sufrir un ataque de violencia de género
Francisca Munuera con González Tovar. (Foto: J.C .)
Las trece mujeres de la Región en situación de riesgo extremo por violencia de género mantendrán un contacto diario con la jefa de la Unidad de Coordinación de la Violencia contra la Mujer, Francisca Munuera.
De esta manera, la Delegación de Gobierno de Murcia da un paso más en las medidas de protección contra la lacra machista.
En una rueda de prensa, el delegado Rafael González Tovar explicó que la situación de nivel extremo exige una atención y una vigilancia personal y policial permanente hasta que la amenaza deje de ser inminente, lo que supone que se detenga al agresor.
Este máximo nivel de riesgo, que se reactiva también, explicó el delegado del Gobierno, cuando el agresor sale con permiso penitenciario o de fin de semana, conlleva que Munuera entre en contacto diario con la víctima para conocer sus necesidades y las de sus hijos menores.
Rafael González indicó que Murcia es la segunda comunidad donde se pone en marcha este sistema de protección, después de Madrid, y que sirve también para auto evaluar el sistema y conocer las necesidades de recursos o vivienda de la víctima así como el nivel de satisfacción que ésta tiene respecto al programa.
El Delegado del Gobierno, que informó de que en este año se han producido tres muertes por violencia machista en la Región, dijo que en la actualidad se registran 4.146 casos de seguimiento de víctimas, de los que 13 son de riesgo extremo, 63 de alto, 520 de medio y 1.325 de riesgo bajo, mientras que en 2.224 denuncias no se apreció riesgo alguno.
Recordó que las víctimas tienen a su disposición el teléfono 016, que funciona las 24 horas de forma gratuita y que ofrece servicio de orientación social y jurídico.
Según los últimos datos, el teléfono 016 recibió entre septiembre del año pasado y julio de 2008 en España un total de 60.132 llamadas, de las que 1.962 correspondían a la Región, lo que sitúa a Murcia en la quinta comunidad autónoma tras Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante.
De esas llamadas de auxilio, en 1.450 casos llamó la propia víctima, en 274 fueron familiares o allegados; el lunes es el día que más avisos concentra y un 50 por ciento eran mujeres.
9 de octubre de 2008
Piden un código ético sobre el trato de la violencia machista en los medios al ser "mejorable"
La directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, presentó hoy las jornadas regionales de sensibilización 'Medios de Comunicación y Violencia de Género', que se celebraran mañana y pasado en la Universidad de La Laguna.
El tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación canarios es satisfactorio "pero mejorable", dijo hoy la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, quien demandó un código deontológico para que se informe adecuadamente sobre este asunto.
Así lo manifestó Isabel de Luis en una rueda de prensa en la que presentó, junto a Gracia Rodríguez, vicerrectora de Relaciones y Sociedad de la Universidad de La Laguna, las jornadas regionales de sensibilización sobre los medios de comunicación y la violencia de género, que se celebrarán en Tenerife el 10 y 11 de octubre.
Isabel de Luis señaló que uno de los objetivos de esta jornada es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar la discriminación sexista en los medios de comunicación, de forma que no se difundan imágenes o informaciones que atenten contra los derechos humanos, la dignidad de las víctimas y sus hijos.
En las jornadas, en las que también se debatirá sobre las agencias de publicidad y el cine, se pretende además "visibilizar" la violencia contra las mujeres e implicar a los profesionales de la comunicación, así como al alumnado que se forma en este ámbito, por lo que se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Información.
Isabel de Luis se refirió además a la importancia de lograr un adecuado tratamiento informativo de este problema y añadió que en las jornadas se analizará este asunto y se expondrán alternativas al modelo informativo, pues "el reto" está en cambiar una cultura basada "en una relación asimétrica de poder y sumisión por otra de igualdad".
Entre otros asuntos, se quiere destacar que la información debe ser rigurosa y seria y ocupar un espacio digno, no en los sucesos porque se trata "de un delito contra los derechos humanos", y por ello a la directora del Instituto Canario de la Mujer le "sorprende" que todavía aparezcan los casos de violencia machista en dicha sección.
Confió en que las jornadas "marquen un antes y un después y alumbren un código deontológico" para que no se banalice esta cuestión ni se trate como "algo anecdótico".
Se trata de que los medios de comunicación asuman "la carga moral" de esta cuestión, en lo que tiene que haber "mucho autoconvencimiento", añadió De Luis.
Apuntó además que ha hablado con la Universidad de La Laguna sobre la posibilidad de incorporar "la perspectiva de género" en el currículum de las carreras, y señaló que "quizás por la precipitación" en ocasiones las informaciones sobre la violencia machista "no son todo lo veraces que deberían ser".
Como ejemplo citó la frecuencia con la que se cogen afirmaciones de vecinos que hacen consideraciones sobre las mujeres fallecidas por malos tratos, y que no contribuyen a esclarecer por qué se produce la violencia machista.
La vicerrectora Gracia Rodríguez subrayó que "las puertas de la Universidad están abiertas" para esta cuestión y anunció que "el primer indicador del éxito" en la acogida de estas jornadas es que se han inscrito casi 160 alumnos, aunque la matrícula sigue abierta.
EFE
Las mujeres maltratadas y sus hijos menores de 18 años podrán recibir tratamiento y ser acogidos por el Ayuntamiento
Gracias a un convenio firmado con la Consejería de Política Social
El Ayuntamiento pondrá a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género todo lo necesario para superar su situación.
Gracias a un convenio firmado con la Consejería de Política Social, mediante el que el Ayuntamiento recibirá una subvención de 76.000 euros, se establecerá un recurso de acogida a víctimas de violencia de género y programas que favorezcan la igualdad de oportunidades.
Así, la principal finalidad es alojar y atender a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos menores de 18 años, proporcionándoles un tratamiento integral y favoreciendo los medios que les ayuden a rehacer su vida. De esta forma se les dará protección, alojamiento y manutención, atención psicológica y orientación laboral.
Además se garantizará al máximo la seguridad de las mujeres y sus hijos a través del contacto directo y continuo con la Unidad de Policía más cercana a su ubicación. El Ayuntamiento también se compromete a contratar a un agente de igualdad.
Asimismo el acuerdo incluye la realización de actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como el reparto de responsabilidades familiares compartidas, el asociacionismo y participación y la realización de encuentros y foros de debate sobre la situación actual de las mujeres en todos los ámbitos.
El pasado mes de abril la Junta de Gobierno ya aprobó el pliego de condiciones para contratar, mediante procedimiento abierto, el servicio de asesoría jurídica a víctimas de violencia de género del término municipal de Murcia.
Cabe recordar que en Murcia hay dos casas de acogida de titularidad municipal, la primera de ellas está en marcha desde el año 1985 y la otra se inauguró en 2005. Se trata de una fórmula de alojamiento temporal para la atención de mujeres y de sus hijos cuando sufren violencia doméstica, procurándoles protección, seguridad y un tratamiento para superar los efectos de esta situación.
Fuente: Ayuntamiento WEBMURCIA.COM
www.webmurcia.com
El Ayuntamiento pondrá a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género todo lo necesario para superar su situación.
Gracias a un convenio firmado con la Consejería de Política Social, mediante el que el Ayuntamiento recibirá una subvención de 76.000 euros, se establecerá un recurso de acogida a víctimas de violencia de género y programas que favorezcan la igualdad de oportunidades.
Así, la principal finalidad es alojar y atender a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos menores de 18 años, proporcionándoles un tratamiento integral y favoreciendo los medios que les ayuden a rehacer su vida. De esta forma se les dará protección, alojamiento y manutención, atención psicológica y orientación laboral.
Además se garantizará al máximo la seguridad de las mujeres y sus hijos a través del contacto directo y continuo con la Unidad de Policía más cercana a su ubicación. El Ayuntamiento también se compromete a contratar a un agente de igualdad.
Asimismo el acuerdo incluye la realización de actividades que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como el reparto de responsabilidades familiares compartidas, el asociacionismo y participación y la realización de encuentros y foros de debate sobre la situación actual de las mujeres en todos los ámbitos.
El pasado mes de abril la Junta de Gobierno ya aprobó el pliego de condiciones para contratar, mediante procedimiento abierto, el servicio de asesoría jurídica a víctimas de violencia de género del término municipal de Murcia.
Cabe recordar que en Murcia hay dos casas de acogida de titularidad municipal, la primera de ellas está en marcha desde el año 1985 y la otra se inauguró en 2005. Se trata de una fórmula de alojamiento temporal para la atención de mujeres y de sus hijos cuando sufren violencia doméstica, procurándoles protección, seguridad y un tratamiento para superar los efectos de esta situación.
Fuente: Ayuntamiento WEBMURCIA.COM
www.webmurcia.com
Aído gastará un millón de euros en el teléfono para hombres
Aunque aún no se ha puesto en funcionamiento -lo hará en lo que queda de año-, el futuro teléfono para informar y resolver las dudas de los hombres costará a las arcas del Ministerio de Igualdad 1,2 millones de euros. Con este servicio el Gobierno intentará aumentar la sensibilidad de los varones con «el ánimo de prevenir conductas violentas», como explicó ayer la secretaria de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, tras su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. El teléfono irá acompañado de seminarios, talleres, encuentros formativos y otras iniciativas que tendrán otro coste independiente y que pretenden «educar a los hombres en la nueva masculinidad».
También la ampliación de la línea 016, el servicio de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, contará con la misma partida presupuestaria para 2009, es decir, 1,2 millones de euros. Esta línea apenas ha cumplido un año desde su puesta en marcha y ha atendido 47.990 llamadas relacionadas exclusivamente con violencia de género, lo que significa que de media, cada hora, ha respondido a siete personas. Cabe plantearse si el servicio para los hombres también tendrá el mismo volumen de llamadas y, por tanto, cada sesenta minutos siete hombres pidan ayuda y apoyo para resolver dudas relacionadas con divorcios, separaciones, permisos de paternidad o excedencias por cuidado de hijos, entre otros, como en más de una ocasión ha explicado la propia ministra de Igualdad.
Tras exponer a grandes rasgos en qué gastará Bibiana Aído la partida de 80,9 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado que le ha sido asignada, la secretaria de Igualdad también anunció que se invertirán tres millones de euros en programas de reeducación para maltratadores condenados, un mandato al que obliga la ley integral contra la violencia de género.
El Ministerio invertirá en combatir la violencia machista poco más de 28,3 millones, pero el Gobierno en total y a través de diferentes políticas de otros departamentos gastará 300 millones.
M.J. PÉREZ-BARCO
www.abc.es
También la ampliación de la línea 016, el servicio de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, contará con la misma partida presupuestaria para 2009, es decir, 1,2 millones de euros. Esta línea apenas ha cumplido un año desde su puesta en marcha y ha atendido 47.990 llamadas relacionadas exclusivamente con violencia de género, lo que significa que de media, cada hora, ha respondido a siete personas. Cabe plantearse si el servicio para los hombres también tendrá el mismo volumen de llamadas y, por tanto, cada sesenta minutos siete hombres pidan ayuda y apoyo para resolver dudas relacionadas con divorcios, separaciones, permisos de paternidad o excedencias por cuidado de hijos, entre otros, como en más de una ocasión ha explicado la propia ministra de Igualdad.
Tras exponer a grandes rasgos en qué gastará Bibiana Aído la partida de 80,9 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado que le ha sido asignada, la secretaria de Igualdad también anunció que se invertirán tres millones de euros en programas de reeducación para maltratadores condenados, un mandato al que obliga la ley integral contra la violencia de género.
El Ministerio invertirá en combatir la violencia machista poco más de 28,3 millones, pero el Gobierno en total y a través de diferentes políticas de otros departamentos gastará 300 millones.
M.J. PÉREZ-BARCO
www.abc.es
El jurado concluye que el parricida de Oviedo quiso matar a su mujer y abusó de su fuerza
El tribunal encuentra culpable de homicidio a José Ramón Tamargo, con la atenuante de confesión l La pena oscilará entre los 14 y los 15 años
El jurado encontró ayer culpable de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad, a José Ramón Tamargo, el hombre que mató a cuchilladas a su mujer en el mes de febrero de 2007 en su casa de la calle Capitán Almeida de Oviedo. El tribunal popular considera que concurre además la atenuante de confesión, ya que Tamargo se entregó a la Policía y contó lo sucedido en la comisaría antes de que nadie hubiera descubierto el crimen. La cuantía de la pena, que se conocerá en los próximos días y que impondrá el magistrado presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, oscilará entre los 14 y los 15 años de cárcel. Begega también será el encargado de fijar la cuantía de la indemnización que recibirán cada uno de los hijos del acusado y la fallecida, para los que las acusaciones reclaman 57.879 euros.
José Ramón Tamargo escuchó de viva voz el veredicto del tribunal (no tiene obligación de hacerlo, por ley). Ninguno de sus hijos, representados por la abogada Sandra Mori, estaba presente. El jurado se ajustó exactamente a la tesis mantenida en el juicio por el fiscal coordinador de Violencia de Género, Gabriel Bernal.
Así, se concluye que Tamargo quiso acabar con la vida de su esposa y no sólo lesionarla y asustarla, tal y como él mantuvo en la vista. En su veredicto, el tribunal popular se opuso a una posible concesión de un indulto al acusado y también a que se le pueda aplicar una suspensión de la ejecución de la condena.
Los miembros del jurado descartaron la pretensión de la defensa de que se entendiera que el hombre había sido víctima de un «arrebato incontrolable». «Tenía pensado lo que iba a hacer», matizaron. Y para ello se basaron en las declaraciones de los hijos de la pareja, que aseguraron que, días antes del crimen, su padre les afirmó en más de una ocasión que ya sabía «lo que tenía que hacer». «Además -precisaron-, no tenía nada preparado para marcharse de casa», a pesar de que ese mismo día tenía que abandonar el domicilio por orden judicial, tras la sentencia de divorcio.
El jurado tampoco apreció la agravante de parentesco, como sostenía la acusación particular, ya que, a pesar de que la pareja aún convivía en la misma casa y tenía cuatro hijos en común, ya no existía un lazo afectivo entre ellos. Descartó también que Tamargo hubiera intentado reparar el daño que causó entregando a sus hijos su parte de la casa, ya que entendieron este gesto como una mera «estrategia de defensa».
Idoya RONZÓN
Herrera lidera una cumbre autonómica para luchar contra la violencia de género
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció ayer en Bruselas que convocará a todas las comunidades autónomas a una cumbre en Castilla y León, que se celebrará a finales de noviembre o principios de diciembre, para debatir y «fijar una postura de Estado» sobre la violencia contra la mujer. El resultado del debate servirá para redactar el contenido del dictamen que Castilla y León está promoviendo en el seno del Comité de las Regiones (CdR), que se presentó el paso mes de abril y se encuentra en fase de tramitación.
«El principal objetivo es que el Comité de las Regiones emita su opinión sobre la violencia ejercida contra las mujeres, denuncie esta intolerable situación en el conjunto de regiones y ciudades de Europa, y promueva un debate sobre propuestas e intercambio de buenas prácticas realizadas en esta materia entre las regiones», afirmó el presidente en Bruselas antes de mantener su encuentro con la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner.
La cumbre servirá para que los representantes designados por cada comunidad puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del dictamen.
El objetivo último es el de poner freno «a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres».
Ponente, la directora de la Mujer
Herrera, que viajó ayer a Bruselas para participar en el pleno del CdR, también anunció el nombramiento de la directora general de la Mujer , Alicia García, como experta designada por la Junta para supervisar la tramitación del dictamen que ya está en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité, informa Ical.
En este sentido, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, mantuvieron ayer contactos con el responsable del dictamen en la Comisión ECOS para fijar la orientación del documento y para profundizar en la coordinación de los trabajos preparatorios y estudios necesarios además de perfilar el calendario previsto para la tramitación del dictamen, que se debatirá en sesión plenaria en abril del 2009.
El presidente de la Junta avanzó, además, que el texto también se consensuará con los tres grupos parlamentarios. «Queremos que el texto refleje una posición de Comunidad», subrayó Herrera.
ABC.es
«El principal objetivo es que el Comité de las Regiones emita su opinión sobre la violencia ejercida contra las mujeres, denuncie esta intolerable situación en el conjunto de regiones y ciudades de Europa, y promueva un debate sobre propuestas e intercambio de buenas prácticas realizadas en esta materia entre las regiones», afirmó el presidente en Bruselas antes de mantener su encuentro con la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner.
La cumbre servirá para que los representantes designados por cada comunidad puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del dictamen.
El objetivo último es el de poner freno «a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres».
Ponente, la directora de la Mujer
Herrera, que viajó ayer a Bruselas para participar en el pleno del CdR, también anunció el nombramiento de la directora general de la Mujer , Alicia García, como experta designada por la Junta para supervisar la tramitación del dictamen que ya está en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité, informa Ical.
En este sentido, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, mantuvieron ayer contactos con el responsable del dictamen en la Comisión ECOS para fijar la orientación del documento y para profundizar en la coordinación de los trabajos preparatorios y estudios necesarios además de perfilar el calendario previsto para la tramitación del dictamen, que se debatirá en sesión plenaria en abril del 2009.
El presidente de la Junta avanzó, además, que el texto también se consensuará con los tres grupos parlamentarios. «Queremos que el texto refleje una posición de Comunidad», subrayó Herrera.
ABC.es
Ley de violencia familiar / Entidades de mujeres realizan aportes
Este miércoles, la organización Mujeres tramando y el Foro por los derechos de las mujeres entregaron al ministerio de Salud y Acción social sus aportes con vista a la reglamentación de la ley 9.198 de Prevención y asistencia de la violencia familiar en Entre Ríos.
En un comunicado enviado a AIM, las organizaciones resumieron los aportes presentados:
1- Consideramos que la ley 9.198, a pesar de la necesidad de actualización de la misma, tiene una mirada integral del problema y abarca a todos y todas los/las integrantes del grupo familiar, y legisla específicamente para integrantes de la familia que son más vulnerables por edad (niño, niña, adolescente), discapacidad, alteraciones mentales , tercera edad.
En cambio en el proyecto de reglamentación que está en debate, advertimos que se trabaja casi exclusivamente sobre las situaciones de violencia intrafamiliar que sufren niñas, niños y adolescentes, con poca consideración al grupo que mayoritariamente está en riesgo porque es la principal destinataria de las agresiones en la familia, que son las mujeres.
Esta visión sesgada de la problemática ha llevado a que en el citado proyecto de reglamentación al que tuvimos acceso, esté desdibujada la actuación de la dirección provincial de la Mujer y las áreas de Mujer de los municipios.
La reglamentación debe basarse no solamente en la ley 26.061, sino también con las leyes 24.632 – (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) y la ley 24.417 de violencia familiar.
2- Señalamos, además que no corresponde introducir violencia social en esta reglamentación, porque la ley 9.198 contempla los caso de violencia familiar que se dan por abuso de poder entre sus miembros en forma cíclica y en el tiempo, y no es una ley que trabaja sobre la violencia social, que corresponde a otro fenómeno con otras características.
Ejemplos de violencia social: adolescentes que queman autos en las calles, merece otro análisis y políticas diferentes.
3- Esta reglamentación es una oportunidad para aggiornar la definición de violencia familiar, sin caer en el error legal de modificar la ley 9.198, tarea que corresponde a la legislatura, por lo que, en el articulo 1º, se debería clarificar la definición de violencia familiar para contemplar: violencia de género, maltrato infantil, abuso sexual infantil, violencia sexual, teniendo especial cuidado para que no queden desprotegidas las situaciones de los noviazgos violentos.
Ante ello, las entidades propusieron:
Definición de violencia familiar: “Para los efectos de esta ley se entenderá como violencia familiar todas las formas de abuso de poder por acción u omisión, directa o indirecta que causare daño o sufrimiento físico, sexual, económico, ambiental y/o psicológico en forma permanente o cíclica, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la que tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho, que constituya o no delito”.
Otro aspecto que preocupa a las organizaciones sociales, es lo relacionado con la atención terapéutica y la asistencia social, para lo cual en el artículo 14º de la ley que habla de las incumbencias, consideraron que “primero se debería establecer en este artículo la relación interinstitucional e inter ministerial para el abordaje de las situaciones de violencia, y a continuación si especificar el rol del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia”.
Por lo tanto, propusieron que dicho artículo quede redactado de la siguiente manera: “A los fines de dar cumplimiento con el articulo 14º de la ley se establece la Mesa provincial para la atención integral de la violencia familiar y violencia sexual, cuyo objeto será planificar y ejecutar la política social y protección a las víctimas de violencia familiar y violencia sexual. Dependerá directamente del ministerio de Salud y Acción social y del Cpnaf en forma conjunta y estará integrada por representantes de los sectores públicos y de entidades no gubernamentales, dedicadas a la atención de la problemática”.
El rol del Consejo
Respecto del rol del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia (Cpnaf), teniendo en cuenta su carácter de órgano técnico administrativo de protección de derechos de la infancia, adolescencia y familia, se señaló “la necesidad que el Cpnaf también articule con las áreas de mujer municipales y se la incluya expresamente en las mesa locales”.
Se advirtió también que “es incorrecto que en el tratamiento se desmembre la familia, y que la derivación terapéutica recaiga casi exclusivamente en el sector salud cuando observamos que los servicios de salud actuales no están en condiciones de absorber correctamente la demanda”.
Ante esto, propusieron que en el artículo 16, en relación a lo asistencial y terapéutico los organismo de aplicación establecidos en el articulo 14 deberán poner en funcionamiento Centros de atención integral de la violencia familiar y violencia sexual que serán unidades efectoras de acciones asistenciales y preventivo-promociónales y que funcionarán a nivel local o provincial, siendo su dependencia municipal, provincial, o bien como organismos no gubernamentales autorizados”.
Los Centros de atención integral de la violencia familiar y violencia sexual actuarán a través de un equipo interdisciplinario integrado por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y/o operador social, que cumplirá las siguientes funciones:
Violencia familiar
1- Intervenir en los casos que se presenten espontáneamente en el centro, y particularmente en los requeridos por la justicia de la provincia de Entre Ríos u otro órgano de aplicación.
2- Brindar atención legal, asistencial y terapéutica, a la víctima y al grupo familiar en general.
3- Brindar atención terapéutica para su rehabilitación al autor de actos de violencia.
Violencia sexual
1- Establecer un servicio de asesoramiento para acompañar al superviviente de violencia sexual y a la familia en las primeras acciones en el sistema médico y denuncia en la justicia.
2- Desarrollar grupos de apoyo terapéuticos para supervivientes de agresión sexual y de incesto.
3- Desarrollar grupos de apoyo a padres y madres y/o familiar que no cometieron el delito, con el objetivo de brindar apoyo emocional.
www.aimdigital.com.ar
En un comunicado enviado a AIM, las organizaciones resumieron los aportes presentados:
1- Consideramos que la ley 9.198, a pesar de la necesidad de actualización de la misma, tiene una mirada integral del problema y abarca a todos y todas los/las integrantes del grupo familiar, y legisla específicamente para integrantes de la familia que son más vulnerables por edad (niño, niña, adolescente), discapacidad, alteraciones mentales , tercera edad.
En cambio en el proyecto de reglamentación que está en debate, advertimos que se trabaja casi exclusivamente sobre las situaciones de violencia intrafamiliar que sufren niñas, niños y adolescentes, con poca consideración al grupo que mayoritariamente está en riesgo porque es la principal destinataria de las agresiones en la familia, que son las mujeres.
Esta visión sesgada de la problemática ha llevado a que en el citado proyecto de reglamentación al que tuvimos acceso, esté desdibujada la actuación de la dirección provincial de la Mujer y las áreas de Mujer de los municipios.
La reglamentación debe basarse no solamente en la ley 26.061, sino también con las leyes 24.632 – (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer) y la ley 24.417 de violencia familiar.
2- Señalamos, además que no corresponde introducir violencia social en esta reglamentación, porque la ley 9.198 contempla los caso de violencia familiar que se dan por abuso de poder entre sus miembros en forma cíclica y en el tiempo, y no es una ley que trabaja sobre la violencia social, que corresponde a otro fenómeno con otras características.
Ejemplos de violencia social: adolescentes que queman autos en las calles, merece otro análisis y políticas diferentes.
3- Esta reglamentación es una oportunidad para aggiornar la definición de violencia familiar, sin caer en el error legal de modificar la ley 9.198, tarea que corresponde a la legislatura, por lo que, en el articulo 1º, se debería clarificar la definición de violencia familiar para contemplar: violencia de género, maltrato infantil, abuso sexual infantil, violencia sexual, teniendo especial cuidado para que no queden desprotegidas las situaciones de los noviazgos violentos.
Ante ello, las entidades propusieron:
Definición de violencia familiar: “Para los efectos de esta ley se entenderá como violencia familiar todas las formas de abuso de poder por acción u omisión, directa o indirecta que causare daño o sufrimiento físico, sexual, económico, ambiental y/o psicológico en forma permanente o cíclica, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la que tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho, que constituya o no delito”.
Otro aspecto que preocupa a las organizaciones sociales, es lo relacionado con la atención terapéutica y la asistencia social, para lo cual en el artículo 14º de la ley que habla de las incumbencias, consideraron que “primero se debería establecer en este artículo la relación interinstitucional e inter ministerial para el abordaje de las situaciones de violencia, y a continuación si especificar el rol del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia”.
Por lo tanto, propusieron que dicho artículo quede redactado de la siguiente manera: “A los fines de dar cumplimiento con el articulo 14º de la ley se establece la Mesa provincial para la atención integral de la violencia familiar y violencia sexual, cuyo objeto será planificar y ejecutar la política social y protección a las víctimas de violencia familiar y violencia sexual. Dependerá directamente del ministerio de Salud y Acción social y del Cpnaf en forma conjunta y estará integrada por representantes de los sectores públicos y de entidades no gubernamentales, dedicadas a la atención de la problemática”.
El rol del Consejo
Respecto del rol del Consejo provincial del niño, el adolescente y la familia (Cpnaf), teniendo en cuenta su carácter de órgano técnico administrativo de protección de derechos de la infancia, adolescencia y familia, se señaló “la necesidad que el Cpnaf también articule con las áreas de mujer municipales y se la incluya expresamente en las mesa locales”.
Se advirtió también que “es incorrecto que en el tratamiento se desmembre la familia, y que la derivación terapéutica recaiga casi exclusivamente en el sector salud cuando observamos que los servicios de salud actuales no están en condiciones de absorber correctamente la demanda”.
Ante esto, propusieron que en el artículo 16, en relación a lo asistencial y terapéutico los organismo de aplicación establecidos en el articulo 14 deberán poner en funcionamiento Centros de atención integral de la violencia familiar y violencia sexual que serán unidades efectoras de acciones asistenciales y preventivo-promociónales y que funcionarán a nivel local o provincial, siendo su dependencia municipal, provincial, o bien como organismos no gubernamentales autorizados”.
Los Centros de atención integral de la violencia familiar y violencia sexual actuarán a través de un equipo interdisciplinario integrado por un psicólogo, un trabajador social, un abogado y/o operador social, que cumplirá las siguientes funciones:
Violencia familiar
1- Intervenir en los casos que se presenten espontáneamente en el centro, y particularmente en los requeridos por la justicia de la provincia de Entre Ríos u otro órgano de aplicación.
2- Brindar atención legal, asistencial y terapéutica, a la víctima y al grupo familiar en general.
3- Brindar atención terapéutica para su rehabilitación al autor de actos de violencia.
Violencia sexual
1- Establecer un servicio de asesoramiento para acompañar al superviviente de violencia sexual y a la familia en las primeras acciones en el sistema médico y denuncia en la justicia.
2- Desarrollar grupos de apoyo terapéuticos para supervivientes de agresión sexual y de incesto.
3- Desarrollar grupos de apoyo a padres y madres y/o familiar que no cometieron el delito, con el objetivo de brindar apoyo emocional.
www.aimdigital.com.ar
Herrera anuncia que CyL acogerá una cumbre autonómica sobre violencia contra las mujeres
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció hoy que Castilla y León acogerá antes de finales de año una cumbre autonómica sobre violencia contra las mujeres en la que se procurará fijar una postura de Estado ante este "drama social".
La idea es que los representantes designados por cada comunidad puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del Dictamen. El objetivo último es el de poner freno a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres.
Además, Herrera adelantó que la directora general de la Mujer, Alicia García, será la experta designada por la Junta de Castilla y León para supervisar la tramitación del Dictamen sobre Violencia de Genero que el mismo presentó al Comité de las Regiones y que que ya se encuentra en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité.
En este sentido, en las últimas horas se han producido contactos entre el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, con el responsable del Dictamen en la Comisión ECOS para fijar la orientación del documento y para profundizar en la coordinación de los trabajos preparatorios y estudios necesarios además de perfilar el calendario previsto para la tramitación del Dictamen.
ALMUERZO DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA
Por otro lado, el presidente de la Junta asistió hoy en Bruselas a un almuerzo organizado por el Gobierno de Castilla y León en el marco de la jefatura de la Delegación Española del Comité de las Regiones y en el que participaron la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, el embajador Representante Permanente de España ante la UE, Carlos Basterreche, los presidentes autonómicos de Asturias, Canarias, Murcia y La Rioja y consejeros del resto de comunidades.
El objetivo del almuerzo es que la comisaria Hübner pueda trasladar a la Delegación Española su visión de la política de cohesión así como fomentar un debate con los representantes de la Delegación.
Esa visión, como ella misma ya ha señalado en otras ocasiones, consiste en la necesidad de que los fondos estructurales sigan existiendo, pese a la oposición que presentan algunos países miembros.
El futuro de los fondos está condicionado por las posiciones legítimas de algunos países, quienes consideran que de mantenerse la política de cohesión, ésta ha de concentrarse sólo en los países incluidos en el objetivo de Convergencia (PIB menor al 75 por ciento de la media de la Unión).
Por ello, el debate que Castilla y León quiere generar en torno al futuro de los fondos estructurales y las políticas de cohesión llega en un momento oportuno ya que el pasado lunes fue presentado el 'Libro Verde' sobre la cohesión territorial.
Dentro de su intensa agenda en la capital comunitaria, Herrera también ha mantenido una entrevista con el Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, Carlos Basterreche. En ese encuentro, el presidente de la Junta trasladó al Embajador la situación existente tras el anuncio de un procedimiento por posible infracción del derecho comunitario en las minas a cielo abierto del Valle de Laciana, en León.
El presidente de la Junta solicitó el apoyo de Basterreche para que el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, reciba a la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, y al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.
Con este encuentro, ya solicitado formalmente por Ruiz y Villanueva, la Junta quiere llegar a una solución favorable y definitiva para los intereses de la Comunidad y, sobre todo, del sector minero en el Valle de Laciana, donde esta actividad supone un eje económico fundamental.
Herrera recordó que la Junta de Castilla y León ha atendido todas las peticiones de información e incluso ha propuesto una metodología de trabajo que contempla la elaboración de un plan de actuación hasta 2020 que permitiría anticipar posibles conflictos en el futuro.
Este planteamiento del Gobierno castellano y leonés se sustenta en el compromiso del respeto más escrupuloso a la normativa europea relativa al impacto ambiental y la Directiva de Hábitats. Es necesario recordar que estamos ante un asunto con implicaciones medioambientales pero con importantes consecuencias económicas y sociales.
Destituyen al teniente de alcalde de San Roque por acoso laboral a una funcionaria
El caso fue denunciado el pasado mes de septiembre por el PP.
La acusó de favoritismo en la selección de personal.
El alcalde de San Roque (Cádiz), José Vázquez (PSOE), ha destituido hoy al teniente de alcalde y edil de Hacienda, Juan Carlos Ruiz Boix, por un presunto acoso laboral a una funcionara municipal.
En un comunicado, Vázquez ha indicado que ha tomado esta decisión tras aprobarse en pleno esta semana una reprobación al edil socialista por un presunto acoso laboral a una funcionaria del Consistorio, denunciado el pasado mes de septiembre por el PP.
Ruiz Boix ha sido destituido de todas sus responsabilidades en el Ayuntamiento sanroqueño, entre las que se incluyen las concejalías de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Medios de Comunicación.
El pasado 30 de septiembre el PP de San Roque informó de que una funcionaria municipal había denunciado al edil socialista por presunto acoso laboral, ya que, según la afectada, la acusó de favorecer a determinadas personas en los procesos selectivos de personal.
www.20minutos.es
La acusó de favoritismo en la selección de personal.
El alcalde de San Roque (Cádiz), José Vázquez (PSOE), ha destituido hoy al teniente de alcalde y edil de Hacienda, Juan Carlos Ruiz Boix, por un presunto acoso laboral a una funcionara municipal.
En un comunicado, Vázquez ha indicado que ha tomado esta decisión tras aprobarse en pleno esta semana una reprobación al edil socialista por un presunto acoso laboral a una funcionaria del Consistorio, denunciado el pasado mes de septiembre por el PP.
Ruiz Boix ha sido destituido de todas sus responsabilidades en el Ayuntamiento sanroqueño, entre las que se incluyen las concejalías de Hacienda, Patrimonio, Contratación y Medios de Comunicación.
El pasado 30 de septiembre el PP de San Roque informó de que una funcionaria municipal había denunciado al edil socialista por presunto acoso laboral, ya que, según la afectada, la acusó de favorecer a determinadas personas en los procesos selectivos de personal.
www.20minutos.es
8 de octubre de 2008
Nuevas medidas para inmigrantes víctimas de la violencia machista
H.B. presunto asesino de su ex novia en Nerja, es llevado al juzgadoFOTO: Rafael Díaz (Efe)
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció ayer que su Departamento diseñará un paquete de medidas "específicas" para luchar "contra el creciente aumento de violencia en la población extranjera inmigrante", porque este ámbito requiere "respuestas específicas". Tras condenar las dos nuevas víctimas de este fin de semana, en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado, la ministra subrayó el valor de la Ley Integral contra la Violencia de Género y señaló que gracias a ella "hay más conciencia social, las mujeres están más protegidas, denuncian más y tienen más derechos sociales y apoyo para salir de la violencia". Sin embargo, "aunque estamos en el camino correcto", se han detectado "algunos déficit en la ley, errores de coordinación y nuevas demandas", reconoció.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado reclamará a Interior mayor eficacia en la valoración policial del nivel de riesgo de las mujeres maltratadas, una tarea que -defiende- "no debe limitarse a rellenar un impreso".La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2007, presentada ayer, incorpora por primera vez un apartado concreto sobre las muertes de las víctimas de violencia machista, a cargo de la Fiscal Especial de la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla.
Según Cazorla, la instrucción de Interior por la que se aprobó el protocolo para valorar el riesgo de violencia ha supuesto, "al menos en teoría", un instrumento eficaz para conocer la intensidad del peligro y tomar las medidas policiales para protegerla hasta que el juez decida.
Se ha detectado a través de un sondeo a los fiscales que su implantación no es total en las comunidades -salvo las que poseen Policía autonómica, Cataluña y País Vasco-, y algunas Fiscalías no reciben el preceptivo informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre el peligro que corren las víctimas.
E.C.G./EFE
La policía llamará cada día a las víctimas de violencia machista
Llamadas diarias a las mujeres maltratadas. Este será uno de los ejes fundamentales en la lucha contra la violencia machista, según anunció ayer la delegada del Gobierno, Soledad Mestre.
La medida, que recae sobre la Unidad de Violencia de Género, sólo alcanzará de momento a aquellos casos valorados como de "riesgo extremo". Actualmente hay 40 casos en la región catalogados así por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Además, se agilizará la regularización de las mujeres maltratadas de origen extranjero, alas que se ayudará a conseguir trabajo y permiso de residencia.
www.adn.es
La medida, que recae sobre la Unidad de Violencia de Género, sólo alcanzará de momento a aquellos casos valorados como de "riesgo extremo". Actualmente hay 40 casos en la región catalogados así por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Además, se agilizará la regularización de las mujeres maltratadas de origen extranjero, alas que se ayudará a conseguir trabajo y permiso de residencia.
www.adn.es
Albacete ha registrado este año 26 denuncias por agresión sexual
La delegada del Instituto de la Mujer en la provincia de Albacete, Selia Puñal, presidió, en la sede de la Delegación de la Junta, una reunión con sus homólogas en el resto de provincias de Castilla-La Mancha, con el objetivo de conocer de primera mano los programas regionales que se desarrollan con entidades que tienen su sede en Albacete.
En concreto, estas actuaciones, de ámbito regional, pero coordinados desde Albacete, son el Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales (CAVAS), desarrollado por la Asociación Prodefensa y Ayuda a la Mujer (ADAM), y el programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, desarrollado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha.
Así, las delegadas analizaron los resultados de estos programas, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de medidas que ayuden a acabar con la violencia de género.
En concreto, a través del Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales, se persigue ofrecer asistencia jurídica a las mujeres, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.
Según los datos de la asociación ADAM, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2008, en Castilla-La Mancha ha habido 92 nuevas víctimas, de las que 26 corresponden a la provincia de Albacete, 14 a Ciudad Real, 8 a cuenca, 16 a Guadalajara y 28 a Toledo.
Perfil
El perfil de estas víctimas de malos tratos responde a mujeres menores de 18 años, en la mayoría de los casos, con una relación familiar con su agresor y el tipo de agresión más frecuente es el abuso sexual.
En la mayoría de las ocasiones las mujeres accedieron al Servicio a través de la Red de Centros de la Mujer, seguidas por la Oficina de Atención a las Víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por Servicios Sociales.Además de la atención directa a usuarias, el Servicio presta asesoramiento a profesionales de Centros de Mujer y otros profesionales implicados y realizan Talleres de Prevención de la Violencia Sexual dirigidas a jóvenes de Institutos de Enseñanza Secundaria.
Respecto al programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, los objetivos generales que se persiguen pasan por lograr que los hombres dejen de utilizar la violencia hacia las mujeres, a nivel físico, psicológico, sexual, económico, etc.
www.laverdad.es
En concreto, estas actuaciones, de ámbito regional, pero coordinados desde Albacete, son el Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales (CAVAS), desarrollado por la Asociación Prodefensa y Ayuda a la Mujer (ADAM), y el programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, desarrollado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha.
Así, las delegadas analizaron los resultados de estos programas, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de medidas que ayuden a acabar con la violencia de género.
En concreto, a través del Centro de Atención a Víctimas Afectivo Sexuales, se persigue ofrecer asistencia jurídica a las mujeres, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.
Según los datos de la asociación ADAM, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2008, en Castilla-La Mancha ha habido 92 nuevas víctimas, de las que 26 corresponden a la provincia de Albacete, 14 a Ciudad Real, 8 a cuenca, 16 a Guadalajara y 28 a Toledo.
Perfil
El perfil de estas víctimas de malos tratos responde a mujeres menores de 18 años, en la mayoría de los casos, con una relación familiar con su agresor y el tipo de agresión más frecuente es el abuso sexual.
En la mayoría de las ocasiones las mujeres accedieron al Servicio a través de la Red de Centros de la Mujer, seguidas por la Oficina de Atención a las Víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por Servicios Sociales.Además de la atención directa a usuarias, el Servicio presta asesoramiento a profesionales de Centros de Mujer y otros profesionales implicados y realizan Talleres de Prevención de la Violencia Sexual dirigidas a jóvenes de Institutos de Enseñanza Secundaria.
Respecto al programa Vitrubio, de intervención con hombres que ejercen la violencia, los objetivos generales que se persiguen pasan por lograr que los hombres dejen de utilizar la violencia hacia las mujeres, a nivel físico, psicológico, sexual, económico, etc.
www.laverdad.es
El alcalde acusado de acoso sexual destituye a la concejal que lo denunció
El alcalde de Sierra de Yeguas, Rafael Sánchez Lavado, ha anunciado hoy la destitución de la edil del equipo de gobierno que le denunció por acoso sexual, así como la presentación de una querella contra el presidente del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, por haberle 'sentenciado' antes que la justicia.
A la salida de la Audiencia Provincial de Málaga, donde ha sido entrevistado por una psicóloga forense, Sánchez Lavado ha declarado a los periodistas que la concejala, Josefa Torres, quien se encuentra de baja, ha sido destituida 'a petición' del resto de ediles del equipo de gobierno.
Sobre la relación que mantiene con la edil, ha dicho que no han vuelto a hablar y que se siente 'engañado' y 'defraudado' porque había 'confiado mucho en ella'.Sánchez Lavado, que confía en que 'la verdad prevalezca por encima de todo', ha mantenido que el caso tiene un 'trasfondo político'.
Asimismo ha afirmado que 'cuando todo esto se aclare' tiene previsto querellarse contra el presidente del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, al que ha recriminado haberle enjuiciado antes de tiempo y no haber suspendido de militancia también a la concejal.'
Yo sigo siendo del PP y, hasta el día de hoy, no me ha expulsado', ha aseverado el alcalde de Sierra de Yeguas, quien ha reiterado que 'oficialmente' sigue perteneciendo al partido.Según ha explicado su abogado, Miguel González, el alcalde se ha sometido hoy a una valoración forense para determinar si su perfil corresponde al de un acosador o violador.
El próximo martes, día 14, Sánchez Lavado deberá acudir a la Ciudad de la Justicia de Málaga para una nueva evaluación psicológica.
El letrado ha señalado que su cliente no se reconoce en las grabaciones aportadas por la denunciante para justificar el acoso sexual, y que mantiene que las conversaciones han sido manipuladas y están fuera de contexto porque carecen de principio y fin.
La defensa del alcalde tiene previsto solicitar próximamente una prueba pericial para comprobar si las grabaciones han sido manipuladas informáticamente
actualidad.terra.es
A la salida de la Audiencia Provincial de Málaga, donde ha sido entrevistado por una psicóloga forense, Sánchez Lavado ha declarado a los periodistas que la concejala, Josefa Torres, quien se encuentra de baja, ha sido destituida 'a petición' del resto de ediles del equipo de gobierno.
Sobre la relación que mantiene con la edil, ha dicho que no han vuelto a hablar y que se siente 'engañado' y 'defraudado' porque había 'confiado mucho en ella'.Sánchez Lavado, que confía en que 'la verdad prevalezca por encima de todo', ha mantenido que el caso tiene un 'trasfondo político'.
Asimismo ha afirmado que 'cuando todo esto se aclare' tiene previsto querellarse contra el presidente del PP en Málaga, Joaquín Ramírez, al que ha recriminado haberle enjuiciado antes de tiempo y no haber suspendido de militancia también a la concejal.'
Yo sigo siendo del PP y, hasta el día de hoy, no me ha expulsado', ha aseverado el alcalde de Sierra de Yeguas, quien ha reiterado que 'oficialmente' sigue perteneciendo al partido.Según ha explicado su abogado, Miguel González, el alcalde se ha sometido hoy a una valoración forense para determinar si su perfil corresponde al de un acosador o violador.
El próximo martes, día 14, Sánchez Lavado deberá acudir a la Ciudad de la Justicia de Málaga para una nueva evaluación psicológica.
El letrado ha señalado que su cliente no se reconoce en las grabaciones aportadas por la denunciante para justificar el acoso sexual, y que mantiene que las conversaciones han sido manipuladas y están fuera de contexto porque carecen de principio y fin.
La defensa del alcalde tiene previsto solicitar próximamente una prueba pericial para comprobar si las grabaciones han sido manipuladas informáticamente
actualidad.terra.es
El Ayuntamiento asesora a 150 víctimas de malos tratos
El Ayuntamiento de Castellón ha facilitado los servicios de teleasistencia y asesoramiento jurídico y psicológico a más de 150 mujeres víctimas de malos tratos.
Así lo explicó ayer el concejal del Ayuntamiento, Miquel Soler, en la inauguración de la 'I Jornada de Enfermería de la Comunitat Valenciana sobre Violencia de Género', organizada por El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova).
Durante el encuentro, se abordó el papel de los profesionales de Enfermería en la lucha contra los malos tratos y en la necesidad de mejorar la participación de este colectivo en su detección precoz.
www.adn.es
Así lo explicó ayer el concejal del Ayuntamiento, Miquel Soler, en la inauguración de la 'I Jornada de Enfermería de la Comunitat Valenciana sobre Violencia de Género', organizada por El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova).
Durante el encuentro, se abordó el papel de los profesionales de Enfermería en la lucha contra los malos tratos y en la necesidad de mejorar la participación de este colectivo en su detección precoz.
www.adn.es
De maltrato a "broma de mal gusto"
Absuelto un hombre que humilló a su mujer quitándole la ropa en público
El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha absuelto a un hombre de La Carolina, J. M. R. R., de 43 años, acusado de un delito continuado de malos tratos y al que su esposa había denunciado por bajarle la ropa interior en público en reiteradas ocasiones. A pesar de que la mujer declaró en el juicio que vivió un infierno y fue humillada y maltratada psicológicamente, el juez concluye que esa acción no es delito, sino "una broma de mal gusto".
Sorprendentemente, ni la Fiscalía -que pedía tres años de prisión y 18.000 euros de indemnización a su mujer para el acusado- ni la acusación particular han recurrido la sentencia porque el plazo legal ha expirado y el fallo ya es firme.
"La zafiedad, la chabacanería, la ordinariez, la falta de educación, la vulgaridad, lo soez y burdo, la insolencia, no constituyen infracción penal, sobre todo cuando el interesado no conoce que puede estar humillando a la persona receptora y, en especial, cuando ésta parece tolerar la situación y no le dice lo contrario", indica el magistrado en la argumentación de la sentencia, que ayer avanzó Diario Jaén.
El juez establece como únicos hechos probados que la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina para denunciar a su marido, al que acusó de malos tratos habituales. Ya durante su declaración ante el juez, la mujer expuso que su marido, "para hacerse el gracioso", le subía la falda y le bajaba las bragas delante de sus amigos.
El hombre se defendió alegando que su comportamiento había sido "perfecto" durante los nueve años de conveniencia. Negó haber insultado, pegado o amenazado a su mujer. Sólo reconoció alguna broma "fuera de tono". Entre ellas, subir la falda a su esposa cuando estaban con los amigos en la casa de campo.
La Fiscalía acusó a J. M. R. R. de "disfrutar al someter a tratos degradantes a su mujer en presencia de otras personas". Varios testigos declararon que no presenciaron insultos, amenazas o vejaciones. Sobre la bajada de las bragas, aseguraron que el acusado lo hacía "por gracia", no para humillar a su esposa.
Aunque el magistrado admite que los hechos no revelan "precisamente, una situación de delicadeza, respeto y consideración del acusado con su mujer", sostiene que esa conducta no puede ser considerada delito. Añade además que en declaraciones ante la Guardia Civil y el juzgado, la mujer no hizo mención a ninguno de estos hechos que "se han querido multiplicar y magnificar", sobre todo a raíz de la separación de la pareja.
G. D.
www.elpais.com
El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha absuelto a un hombre de La Carolina, J. M. R. R., de 43 años, acusado de un delito continuado de malos tratos y al que su esposa había denunciado por bajarle la ropa interior en público en reiteradas ocasiones. A pesar de que la mujer declaró en el juicio que vivió un infierno y fue humillada y maltratada psicológicamente, el juez concluye que esa acción no es delito, sino "una broma de mal gusto".
Sorprendentemente, ni la Fiscalía -que pedía tres años de prisión y 18.000 euros de indemnización a su mujer para el acusado- ni la acusación particular han recurrido la sentencia porque el plazo legal ha expirado y el fallo ya es firme.
"La zafiedad, la chabacanería, la ordinariez, la falta de educación, la vulgaridad, lo soez y burdo, la insolencia, no constituyen infracción penal, sobre todo cuando el interesado no conoce que puede estar humillando a la persona receptora y, en especial, cuando ésta parece tolerar la situación y no le dice lo contrario", indica el magistrado en la argumentación de la sentencia, que ayer avanzó Diario Jaén.
El juez establece como únicos hechos probados que la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de La Carolina para denunciar a su marido, al que acusó de malos tratos habituales. Ya durante su declaración ante el juez, la mujer expuso que su marido, "para hacerse el gracioso", le subía la falda y le bajaba las bragas delante de sus amigos.
El hombre se defendió alegando que su comportamiento había sido "perfecto" durante los nueve años de conveniencia. Negó haber insultado, pegado o amenazado a su mujer. Sólo reconoció alguna broma "fuera de tono". Entre ellas, subir la falda a su esposa cuando estaban con los amigos en la casa de campo.
La Fiscalía acusó a J. M. R. R. de "disfrutar al someter a tratos degradantes a su mujer en presencia de otras personas". Varios testigos declararon que no presenciaron insultos, amenazas o vejaciones. Sobre la bajada de las bragas, aseguraron que el acusado lo hacía "por gracia", no para humillar a su esposa.
Aunque el magistrado admite que los hechos no revelan "precisamente, una situación de delicadeza, respeto y consideración del acusado con su mujer", sostiene que esa conducta no puede ser considerada delito. Añade además que en declaraciones ante la Guardia Civil y el juzgado, la mujer no hizo mención a ninguno de estos hechos que "se han querido multiplicar y magnificar", sobre todo a raíz de la separación de la pareja.
G. D.
www.elpais.com
El Gobierno destina para la igualdad el 10% de los fondos al desarrollo
El Gobierno vasco destinará el 10% de todos los fondos al desarrollo hasta 2011 a programas relacionados con la igualdad en aquellos países de los cuatro continentes más castigados por el subdesarrollo y en los que la mujer se encuentra en una situación más desfavorecida. El Ejecutivo aprobó ayer el Plan Director de Cooperación al Desarrollo para los próximos cuatro años con el siguiente reparto de fondos: Asia se llevará el 7%, África el 25%, América del Sur el 31% y el 37% restante irá a programas en América Central y el Caribe.
El consejero Asuntos Sociales, Javier Madrazo explicó al presentar el plan que, en momentos de crisis como el actual, es necesario reforzar la ayuda a los países en vías de desarrollo. Se trata de fondos responsables para rescatar vidas, agregó, contraponiéndolos a "los recursos que hoy se entregan a la banca privada sin exigir responsabilidades ni condiciones".
En total, el Gobierno ha destinado este año al desarrollo 45 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto de 2007 y un 50% más que hace siete años. Asimismo, el plan consolida el compromiso de destinar para 2012 a cooperación el 0,7% del presupuesto total del Ejecutivo.
22 países prioritarios
El documento estratégico aprobado ayer centra las ayudas en las necesidades sociales, la economía popular, el poder local, la desigualdad de la mujer, los derechos humanos y la identidad cultural. Según esas prioridades, concreta sus objetivos en 22 países, teniendo en cuenta si padecen la vulneración grave y generalizada de derechos humanos, si son zonas en conflicto o en situación de emergencia humanitaria, si allí es habitual la presencia de agentes vascos de cooperación, y si son naciones de las que procede un volumen importante de inmigrantes asentados en Euskadi.
Los países seleccionados son Guatemala, Cuba, El Salvador, Nicaragua, México y Honduras, en Centroamérica y el Caribe; Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia, en América del Sur: la República Árabe Saharaui, Angola, República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Mozambique, Uganda y Costa de Marfil, en África; e India y Palestina en Asia.
El plan asegura que estos países recibirán un mínimo del 90% de los fondos destinados a cooperación. Pero además precisa que África será destinataria de al menos el 25% de todos los fondos para intentar paliar situaciones de especial pobreza y vulneración de todo tipo de derechos humanos. El objetivo general del plan es "consolidar una cooperación solidaria y de calidad, que contribuya a erradicar las causas de la pobreza estructural", dijo Madrazo.
www.elpais.com
El consejero Asuntos Sociales, Javier Madrazo explicó al presentar el plan que, en momentos de crisis como el actual, es necesario reforzar la ayuda a los países en vías de desarrollo. Se trata de fondos responsables para rescatar vidas, agregó, contraponiéndolos a "los recursos que hoy se entregan a la banca privada sin exigir responsabilidades ni condiciones".
En total, el Gobierno ha destinado este año al desarrollo 45 millones de euros, lo que supone un incremento del 15% respecto de 2007 y un 50% más que hace siete años. Asimismo, el plan consolida el compromiso de destinar para 2012 a cooperación el 0,7% del presupuesto total del Ejecutivo.
22 países prioritarios
El documento estratégico aprobado ayer centra las ayudas en las necesidades sociales, la economía popular, el poder local, la desigualdad de la mujer, los derechos humanos y la identidad cultural. Según esas prioridades, concreta sus objetivos en 22 países, teniendo en cuenta si padecen la vulneración grave y generalizada de derechos humanos, si son zonas en conflicto o en situación de emergencia humanitaria, si allí es habitual la presencia de agentes vascos de cooperación, y si son naciones de las que procede un volumen importante de inmigrantes asentados en Euskadi.
Los países seleccionados son Guatemala, Cuba, El Salvador, Nicaragua, México y Honduras, en Centroamérica y el Caribe; Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil y Colombia, en América del Sur: la República Árabe Saharaui, Angola, República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Mozambique, Uganda y Costa de Marfil, en África; e India y Palestina en Asia.
El plan asegura que estos países recibirán un mínimo del 90% de los fondos destinados a cooperación. Pero además precisa que África será destinataria de al menos el 25% de todos los fondos para intentar paliar situaciones de especial pobreza y vulneración de todo tipo de derechos humanos. El objetivo general del plan es "consolidar una cooperación solidaria y de calidad, que contribuya a erradicar las causas de la pobreza estructural", dijo Madrazo.
www.elpais.com
Ir a comprar salva una vida
La colaboración ciudadana ha evitado que crezca el número de víctimas por el maltrato de género en un Supermercado de Alcantarilla, MurciaClientes del supermercado que la cadena Mercadona tiene en la calle Mayor de Alcantarilla, impidieron que un individuo armado con un cuchillo atacara a su pareja, que en esos momentos se encontraba en el establecimiento.
No se sabía si la mujer había acudido a comprar o es que trabajaba allí, el caso es que los vecinos trataron frenar al agresor arrojándole todos los productos de las estanterías que estaban a su alcance para evitar que el hombre hiriera a la mujer.
Fueron unos minutos cruciales que lograron contener al agresor hasta que llegaó la policía. El atacante se clavó el arma en el pecho cuando se vio rodeado y fue ingresado de urgencia en el hospital Virgen de la Arrixaca.
De momento no se teme por su vida, porque la herida no parecía haber afectado a ningún órgano vital.
El individuo sembró la alarma en pleno centro de la Murcia cuando salió de su casa con un cuchillo en la mano. Las primeras llamadas de aviso llegaron a la centralita del 112 alertando que un individuo deambulaba armado por varias de las calles más céntricas.
Enseguida se dio aviso a la Policía, que envió varias dotaciones a la zona.Los momentos de mayor nerviosismo se vivieron en el establecimiento que Mercadona tiene en la calle Mayor. A la hora en que este hombre armado entró al local comercial, un numeroso grupo de clientes se apresuraba a realizar sus compras antes del cierre del establecimiento, previsto a las 21.15 horas.
www.lasextanoticias.com
No se sabía si la mujer había acudido a comprar o es que trabajaba allí, el caso es que los vecinos trataron frenar al agresor arrojándole todos los productos de las estanterías que estaban a su alcance para evitar que el hombre hiriera a la mujer.
Fueron unos minutos cruciales que lograron contener al agresor hasta que llegaó la policía. El atacante se clavó el arma en el pecho cuando se vio rodeado y fue ingresado de urgencia en el hospital Virgen de la Arrixaca.
De momento no se teme por su vida, porque la herida no parecía haber afectado a ningún órgano vital.
El individuo sembró la alarma en pleno centro de la Murcia cuando salió de su casa con un cuchillo en la mano. Las primeras llamadas de aviso llegaron a la centralita del 112 alertando que un individuo deambulaba armado por varias de las calles más céntricas.
Enseguida se dio aviso a la Policía, que envió varias dotaciones a la zona.Los momentos de mayor nerviosismo se vivieron en el establecimiento que Mercadona tiene en la calle Mayor. A la hora en que este hombre armado entró al local comercial, un numeroso grupo de clientes se apresuraba a realizar sus compras antes del cierre del establecimiento, previsto a las 21.15 horas.
www.lasextanoticias.com
El joven alcireño Carlos Castany reconoció ayer que conocía el caso del profesor Neira, pero advirtió que no se le pasó por la mente cuando decidió sa
El joven alcireño Carlos Castany reconoció ayer que conocía el caso del profesor Neira, pero advirtió que no se le pasó por la mente cuando decidió salir en defensa de una joven que, según su versión, estaba siendo agredida "y se defendía".
"No lo pensé mucho", indicó, mientras señalaba que no podía quedarse sin hacer nada mientras agredían a la chica, que llevaba un bebé de pocos meses en el coche.Pese a las felicitaciones que recibía ayer, aseguró no sentirse un héroe.
"A lo mejor fuera de mi pueblo no lo hubiera hecho, hubiera ido con más cuidado, pero aquí más o menos nos conocemos todos", comentó, mientras indicaba que no se esperaba la reacción de Quili."Pensaba que la dejaría estar, pero se encaró conmigo", comentó.
Al ser preguntado sobre si volvería a repetir su acción, aseguró que "en circunstancias normales sí lo haría, aunque si es por la noche me lo pensaría". Y es que ayer, entre entrevista y entrevista, este joven no dejaba de darle vueltas al incidente. "Yo no tengo nada, pe?ro hubiera podido ser fuerte. Lo he pensado y si me hubiera sacado una navaja me hubiera podido hacer daño", comentó.
Carlos, de 30 años, indicó que no había presentado denuncia ya que, según dijo, "no tengo nada" -sólo un rasguño en la frente- pero advirtió que "sí me gustaría que se llevara un buen rapapolvo por lo que le hizo a la chica", quien, según dijo, le había agrade?cido en el juzgado su ayuda. Se muestra satisfecho de que, al menos, su mediación sirviese para que el presunto agresor soltara a la joven.
www.levante-emv.com
"No lo pensé mucho", indicó, mientras señalaba que no podía quedarse sin hacer nada mientras agredían a la chica, que llevaba un bebé de pocos meses en el coche.Pese a las felicitaciones que recibía ayer, aseguró no sentirse un héroe.
"A lo mejor fuera de mi pueblo no lo hubiera hecho, hubiera ido con más cuidado, pero aquí más o menos nos conocemos todos", comentó, mientras indicaba que no se esperaba la reacción de Quili."Pensaba que la dejaría estar, pero se encaró conmigo", comentó.
Al ser preguntado sobre si volvería a repetir su acción, aseguró que "en circunstancias normales sí lo haría, aunque si es por la noche me lo pensaría". Y es que ayer, entre entrevista y entrevista, este joven no dejaba de darle vueltas al incidente. "Yo no tengo nada, pe?ro hubiera podido ser fuerte. Lo he pensado y si me hubiera sacado una navaja me hubiera podido hacer daño", comentó.
Carlos, de 30 años, indicó que no había presentado denuncia ya que, según dijo, "no tengo nada" -sólo un rasguño en la frente- pero advirtió que "sí me gustaría que se llevara un buen rapapolvo por lo que le hizo a la chica", quien, según dijo, le había agrade?cido en el juzgado su ayuda. Se muestra satisfecho de que, al menos, su mediación sirviese para que el presunto agresor soltara a la joven.
www.levante-emv.com
Condenado a 18 meses el detenido por agredir a su pareja y al joven que medió
El hombre detenido en Alzira por agredir a su novia y a un joven que le recriminó su actitud ha sido condenado hoy a un año y medio de prisión como autor de un delito de lesiones y otro de amenazas en el ámbito familiar.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira, encargado de los casos de violencia machista en este partido judicial, ha celebrado esta mañana un juicio rápido contra el detenido, que ha reconocido los hechos y aceptado la pena propuesta por el Ministerio Fiscal.
Según la citada fuentes, tanto el delito de lesiones como el de amenazas lleva aparejada la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a los 200 metros, así como a comunicarse con ella por cualquier medio.
El fallo incluye también una condena por una falta de daños y otra de injurias, por la que deberá cumplir seis y cuatro días de localización permanente, respectivamente.
Al no superar la pena los dos años de prisión, el letrado de la defensa ha solicitado la suspensión de la misma, petición que no ha sido aceptada por la juez tras la oposición del fiscal, por lo que, según el TSJCV, el procesado ha sido trasladado de nuevo a prisión.
Además, tiene otra causa abierta por lesiones en el ámbito familiar que también tramita el citado Juzgado y por la que tiene una orden vigente de alejamiento con respecto a la víctima. Respecto al procedimiento abierto por las lesiones causadas al joven que intervino en la discusión, será instruido por otro Juzgado, al no ser competencia del número 3.
Según el relato de un testigo presencial, los hechos ocurrieron el pasado viernes en un pub de la avenida Alquenencia, cuando uno de los clientes salió del establecimiento y se dirigió hacia un vehículo en el que llegaba su compañera y un bebé de meses, hijo de ambos.
Este hombre insultó y pegó a la mujer, momento en el que otro cliente del pub salió del establecimiento y le recriminó lo que estaba haciendo, iniciándose seguidamente una pelea entre ambos.
Poco después, la Policía Local detuvo al agresor, que «ofreció mucha resistencia», según han relatado a Efe testigos presenciales
www.larazon.es
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira, encargado de los casos de violencia machista en este partido judicial, ha celebrado esta mañana un juicio rápido contra el detenido, que ha reconocido los hechos y aceptado la pena propuesta por el Ministerio Fiscal.
Según la citada fuentes, tanto el delito de lesiones como el de amenazas lleva aparejada la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a los 200 metros, así como a comunicarse con ella por cualquier medio.
El fallo incluye también una condena por una falta de daños y otra de injurias, por la que deberá cumplir seis y cuatro días de localización permanente, respectivamente.
Al no superar la pena los dos años de prisión, el letrado de la defensa ha solicitado la suspensión de la misma, petición que no ha sido aceptada por la juez tras la oposición del fiscal, por lo que, según el TSJCV, el procesado ha sido trasladado de nuevo a prisión.
Además, tiene otra causa abierta por lesiones en el ámbito familiar que también tramita el citado Juzgado y por la que tiene una orden vigente de alejamiento con respecto a la víctima. Respecto al procedimiento abierto por las lesiones causadas al joven que intervino en la discusión, será instruido por otro Juzgado, al no ser competencia del número 3.
Según el relato de un testigo presencial, los hechos ocurrieron el pasado viernes en un pub de la avenida Alquenencia, cuando uno de los clientes salió del establecimiento y se dirigió hacia un vehículo en el que llegaba su compañera y un bebé de meses, hijo de ambos.
Este hombre insultó y pegó a la mujer, momento en el que otro cliente del pub salió del establecimiento y le recriminó lo que estaba haciendo, iniciándose seguidamente una pelea entre ambos.
Poco después, la Policía Local detuvo al agresor, que «ofreció mucha resistencia», según han relatado a Efe testigos presenciales
www.larazon.es
7 de octubre de 2008
Confirman el procesamiento contra Corsi y otros tres detenidos por abuso de menores
La medida, que incluye prisión preventiva, fue adoptada por la Cámara del Crimen en el caso de los cuatro acusados de integrar una banda de pederastas. Además del psicólogo, la resolución judicial comprende a Rocca Clement, Correa y López Vidal.
El psicólogo Jorge Corsi, acusado de integrar una banda de pederastas, quedó más cerca del juicio oral. La Cámara del Crimen confirmó su procesamiento, con prisión preventiva. En la misma situación se encuentran los otros miembros del grupo: Marcelo Rocca Clement, Augusto Correa y Pablo López Vidal.La decisión fue adoptada por la Sala Quinta de la Cámara, con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Mario Filozof, más la disidencia de María Laura Garrigós de Rébori.
El delito por el que son acusados contempla penas de hasta diez años de cárcel.
Uno de los procesados, Rocca Clement, fue condenado el martes pasado a 11 años de prisión por el mismo delito que ahora se le imputa, contra un menor de 13 años en un hecho que tuvo lugar en septiembre del 2000 en Mar del Plata En la resolución, los camaristas acreditaron que los cuatro imputados "conformaban un grupo que compartían una misma orientación sexual, quienes mediante diversos actos de seducción, tales como invitaciones, regalos, integrar al damnificado, aún adolescente, a un mundo de adultos con promesas de libertad sexual e identificación con el grupo, se aprovecharon de la inexperiencia e inmadurez sexual de N.G.D., para en forma lenta y progresiva, conseguir que éste consintiera diversos actos de connotación sexual".
La causa se inició por la denuncia que presentaron los padres del menor de 14 años en mayo de 2007, quienes denunciaron que su hijo había sido internado en el Hospital Británico luego de ser víctima unos meses antes de un grupo de personas desconocidas a quien identificó como "Geo" (CORSI), "Mache" (Rocca Clement), "Pachi" (López Vidal) y "Agus" (Correa).
El menor conoció a Rocca Clement a través de un amigo, quien le regaló un celular. "Dicho instrumento, junto con el chat, habría sido el medio utilizado por el grupo para comunicarse con el menor y concertar salidas", señala el fallo.
La víctima comenzó a concurrir con Rocca Clement a las piletas del complejo "Costa Rica", donde también iba López Vidal y trabajaba Correa, desde donde luego se dirigían a la casa de CORSI. El menor relató que allí fue violado una vez por CORSI, dos o tres por Rocca Clement y otra por López Vidal, y lo obligaron a practicarles sexo oral y también a penetrarlos a ellos. Los imputados le decían al menor que "era bisexual" y que "no debía reprimirse".
También le "exhibieron películas pornográficas de homosexuales, fotos de niños teniendo relaciones sexuales, realizaban actos sexuales en su presencia e intentaban manosearlo, habiendo logrado accederlo carnalmente", señala el relato.
El servicio de psicología del Cuerpo Médico Forense sostuvo que la declaración que el menor realizó "tiene estructura lógica, coherencia interna y sentido".
www.clarin.com
El psicólogo Jorge Corsi, acusado de integrar una banda de pederastas, quedó más cerca del juicio oral. La Cámara del Crimen confirmó su procesamiento, con prisión preventiva. En la misma situación se encuentran los otros miembros del grupo: Marcelo Rocca Clement, Augusto Correa y Pablo López Vidal.La decisión fue adoptada por la Sala Quinta de la Cámara, con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Mario Filozof, más la disidencia de María Laura Garrigós de Rébori.
El delito por el que son acusados contempla penas de hasta diez años de cárcel.
Uno de los procesados, Rocca Clement, fue condenado el martes pasado a 11 años de prisión por el mismo delito que ahora se le imputa, contra un menor de 13 años en un hecho que tuvo lugar en septiembre del 2000 en Mar del Plata En la resolución, los camaristas acreditaron que los cuatro imputados "conformaban un grupo que compartían una misma orientación sexual, quienes mediante diversos actos de seducción, tales como invitaciones, regalos, integrar al damnificado, aún adolescente, a un mundo de adultos con promesas de libertad sexual e identificación con el grupo, se aprovecharon de la inexperiencia e inmadurez sexual de N.G.D., para en forma lenta y progresiva, conseguir que éste consintiera diversos actos de connotación sexual".
La causa se inició por la denuncia que presentaron los padres del menor de 14 años en mayo de 2007, quienes denunciaron que su hijo había sido internado en el Hospital Británico luego de ser víctima unos meses antes de un grupo de personas desconocidas a quien identificó como "Geo" (CORSI), "Mache" (Rocca Clement), "Pachi" (López Vidal) y "Agus" (Correa).
El menor conoció a Rocca Clement a través de un amigo, quien le regaló un celular. "Dicho instrumento, junto con el chat, habría sido el medio utilizado por el grupo para comunicarse con el menor y concertar salidas", señala el fallo.
La víctima comenzó a concurrir con Rocca Clement a las piletas del complejo "Costa Rica", donde también iba López Vidal y trabajaba Correa, desde donde luego se dirigían a la casa de CORSI. El menor relató que allí fue violado una vez por CORSI, dos o tres por Rocca Clement y otra por López Vidal, y lo obligaron a practicarles sexo oral y también a penetrarlos a ellos. Los imputados le decían al menor que "era bisexual" y que "no debía reprimirse".
También le "exhibieron películas pornográficas de homosexuales, fotos de niños teniendo relaciones sexuales, realizaban actos sexuales en su presencia e intentaban manosearlo, habiendo logrado accederlo carnalmente", señala el relato.
El servicio de psicología del Cuerpo Médico Forense sostuvo que la declaración que el menor realizó "tiene estructura lógica, coherencia interna y sentido".
www.clarin.com
Sanroma: “La defensa de la dignidad de las mujeres, el derecho a su vida y a su libertad, siguen marcando el compromiso del Gobierno regional”
Se presenta en las Cortes regionales el Informe de la Ley contra los malos tratos correspondiente a 2007
La Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha, pionera en nuestro país, supuso un precedente a nivel nacional. Esta normativa reconoce derechos sociales y obligaciones objetivas a las administraciones públicas y establece medidas de prevención.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Ángela Sanroma, compareció este martes en las Cortes regionales para dar cuenta del Informe correspondiente a 2007 de la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas, una normativa pionera en nuestro país.
S
anroma comenzó su exposición con un recordatorio a las mujeres que perdieron la vida en nuestra región durante 2007 a causa de la violencia machista e instó “a la movilización de conciencias y al rechazo social contundente a los malos tratos”.
“La defensa de la dignidad de las mujeres, su seguridad, el derecho a su vida, a la integridad física, la consideración de ciudadanía, su libertad, la restitución del daño, la solidaridad con cada una de las víctimas, siguen marcando el compromiso renovado día a día del Gobierno regional”, afirmó con rotundidad.
Durante su exposición, la directora explicó que la Ley 5/2001 contempla los malos tratos desde una perspectiva global y multidisciplinar y que reconoce derechos sociales a las víctimas, obligaciones objetivas a las administraciones públicas y establece medidas de sensibilización y prevención.
De este modo, las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra región cuentan con el derecho garantizado a la información, al refugio, a la disponibilidad de dispositivos de localización si están en situación de riesgo, a la asistencia jurídica y psicológica gratuita, a ayudas económicas y un derecho preferente a una vivienda y a los programas de inserción laboral.
Asimismo, esta normativa recoge otras medidas de formación a profesionales, prevención en el ámbito educativo, la sensibilización de la sociedad y el ejercicio de la acción popular por parte de la Administración regional.
Tras siete años de aplicación de la Ley, Sanroma destacó que los malos tratos “se han visibilizado” y ha aflorado buena parte de la violencia de género soterrada.
Entre los datos analizados correspondientes a 2007, la directora valoró positivamente que se haya producido un descenso en el tiempo de exposición a la violencia (convivencia con el agresor) de las mujeres víctimas que pasan por los recursos de acogimiento.
En este sentido, destacó también que en los años de vigencia de la Ley se ha reducido en más de diez puntos el porcentaje de mujeres de las Casas de Acogida que regresan con su agresor, puesto que en 2007 fueron el 16,45 por ciento.
Además, señaló la tendencia descendente del número de mujeres que renuncian a seguir con el procedimiento judicial iniciado. En 2007, este porcentaje fue del 7,51 por ciento, mientras que en el año 2001 alcanzaba el 38 por ciento.
Sanroma aportó otros datos positivos como el hecho de que cada año se incremente la existencia de partes médicos remitidos al juzgado, lo que pone de manifiesto una mayor sensibilización y concienciación de los servicio sanitarios debido a la implantación del protocolo sanitario.
De este modo, la directora hizo referencia a la eficacia del programa de asistencia jurídico-procesal gratuita que ofrece el Gobierno regional a las mujeres como alternativa al turno de oficio y con independencia de su situación económica, que asesora y acompaña desde los momentos previos a la interposición de una denuncia hasta la finalización del proceso judicial.
A pesar de los avances experimentados, Sanroma reconoció que “queda mucho trabajo por hacer” y pidió la colaboración de las distintas instituciones y organizaciones, así como la sensibilización de la sociedad.
Otros datos del Informe 2007
Durante su intervención, Sanroma indicó que con la apertura de dos nuevos centros en 2007 la Red de Centros de la Mujer ya cuenta con 83 espacios que atendieron un total de 193.514 consultas, de las cuales 19.844 estuvieron relacionadas con los malos tratos.
Por otro lado, la directora señaló que en los recursos de acogimiento se atendieron a 451 mujeres y 449 menores y puso de manifiesto que Castilla-La Mancha cuenta con las plazas suficientes para atender todas las demandas que efectúen mujeres que necesiten ingresar en estos recursos.
Respecto a la atención telefónica, explicó que la región cuenta con distintos programas que asesoran a las mujeres víctimas y que en 2007 registraron un total de 6.493 llamadas.
La directora hizo alusión a que se sigue incrementando el número de denuncias año tras años en un porcentaje que ronda el 14 por ciento. Durante 2007, se efectuaron 3.006 denuncias.
Sanroma matizó que este incremento no significa que haya más violencia de género, sino que cada vez más mujeres se atreven a romper el círculo de malos tratos en el que viven debido a las garantías de seguridad que aportan las normativas.
En referencia a los programas convenidos con asociaciones para la realización de programas de asistencia jurídica y psicológica gratuita, mencionó que su organismo ha aumentado en un 282 por ciento desde 2001 las cuantías presupuestarias destinadas a los mismos.
En el apartado de sensibilización y prevención, Sanroma enumero una serie de medidas puestas en marcha y señaló que los 83 Centros de la Mujer de la región realizaron durante el año pasado cerca de 2.600 actividades a las que acudieron 130.000 personas.
El informe completo correspondiente a 2007 de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas puede descargarse de la página web del Instituto de la Mujer regional (www.institutomujer-clm.com1).
JCCM
www.lacerca.com
La Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas de Castilla-La Mancha, pionera en nuestro país, supuso un precedente a nivel nacional. Esta normativa reconoce derechos sociales y obligaciones objetivas a las administraciones públicas y establece medidas de prevención.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Ángela Sanroma, compareció este martes en las Cortes regionales para dar cuenta del Informe correspondiente a 2007 de la Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas, una normativa pionera en nuestro país.
S
anroma comenzó su exposición con un recordatorio a las mujeres que perdieron la vida en nuestra región durante 2007 a causa de la violencia machista e instó “a la movilización de conciencias y al rechazo social contundente a los malos tratos”.
“La defensa de la dignidad de las mujeres, su seguridad, el derecho a su vida, a la integridad física, la consideración de ciudadanía, su libertad, la restitución del daño, la solidaridad con cada una de las víctimas, siguen marcando el compromiso renovado día a día del Gobierno regional”, afirmó con rotundidad.
Durante su exposición, la directora explicó que la Ley 5/2001 contempla los malos tratos desde una perspectiva global y multidisciplinar y que reconoce derechos sociales a las víctimas, obligaciones objetivas a las administraciones públicas y establece medidas de sensibilización y prevención.
De este modo, las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra región cuentan con el derecho garantizado a la información, al refugio, a la disponibilidad de dispositivos de localización si están en situación de riesgo, a la asistencia jurídica y psicológica gratuita, a ayudas económicas y un derecho preferente a una vivienda y a los programas de inserción laboral.
Asimismo, esta normativa recoge otras medidas de formación a profesionales, prevención en el ámbito educativo, la sensibilización de la sociedad y el ejercicio de la acción popular por parte de la Administración regional.
Tras siete años de aplicación de la Ley, Sanroma destacó que los malos tratos “se han visibilizado” y ha aflorado buena parte de la violencia de género soterrada.
Entre los datos analizados correspondientes a 2007, la directora valoró positivamente que se haya producido un descenso en el tiempo de exposición a la violencia (convivencia con el agresor) de las mujeres víctimas que pasan por los recursos de acogimiento.
En este sentido, destacó también que en los años de vigencia de la Ley se ha reducido en más de diez puntos el porcentaje de mujeres de las Casas de Acogida que regresan con su agresor, puesto que en 2007 fueron el 16,45 por ciento.
Además, señaló la tendencia descendente del número de mujeres que renuncian a seguir con el procedimiento judicial iniciado. En 2007, este porcentaje fue del 7,51 por ciento, mientras que en el año 2001 alcanzaba el 38 por ciento.
Sanroma aportó otros datos positivos como el hecho de que cada año se incremente la existencia de partes médicos remitidos al juzgado, lo que pone de manifiesto una mayor sensibilización y concienciación de los servicio sanitarios debido a la implantación del protocolo sanitario.
De este modo, la directora hizo referencia a la eficacia del programa de asistencia jurídico-procesal gratuita que ofrece el Gobierno regional a las mujeres como alternativa al turno de oficio y con independencia de su situación económica, que asesora y acompaña desde los momentos previos a la interposición de una denuncia hasta la finalización del proceso judicial.
A pesar de los avances experimentados, Sanroma reconoció que “queda mucho trabajo por hacer” y pidió la colaboración de las distintas instituciones y organizaciones, así como la sensibilización de la sociedad.
Otros datos del Informe 2007
Durante su intervención, Sanroma indicó que con la apertura de dos nuevos centros en 2007 la Red de Centros de la Mujer ya cuenta con 83 espacios que atendieron un total de 193.514 consultas, de las cuales 19.844 estuvieron relacionadas con los malos tratos.
Por otro lado, la directora señaló que en los recursos de acogimiento se atendieron a 451 mujeres y 449 menores y puso de manifiesto que Castilla-La Mancha cuenta con las plazas suficientes para atender todas las demandas que efectúen mujeres que necesiten ingresar en estos recursos.
Respecto a la atención telefónica, explicó que la región cuenta con distintos programas que asesoran a las mujeres víctimas y que en 2007 registraron un total de 6.493 llamadas.
La directora hizo alusión a que se sigue incrementando el número de denuncias año tras años en un porcentaje que ronda el 14 por ciento. Durante 2007, se efectuaron 3.006 denuncias.
Sanroma matizó que este incremento no significa que haya más violencia de género, sino que cada vez más mujeres se atreven a romper el círculo de malos tratos en el que viven debido a las garantías de seguridad que aportan las normativas.
En referencia a los programas convenidos con asociaciones para la realización de programas de asistencia jurídica y psicológica gratuita, mencionó que su organismo ha aumentado en un 282 por ciento desde 2001 las cuantías presupuestarias destinadas a los mismos.
En el apartado de sensibilización y prevención, Sanroma enumero una serie de medidas puestas en marcha y señaló que los 83 Centros de la Mujer de la región realizaron durante el año pasado cerca de 2.600 actividades a las que acudieron 130.000 personas.
El informe completo correspondiente a 2007 de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas puede descargarse de la página web del Instituto de la Mujer regional (www.institutomujer-clm.com1).
JCCM
www.lacerca.com
Una joven denunció por acoso sexual al titular de Yacyretá
Carlos Cardozo, director paraguayo de Yacyretá
María del Carmen Meza, de 20 años, recorrió ayer las oficinas de todos los senadores, para denunciar que Carlos Cardozo, propuesto por el Ejecutivo para director de Yacyretá “manchó mi honor diciendo que me fui a pedir un puesto (de trabajo en la entidad), y luego me descontrató. La forma en que se despedía de mí… me agarraba de la cintura y me apretaba así hacia él”, y pasó a enseñar la situación con su acompañante, poblador de la zona afectada por el embalse de la hidroeléctrica.
La denuncia, un tanto dudosa, de acuerdo a las declaraciones, además de haberse presentado coincidentemente en el momento en que la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara debía dar un dictamen sobre el acuerdo para que Cardozo sea ungido como director de Yacyretá, ya que en la sesión de este jueves se trata en el plenario.
Meza relató a la prensa: “Le dije, ‘sabés que Cardozo, yo soy la sobrina del Presidente y quiero que me contrates’. Y supuestamente descubrió que no era la sobrina del Presidente, y por eso me descontrató”.
Se le requirió si realmente tiene parentesco con Lugo, y señaló que es “lejano ya, lejano ya, pero eso ya no tiene que ver. Mi contrato quedó sin resolución, sin motivo alguno… y varias cosas. No llegué a percibir salario, una semana lo que estuve adentro trabajando, y después ya hubo todo este tumulto”.
Al preguntarle en calidad de qué la contrató, explicó que “fui a acompañarle a una señora que fue recomendada de una señora (…) y el ingeniero Cardozo me ofreció ahí el cargo de secretaria general. Él sabía que era pariente del Presidente porque estaba trabajando como voluntaria. Pero yo no me fui a pedir (…). Al firmar mi contrato me enteré que mi salario era de siete millones de guaraníes”.
Desmentida
Por su parte, el director paraguayo de Yacyretá, Carlos Cardozo desmintió las acusaciones presentada en su contra por Meza Narváez. Fue durante una conferencia de prensa que ofreció ayer en las oficinas del Departamento de Obras Complementarias (DOC) en Encarnación. Aclaró que la funcionaria fue descontratada porque actuó de manera prepotente diciendo que era la sobrina del presidente Fernando Lugo y que eso también era mentira. El mismo analizará con sus abogados querellar a la joven.
Con sorpresa y risa de por medio, Cardozo recibió la información de la denuncia presentada por Meza Narváez en el Parlamento. Consultado sobre si conoce a la denunciante Cardozo dijo; “Me parece que se fue a hablar, esa se fue postulándose a un cargo de secretaria y le contratamos, ella nunca dijo que era pariente del presidente (Fernando Lugo) hasta que la contratamos y que tuvo realmente una actuación no tan conveniente, después que la contratamos ella se fue diciendo que era la sobrina del Presidente, exigiendo esto, exigiendo aquello, y la tuvimos que descontratar a la semana siguiente”, señaló.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
