El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de su delegación en el Estado de México Poniente informa que el 21.2 por ciento de los casos que se atienden en consulta externa han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte de su pareja.
Al respecto, la licenciada Elizabeth San Juan López, coordinadora delegacional de Salud Reproductiva, mencionó que diariamente enfermeras, doctores y trabajadoras sociales, llevan a cabo el programa “Perspectiva de género” en las Unidades de Medicina Familiar con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el por qué se habla de género y de esta manera hacerle saber que se pueden revertir estos papeles.
De esta manera se pretende que las nuevas generaciones empiecen a compartir una convivencia de pareja que distribuya las actividades y las responsabilidades entre ambos; “tal vez aún no son equitativas porque los cambios culturales son lentos” mencionó.
Entre los objetivos del programa “Perspectiva de género” está evitar la violencia intrafamiliar e impulsar al varón a involucrarse más a la vigilancia del embarazo, así como la humanización de todo el proceso, incluido el fomento de la lactancia materna, desde una perspectiva de género.
Se pretende con este programa desarrollar sensibilización y prevención con medidas de protección Integral contra la violencia de género.
En cuanto a la estrategia que está implementando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Estado de México, se está proporcionando información a las mujeres embarazadas y a sus parejas en las consultas prenatales como en la preparación del parto, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las distintas capacidades y culturas, informó la licenciada Elizabeth San Juan.
Finalmente, la coordinadora de Salud Reproductiva, mencionó que la Perspectiva de género, es un programa que comenzó hace 8 años, está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y cada año se ha fortalecido con el fin de evitar la violencia intrafamiliar.
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15 de octubre de 2008
Las mujeres de Santurtzi seguirán con cobertura jurídica ante los malos tratos
El Ayuntamiento de Santurtzi ha renovado el convenio de colaboración entre el Servicio de la Mujer y la Asociación Clara Campoamor, que permite ofrecer cobertura jurídica a las mujeres en el ámbito del derecho de familia o en casos de malos tratos.
Gracias a este convenio de colaboración se ofrecerá atención individualizada y personalizada a las mujeres con el objetivo de prevenir o paliar la conflictividad familiar en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja, así como todo tipo de violencia en el seno familiar.
La concejal de Acción Social e Igualdad, Aintzane Cordón, ha destacado que "se trata de dar un servicio integral y que las mujeres que requieran de esta ayuda no se encuentren de cara a una ventanilla contando su caso, sino que sea una atención individualizada y personalizada para que ninguna mujer se sienta cohibida".
La atención se prestará en los locales del Servicio Municipal de la Mujer los lunes y miércoles de 9 a 13 horas, previa petición de cita, por parte de una licenciada en Derecho con formación y experiencia en Derecho de familia o en casos de violencia de género.
Cordón ha explicado que las mujeres que acuden a estos servicios lo hacen empujadas por varios motivos, como la solicitud de inicio de trámites de separación, divorcio, acoso laboral, temas de custodia, pensión alimenticia, convenios reguladores, violencia doméstica y malos tratos psicológicos, entre otros.
Ha indicado que el Ayuntamiento destinará 15.630 euros para este convenio de colaboración y que será una abogada de la Asociación Clara Campoamor la encargada de ejercer la acusación particular del Ayuntamiento por el asesinato de Doccas David, asesinada presuntamente por su marido el pasado 5 de octubre.
Efe Santurtzi
www.deia.com
Gracias a este convenio de colaboración se ofrecerá atención individualizada y personalizada a las mujeres con el objetivo de prevenir o paliar la conflictividad familiar en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja, así como todo tipo de violencia en el seno familiar.
La concejal de Acción Social e Igualdad, Aintzane Cordón, ha destacado que "se trata de dar un servicio integral y que las mujeres que requieran de esta ayuda no se encuentren de cara a una ventanilla contando su caso, sino que sea una atención individualizada y personalizada para que ninguna mujer se sienta cohibida".
La atención se prestará en los locales del Servicio Municipal de la Mujer los lunes y miércoles de 9 a 13 horas, previa petición de cita, por parte de una licenciada en Derecho con formación y experiencia en Derecho de familia o en casos de violencia de género.
Cordón ha explicado que las mujeres que acuden a estos servicios lo hacen empujadas por varios motivos, como la solicitud de inicio de trámites de separación, divorcio, acoso laboral, temas de custodia, pensión alimenticia, convenios reguladores, violencia doméstica y malos tratos psicológicos, entre otros.
Ha indicado que el Ayuntamiento destinará 15.630 euros para este convenio de colaboración y que será una abogada de la Asociación Clara Campoamor la encargada de ejercer la acusación particular del Ayuntamiento por el asesinato de Doccas David, asesinada presuntamente por su marido el pasado 5 de octubre.
Efe Santurtzi
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PGR suspende de sus funciones a agente del Ministerio Público
Rosalba Villaseca acusó al delegado Manuel Guevara Ortiz de hostigamiento sexual y laboral, situación que no se pudo demostrar
La PGR determinó suspender de sus labores a la agente del Ministerio Público Federal, Rosalba Villaseca Trejo, por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones
La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) determinó suspender de sus labores a la agente del Ministerio Público Federal, Rosalba Villaseca Trejo, por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.Ella se encargaba de integrar procedimientos administrativos instaurados, en contra de servidores públicos de la Delegación Estatal en Jalisco de la PGR.
Trasciende que la visitaduría de la dependencia habría encontrado irregularidades en su trabajo, como el hecho de que la funcionaria, siendo subdelegada, habilitara una oficina para su esposo, al que proporcionaba expedientes para que le litigara, incluso contra la propia institución.
La suspensión se dio mientras se resuelve en definitiva su remoción, con base en lo previsto en el Artículo 44 Fracción III de la Ley Orgánica de la Institución, según informó la dependencia.
Lo anterior está motivado en aspectos fundamentalmente laborales, luego de que la funcionaria incumplió con responsabilidades propias de su encomienda en mayo del año en curso, ocasionando con esto retraso en la procuración de justicia, por lo que se le levantaron las actas administrativas correspondientes.
Asimismo, la funcionaria incurrió en el uso indebido de expedientes bajo su cargo y responsabilidad, aunado a que se negó a acudir a desempeñar sus funciones como agente del Ministerio Público Federal, adscrita a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, lo que motivó llamadas de atención por su comportamiento y, además, al hecho de haberle proporcionado un área de oficina dentro de la Subdelegación a su cargo, a su esposo Raúl Rivera Rivera, ex agente del Ministerio Público de la Federación, quien litigaba asuntos en contra de la Institución, dentro de la misma sede delegacional.
Se hace notar que el procedimiento instaurado para la suspensión está sustentado en motivos laborales, previstos y regulados por el marco legal y reglamentario establecido por la PGR para el desempeño profesional y ético de sus miembros, apegado plenamente a Derecho y a las disposiciones legales, según informó el comunicado de la dependencia.
Cabe mencionar que Rosalba Villaseca acusó al delegado Manuel Guevara Ortiz de hostigamiento sexual y laboral, situación que no se pudo demostrar. Por lo que contra la ahora ex agente del Ministerio Público de la Federación hay una averiguación previa vigente.
www.informador.com.mx
La PGR determinó suspender de sus labores a la agente del Ministerio Público Federal, Rosalba Villaseca Trejo, por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones
La Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) determinó suspender de sus labores a la agente del Ministerio Público Federal, Rosalba Villaseca Trejo, por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.Ella se encargaba de integrar procedimientos administrativos instaurados, en contra de servidores públicos de la Delegación Estatal en Jalisco de la PGR.
Trasciende que la visitaduría de la dependencia habría encontrado irregularidades en su trabajo, como el hecho de que la funcionaria, siendo subdelegada, habilitara una oficina para su esposo, al que proporcionaba expedientes para que le litigara, incluso contra la propia institución.
La suspensión se dio mientras se resuelve en definitiva su remoción, con base en lo previsto en el Artículo 44 Fracción III de la Ley Orgánica de la Institución, según informó la dependencia.
Lo anterior está motivado en aspectos fundamentalmente laborales, luego de que la funcionaria incumplió con responsabilidades propias de su encomienda en mayo del año en curso, ocasionando con esto retraso en la procuración de justicia, por lo que se le levantaron las actas administrativas correspondientes.
Asimismo, la funcionaria incurrió en el uso indebido de expedientes bajo su cargo y responsabilidad, aunado a que se negó a acudir a desempeñar sus funciones como agente del Ministerio Público Federal, adscrita a un Juzgado de Distrito en Materia Penal, lo que motivó llamadas de atención por su comportamiento y, además, al hecho de haberle proporcionado un área de oficina dentro de la Subdelegación a su cargo, a su esposo Raúl Rivera Rivera, ex agente del Ministerio Público de la Federación, quien litigaba asuntos en contra de la Institución, dentro de la misma sede delegacional.
Se hace notar que el procedimiento instaurado para la suspensión está sustentado en motivos laborales, previstos y regulados por el marco legal y reglamentario establecido por la PGR para el desempeño profesional y ético de sus miembros, apegado plenamente a Derecho y a las disposiciones legales, según informó el comunicado de la dependencia.
Cabe mencionar que Rosalba Villaseca acusó al delegado Manuel Guevara Ortiz de hostigamiento sexual y laboral, situación que no se pudo demostrar. Por lo que contra la ahora ex agente del Ministerio Público de la Federación hay una averiguación previa vigente.
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FADEMUR reclama desarrollar ya la titularidad compartida de las explotaciones
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha reivindicado hoy el desarrollo "ya" de la figura jurídica de la titularidad compartida de las explotaciones y tener voz en el Consejo de Participación de la Mujer que prevé la Ley de Igualdad y en el Observatorio contra la violencia de Género.
Esos son tres mensajes que la presidenta de FADEMUR, Teresa López, ha aprovechado para lanzar a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la celebración en Zaragoza, con un día de adelanto, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, al que además de la ministra y el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, han asistido 1.600 mujeres de doce comunidades autónomas.
Además de la presencia en el Consejo de Participación de la Mujer y en el Observatorio contra la Violencia de Género, para que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres rurales, ha insistido en la necesidad de desarrollar la titularidad compartida, porque aunque la pasada legislatura se reconoció el trabajo de las agricultoras y ganaderas incentivando su incorporación a la seguridad social, aún no tienen plenamente reconocidos sus derechos.
Aído, por su parte, ha expresado su preocupación por las mujeres que trabajan en explotaciones agrarias y son aún "invisibles" y carecen de reconocimiento y en muchos casos de autonomía económica.
Ha destacado, al respecto, que la Ley de Igualdad va "más allá" de la cotitularidad y que ya existe un borrador de Real Decreto para desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida que pasará a dictamen del Consejo de Estado el próximo jueves.
Respecto a la violencia de genero, Aído ha hecho hincapié en que las mujeres del medio rural sufren mayores dificultades para poder salir de ella.
La ministra ha avanzado que actualmente se está tramitando un convenio con la Federación de Municipios y Provincias para incorporar la dimensión local en esta lucha y que se firmará en 2009 con el objetivo afrontar proyectos de prevención, protección y asistencia a las víctimas.
También ha comentado que el próximo año se reglamentará y pondrá en marcha el Consejo de Participación de las Mujeres y se ha mostrado convencida de que las mujeres rurales estarán "bien representadas".
En el acto ha intervenido el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, quien ha reconocido que la crisis económica mundial ha cogido a los profesionales del sector "bastante tocados" y ha demandado que, como la energía, el sector se considere "estratégico" y pueda influir en el precio de sus productos, teniendo en cuenta los costes de producción.
"Que no nos digan que eso es ilegal, que va en contra de la libre competencia", porque "si se interviene con fondos públicos en el mercado del dinero, se puede hacer cualquier cosa".
EFE
www.finanzas.com
Esos son tres mensajes que la presidenta de FADEMUR, Teresa López, ha aprovechado para lanzar a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la celebración en Zaragoza, con un día de adelanto, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, al que además de la ministra y el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, han asistido 1.600 mujeres de doce comunidades autónomas.
Además de la presencia en el Consejo de Participación de la Mujer y en el Observatorio contra la Violencia de Género, para que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres rurales, ha insistido en la necesidad de desarrollar la titularidad compartida, porque aunque la pasada legislatura se reconoció el trabajo de las agricultoras y ganaderas incentivando su incorporación a la seguridad social, aún no tienen plenamente reconocidos sus derechos.
Aído, por su parte, ha expresado su preocupación por las mujeres que trabajan en explotaciones agrarias y son aún "invisibles" y carecen de reconocimiento y en muchos casos de autonomía económica.
Ha destacado, al respecto, que la Ley de Igualdad va "más allá" de la cotitularidad y que ya existe un borrador de Real Decreto para desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida que pasará a dictamen del Consejo de Estado el próximo jueves.
Respecto a la violencia de genero, Aído ha hecho hincapié en que las mujeres del medio rural sufren mayores dificultades para poder salir de ella.
La ministra ha avanzado que actualmente se está tramitando un convenio con la Federación de Municipios y Provincias para incorporar la dimensión local en esta lucha y que se firmará en 2009 con el objetivo afrontar proyectos de prevención, protección y asistencia a las víctimas.
También ha comentado que el próximo año se reglamentará y pondrá en marcha el Consejo de Participación de las Mujeres y se ha mostrado convencida de que las mujeres rurales estarán "bien representadas".
En el acto ha intervenido el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, quien ha reconocido que la crisis económica mundial ha cogido a los profesionales del sector "bastante tocados" y ha demandado que, como la energía, el sector se considere "estratégico" y pueda influir en el precio de sus productos, teniendo en cuenta los costes de producción.
"Que no nos digan que eso es ilegal, que va en contra de la libre competencia", porque "si se interviene con fondos públicos en el mercado del dinero, se puede hacer cualquier cosa".
EFE
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14 de octubre de 2008
Madrid y Andalucía concentran el mayor número de víctimas de violencia de género en lo que va de año, un 32% del total
Madrid y Andalucía son las comunidades que concentran el mayor número de víctimas, con nueve y ocho, respectivamente, del total de 52 (más del 32 por ciento) en lo que va de año, según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad facilitados a Europa Press.
Ambas comunidades están seguidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con siete mujeres muertas cada una; Castilla y León, con cinco víctimas; Murcia, con tres víctimas; Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco y La Rioja, con dos muertas en cada comunidad.
Por otro lado, en Navarra, Asturias y las Islas Baleares han fallecido tres mujeres, una en cada comunidad autónoma; mientras que en Aragón, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla no se ha registrado ninguna mujer muerta víctima de la violencia machista.
Según estos datos, de las mujeres asesinadas este año, doce (lo que supone un 23,1 por ciento) habían denunciado a sus parejas o ex parejas por maltrato o amenaza, aunque dos de ellas habían retirado la denuncia. Nueve de las víctimas mortales habían obtenido medidas de protección, del total de diez que las habían solicitado.
Según se desprende del estudio aportado por Igualdad, el 57,7 por ciento de las fallecidas, 30, eran de nacionalidad española, y el resto, 22 mujeres, eran extranjeras. El dato coincide con el de los agresores, al ser 30 (un 57,7 por ciento) españoles y los 22 restantes, extranjeros.
En cuanto a las edades, cuatro de las víctimas eran menores de veinte años, 12 estaban en la veintena, once en la treintena, 14 entre los 41 y los cincuenta años, siete eran mayores de 50 y menores de 64 años y cuatro, mayores de 64 años. Por su parte, los agresores son todos mayores de edad (uno, entre 18 y 20 años; seis de 21 a 30 años, 16 en la treintena; quince en la cuarentena; ocho entre51 y 64 años y seis mayores de 64 años.
En este momento hay seis casos en investigación, los correspondientes a Alhaurín de la Torre (Málaga), Barcelona, Benidorm (Alicante), Carnota (La Coruña), Fraga (Huesca) y Valladolid, que, de confirmarse, elevarían a 58 el número de fallecidas por violencia machista en lo que va de año.
En todo 2007 murieron 71 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, tres más que en 2006 y 14 más que en 2005. En 2004 fueron 72 las víctimas, una más que el año precedente. En 2002, 2001 y 2000 fallecieron por esta causa 54, 50 y 63 mujeres en España.
www.europapress.es
Ambas comunidades están seguidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con siete mujeres muertas cada una; Castilla y León, con cinco víctimas; Murcia, con tres víctimas; Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco y La Rioja, con dos muertas en cada comunidad.
Por otro lado, en Navarra, Asturias y las Islas Baleares han fallecido tres mujeres, una en cada comunidad autónoma; mientras que en Aragón, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla no se ha registrado ninguna mujer muerta víctima de la violencia machista.
Según estos datos, de las mujeres asesinadas este año, doce (lo que supone un 23,1 por ciento) habían denunciado a sus parejas o ex parejas por maltrato o amenaza, aunque dos de ellas habían retirado la denuncia. Nueve de las víctimas mortales habían obtenido medidas de protección, del total de diez que las habían solicitado.
Según se desprende del estudio aportado por Igualdad, el 57,7 por ciento de las fallecidas, 30, eran de nacionalidad española, y el resto, 22 mujeres, eran extranjeras. El dato coincide con el de los agresores, al ser 30 (un 57,7 por ciento) españoles y los 22 restantes, extranjeros.
En cuanto a las edades, cuatro de las víctimas eran menores de veinte años, 12 estaban en la veintena, once en la treintena, 14 entre los 41 y los cincuenta años, siete eran mayores de 50 y menores de 64 años y cuatro, mayores de 64 años. Por su parte, los agresores son todos mayores de edad (uno, entre 18 y 20 años; seis de 21 a 30 años, 16 en la treintena; quince en la cuarentena; ocho entre51 y 64 años y seis mayores de 64 años.
En este momento hay seis casos en investigación, los correspondientes a Alhaurín de la Torre (Málaga), Barcelona, Benidorm (Alicante), Carnota (La Coruña), Fraga (Huesca) y Valladolid, que, de confirmarse, elevarían a 58 el número de fallecidas por violencia machista en lo que va de año.
En todo 2007 murieron 71 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, tres más que en 2006 y 14 más que en 2005. En 2004 fueron 72 las víctimas, una más que el año precedente. En 2002, 2001 y 2000 fallecieron por esta causa 54, 50 y 63 mujeres en España.
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Un ex guardia civil mata a su mujer y se suicida en un cortijo de Motril
El cuerpo de la mujer presenta cuatro cortes profundos hechos con una herramienta eléctrica.- El hombre tenía una orden de alejamiento por maltrato
Un día más, el horror de la violencia machista. Como se temía desde que esta mañana se hallaron dos cadáveres con signos de violencia en un cortijo de Puntalón, cerca de la localidad granadina de Motril, se trata de un uxoricidio. La mujer ya había denunciado a su marido por maltrato, por lo que éste tenía una orden de alejamiento. Hoy el hombre, un ex guardia civil de 51 años, presuntamente acuchilló en cuatro ocasiones a su pareja, de 41, antes de suicidarse. Ambos murieron desangrados. Ella tenía los pies atados con cinta aislante.
Tras doce horas de investigación, los agentes de la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han descartado la participación de una tercera persona en el suceso y han concluido que se trata con toda probabilidad de un nuevo caso de violencia machista.
El cadáver de la mujer, Rosario G.R., natural de Láujar (Almería) y celadora de profesión, presentaba al menos cuatro cortes de gran profundidad producidos por una herramienta eléctrica en el cuello, un hombro, un brazo y una pierna. Se cree que esta última herida, la más grande, pudo ocasionarle la muerte, que presentaba una cinta aislante atada a los pies.
Cadáver con arañazos y golpes
El cadáver de Manuel H.M. tiene arañazos y golpes que problablemente le propinó la mujer para defenderse de la agresión. El ex guardia civil se encontraba de baja por tratamiento psicológico y trabajaba en la actualidad de vigilante de seguridad en Almería. Rosario era la segunda mujer de Manuel, ambos tenían tres hijos, todos menores de edad.
El padre del ex agente, Antonio H., es quien ha encontrado los cadáveres. El hombre se desplazó al cortijo pero lo encontró cerrado por lo que avisó a la policía. Antonio H. ha manifestado a los periodistas que un Juzgado de El Ejido, localidad almeriense donde residía la pareja, había decretado una orden de alejamiento contra su hijo tras la denuncia de su nuera y que se habían separado temporalmente pero volvieron a vivir juntos porque "últimamente se llevaban bien". De hecho, la pareja pasó el lunes en una reunión familiar en el cortijo del Puntalón a la que asistieron buena parte de sus allegados y, aunque por la tarde regresaron a su domicilio en El Ejido, horas después volvieron al lugar, al parecer en busca de un móvil que habían olvidado. Antonio mantiene que su hijo no era capaz de hacer "algo así" y que mantenían "la relación de un matrimonio normal".
EFE
www.elpais.com
Un día más, el horror de la violencia machista. Como se temía desde que esta mañana se hallaron dos cadáveres con signos de violencia en un cortijo de Puntalón, cerca de la localidad granadina de Motril, se trata de un uxoricidio. La mujer ya había denunciado a su marido por maltrato, por lo que éste tenía una orden de alejamiento. Hoy el hombre, un ex guardia civil de 51 años, presuntamente acuchilló en cuatro ocasiones a su pareja, de 41, antes de suicidarse. Ambos murieron desangrados. Ella tenía los pies atados con cinta aislante.
Tras doce horas de investigación, los agentes de la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han descartado la participación de una tercera persona en el suceso y han concluido que se trata con toda probabilidad de un nuevo caso de violencia machista.
El cadáver de la mujer, Rosario G.R., natural de Láujar (Almería) y celadora de profesión, presentaba al menos cuatro cortes de gran profundidad producidos por una herramienta eléctrica en el cuello, un hombro, un brazo y una pierna. Se cree que esta última herida, la más grande, pudo ocasionarle la muerte, que presentaba una cinta aislante atada a los pies.
Cadáver con arañazos y golpes
El cadáver de Manuel H.M. tiene arañazos y golpes que problablemente le propinó la mujer para defenderse de la agresión. El ex guardia civil se encontraba de baja por tratamiento psicológico y trabajaba en la actualidad de vigilante de seguridad en Almería. Rosario era la segunda mujer de Manuel, ambos tenían tres hijos, todos menores de edad.
El padre del ex agente, Antonio H., es quien ha encontrado los cadáveres. El hombre se desplazó al cortijo pero lo encontró cerrado por lo que avisó a la policía. Antonio H. ha manifestado a los periodistas que un Juzgado de El Ejido, localidad almeriense donde residía la pareja, había decretado una orden de alejamiento contra su hijo tras la denuncia de su nuera y que se habían separado temporalmente pero volvieron a vivir juntos porque "últimamente se llevaban bien". De hecho, la pareja pasó el lunes en una reunión familiar en el cortijo del Puntalón a la que asistieron buena parte de sus allegados y, aunque por la tarde regresaron a su domicilio en El Ejido, horas después volvieron al lugar, al parecer en busca de un móvil que habían olvidado. Antonio mantiene que su hijo no era capaz de hacer "algo así" y que mantenían "la relación de un matrimonio normal".
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Bermejo rechaza que haya "comarcalización" en la distribución de juzgados de violencia de género
Descarta crear este tipo de juzgados en Orense, Ferrol o Lugo porque sus ratios están "a años luz" de lo establecido por el CGPJ
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazó hoy que haya "comarcalización" en la distribución de juzgados de violencia de género a lo largo de la geografía española. Además, puntualizó que la programación del Ministerio en materia de unidades judiciales "sólo es autónoma en lo cuantitativo", ya que de acuerdo con las previsiones presupuestarias establece un número de unidades "cuya distribución se pacta con las CCAA".
Bermejo respondió así a una pregunta parlamentaria del senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza, quien durante la sesión de control al Gobierno de esta tarde se interesó por el motivo "por el que no se encuentra entre las previsiones del Gobierno para el año 2009 la creación de juzgados de violencia de género en Orense, Lugo y Ferrol (Coruña).
Así, indicó que es cada CCAA "la que marca el camino, como no podía ser de otro modo", y afirmó que no ha habido un caso en que Justicia haya impuesto una solución". Por tanto, destacó que es el Ejecutivo de la Xunta el que "va a decidir qué hacer con las nueve unidades que tiene Galicia para 2009, dos más que para 2008, que la sitúan en una posición de privilegio a nivel nacional".
"Existirán juzgados de violencia nuevos en Galicia, pero vendrán de la mano del ejecutivo gallego, que por ahora se inclina por que existan, aparte de los que ya existen, los de Pontevedra y Vigo, y que sean con jurisdicción extendida a otros partidos judiciales", explicó.
Según Bermejo, cabe preguntarse si lo "ideal" serían juzgados de violencia "en todas partes", y se respondió a sí mismo "que no". A su juicio, lo "ideal es que haya allí donde la demanda lo exija", y apuntó que así es como el Gobierno va actuando. "No puedo aceptar esa expresión de comarcalización generalizada cuando llevamos creados 93 juzgados exclusivos", recalcó.
Por tanto, insistió en que lo que llegue ahora a Galicia en materia de unidades judiciales lo hará "de la mano del Ejecutivo gallego". A su lado, dijo, el Gobierno intentará dar una "solución en la que la optimización de recursos sea compatible con las exigencias de las víctimas", sin establecer juzgados "exclusivos comarcalizados allí donde la distancia geográfica u otras razones lo desaconsejen".
El senador Bouza, sin embargo, reprochó a Bermejo que la "comarcalización generalizada" de los juzgados de violencia contra la mujer "no es la mejor solución", y criticó que para 2009 "únicamente se contemplan la creación de dos unidades judiciales con sede en Pontevedra y Santiago".
A este respecto, además, afirmó que Orense tiene "más casos" por violencia de género que Pontevedra y Santiago, donde el Gobierno prevé crear unidades judiciales. Pidió, por tanto, al ministro que se creen esos juzgados exclusivos y que no sean comarcalizados a no ser que "sea exclusivamente necesario".
Ante esto, Bermejo respondió que si se siguiera el criterio del senador, en Orense por ejemplo se crearía un juzgado especial de violencia en una población que está a "años luz de la ratio que establece el CGPJ, esto es, 1.200 diligencias previas de referencia".
Finalmente, indicó que 471 tiene Orense diligencias, Ferrol suma entre todas 412, mientras que Lugo tiene 80 dirigencias urgentes y 214 de otro tipo. "Estamos en la creación de órganos judiciales, pero desde la racionalidad. Cuando se pueda comarcalizar la zona de Orense, Orense tendrá su juzgado", sentenció.
www.europapress.es
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazó hoy que haya "comarcalización" en la distribución de juzgados de violencia de género a lo largo de la geografía española. Además, puntualizó que la programación del Ministerio en materia de unidades judiciales "sólo es autónoma en lo cuantitativo", ya que de acuerdo con las previsiones presupuestarias establece un número de unidades "cuya distribución se pacta con las CCAA".
Bermejo respondió así a una pregunta parlamentaria del senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza, quien durante la sesión de control al Gobierno de esta tarde se interesó por el motivo "por el que no se encuentra entre las previsiones del Gobierno para el año 2009 la creación de juzgados de violencia de género en Orense, Lugo y Ferrol (Coruña).
Así, indicó que es cada CCAA "la que marca el camino, como no podía ser de otro modo", y afirmó que no ha habido un caso en que Justicia haya impuesto una solución". Por tanto, destacó que es el Ejecutivo de la Xunta el que "va a decidir qué hacer con las nueve unidades que tiene Galicia para 2009, dos más que para 2008, que la sitúan en una posición de privilegio a nivel nacional".
"Existirán juzgados de violencia nuevos en Galicia, pero vendrán de la mano del ejecutivo gallego, que por ahora se inclina por que existan, aparte de los que ya existen, los de Pontevedra y Vigo, y que sean con jurisdicción extendida a otros partidos judiciales", explicó.
Según Bermejo, cabe preguntarse si lo "ideal" serían juzgados de violencia "en todas partes", y se respondió a sí mismo "que no". A su juicio, lo "ideal es que haya allí donde la demanda lo exija", y apuntó que así es como el Gobierno va actuando. "No puedo aceptar esa expresión de comarcalización generalizada cuando llevamos creados 93 juzgados exclusivos", recalcó.
Por tanto, insistió en que lo que llegue ahora a Galicia en materia de unidades judiciales lo hará "de la mano del Ejecutivo gallego". A su lado, dijo, el Gobierno intentará dar una "solución en la que la optimización de recursos sea compatible con las exigencias de las víctimas", sin establecer juzgados "exclusivos comarcalizados allí donde la distancia geográfica u otras razones lo desaconsejen".
El senador Bouza, sin embargo, reprochó a Bermejo que la "comarcalización generalizada" de los juzgados de violencia contra la mujer "no es la mejor solución", y criticó que para 2009 "únicamente se contemplan la creación de dos unidades judiciales con sede en Pontevedra y Santiago".
A este respecto, además, afirmó que Orense tiene "más casos" por violencia de género que Pontevedra y Santiago, donde el Gobierno prevé crear unidades judiciales. Pidió, por tanto, al ministro que se creen esos juzgados exclusivos y que no sean comarcalizados a no ser que "sea exclusivamente necesario".
Ante esto, Bermejo respondió que si se siguiera el criterio del senador, en Orense por ejemplo se crearía un juzgado especial de violencia en una población que está a "años luz de la ratio que establece el CGPJ, esto es, 1.200 diligencias previas de referencia".
Finalmente, indicó que 471 tiene Orense diligencias, Ferrol suma entre todas 412, mientras que Lugo tiene 80 dirigencias urgentes y 214 de otro tipo. "Estamos en la creación de órganos judiciales, pero desde la racionalidad. Cuando se pueda comarcalizar la zona de Orense, Orense tendrá su juzgado", sentenció.
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Herrera avanzó en Bruselas que la cita será en noviembre o diciembre
Herrera avanzó en Bruselas que la cita será en noviembre o diciembre
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció en Bruselas que convocará a todas las comunidades autónomas a una cumbre en Castilla y León, que se celebrará a finales de noviembre o principios de diciembre, para debatir y “fijar una postura de Estado” sobre la violencia contra la mujer.
El resultado del debate servirá para redactar el contendido del Dictamen que Castilla y León está promoviendo en el seno del Comité de las Regiones (CdR), que se presentó el pasado mes de abril y se encuentra en fase de tramitación.
“El objetivo es que el Comité de las Regiones emita su opinión sobre la violencia ejercida contra las mujeres, denuncie esta intolerable situación en el conjunto de regiones y ciudades de Europa, y promueva un debate sobre propuestas e intercambio de buenas prácticas realizadas en esta materia entre las regiones”, afirmó antes de mantener su encuentro con la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner.
La cumbre servirá para que los representantes designados por cada comunidad autónoma puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del Dictamen. Y es que, el objetivo último es el de poner freno “a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres”, señaló el presidente de la Junta.
Juan Vicente Herrera, que viajó a Bruselas para participar en el pleno del CdR, también anunció el nombramiento de la directora general de la Mujer, Alicia García Rodríguez, como experta designada por la Junta de Castilla y León para supervisar la tramitación del Dictamen que ya se encuentra en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité.
E.E. Bruselas.
www.espaexterior.com
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció en Bruselas que convocará a todas las comunidades autónomas a una cumbre en Castilla y León, que se celebrará a finales de noviembre o principios de diciembre, para debatir y “fijar una postura de Estado” sobre la violencia contra la mujer.
El resultado del debate servirá para redactar el contendido del Dictamen que Castilla y León está promoviendo en el seno del Comité de las Regiones (CdR), que se presentó el pasado mes de abril y se encuentra en fase de tramitación.
“El objetivo es que el Comité de las Regiones emita su opinión sobre la violencia ejercida contra las mujeres, denuncie esta intolerable situación en el conjunto de regiones y ciudades de Europa, y promueva un debate sobre propuestas e intercambio de buenas prácticas realizadas en esta materia entre las regiones”, afirmó antes de mantener su encuentro con la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner.
La cumbre servirá para que los representantes designados por cada comunidad autónoma puedan aportar sus reflexiones y sus análisis para consensuar el contenido del Dictamen. Y es que, el objetivo último es el de poner freno “a esta lacra contra la que sólo cabe la unidad y el rechazo de toda la sociedad y la aplicación estricta del Estado de Derecho para quienes vulneran la integridad física o psicológica de las mujeres”, señaló el presidente de la Junta.
Juan Vicente Herrera, que viajó a Bruselas para participar en el pleno del CdR, también anunció el nombramiento de la directora general de la Mujer, Alicia García Rodríguez, como experta designada por la Junta de Castilla y León para supervisar la tramitación del Dictamen que ya se encuentra en la Comisión de Política Económica y Social (ECOS) del Comité.
E.E. Bruselas.
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CGPJ nombrará mañana a Montalbán presidenta Observatorio Violencia de Género
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrará mañana a la vocal Inmaculada Montalbán presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Montalbán, propuesta para dicho cargo por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, sustituye a Monserrat Comas.
De 49 años, es juez desde 1985 y estaba destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Terra Actualidad - EFE
Montalbán, propuesta para dicho cargo por el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, sustituye a Monserrat Comas.
De 49 años, es juez desde 1985 y estaba destinada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Terra Actualidad - EFE
Más de 80 denuncias reciben en comisarías de Puerto Ordaz y San Félix por violencia de género
A diario cientos de mujeres son maltratadas de diversas maneras. Hay algunas que se atreven a hablar, otras que callan por temor y algunas que ni siquiera pueden contarlo. La violencia de género, se ha convertido en otro delicado y complejo problema social.
La violencia de género ha venido a calando drásticas posiciones como uno de los delitos con más número de víctimas y con menos acusaciones formales. Los maltratos que reciben diariamente cientos de mujeres son consecuencia la mayoría de las veces, de las acciones que decide tomar la pareja, bien sea formal o informal cuando algo no es de su agrado y queda evidentemente desfavorecida la mujer.
Actualmente, un número significativo de organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales han alzado su voz en contra del maltrato a la mujer que en algunos lamentables sucesos, termina con la muerte de la víctima.
Ciudad Guayana, registra un importante número de hechos de este tipo, la mayoría en mujeres jóvenes que oscilan entre los 18 y 35 años de edad, como consecuencia de las agresiones de su pareja.
Existen diversos tipos de agresiones, las hay de tipo físico, verbal y psicológico, que en definitiva y a la larga maltratan en diversos aspectos a la mujer. Hay un importante número que toma la decisión de trascender el hecho y denunciar, sin embargo hay otras que por temor prefieren callar.
Cifras que llaman la atención
En las distintas comisarías que tienen lugar en Ciudad Guayana, se registran un importante número de denuncias asociadas a la violencia de género en sus distintas vertientes (físicas, psicológicas y verbales). Las cifras que arroja por lo menos la comisaría de Vizcaíno ubicada en San Félix y que abraza las comunidades de Vista al sol, 25 de marzo, 11 de abril, Vista alegre, Cristóbal Colón, La victoria, Trapichito, entre otras, refleja un estimado de 80 mujeres mensuales, en donde más de 55 de las denuncias que se presentan no son procesadas por las mismas víctimas, pues al momento de emitir la denuncia piden que sus parejas, concubinos o esposos no sean apresados.
Por su parte en la dependencia de Guaiparo, otro importante número de denuncias son recibidas durante todo el mes, logrando alcanzar cerca de 70 denuncias, con un promedio que se maneja entre 10 y 15 denuncias formales de las víctimas.
Una vez que son emitidas las denuncias, los acusados, son detenidos por los efectivos policiales de las diversas comisarías y posteriormente puestos a la orden de la fiscalía pasadas las 48 horas que determina la ley, para que los mismos sean presentados y se proceda a tomar las determinaciones de rigor.
Existen tres acciones que generalmente son las más cotidianas una vez que se determina la violencia de género. La primera se trata de la impugnación que se le da al acusado, la segunda en donde se abre un juicio y la tercera es una firma de acta de no agresión entre las partes involucradas.
Contar hasta tres
Tras los hechos que afectan a un importante número de mujeres, las acciones que se han venido tomando para atacar de frente a la violencia de género, parecieran ser aún insuficientes por lo que surgen opiniones de la necesidad de aplicar planes concretos y contundentes. Mientras tanto la campaña denominada “cuenta 1,2 y 3” permite abrir los ojos a lo que la violencia de género se ha convertido en los últimos tiempos, atacando desmesuradamente a la sociedad como un cáncer más, como otro plaga más.
Daleni Gallardo
www.eldiariodeguayana.com.ve
La violencia de género ha venido a calando drásticas posiciones como uno de los delitos con más número de víctimas y con menos acusaciones formales. Los maltratos que reciben diariamente cientos de mujeres son consecuencia la mayoría de las veces, de las acciones que decide tomar la pareja, bien sea formal o informal cuando algo no es de su agrado y queda evidentemente desfavorecida la mujer.
Actualmente, un número significativo de organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales han alzado su voz en contra del maltrato a la mujer que en algunos lamentables sucesos, termina con la muerte de la víctima.
Ciudad Guayana, registra un importante número de hechos de este tipo, la mayoría en mujeres jóvenes que oscilan entre los 18 y 35 años de edad, como consecuencia de las agresiones de su pareja.
Existen diversos tipos de agresiones, las hay de tipo físico, verbal y psicológico, que en definitiva y a la larga maltratan en diversos aspectos a la mujer. Hay un importante número que toma la decisión de trascender el hecho y denunciar, sin embargo hay otras que por temor prefieren callar.
Cifras que llaman la atención
En las distintas comisarías que tienen lugar en Ciudad Guayana, se registran un importante número de denuncias asociadas a la violencia de género en sus distintas vertientes (físicas, psicológicas y verbales). Las cifras que arroja por lo menos la comisaría de Vizcaíno ubicada en San Félix y que abraza las comunidades de Vista al sol, 25 de marzo, 11 de abril, Vista alegre, Cristóbal Colón, La victoria, Trapichito, entre otras, refleja un estimado de 80 mujeres mensuales, en donde más de 55 de las denuncias que se presentan no son procesadas por las mismas víctimas, pues al momento de emitir la denuncia piden que sus parejas, concubinos o esposos no sean apresados.
Por su parte en la dependencia de Guaiparo, otro importante número de denuncias son recibidas durante todo el mes, logrando alcanzar cerca de 70 denuncias, con un promedio que se maneja entre 10 y 15 denuncias formales de las víctimas.
Una vez que son emitidas las denuncias, los acusados, son detenidos por los efectivos policiales de las diversas comisarías y posteriormente puestos a la orden de la fiscalía pasadas las 48 horas que determina la ley, para que los mismos sean presentados y se proceda a tomar las determinaciones de rigor.
Existen tres acciones que generalmente son las más cotidianas una vez que se determina la violencia de género. La primera se trata de la impugnación que se le da al acusado, la segunda en donde se abre un juicio y la tercera es una firma de acta de no agresión entre las partes involucradas.
Contar hasta tres
Tras los hechos que afectan a un importante número de mujeres, las acciones que se han venido tomando para atacar de frente a la violencia de género, parecieran ser aún insuficientes por lo que surgen opiniones de la necesidad de aplicar planes concretos y contundentes. Mientras tanto la campaña denominada “cuenta 1,2 y 3” permite abrir los ojos a lo que la violencia de género se ha convertido en los últimos tiempos, atacando desmesuradamente a la sociedad como un cáncer más, como otro plaga más.
Daleni Gallardo
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Detienen a dos hombres en La Línea por violencia doméstica y a uno de ellos también por agresión sexual
La Policía Nacional informó hoy de la detención en La Línea de la Concepción (Cádiz) de dos hombres de 48 y 41 años como presuntos autores de sendos delitos de malos tratos en el ámbito familiar, señalando que a uno de ellos se le imputa también un delito de agresión sexual a su pareja.
En un comunicado, la Comisaría linense explicó que la primera de estas detenciones fue llevada a cabo por el Servicio de Atención a la Familia (SAF), a raíz de una denuncia presentada por la víctima de la agresión.
Según dijo, el detenido, identificado como A.P.A., de 41 años, y presunto consumidor de sustancias estupefacientes, supuestamente agredió físicamente e intentó forzarla sexualmente. Por ello, procedieron a su detención y puesta a disposición judicial.
Por otra parte, la Policía detuvo a A.V.V., de 48 años, como presunto agresor un delito de violencia doméstica. En este caso, según explicó, este individuo estaba golpeando a su pareja y los gritos hicieron que un vecino llamase a la puerta del domicilio. La víctima aprovechó esta circunstancia para salir y refugiarse en la casa del vecino.
Desde allí dieron aviso a la Policía, que se personó en el lugar de los hechos y procedió a la detención del presunto agresor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), (EUROPA PRESS)
www.europapress.es
En un comunicado, la Comisaría linense explicó que la primera de estas detenciones fue llevada a cabo por el Servicio de Atención a la Familia (SAF), a raíz de una denuncia presentada por la víctima de la agresión.
Según dijo, el detenido, identificado como A.P.A., de 41 años, y presunto consumidor de sustancias estupefacientes, supuestamente agredió físicamente e intentó forzarla sexualmente. Por ello, procedieron a su detención y puesta a disposición judicial.
Por otra parte, la Policía detuvo a A.V.V., de 48 años, como presunto agresor un delito de violencia doméstica. En este caso, según explicó, este individuo estaba golpeando a su pareja y los gritos hicieron que un vecino llamase a la puerta del domicilio. La víctima aprovechó esta circunstancia para salir y refugiarse en la casa del vecino.
Desde allí dieron aviso a la Policía, que se personó en el lugar de los hechos y procedió a la detención del presunto agresor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), (EUROPA PRESS)
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Dos mil casos al mes reciben tribunales de violencia a la mujer
Presidenta del TSJ propone realizarle nuevas reformas al COPP
Desde su puesta en funcionamiento en julio pasado, los ocho tribunales especializados en violencia de género existentes en Caracas han recibido dos mil causas mensuales en promedio. La información la suministró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, durante la entrevista que concedió a El Universal.
"La creación de los tribunales de violencia contra la mujer en Caracas fue una necesidad y tenemos unas estadísticas llamativas: en sus primeros meses estos juzgados han tramitado dos mil causas mensuales", afirmó, al tiempo que reconoció que el máximo juzgado tiene previsto abrir nuevos despachos en materia penal ordinaria, aunque no precisó su ubicación ni la fecha de su apertura.
Más jueces y más reformas
La también presidenta de la Sala Constitucional no sólo consideró indispensable la creación de nuevos tribunales, sino también la modificación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), instrumento que regula todo lo que tiene que ver con el procedimiento seguido a la hora de enjuiciar a una persona.
Interrogada sobre los aspectos de la norma que considera necesarios modificar, respondió: "Todo lo que tiene que ver con la designación de los escabinos para evitar la tardanza que se produce en ocasiones".
Consultada sobre su opinión respecto a los escabinos, figura que permite a los ciudadanos participar en la administración de justicia, la magistrada dijo: "La Sala Constitucional ha considerado que son importantes, siempre y cuando funcionen, pero cuando se convierten en una rémora para el procedimiento deben buscarse soluciones (...) Nosotros en una sentencia establecimos que cuando se hayan celebrado dos convocatorias y no hayan concurrido los escogidos el juez puede decidir solo. Eso debería estar incorporado en el COPP".
En los últimos años, la instancia garante de la legalidad ha dictado duros pronunciamientos contra los escabinos. "La ausencia de la participación ciudadana -en la mayoría de los casos- en el proceso penal venezolano ha retrasado en muchas ocasiones la justicia, lo cual ha constituido una fuente de dilación judicial", aseveró la Sala en ponencia del magistrado Marco Tulio Dugarte, el 20 de octubre de 2006.
No obstante, cifras de la Oficina de Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, correspondientes a los años 2004 y 2006, contradicen esos señalamientos y revelan que la ausencia de los fiscales fue la primera causa de la suspensión de los juicios en Caracas en ambos períodos, con 37% y 36% respectivamente.
Juan Francisco Alonso
www.eluniversal.com
Desde su puesta en funcionamiento en julio pasado, los ocho tribunales especializados en violencia de género existentes en Caracas han recibido dos mil causas mensuales en promedio. La información la suministró la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, durante la entrevista que concedió a El Universal.
"La creación de los tribunales de violencia contra la mujer en Caracas fue una necesidad y tenemos unas estadísticas llamativas: en sus primeros meses estos juzgados han tramitado dos mil causas mensuales", afirmó, al tiempo que reconoció que el máximo juzgado tiene previsto abrir nuevos despachos en materia penal ordinaria, aunque no precisó su ubicación ni la fecha de su apertura.
Más jueces y más reformas
La también presidenta de la Sala Constitucional no sólo consideró indispensable la creación de nuevos tribunales, sino también la modificación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), instrumento que regula todo lo que tiene que ver con el procedimiento seguido a la hora de enjuiciar a una persona.
Interrogada sobre los aspectos de la norma que considera necesarios modificar, respondió: "Todo lo que tiene que ver con la designación de los escabinos para evitar la tardanza que se produce en ocasiones".
Consultada sobre su opinión respecto a los escabinos, figura que permite a los ciudadanos participar en la administración de justicia, la magistrada dijo: "La Sala Constitucional ha considerado que son importantes, siempre y cuando funcionen, pero cuando se convierten en una rémora para el procedimiento deben buscarse soluciones (...) Nosotros en una sentencia establecimos que cuando se hayan celebrado dos convocatorias y no hayan concurrido los escogidos el juez puede decidir solo. Eso debería estar incorporado en el COPP".
En los últimos años, la instancia garante de la legalidad ha dictado duros pronunciamientos contra los escabinos. "La ausencia de la participación ciudadana -en la mayoría de los casos- en el proceso penal venezolano ha retrasado en muchas ocasiones la justicia, lo cual ha constituido una fuente de dilación judicial", aseveró la Sala en ponencia del magistrado Marco Tulio Dugarte, el 20 de octubre de 2006.
No obstante, cifras de la Oficina de Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, correspondientes a los años 2004 y 2006, contradicen esos señalamientos y revelan que la ausencia de los fiscales fue la primera causa de la suspensión de los juicios en Caracas en ambos períodos, con 37% y 36% respectivamente.
Juan Francisco Alonso
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Los delitos por violencia contra la mujer suben un 56% en un año
Los casos más frecuentes son los de maltrato ocasional a mujeres jóvenes
Los delitos de violencia contra la mujer han experimentado un espectacular aumento del 56 por ciento en sólo un año. De los 3.452 casos que se incoaron en Sevilla en 2006 se ha pasado a 7.847 en 2007. Aunque los datos indican un incremento de las agresiones machistas, desde la sección de violencia de género de la Fiscalía de Sevilla, se indica que esta circunstancia se debe a que se ha tomado más conciencia social del problema y a que estos hechos se denuncian con mayor frecuencia.
Estas cifras se corresponden con las diligencias previas. Sin embargo, el aumento también se extiende a los juicios rápidos, que han pasado de los 217 tramitados en 2006 a la 665 en 2007. En cambio, han disminuido los juicios de faltas, que en 2006 fueron 728 y 128 en 2007.
Sobre los tipos de delitos, cabe destacar que lo más frecuente es el maltrato ocasional, con 5.403 denuncias. Según la memoria de violencia de género de 2007, estos son los casos que "de forma alarmante más se han incrementado". Le siguen las denuncias por amenazas y los delitos de lesiones y maltrato habitual. Un tipo de infracción penal bastante común es el quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez previamente, así como las coacciones. En 2007 hubo cuatro víctimas mortales y un homicidio intentado.
Llama la atención que los tipos delictivos que más se han denunciado son los que se vieron modificados con la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género. La memoria de 2007 hace hincapié en que las mujeres cada vez denuncian más el maltrato ocasional, es decir que prácticamente en la primera agresión optan por ponerlo en conocimiento del juzgado, si bien antes lo frecuente era que se soportara esta situación durante años.
Las denuncias de maltrato ocasional provienen, sobre todo, de mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. La memoria señala que las políticas de erradicación de la violencia han influido en "las personas más jóvenes, que han tomado conciencia y denuncian los hechos desde la primera manifestación de violencia".
Otra variable que ha experimentado un notable aumento es la aplicación de medidas encaminadas a proteger a la víctima. Los juzgados de violencia dictaron 391 órdenes de alejamiento en 2007, 114 más que en 2006, y 368 órdenes de protección, lo que también supone un incremento respecto al año anterior. En cuanto a la relación entre la víctima y el inculpado, cabe destacar que en la mayoría de los procedimientos ambos eran pareja de hecho, en concreto en el 36 por ciento de los casos. Le siguen los cónyuges -27 por ciento-, las ex parejas de hecho -17 por ciento-, los ex cónyuges -16 por cientoy, en menor medida, los novios -2 por ciento-.
Como avances, la memoria señala que cada vez son más las víctimas que no vuelven a ser objeto de maltrato tras la denuncia, lo que indica que una parte importante ya opta por no volver con el agresor.
EL APUNTE
Tratamientos para el maltratado
La memoria de 2007 de la sección de violencia de género considera que la reanudación de la relación entre la víctima y el agresor "es el gran escollo en muchos casos y sobre el que hay que avanzar". Valora la ley integral contra la violencia de género como un gran avance, pero indica que la justicia penal puede ser un "medio paliativo, pero nunca resolutivo". Por ello, aboga por prestar atención a la víctima ya la educación de los menores que tienden a imitar el patrón maltratador.Respecto al agresor,incide en la necesidad de aplicar tratamientos específicos y denuncia que en Sevilla capital no se han puesto en marcha, pese a que están previstos en la ley.
Carolina García
www.adn.es
Los delitos de violencia contra la mujer han experimentado un espectacular aumento del 56 por ciento en sólo un año. De los 3.452 casos que se incoaron en Sevilla en 2006 se ha pasado a 7.847 en 2007. Aunque los datos indican un incremento de las agresiones machistas, desde la sección de violencia de género de la Fiscalía de Sevilla, se indica que esta circunstancia se debe a que se ha tomado más conciencia social del problema y a que estos hechos se denuncian con mayor frecuencia.
Estas cifras se corresponden con las diligencias previas. Sin embargo, el aumento también se extiende a los juicios rápidos, que han pasado de los 217 tramitados en 2006 a la 665 en 2007. En cambio, han disminuido los juicios de faltas, que en 2006 fueron 728 y 128 en 2007.
Sobre los tipos de delitos, cabe destacar que lo más frecuente es el maltrato ocasional, con 5.403 denuncias. Según la memoria de violencia de género de 2007, estos son los casos que "de forma alarmante más se han incrementado". Le siguen las denuncias por amenazas y los delitos de lesiones y maltrato habitual. Un tipo de infracción penal bastante común es el quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas por el juez previamente, así como las coacciones. En 2007 hubo cuatro víctimas mortales y un homicidio intentado.
Llama la atención que los tipos delictivos que más se han denunciado son los que se vieron modificados con la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género. La memoria de 2007 hace hincapié en que las mujeres cada vez denuncian más el maltrato ocasional, es decir que prácticamente en la primera agresión optan por ponerlo en conocimiento del juzgado, si bien antes lo frecuente era que se soportara esta situación durante años.
Las denuncias de maltrato ocasional provienen, sobre todo, de mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 40 años. La memoria señala que las políticas de erradicación de la violencia han influido en "las personas más jóvenes, que han tomado conciencia y denuncian los hechos desde la primera manifestación de violencia".
Otra variable que ha experimentado un notable aumento es la aplicación de medidas encaminadas a proteger a la víctima. Los juzgados de violencia dictaron 391 órdenes de alejamiento en 2007, 114 más que en 2006, y 368 órdenes de protección, lo que también supone un incremento respecto al año anterior. En cuanto a la relación entre la víctima y el inculpado, cabe destacar que en la mayoría de los procedimientos ambos eran pareja de hecho, en concreto en el 36 por ciento de los casos. Le siguen los cónyuges -27 por ciento-, las ex parejas de hecho -17 por ciento-, los ex cónyuges -16 por cientoy, en menor medida, los novios -2 por ciento-.
Como avances, la memoria señala que cada vez son más las víctimas que no vuelven a ser objeto de maltrato tras la denuncia, lo que indica que una parte importante ya opta por no volver con el agresor.
EL APUNTE
Tratamientos para el maltratado
La memoria de 2007 de la sección de violencia de género considera que la reanudación de la relación entre la víctima y el agresor "es el gran escollo en muchos casos y sobre el que hay que avanzar". Valora la ley integral contra la violencia de género como un gran avance, pero indica que la justicia penal puede ser un "medio paliativo, pero nunca resolutivo". Por ello, aboga por prestar atención a la víctima ya la educación de los menores que tienden a imitar el patrón maltratador.Respecto al agresor,incide en la necesidad de aplicar tratamientos específicos y denuncia que en Sevilla capital no se han puesto en marcha, pese a que están previstos en la ley.
Carolina García
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Tres detenidos en una noche al participar en sendos episodios de violencia doméstica en Murcia
Entre los arrestados hay una mujer ecuatoriana de 20 años que fue sorprendida mientras se peleaba con su compañero
Tres personas fueron detenidas en la madrugada del lunes por agentes de la Policía Local de Murcia, una de ellas una mujer, por otro tantos episodios de violencia doméstica en las calles de Murcia. Das la casualidad de que uno de estos episodios fue presenciado en directo por unos agentes de este mismo Cuerpo cuando patrullaban cerca de la plaza de toros, tal y como informó un portavoz de la Policía Local.
El primero de estos sucesos sucedía en torno a las 20.30 horas en el paseo de Florencia, sito en Ronda Sur. Se trataba de una riña en la que se vio envuelta una mujer, su ex pareja y su actual compañero sentimental, además de unos amigos de ésta.
Esta mujer, María P.P., declaró a los agentes de la Policía Local que su ex pareja, Francisco L.M., se había personado en su domicilio, donde se encontraba con su actual pareja y unos amigos, momentos antes de la discusión. A raíz de su llegada, todos ellos bajaron del edificio para mantener una conversación en principio tranquila, si bien ésta fue variando de tono hasta que llegaron finalmente a las manos. A raíz de esta disputa, tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias por rasguños en las extremidades. Finalmente, se denunciaron, aunque ninguno de ellos fue detenido.
Por otro lado, a la 1.45 horas de la madrugada de este lunes fueron detenidos en la calle Alfareros por malos tratos mutuos en el ámbito familiar Kleber Armando B.E., de 26 años y María Fernanda M.L., de 20 años, ambos ecuatorianos. La sala del 092 recibió una llamada informando de una discusión en un domicilio situado en esta vía.
Una vez que los agentes llegaron al lugar, fueron requeridos por varios inquilinos del inmueble que manifestaron que una pareja, que vivía con ellos, había comenzado a discutir. La mujer presentaba un hematoma en brazo derecho y arañazos en el rostro y el pecho. Su compañero, por su parte, mostraba arañazos en el pecho, cara y nariz. Ambos fueron trasladados al hospital Reina Sofía. para su cura médica.
Con las manos en la masa
El último incidente ocurrió en torno a las 3.40 horas de la madrugada en la calle Mora. En este caso, fue una patrulla policial la que presenció los hechos. Jorge F.C., de 37 años de edad y natural de Bolivia, fue detenido por la Policía Local por malos tratos tras ser visto mientras golpeaba a su esposa en la vía pública.
www.laverdad.es
Tres personas fueron detenidas en la madrugada del lunes por agentes de la Policía Local de Murcia, una de ellas una mujer, por otro tantos episodios de violencia doméstica en las calles de Murcia. Das la casualidad de que uno de estos episodios fue presenciado en directo por unos agentes de este mismo Cuerpo cuando patrullaban cerca de la plaza de toros, tal y como informó un portavoz de la Policía Local.
El primero de estos sucesos sucedía en torno a las 20.30 horas en el paseo de Florencia, sito en Ronda Sur. Se trataba de una riña en la que se vio envuelta una mujer, su ex pareja y su actual compañero sentimental, además de unos amigos de ésta.
Esta mujer, María P.P., declaró a los agentes de la Policía Local que su ex pareja, Francisco L.M., se había personado en su domicilio, donde se encontraba con su actual pareja y unos amigos, momentos antes de la discusión. A raíz de su llegada, todos ellos bajaron del edificio para mantener una conversación en principio tranquila, si bien ésta fue variando de tono hasta que llegaron finalmente a las manos. A raíz de esta disputa, tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencias por rasguños en las extremidades. Finalmente, se denunciaron, aunque ninguno de ellos fue detenido.
Por otro lado, a la 1.45 horas de la madrugada de este lunes fueron detenidos en la calle Alfareros por malos tratos mutuos en el ámbito familiar Kleber Armando B.E., de 26 años y María Fernanda M.L., de 20 años, ambos ecuatorianos. La sala del 092 recibió una llamada informando de una discusión en un domicilio situado en esta vía.
Una vez que los agentes llegaron al lugar, fueron requeridos por varios inquilinos del inmueble que manifestaron que una pareja, que vivía con ellos, había comenzado a discutir. La mujer presentaba un hematoma en brazo derecho y arañazos en el rostro y el pecho. Su compañero, por su parte, mostraba arañazos en el pecho, cara y nariz. Ambos fueron trasladados al hospital Reina Sofía. para su cura médica.
Con las manos en la masa
El último incidente ocurrió en torno a las 3.40 horas de la madrugada en la calle Mora. En este caso, fue una patrulla policial la que presenció los hechos. Jorge F.C., de 37 años de edad y natural de Bolivia, fue detenido por la Policía Local por malos tratos tras ser visto mientras golpeaba a su esposa en la vía pública.
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13 de octubre de 2008
Piden a la UE más medios para combatir la violencia doméstica
Expertos en violencia doméstica pidieron hoy a la Unión Europea (UE) que siga avanzando en la armonización de las leyes y de los indicadores que se utilizan para analizar la situación en cada país y combatir el problema.
El asunto se trató en una audiencia pública en la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo, en la que participó la presidenta de honor de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano.
Chicano explicó a Efe que la UE ha sido una referencia para países como España a la hora de dotarse de normas para combatir ese problema e indicó que una legislación más global contribuiría a frenar el fenómeno.
La experta española pidió a la Comisión y Parlamento europeos que impulsen el Instituto Europeo de Género, un organismo ya creado pero que todavía no está activo y que "puede tener una labor muy útil" en ese área.
Durante su intervención en el debate, Chicano se refirió a la situación en España desde la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
El comisario europeo de Libertad, Justicia y Seguridad, Jacques Barrot, que también participó en el debate, calificó la experiencia española de "interesante" y opinó que debería darse a conocer en la UE.
Barrot señaló que la falta de indicadores comunes a la hora de estudiar la situación en los Veintisiete impide contar con datos fiables y comparables y explicó que Bruselas seguirá avanzando en esa línea.
Por su parte, José Mendes Bota, de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa contra la violencia de género, explicó que ese organismo ha creado siete estándares mínimos, entre los que se incluye que sea considerada siempre como delito, que opinó que todos los Estados miembros deberían incorporar a sus legislaciones.
Según datos europeos, entre el 12 y el 25 por ciento de las mujeres se han visto obligadas durante su vida a mantener relaciones sexuales no deseadas con su compañero.
www.lavozdeasturias.esDieciséis días contra la violencia de género
La actividad mundial denominada "Los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género" tendrá lugar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2008.
Este será el segundo año que las mujeres de IANSA (la International Action Network on Small Arms) participar y movilizar contra la violencia armada en sus países y comunidades.
Este año la campaña va a celebrar el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y hacer demandas para avanzar en los derechos de la mujer.
Los objetivos de la campaña enlazan con la Red de Mujeres de IANSA de la siguiente manera:
· apoyar a las mujeres defensoras de los derechos humanos
· poner fin a la violencia contra las mujeres
La organización internacional IANSA convoca y promueve la realización de actividades en todo el mundo y ofrece, para ello, información y materiales en: Mujeres de IANSA
(*) IANSA es la International Action Network on Small Arms. Son miembros de IANSA en Argentina: ONG Espacios, INECIP, Red Solidaria, Fundación Lebensohn y APP.www.mdzol.com
El CGPJ designará el miércoles a Inmaculada Montalbán como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial incluye en el orden del día de su sesión del próximo miércoles la designación de la vocal Inmaculada Montalbán como nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Durante el anterior mandato, este puesto correspondió a Montserrat Comas.
www.europapress.es
Montalbán -designada a propuesta del PSOE- es miembro de la asociación Jueces para la Democracia (JPD) y hasta su nombramiento en el órgano de gobierno de los jueces fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Alcanzó cierta notoriedad pública como ponente de la sentencia que condenó al juez de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía por aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros del ex asesor urbanístico de este municipio Juan Antonio Roca, a cambio de favorecerle judicialmente.
El Observatorio lo integrarán, además de su nueva presidenta, representantes del CGPJ, la Fiscalía, la Abogacía, diferentes ministerios y comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
El ámbito de actuación del Observatorio es el tratamiento de la violencia doméstica en el ámbito de la Administración de Justicia, y para ello sus integrantes realizan un seguimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en este ámbito.
Los documentos son remitidos por CENDOJ (Centro de Documentación Judicial), y se analizan para poder plantear nuevas pautas de actuación en el seno del Poder Judicial y a la vez sugerir aquellas modificaciones legislativas que se consideren necesarias para conseguir una mayor eficacia y contundencia contra este tipo de violencia, según informaron fuentes del Consejo.www.europapress.es
Detenido por violencia machista
Santa Cruz de Tenerife/ Un hombre de 39 años identificado con las iniciales L.L.S.Y. ha sido detenido porque al parecer empujó, zarandeó y echó del domicilio a su pareja, informó hoy la Policía Local de la capital tinerfeña.
La detención se produjo en una vivienda del barrio de Añaza después de que la mujer y su hija presentasen una denuncia, se indica en un comunicado.
Al parecer el hombre trató de agredir a la niña, momento en el que la madre se interpuso, tras lo cual el ahora detenido al parecer empujó y zarandeó a la adulta, para después echar del domicilio a las dos, se agrega en un comunicado de la Policía Local.
canarias24horas.com
Se lanza un observatorio de violencia de género
El Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad lanzará el miércoles una iniciativa para relevar la situación de las mujeres. La falta de estadísticas y de capacitación de los operadores de la Justicia y la Policía son dos de los ejes.
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Toda sociedad necesita una observación especial para garantizar el cumplimiento de derechos de los sectores más vulnerables. Y si hay una situación invisible es la violencia de género. Que sólo se hace presente en el discurso social en situaciones límites. Por eso, el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad propuso la creación de un Observatorio de Violencia de género en la provincia, que comenzará por la ciudad. Y obtuvo el financiamiento de Unifem, la Agencia de la ONU para la Mujer. "La primera etapa es diagnóstica, vamos a investigar, relevar datos, trabajar sobre los recursos dispersos y las necesidades, por ejemplo, de capacitación", lanza Beatriz Fullone, quien fundó el Centro en homenaje a Carlos Triglia.
Para lanzar el proyecto, y festejar el primer año de la ONG, el miércoles, a las 16, en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065), realizarán una jornada de la que participarán tanto Estela de Carlotto como la abogada Susana Chiarotti, representantes de ONG que traen vasta trayectoria en el tema, como Mabel Gabarra (Indeso) y Liliana Pauluzzi (Casa de la Mujer) y la vicegobernadora Griselda Tessio.
"Nuestra labor consistirá en observar la realidad desde un lugar científico, con relevamiento de datos, trabajo de campo, participar en los lugares donde se trabaja el tema", detalló Beatriz Galizia, psicóloga, integrante del Centro y una de las autoras del proyecto elegido por Unifem. Fullone se entusiasmó por el interés que existe en el Poder Judicial para encarar la tarea. "En Santa Fe las estadísticas de violencia de género están fragmentadas", reconoció, al tiempo que puntualizó el alcance de la propuesta: develar la realidad de las instituciones para hacer una propuesta conjunta que permita mejorar la calidad de la atención".
La falta de capacitación es un hecho, reconocido por los mismos operadores policiales y judiciales, como así también la saturación de la Justicia, que suma causa de violencias de género junto a otras muy disímiles. "A las Defensorías llegan casos muy diversos, aunque sabemos que el 70 por ciento tiene que ver con violencia de género. Pero no existe un organismo específico destinado a esta problemática", puntualizó Adriana Fuentes, también partícipe en la elaboración del proyecto elegido por Unifem para mejorar la situación de las mujeres rosarinas.
Sin embargo, las tres se ocupan de puntualizar que existe interés de la Justicia para mejorar la situación. "Es inédito que la Justicia y una ONG trabajen en conjunto con el mismo objetivo, de mejorar la atención y la capacitación de los operadores. Esto es clave, porque son personas que deben tratar permanentemente con el sufrimiento ajeno", apuntó Fullone.
Lo más importante, según coincidieron, es que los operadores de Justicia, y también policiales, destierren los mitos y se capaciten en la compleja trama que esconde una situación de violencia de género. "El trabajo prioritario es sobre los mitos y los estereotipos", apuntó Galizia. Para Fuentes, un punto neurálgico es la falta de seguimiento de la historia de cada paciente, que por las mismas características de la violencia de género, suele repetir situaciones y requerir ayuda más de una vez. "No existe un seguimiento de la persona. La misma mujer va muchas veces por la misma causa, se topa con distintas personas, que no la conocen, que no están capacitados para brindar lo que necesita. Los propios operadores de la Justicia reconocen como un problema la falta de seguimiento", indicó la profesional. "La ley provincial vigente, la 11.529, plantea un trabajo conjunto con las ONG", recordó Fullone.
Otro de los espacios clave es la policía, ya que se convierte en la institución de referencia para las mujeres víctimas de violencia. "No tenemos personal capacitado para entender que las mismas mujeres denuncian muchas veces, porque hay toda una construcción cultural que las somete a aceptar la situación", afirmó Fuentes, y su compañera, Galizia, agregó que las víctimas "absorben que ese lugar es natural para ellas. Es necesario entender la construcción cultural de las relaciones de género para intervenir sobre la violencia".
Por eso, considera que la prioridad, una vez realizado el relevamiento, es intervenir en capacitación, para brindar herramientas transformadoras en la calidad de la atención.
Para lanzar el proyecto, y festejar el primer año de la ONG, el miércoles, a las 16, en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065), realizarán una jornada de la que participarán tanto Estela de Carlotto como la abogada Susana Chiarotti, representantes de ONG que traen vasta trayectoria en el tema, como Mabel Gabarra (Indeso) y Liliana Pauluzzi (Casa de la Mujer) y la vicegobernadora Griselda Tessio.
"Nuestra labor consistirá en observar la realidad desde un lugar científico, con relevamiento de datos, trabajo de campo, participar en los lugares donde se trabaja el tema", detalló Beatriz Galizia, psicóloga, integrante del Centro y una de las autoras del proyecto elegido por Unifem. Fullone se entusiasmó por el interés que existe en el Poder Judicial para encarar la tarea. "En Santa Fe las estadísticas de violencia de género están fragmentadas", reconoció, al tiempo que puntualizó el alcance de la propuesta: develar la realidad de las instituciones para hacer una propuesta conjunta que permita mejorar la calidad de la atención".
La falta de capacitación es un hecho, reconocido por los mismos operadores policiales y judiciales, como así también la saturación de la Justicia, que suma causa de violencias de género junto a otras muy disímiles. "A las Defensorías llegan casos muy diversos, aunque sabemos que el 70 por ciento tiene que ver con violencia de género. Pero no existe un organismo específico destinado a esta problemática", puntualizó Adriana Fuentes, también partícipe en la elaboración del proyecto elegido por Unifem para mejorar la situación de las mujeres rosarinas.
Sin embargo, las tres se ocupan de puntualizar que existe interés de la Justicia para mejorar la situación. "Es inédito que la Justicia y una ONG trabajen en conjunto con el mismo objetivo, de mejorar la atención y la capacitación de los operadores. Esto es clave, porque son personas que deben tratar permanentemente con el sufrimiento ajeno", apuntó Fullone.
Lo más importante, según coincidieron, es que los operadores de Justicia, y también policiales, destierren los mitos y se capaciten en la compleja trama que esconde una situación de violencia de género. "El trabajo prioritario es sobre los mitos y los estereotipos", apuntó Galizia. Para Fuentes, un punto neurálgico es la falta de seguimiento de la historia de cada paciente, que por las mismas características de la violencia de género, suele repetir situaciones y requerir ayuda más de una vez. "No existe un seguimiento de la persona. La misma mujer va muchas veces por la misma causa, se topa con distintas personas, que no la conocen, que no están capacitados para brindar lo que necesita. Los propios operadores de la Justicia reconocen como un problema la falta de seguimiento", indicó la profesional. "La ley provincial vigente, la 11.529, plantea un trabajo conjunto con las ONG", recordó Fullone.
Otro de los espacios clave es la policía, ya que se convierte en la institución de referencia para las mujeres víctimas de violencia. "No tenemos personal capacitado para entender que las mismas mujeres denuncian muchas veces, porque hay toda una construcción cultural que las somete a aceptar la situación", afirmó Fuentes, y su compañera, Galizia, agregó que las víctimas "absorben que ese lugar es natural para ellas. Es necesario entender la construcción cultural de las relaciones de género para intervenir sobre la violencia".
Por eso, considera que la prioridad, una vez realizado el relevamiento, es intervenir en capacitación, para brindar herramientas transformadoras en la calidad de la atención.
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Kidman, contra la violencia machista
Nicole Kidman es embajadora de buena voluntad de la ONU
Redacción,
México
La actriz Nicole Kidman acudió a la sede de la ONU para dar a conocer la campaña de esta organización contra la violencia de género.
Elperiodicodearagon.com dice que ella exigió el compromiso de los líderes mundiales y de los Gobiernos con la campaña de la que es portavoz: "Di no a la violencia contra la mujer".
Indignación
La iniciativa ha reunido más de 210 mil firmas de apoyo en la página web que la ONU puso en marcha en noviembre pasado, www.saynotoviolence.org, para forzar a los Gobiernos a acabar con la impunidad de los agresores, pero son insuficientes.
"Es necesario romper el silencio", dijo la actriz, cuya implicación en la campaña ha logrado, según asegura la ONU, que se tripliquen las aportaciones de fondos a la organización.
"Cuantas más firmas, más repercusión conseguirá tener la campaña para el fomento de actuaciones", apuntó la actriz.
Como embajadora de buena voluntad del Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer, Unifem, Kidman manifestó enérgicamente su indignación por las cifras que ponen de manifiesto las encuestas: "Una de cada tres mujeres en el mundo se enfrentará con alguna forma de violencia en algún momento de su vida y con frecuencia esto sucede en silencio. ¿No nos damos cuenta?", se preguntó la actriz.
La australiana precisó que en esta lucha sigue el ejemplo de su madre, que trabajó en refugios para mujeres maltratadas.
Una treintena de hombres han pasado por el programa de intervención con maltratadores
El proyecto 'Vitrubio' se abordará en la jornada sobre la violencia de género que se celebrará el próximo 7 de noviembre
LYDIA TORREGROSA
El proyecto Vitrubio de intervención con hombres que ejercen la violencia hacia sus parejas es fruto del convenio suscrito hace tres años entre la Junta de Comunidades y el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Desde su puesta en marcha, 143 personas han sido atendidas en toda la Región dentro de este programa, 30 de ellas en Albacete.
La decana del Colegio, María Dolores Gómez, reconoce que la iniciativa de abordar la violencia de género desde el punto de vista de quienes la producen suscita controversia entre los expertos, pero asegura convencida que su realización «puede ser más positiva que negativa». Sólo durante el primer semestre de 2008 se ha atendido en Castilla-La Mancha a 78 usuarios, siendo Toledo y Albacete las dos provincias donde más incremento de participantes se ha registrado.
«Que el programa esté vigente y que haya aumentado la cifra de usuarios nos hace pensar que el balance es satisfactorio», comentó Gómez, quien avanzó que uno de los objetivos de la jornada Actuaciones complementarias contra la violencia de género que se celebrará el próximo 7 de noviembre en el salón de actos de la Diputación Provincial es, precisamente, «dar a conocer que se puede trabajar en esta materia desde ambos lados».
A su juicio, «atender a alguien que ejerce la violencia es prevenir futuras agresiones no sólo hacia una persona sino respecto a todas con las que pueda convivir en el futuro», y señaló que los avances que se consiguen no repercuten sólo en el usuario del programa -que acude voluntariamente- sino en su entorno más cercano, ya que «en ocasiones la familia apoya o sirve de tapadera del maltratador», afirmó.
Con otras comunidades
En la jornada, organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, está previsto que participe el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, así como expertos de la Región y de comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León.
Entre las sesiones programadas figura una mesa redonda en la que bajo el título Programas de tratamiento para hombres que han ejercido la violencia de género: ¿utopía o realidad?, se expondrán diversas experiencias en esta materia.
Respecto a los hombres que asisten a las actividades del programa Vitrubio en Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez resaltó que no hay un perfil homogéneo ni en cuanto a su extracción social ni sobre su nivel de educación, ya que ambos parámetros son muy variados. No obstante, comentó que se trata de personas que «no tienen control de sus impulsos, con la ira como patrón de conducta habitual y con una ideología interna machista, según la cual el hombre es el que domina».
www.laverdad.es
LYDIA TORREGROSA
El proyecto Vitrubio de intervención con hombres que ejercen la violencia hacia sus parejas es fruto del convenio suscrito hace tres años entre la Junta de Comunidades y el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla-La Mancha. Desde su puesta en marcha, 143 personas han sido atendidas en toda la Región dentro de este programa, 30 de ellas en Albacete.
La decana del Colegio, María Dolores Gómez, reconoce que la iniciativa de abordar la violencia de género desde el punto de vista de quienes la producen suscita controversia entre los expertos, pero asegura convencida que su realización «puede ser más positiva que negativa». Sólo durante el primer semestre de 2008 se ha atendido en Castilla-La Mancha a 78 usuarios, siendo Toledo y Albacete las dos provincias donde más incremento de participantes se ha registrado.
«Que el programa esté vigente y que haya aumentado la cifra de usuarios nos hace pensar que el balance es satisfactorio», comentó Gómez, quien avanzó que uno de los objetivos de la jornada Actuaciones complementarias contra la violencia de género que se celebrará el próximo 7 de noviembre en el salón de actos de la Diputación Provincial es, precisamente, «dar a conocer que se puede trabajar en esta materia desde ambos lados».
A su juicio, «atender a alguien que ejerce la violencia es prevenir futuras agresiones no sólo hacia una persona sino respecto a todas con las que pueda convivir en el futuro», y señaló que los avances que se consiguen no repercuten sólo en el usuario del programa -que acude voluntariamente- sino en su entorno más cercano, ya que «en ocasiones la familia apoya o sirve de tapadera del maltratador», afirmó.
Con otras comunidades
En la jornada, organizada por el Colegio Oficial de Psicólogos y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, está previsto que participe el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, así como expertos de la Región y de comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León.
Entre las sesiones programadas figura una mesa redonda en la que bajo el título Programas de tratamiento para hombres que han ejercido la violencia de género: ¿utopía o realidad?, se expondrán diversas experiencias en esta materia.
Respecto a los hombres que asisten a las actividades del programa Vitrubio en Castilla-La Mancha, María Dolores Gómez resaltó que no hay un perfil homogéneo ni en cuanto a su extracción social ni sobre su nivel de educación, ya que ambos parámetros son muy variados. No obstante, comentó que se trata de personas que «no tienen control de sus impulsos, con la ira como patrón de conducta habitual y con una ideología interna machista, según la cual el hombre es el que domina».
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11 de octubre de 2008
El Tribunal Superior de Xustiza cree necesario un juzgado de violencia de género en Ourense
La Sala de Gobierno, reunida en la Audiencia provincial de Ourense, hace unos años. (Foto: Archivo)El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza aprobó ayer por unanimidad sumar la creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en Ourense el próximo año a las ya previstas por Justicia en Santiago y Pontevedra.
El órgano judicial llevará este informe sobre la materia a la comisión mixta (reunión con la Xunta). No obstante, entre los juzgados que el presidente en funciones del Tribunal Superior anunció en su discurso de apertura del año judicial no se encuentra el de Ourense.
La creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en Ourense el próximo año queda ahora en manos de la Xunta. El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aprobó ayer por unanimidad el informe referido a la comarcalización de los juzgados de violencia contra la mujer -los ya existentes de A Coruña y Vigo, y los que se prevén creer en Pontevedra y Santiago- e incluyó también la creación de uno en la ciudad, por entender que registró el mismo número de asuntos que en Santiago y Pontevedra. Estos tres son los juzgados de esta materia que se consideran prioritarios y que la Sala de Gobierno llevará a su reunión con la Xunta en la denominada comisión mixta, prevista para dentro de poco más de una semana.
Así las cosas, de crearse el juzgado en la ciudad llevaría asuntos de ámbito comarcal, atendiendo casos de otros partidos judiciales, en un radio de unos 25 kilómetros. No obstante, será la comisión mixta la que establezca la lista definitiva que la Xunta presentará ante el Ministerio de Justicia para la creación de nuevos juzgados el próximo año. Hace unos días, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en respuesta a una pregunta del diputado del PP, Celso Delgado, aseguraba que el juzgado se crearía en Ourense si se daban los asuntos necesarios y ‘siempre que la Xunta lo solicitase’.
Año judicial
El juzgado exclusivo de violencia de género es una reivindicación del ámbito judicial ourensano (secundada por jueces, abogados, procuradores y funcionarios) pero también de colectivos sociales (como asociaciones en defensa de la mujer) y partidos políticos.
Después del pleno de la Sala de Gobierno tuvo lugar ayer en A Coruña la apertura del año judicial. En su discurso, el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio González Nieto, se refirió a la violencia de género y aseguró que ‘las estadísticas reflejan una estabilización reduciéndose levemente en A Coruña y Lugo y aumentando ligeramente en Pontevedra y Ourense’. Abogó, además, por la coordinación entre jueces, médicos, sociólogos, psicólogos y la Administración, así como por la creación de nuevos órganos especializados para aumentar la efectividad judicial, si bien no se refirió en concreto al de Ourense.
González Nieto reconoció que las medidas adoptadas para la mejora del funcionamiento de la Justicia en Galicia han sido ‘insuficientes’ pues la pendencia ha aumentado en 8.746 procedimientos en el último año, con las 144.714 de 2007, a pesar del alto grado de resolución de los 303 jueces gallegos, que dictaron 419.127 resoluciones. Para él, esta pendencia tiene que ver con la escasez de medios personales y materiales, así como con la excesiva movilidad de los jueces y el deficiente sistema de nombramiento de personal interino. Destacó las circunstancias geopolíticas de Galicia, la complejidad de los asuntos y el derecho civil propio.
González Nieto consideró prioritaria la creación de dos plazas de magistrado para la sala de lo Contencioso-Administrativo, uno para la Sala de lo Social; un juzgado civil en Vigo, uno de lo social y otro de lo mercantil en A Coruña, un nuevo juzgado mixto en Sarria, Betanzos y Tui; así como o bien un nuevo juzgado en Vilagarcía o una plaza de magistrado en la Sección Civil de la Audiencia de Lugo. Reclamó un juzgado de apoyo para el expediente Martinsa-Fadesa.
LR
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Condenan a un hombre por infligir a su novia "todas las formas de violencia posibles", según perito
El juzgado de lo Penal número 1 de Jaén ha condenado a cuatro años y dos meses de prisión contra un hombre por maltratar a su novia, quien sufrió, a juicio de uno de los peritos que testificó, "todas las formas de violencia posibles".
La sentencia, consultada por Europa Press, recoge probado que Miguel Ángel G.D. mantuvo una relación de noviazgo con la muchacha durante cerca de tres años, tiempo durante el que la joven sufrió diversos episodios de maltrato físico y psicológico.
Sin embargo, la situación para la joven empeoró "todavía más" cuando cesó la relación ya que el condenado no aceptó la ruptura y comenzó una "auténtica pesadilla" para ella, en la que el otro la acosaba inundando de correos electrónicos su dirección de e-mail, práctica que también hacía con sus familiares y amigos, y la insultaba.
Esta situación ha generado en la joven una sintomatología depresiva con deterioro de la autoestima y miedo intenso hacia el condenado. Así lo corroboró la una de las peritos que atendió a la joven hasta en 64 consultas y que llegó a afirmar que la joven sufrió "todas las formas de violencia posibles".
Además, el magistrado fundamenta que aunque no se pudo probar la autoría de un video de contenido pornográfico colgado en Internet, la "lógica indica indiciariamente que fue obra" del procesado, al que le considera igualmente responsable de una campaña pública de descrédito en la que incluso llegó a publicar artículos en periódicos locales.
En definitiva, Miguel Ángel G.D. fue condenado por un delito de malos tratos habituales, un delito de malos tratos, otro más de malos tratos, un delito de amenazas, un delito de quebrantamiento de medida cautelar y una falta de amenazas a cuatro años y dos meses de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil exige que indemnice a la víctima con 9.000 euros.
www.europapress.es
La sentencia, consultada por Europa Press, recoge probado que Miguel Ángel G.D. mantuvo una relación de noviazgo con la muchacha durante cerca de tres años, tiempo durante el que la joven sufrió diversos episodios de maltrato físico y psicológico.
Sin embargo, la situación para la joven empeoró "todavía más" cuando cesó la relación ya que el condenado no aceptó la ruptura y comenzó una "auténtica pesadilla" para ella, en la que el otro la acosaba inundando de correos electrónicos su dirección de e-mail, práctica que también hacía con sus familiares y amigos, y la insultaba.
Esta situación ha generado en la joven una sintomatología depresiva con deterioro de la autoestima y miedo intenso hacia el condenado. Así lo corroboró la una de las peritos que atendió a la joven hasta en 64 consultas y que llegó a afirmar que la joven sufrió "todas las formas de violencia posibles".
Además, el magistrado fundamenta que aunque no se pudo probar la autoría de un video de contenido pornográfico colgado en Internet, la "lógica indica indiciariamente que fue obra" del procesado, al que le considera igualmente responsable de una campaña pública de descrédito en la que incluso llegó a publicar artículos en periódicos locales.
En definitiva, Miguel Ángel G.D. fue condenado por un delito de malos tratos habituales, un delito de malos tratos, otro más de malos tratos, un delito de amenazas, un delito de quebrantamiento de medida cautelar y una falta de amenazas a cuatro años y dos meses de prisión. Además, en concepto de responsabilidad civil exige que indemnice a la víctima con 9.000 euros.
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Casi 700 mujeres denunciaron ser víctimas de malos tratos en 2007
La Mancha registra cada año más denuncias por malos tratos, a pesar de la gravedad de este hecho se puede hacer una lectura positiva, y es que este incremento se achaca a la desaparición del miedo de las mujeres a denunciar a sus agresores. Los avances legislativos y el apoyo de las administraciones han provocado que muchos casos de violencia sobre la mujer que se encontraban ocultos salgan a la luz.
La delegada provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Concha Tolosa, presentaba ayer en Ciudad Real el informe anual correspondiente a 2007 de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas. En la provincia de Ciudad Real se produjeron 699 denuncias, lo que supone 1,37 por cada mil habitantes. Tolosa destacaba el “aumento claro” que se ha producido respecto al año anterior en la región pasando de 1.159 denuncias a 3.006. Generalmente son mujeres de entre 20 y 40 años, aunque esta violencia se produce “en todos los tramos de edad, en todas las capas sociales y en todos los niveles culturales”, añadía.
Un dato a resaltar es que casi la mitad de las víctimas llevaban más de siete años soportando esta situación de violencia, ahora se ha producido un importante descenso que alcanza el 19%. Pero esta violencia no sólo la sufren las mujeres, los hijos también suelen estar expuestos a ella como testigos o como víctimas directas de los malos tratos. Por ello, desde el Gobierno regional también se trabaja en programas de atención a los niños a través de asociaciones de mujeres. “Es importante no transmitir la violencia que han vivido en sus casas”, apuntaba Tolosa.Durante 2007 se solicitaron 1.657 órdenes de protección en toda la región. Cinco mujeres fueron asesinadas a causa de la violencia de género ejercida por sus parejas o ex parejas, dos de ellas en Ciudad Real.
Por su parte, el delegado provincial de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, José Fuentes, resaltaba el compromiso del Gobierno regional en garantizar una atención integral cuando se produce un maltrato. Así, Tolosa recordaba que existen 87 centros de la mujer en la región y 27 en Ciudad Real, “prácticamente cubrimos el cien por cien de la provincia”. Esta red de centros cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros en la provincia y se pone en funcionamiento en colaboración con los ayuntamientos y las mancomunidades.
Además, existen otros servicios complementarios de ayuda como los dispositivos de localización inmediata para mujeres en situación de alto riesgo. Son teléfonos móviles de uso restringido, facilitados gratuitamente, para poner en conocimiento inmediato su situación a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Para ello no es necesario tener una orden de protección. En Ciudad Real 14 personas tienen este dispositivo.
Igualmente está en marcha el programa de Teleasistencia Móvil para víctimas de violencia de género que consiste en un terminal GPS que permite su localización geográfica y la comunicación telefónica de voz con el Centro de Atención, en este caso si es necesario tener una orden de protección. En Ciudad Real 57 mujeres se benefician de este programa.
El informe refleja también la asistencia jurídica que se presta a estas mujeres de forma gratuita. A través de la Asociación de Mujeres Juristas Themis se presta un servicio jurídico especializado que acompaña a las mujeres en tres ámbitos: desde que se interpone la denuncia y durante todo el proceso penal; en el caso de impago de pensiones y por incumplimiento del régimen de visitas. Este año han sido atendidas 56 mujeres en la provincia en el primer caso, 76 en el segundo y 11 en el tercero.
Además de esta asistencia jurídica también se presta asistencia psicológica a través de varios programas. Asimismo, se tramitan ayudas económicas a mujeres que sufran secuelas o daños psíquicos, para el acceso a una vivienda o a la salida de las casas de acogida, esta última pionera en la región. Consiste en el abono de una cuantía de 1.000 euros para gastos de primera necesidad y una ayuda periódica mensual durante un año de 300 euros y 60 euros más por hijo.
Por último, otro aspecto en el que el Instituto de la Mujer hace hincapié es en la prevención, mediante jornadas de formación, estudios de investigación, talleres...
SYLVIA GONZÁLEZ
Oaxaca: mujeres indígenas víctimas de acoso sexual en escuelas
Felícitas y Susana esperan justicia en la zona mixe
En Oaxaca, 22.9 por ciento de las mujeres han sido víctimas de actos de violencia como discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual en el ámbito escolar, cifra que supera el promedio nacional que asciende al 15.6 por ciento.
“Felícitas” y “Susana” son dos de las muchas víctimas de los centros escolares, sus cuerpos de niñas-adolescentes no son cifras estadísticas, sino el terreno de la agresión sexual por parte de sus maestros y de directivos de las instituciones educativas.
Las estadísticas producto del Diagnóstico y evaluación de la situación de violencia de género en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía y Familia; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; e Ipas México, son el reflejo de una realidad que tienen nombres y vidas apenas comenzadas.
Evelyn Aldaz Velez, señala en el resumen ejecutivo de los hallazgos de Oaxaca, que las adolescentes que hablan una lengua indígena han enfrentado mayores episodios de violencia en la familia (54 por ciento de adolescentes indígenas contra 31 por ciento de adolescentes no indígenas).
En la comunidad la violencia también es mayor contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en comparación con las que no lo son, con 51 y 32 por ciento, respectivamente. Mientras que en la escuela la cifra también desigual, 29 por ciento frente a 17 por ciento, entre las niñas que hablan una lengua y las que no. Esta es la “clasificación” donde se podrían ubicar Felícitas y Susana.
Felícitas y Susana, cuyos nombres se han cambiado para proteger su identidad, son dos de las niñas afectadas por la violencia sexual en la escuela.
Se trata de los albergues de Zacatepec Mixes y de Tamazulapam Mixe, donde el director, en un caso, y un maestro en el otro abusaron de sus alumnas.
De los hechos existen denuncias, en el primero no se obsequió la orden de aprehensión en una primera instancia, por lo que se apeló la decisión. Del segundo caso, la autoridad municipal obligó al padre de la víctima a firmar un “acta convenio”.
SUERTE DE SER MAESTRO Y AUTORIDAD
En tanto, los responsables de la educación como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), optan en todos estos casos por tomar la misma determinación: cambiar a los maestros agresores de institución para “resolver el problema”.
Esa ha sido la “suerte” de los agresores de Felícitas y Susana: Eloy Nicolás Laureano y Víctor Pérez González, quienes no sólo no fueron detenidos, sino también reconocieron los hechos que se les imputaban, pero firmaron un “convenio” que a la fecha no cumplen.
En estos casos, una de las familias fue obligada a firmar un convenio o acuerdo por parte del Ministerio Público, lo que estaba fuera de sus atribuciones, y por el otro fueron las autoridades municipales las que pidieron al padre suscribir un “acto convenio”.
Flora Gutiérrez, presidenta del Centro Integral Jurídico Pro-Derechos, asociación civil que lleva la defensa jurídica de los dos casos de violación contra las menores, denuncia que la circunstancia y la relación de poder que manejan los maestros en las comunidades son elementos fundamentales para que prevalezca la impunidad.
Se trata de maestros afiliados a la Sección 22 del SNTE. A veces estos maestros tienen un cargo dentro de la comunidad, lo que establece una relación jerárquica sobre las mujeres afectadas por la violencia sexual, que además no tienen recursos económicos y cuyas familias a veces no pueden comunicarse con la autoridad porque no hablan el castellano.
A ello, plantea la abogada de Pro Derechos, se agrega la corrupción de los Ministerios Públicos, quienes en lugar de aplicar la justicia para las víctimas, “se venden al mejor postor… actuando a favor de quien les da más dinero y estos casos son evidentes”.
Para las niñas violadas en las comunidades indígenas casi siempre no hay justicia, continúa la abogada Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias.
La impunidad de la justicia castiga a las víctimas. Mientras la comunidad también ejerce violencia contra las niñas al estigmatizarlas, lo que genera todas las repercusiones económicas, sociales y culturales en la vida de estas adolescentes. En los casos de Felícitas y Susana, tuvieron que abandonar la escuela secundaria, pues se embarazaron producto de la violencia sexual ejercida en su contra. Ahora tienen que mantener a sus hijos mientras sus violadores, por el grado de autoridad o jerarquía que tienen, no reciben ningún castigo.
Gutiérrez informa las irregularidades: En el caso de Felícitas, agredida sexualmente por Eloy Nicolás Laureano en el albergue de Zacatepec Mixes, el Ministerio Público obligó a que el papá, en representación de la niña, firmara un convenio con el agresor, pese a que esta “modalidad” no está permitida por la ley.
Su obligación es investigar y ejercitar la acción penal, es decir, consignar la averiguación previa ante los tribunales para que éstos, a su vez, libren una orden de aprehensión, pero en este caso los MP, lejos de verse de manera imparcial y estar a lado de la niña violada, están al lado del violador o presunto violador, señala la abogada.
Hubo una segunda instancia, pero como en el primero se negó la orden de aprehensión contra Nicolás Laureano, “pues no se acreditaba la violación y sí el estupro”, lo anterior porque el MP inicialmente había obligado a la familia de Felícitas a firmar un convenio.
Aunque de acuerdo con sus declaraciones Felícitas aseguró que el maestro la había obligado a tener relaciones sexuales, las autoridades de “procuración de justicia” y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca coincidieron en que no ameritaba ser detenido, pues Felícitas era mayor de 12 años pero menor de 18 años, lo que se configuraba era el delito de estupro, es decir, hubo cópula, pero con el consentimiento de la niña, resolución que finalmente se acordó en marzo de 2007.
“LA CARNE ES DÉBIL”
La historia de Susana no es diferente. Por los escasos recursos económicos de su familia, la niña fue enviada al albergue Alfonso Caso de Tamazulapam Mixe para que estudiara la secundaria. Quien “resolvió” el delito de violación en su contra cometido por el director de la institución escolar, Víctor Pérez González, fueron los síndicos municipales Maurilio Monterrubio López y Juvencio Franco Marín, así como otros funcionarios municipales en agosto de 2007.
Con lenguaje sexista, el acto convenio, como denominaron las autoridades, fue la forma de solucionar “el problema”, como se refieren al abuso sexual cometido contra la menor de 15 años de edad, que como en el caso anterior también resultó embarazada producto de la violación.
Susana fue contratada por Víctor Pérez González en la escuela para que fuera a su domicilio particular a hacer el aseo, ahí “logró su objetivo de tenerla sexualmente”, señala el acta-convenio cuya copia está en poder de Cimacnoticias.
Susana no les dijo a sus padres por temor a que fuera castigada, pero su madre se dio cuenta que se encontraba embarazada y así contó lo sucedido y acudieron ante las autoridades municipales, quienes optaron por resolver el caso sin que mediara la autoridad judicial.
En el acta-convenio, Pérez González “manifiesta que reconoce su error cometido y que la menor puede acudir con las instancias correspondientes y que pagará el delito que cometió, si la menor así lo desea… pero que la joven se encontraba en malos pasos…
Aclara que sabe muy bien el problema en que se metió, que efectivamente es muy penado… y aclara que cualquiera podía hacer lo mismo ya que la carne es débil y está dispuesto a arreglarlo de buena manera y para no llegar a otras instancias ya que el delito que cometió es muy penado… manifiesta que los padres de la menor hubieran platicado personalmente con este profesor, y de dialogar sobre el asunto, y de llegar a un buen acuerdo, que no era la forma o justo que se comparecieran ante las autoridades de la Sindicatura Municipal.
LAS VÍCTIMAS, SIN NINGÚN APOYO
Tanto Felícitas como Susana no recibieron nunca el apoyo económico al que se habían comprometido los agresores sexuales con la anuencia de las autoridades violentando todos sus derechos y, en cambio, los agresores sexuales no fueron castigados, fueron cambiados de escuela donde otras niñas y niños corren la misma suerte de Felícitas y Susana, señala la abogada.
Para la abogada, quien da seguimiento a estos y otros casos que se han presentado, apunta que sobre la justicia prevaleció la solidaridad masculina y una clara discriminación hacia la vida de las niñas mixes.
Flora Gutiérrez señaló que la impunidad en los casos de violencia sexual es muy alta en las comunidades indígenas, debido entre otras cosas a la completa parcialidad de los agentes del Ministerio Público.
De 10 casos de violación, cuatro se denuncian y seis no. El miedo es otro elemento por el que las niñas no exponen la violencia de la que son objeto, la estigmatización en la comunidad, pero sobre todo la poca posibilidad de que puedan acceder a la justicia, pues esto implica contar con dinero, viajar de su comunidad a la ciudad de Oaxaca y disposición de tiempo, además de un acompañamiento legal para que el MP no les diga “que dejen de molestar, que se vengan otro día”... hasta cansar a las víctimas, quienes terminan por abandonar sus casos.
De los cuatro casos, tres no obtuvieron justicia en la vía penal, el imputado no fue sancionado, al contrario, realmente la justicia fue en contra de las víctimas. En un solo caso la justicia resultó favorable a la víctima, gracias al acompañamiento legal que desde un principio se hizo, lo que no sucedió con los otros tres.
El Centro Integral Jurídico Pro-Derechos elaboró en 2007, con la ayuda del Fondo Canadá, un manual para atención a víctimas de violencia familiar, con un lenguaje accesible, sobre qué hacer en estos casos, cómo solucionamos esta problemática en las comunidades, además de impartir talleres en las comunidades, así fue como en solo unos meses encontraron al menos cuatro casos de violencia sexual.
Soledad Jarquín Edgar
www.cimacnoticias.com
En Oaxaca, 22.9 por ciento de las mujeres han sido víctimas de actos de violencia como discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual en el ámbito escolar, cifra que supera el promedio nacional que asciende al 15.6 por ciento.
“Felícitas” y “Susana” son dos de las muchas víctimas de los centros escolares, sus cuerpos de niñas-adolescentes no son cifras estadísticas, sino el terreno de la agresión sexual por parte de sus maestros y de directivos de las instituciones educativas.
Las estadísticas producto del Diagnóstico y evaluación de la situación de violencia de género en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, elaborado por Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ciudadanía y Familia; el Grupo de Información en Reproducción Elegida; e Ipas México, son el reflejo de una realidad que tienen nombres y vidas apenas comenzadas.
Evelyn Aldaz Velez, señala en el resumen ejecutivo de los hallazgos de Oaxaca, que las adolescentes que hablan una lengua indígena han enfrentado mayores episodios de violencia en la familia (54 por ciento de adolescentes indígenas contra 31 por ciento de adolescentes no indígenas).
En la comunidad la violencia también es mayor contra las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en comparación con las que no lo son, con 51 y 32 por ciento, respectivamente. Mientras que en la escuela la cifra también desigual, 29 por ciento frente a 17 por ciento, entre las niñas que hablan una lengua y las que no. Esta es la “clasificación” donde se podrían ubicar Felícitas y Susana.
Felícitas y Susana, cuyos nombres se han cambiado para proteger su identidad, son dos de las niñas afectadas por la violencia sexual en la escuela.
Se trata de los albergues de Zacatepec Mixes y de Tamazulapam Mixe, donde el director, en un caso, y un maestro en el otro abusaron de sus alumnas.
De los hechos existen denuncias, en el primero no se obsequió la orden de aprehensión en una primera instancia, por lo que se apeló la decisión. Del segundo caso, la autoridad municipal obligó al padre de la víctima a firmar un “acta convenio”.
SUERTE DE SER MAESTRO Y AUTORIDAD
En tanto, los responsables de la educación como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), optan en todos estos casos por tomar la misma determinación: cambiar a los maestros agresores de institución para “resolver el problema”.
Esa ha sido la “suerte” de los agresores de Felícitas y Susana: Eloy Nicolás Laureano y Víctor Pérez González, quienes no sólo no fueron detenidos, sino también reconocieron los hechos que se les imputaban, pero firmaron un “convenio” que a la fecha no cumplen.
En estos casos, una de las familias fue obligada a firmar un convenio o acuerdo por parte del Ministerio Público, lo que estaba fuera de sus atribuciones, y por el otro fueron las autoridades municipales las que pidieron al padre suscribir un “acto convenio”.
Flora Gutiérrez, presidenta del Centro Integral Jurídico Pro-Derechos, asociación civil que lleva la defensa jurídica de los dos casos de violación contra las menores, denuncia que la circunstancia y la relación de poder que manejan los maestros en las comunidades son elementos fundamentales para que prevalezca la impunidad.
Se trata de maestros afiliados a la Sección 22 del SNTE. A veces estos maestros tienen un cargo dentro de la comunidad, lo que establece una relación jerárquica sobre las mujeres afectadas por la violencia sexual, que además no tienen recursos económicos y cuyas familias a veces no pueden comunicarse con la autoridad porque no hablan el castellano.
A ello, plantea la abogada de Pro Derechos, se agrega la corrupción de los Ministerios Públicos, quienes en lugar de aplicar la justicia para las víctimas, “se venden al mejor postor… actuando a favor de quien les da más dinero y estos casos son evidentes”.
Para las niñas violadas en las comunidades indígenas casi siempre no hay justicia, continúa la abogada Gutiérrez en entrevista con Cimacnoticias.
La impunidad de la justicia castiga a las víctimas. Mientras la comunidad también ejerce violencia contra las niñas al estigmatizarlas, lo que genera todas las repercusiones económicas, sociales y culturales en la vida de estas adolescentes. En los casos de Felícitas y Susana, tuvieron que abandonar la escuela secundaria, pues se embarazaron producto de la violencia sexual ejercida en su contra. Ahora tienen que mantener a sus hijos mientras sus violadores, por el grado de autoridad o jerarquía que tienen, no reciben ningún castigo.
Gutiérrez informa las irregularidades: En el caso de Felícitas, agredida sexualmente por Eloy Nicolás Laureano en el albergue de Zacatepec Mixes, el Ministerio Público obligó a que el papá, en representación de la niña, firmara un convenio con el agresor, pese a que esta “modalidad” no está permitida por la ley.
Su obligación es investigar y ejercitar la acción penal, es decir, consignar la averiguación previa ante los tribunales para que éstos, a su vez, libren una orden de aprehensión, pero en este caso los MP, lejos de verse de manera imparcial y estar a lado de la niña violada, están al lado del violador o presunto violador, señala la abogada.
Hubo una segunda instancia, pero como en el primero se negó la orden de aprehensión contra Nicolás Laureano, “pues no se acreditaba la violación y sí el estupro”, lo anterior porque el MP inicialmente había obligado a la familia de Felícitas a firmar un convenio.
Aunque de acuerdo con sus declaraciones Felícitas aseguró que el maestro la había obligado a tener relaciones sexuales, las autoridades de “procuración de justicia” y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca coincidieron en que no ameritaba ser detenido, pues Felícitas era mayor de 12 años pero menor de 18 años, lo que se configuraba era el delito de estupro, es decir, hubo cópula, pero con el consentimiento de la niña, resolución que finalmente se acordó en marzo de 2007.
“LA CARNE ES DÉBIL”
La historia de Susana no es diferente. Por los escasos recursos económicos de su familia, la niña fue enviada al albergue Alfonso Caso de Tamazulapam Mixe para que estudiara la secundaria. Quien “resolvió” el delito de violación en su contra cometido por el director de la institución escolar, Víctor Pérez González, fueron los síndicos municipales Maurilio Monterrubio López y Juvencio Franco Marín, así como otros funcionarios municipales en agosto de 2007.
Con lenguaje sexista, el acto convenio, como denominaron las autoridades, fue la forma de solucionar “el problema”, como se refieren al abuso sexual cometido contra la menor de 15 años de edad, que como en el caso anterior también resultó embarazada producto de la violación.
Susana fue contratada por Víctor Pérez González en la escuela para que fuera a su domicilio particular a hacer el aseo, ahí “logró su objetivo de tenerla sexualmente”, señala el acta-convenio cuya copia está en poder de Cimacnoticias.
Susana no les dijo a sus padres por temor a que fuera castigada, pero su madre se dio cuenta que se encontraba embarazada y así contó lo sucedido y acudieron ante las autoridades municipales, quienes optaron por resolver el caso sin que mediara la autoridad judicial.
En el acta-convenio, Pérez González “manifiesta que reconoce su error cometido y que la menor puede acudir con las instancias correspondientes y que pagará el delito que cometió, si la menor así lo desea… pero que la joven se encontraba en malos pasos…
Aclara que sabe muy bien el problema en que se metió, que efectivamente es muy penado… y aclara que cualquiera podía hacer lo mismo ya que la carne es débil y está dispuesto a arreglarlo de buena manera y para no llegar a otras instancias ya que el delito que cometió es muy penado… manifiesta que los padres de la menor hubieran platicado personalmente con este profesor, y de dialogar sobre el asunto, y de llegar a un buen acuerdo, que no era la forma o justo que se comparecieran ante las autoridades de la Sindicatura Municipal.
LAS VÍCTIMAS, SIN NINGÚN APOYO
Tanto Felícitas como Susana no recibieron nunca el apoyo económico al que se habían comprometido los agresores sexuales con la anuencia de las autoridades violentando todos sus derechos y, en cambio, los agresores sexuales no fueron castigados, fueron cambiados de escuela donde otras niñas y niños corren la misma suerte de Felícitas y Susana, señala la abogada.
Para la abogada, quien da seguimiento a estos y otros casos que se han presentado, apunta que sobre la justicia prevaleció la solidaridad masculina y una clara discriminación hacia la vida de las niñas mixes.
Flora Gutiérrez señaló que la impunidad en los casos de violencia sexual es muy alta en las comunidades indígenas, debido entre otras cosas a la completa parcialidad de los agentes del Ministerio Público.
De 10 casos de violación, cuatro se denuncian y seis no. El miedo es otro elemento por el que las niñas no exponen la violencia de la que son objeto, la estigmatización en la comunidad, pero sobre todo la poca posibilidad de que puedan acceder a la justicia, pues esto implica contar con dinero, viajar de su comunidad a la ciudad de Oaxaca y disposición de tiempo, además de un acompañamiento legal para que el MP no les diga “que dejen de molestar, que se vengan otro día”... hasta cansar a las víctimas, quienes terminan por abandonar sus casos.
De los cuatro casos, tres no obtuvieron justicia en la vía penal, el imputado no fue sancionado, al contrario, realmente la justicia fue en contra de las víctimas. En un solo caso la justicia resultó favorable a la víctima, gracias al acompañamiento legal que desde un principio se hizo, lo que no sucedió con los otros tres.
El Centro Integral Jurídico Pro-Derechos elaboró en 2007, con la ayuda del Fondo Canadá, un manual para atención a víctimas de violencia familiar, con un lenguaje accesible, sobre qué hacer en estos casos, cómo solucionamos esta problemática en las comunidades, además de impartir talleres en las comunidades, así fue como en solo unos meses encontraron al menos cuatro casos de violencia sexual.
Soledad Jarquín Edgar
www.cimacnoticias.com
Los casos judiciales de malos tratos aumentan un 11% respecto a 2006
La apertura del Año Judicial celebrada ayer en Las Palmas sirvió para dejar patente que la prisión de Tenerife II está saturada, que los procedimientos penales se incrementaron un 6% respecto a 2006, y que hacen falta más medios para los casos de violencia doméstica, según apuntó Vicente Garrido, fiscal jefe.
El Año Judicial se inauguraba ayer en Las Palmas de la mano de Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual reclamó que "se apoye decididamente la independencia y eficacia del trabajo" de jueces y magistrados españoles, "independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia de otros poderes e instituciones". Por otra parte, se congratuló de la renovación y constitución del nuevo CGPJ.
Al acto también asistió Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, el cual destacó que son las figuras relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar las que siguen aumentado y generando, en consecuencia, una mayor preocupación, según el fiscal jefe, que destacó que "las mujeres son las que de forma reiterada y frecuente se convierten en víctimas en los entornos familiares y domésticos".
Así, el número de diligencias previas incoadas por los órganos judiciales de Canarias referidas al maltrato familiar fue de 4.974, reflejando un incremento del 10,93 por ciento siendo necesarios más medios.
Por otra parte, el volumen más importante de diligencias previas incoadas corresponde "como cada año" a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El número total de diligencias previas incoadas por todos los juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias catalogables en esta categoría delictiva fue de 94.976, reflejando un notable incremento del 8,79 por 100. "Si el año pasado por estas mismas fechas hablábamos de una esperanzadora estabilidad en la comisión de estos delitos en referencia a los datos del año 2006, hoy el frío dato de las cifras referidas y su desmesurado incremento nos devuelve a otra realidad diferente", añadió. En todo caso, precisó que, entre los distintos tipos penales, las conductas más graves, aquellas que suponen el empleo de violencia o intimidación en las personas para obtener un beneficio patrimonial, generaron 4.584 diligencias previas, representando el 4,82 por ciento de los delitos contra el patrimonio.
El ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales se concretó en el año 2007 en la presentación ante los diferentes órganos judiciales de un total de 15.095 escritos de acusación. Esta cifra representa un aumento del 4,74 por ciento en relación con las acusaciones formuladas en el anterior periodo anual.
La cifra más elevada, al igual que en el año precedente, corresponde a los escritos de acusación presentados en procedimientos abreviados, 8.228 entre las dos fiscalías provinciales. Igualmente, es significativo el número de escritos de acusación correspondientes a diligencias urgentes de enjuiciamiento rápido, que suman un total de 6.708.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apuntó que el número de inmigrantes llegados a Canarias disminuyó en 21.381 personas en relación al año anterior.
Castro Feliciano aseguró que "el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en el Año 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa. Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con la incidencia que ello determinó en los juzgados de instrucción afectados", fundamentalmente los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde, en El Hierro, que vieron sensiblemente aliviada la carga de trabajo, descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos juzgados en otras materias.
Alta tasa de resolución
En relación a los archivos de la Administración de Justicia en Canarias estos son, "sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones", aunque se ha mejorado en este apartado "al haberse destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable", dijo el presidente del TSJC.
Castro Feliciano resaltó que los órganos judiciales canarios alcanzaron en el último año una tasa de resolución solamente superada por las comunidades de Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de jueces y magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver, de tal modo que de los 407.839 registrados fueron resueltos 404.003, "pero la alta litigiosidad de nuestro territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un esfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos", manifestó.
AGENCIAS, Las Palmas
www.eldia.es
El Año Judicial se inauguraba ayer en Las Palmas de la mano de Antonio Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual reclamó que "se apoye decididamente la independencia y eficacia del trabajo" de jueces y magistrados españoles, "independencia que a veces se ve perturbada por la injerencia de otros poderes e instituciones". Por otra parte, se congratuló de la renovación y constitución del nuevo CGPJ.
Al acto también asistió Vicente Garrido, fiscal jefe del TSJC, el cual destacó que son las figuras relacionadas con el maltrato en el ámbito familiar las que siguen aumentado y generando, en consecuencia, una mayor preocupación, según el fiscal jefe, que destacó que "las mujeres son las que de forma reiterada y frecuente se convierten en víctimas en los entornos familiares y domésticos".
Así, el número de diligencias previas incoadas por los órganos judiciales de Canarias referidas al maltrato familiar fue de 4.974, reflejando un incremento del 10,93 por ciento siendo necesarios más medios.
Por otra parte, el volumen más importante de diligencias previas incoadas corresponde "como cada año" a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. El número total de diligencias previas incoadas por todos los juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias catalogables en esta categoría delictiva fue de 94.976, reflejando un notable incremento del 8,79 por 100. "Si el año pasado por estas mismas fechas hablábamos de una esperanzadora estabilidad en la comisión de estos delitos en referencia a los datos del año 2006, hoy el frío dato de las cifras referidas y su desmesurado incremento nos devuelve a otra realidad diferente", añadió. En todo caso, precisó que, entre los distintos tipos penales, las conductas más graves, aquellas que suponen el empleo de violencia o intimidación en las personas para obtener un beneficio patrimonial, generaron 4.584 diligencias previas, representando el 4,82 por ciento de los delitos contra el patrimonio.
El ejercicio de la acción penal por parte de los fiscales se concretó en el año 2007 en la presentación ante los diferentes órganos judiciales de un total de 15.095 escritos de acusación. Esta cifra representa un aumento del 4,74 por ciento en relación con las acusaciones formuladas en el anterior periodo anual.
La cifra más elevada, al igual que en el año precedente, corresponde a los escritos de acusación presentados en procedimientos abreviados, 8.228 entre las dos fiscalías provinciales. Igualmente, es significativo el número de escritos de acusación correspondientes a diligencias urgentes de enjuiciamiento rápido, que suman un total de 6.708.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, apuntó que el número de inmigrantes llegados a Canarias disminuyó en 21.381 personas en relación al año anterior.
Castro Feliciano aseguró que "el número de inmigrantes irregulares llegados a las Islas Canarias en el Año 2007, en cayucos y pateras, descendió de forma significativa. Por los datos proporcionados por los distintos secretarios judiciales del territorio, los inmigrantes llegados a nuestras costas ascendieron un total de 11.493, disminuyendo en 21.381 personas con relación al año anterior, con la incidencia que ello determinó en los juzgados de instrucción afectados", fundamentalmente los juzgados de Arona, San Bartolomé de Tirajana y Valverde, en El Hierro, que vieron sensiblemente aliviada la carga de trabajo, descenso que se traduce en la mejora del rendimiento de dichos juzgados en otras materias.
Alta tasa de resolución
En relación a los archivos de la Administración de Justicia en Canarias estos son, "sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones", aunque se ha mejorado en este apartado "al haberse destinado importantes recursos económicos y personales para solventar un problema que podríamos definir hace tres años de caótico y lamentable", dijo el presidente del TSJC.
Castro Feliciano resaltó que los órganos judiciales canarios alcanzaron en el último año una tasa de resolución solamente superada por las comunidades de Asturias, Andalucía y Cataluña, y ello pese a la movilidad, ya endémica, de jueces y magistrados (se produjeron 34 ceses en el año 2007), lo que ha hecho descender el número de asuntos pendientes de resolver, de tal modo que de los 407.839 registrados fueron resueltos 404.003, "pero la alta litigiosidad de nuestro territorio (el cuarto en el conjunto nacional) nos obliga a un esfuerzo importante para ir mejorando en el servicio a los ciudadanos", manifestó.
AGENCIAS, Las Palmas
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Antonio Hidalgo López, nuevo subsecretario de Igualdad
El Gobierno ha nombrado subsecretario del Ministerio de Igualdad a Antonio José Hidalgo López, quien hasta la fecha desempeñaba el puesto de inspector general de Servicios en la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Nacido el 11 de septiembre de 1959 en Sevilla, casado, con una hija, Hidalgo López es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.
Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Junta de Andalucía y en la Administración General del Estado, entre ellos el de secretario general técnico de la Consejería de Cultura de Andalucía y el de subsecretario del Ministerio de Cultura.
www.expansion.com
Nacido el 11 de septiembre de 1959 en Sevilla, casado, con una hija, Hidalgo López es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía.
Ha ocupado diversos cargos en la administración de la Junta de Andalucía y en la Administración General del Estado, entre ellos el de secretario general técnico de la Consejería de Cultura de Andalucía y el de subsecretario del Ministerio de Cultura.
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Lorente: «La igualdad no tiene marcha atrás, sólo es una cuestión de tiempo»
Miguel Lorente pronunció ayer la conferencia inaugural de las jornadas sobre masculinidad e igualdad
La primera conferencia también analizó las particularidades de la corriente posmachista
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género inaugura las jornadas sobre masculinidad
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género inaugura las jornadas sobre masculinidad
El Delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, considera que la igualdad de género es un proceso que ya no tiene marcha atrás: «No hay discusión posible, nadie lo va a parar. La única duda es cuánto vamos a tardar en conseguirlo. Si nos descoordinamos en esa tarea, lo retrasaremos y si no somos capaces de afrontarlo como es debido, entonces enfrentaremos dos posiciones, la masculina y la femenina. Pero antes o después lo conseguiremos, estoy seguro».
Lorente se expresó en estos términos durante la conferencia inaugural de las jornadas sobre masculinidad e igualdad de género, que organiza Prometeo, la asociación de hombres por la igualdad, con la colaboración de la Junta, los ayuntamientos de León y Villaquilambre y el patrocinio de La Caixa y Caja Duero. Los actos tienen lugar en el salón de actos del Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de León. Lorente resultó explícito y contundente: «No puede haber igualdad sin hombres. Podría haber equiparación, pero no es lo mismo» El delegado de Gobierno recordó las tradicionales fórmulas de desigualdad que han predominado en la historia moderna, a las que el varón siempre se ha adaptado para mantener una posición dominante. «Ahora es momento de acabar con las adaptaciones, es hora de acabar con la desigualdad». Para lograr ese objetivo, a criterio de Lorente será necesario que el varón abandone la tradicional teoría de que su status es superior y analizó la ética patriarcal de acuerdo a la cual se produce una jerarquización que siempre degenera en desigualdad.
El prototipo «ideal» para la sociedad machista responde al hombre caucásico, heterosexual, de raza blanca y edad adulta, casado, con hijos y de posición dominante. «Todo lo que sea salirse de esos prototipos, genera dudas. Un varón de esas características pero de raza negra, genera incertidumbre. Si es soltero se duda de su condición sexual...»
El ponente analizó el fenómeno del posmachismo. «Consiste en criticar a quien critica el sistema. El hombre que sigue esta filosofía duda del futuro porque quiere volver al pasado y culpa del paro a la mujer, por incorporarse al mercado laboral en lugar de estar en casa. También cree que la mala educación de los hijos es culpa de la madre, que hace su vida en vez de ocuparse sólo de su descendencia». En la misma línea, recordó que la desigualdad suele llevar finalmente a la violencia, y por ello subrayó tres axiomas básicos: «Es necesario demostrar que no todos los hombres son machistas, hay que recordar que no son sólo unos pocos los hombres que demuestran comportamientos machistas y finalmente hay que tener en cuenta que cualquier hombre puede ser un machista en potencia».
Más necesario que nunca
«Los modelos alternativos fomentan la desorientación y acrecientan los conflictos», recordó. «Por todo ello, la igualdad y el feminismo son más necesarios que nunca», concluyó, antes de recibir una cerrada ovación. «No puede haber igualdad sin hombres, eso sería simplemente una equiparación, sin más»
MIGUEL LORENTE Delegado de Violencia de Género
Miguel Ángel Zamora
Empleados Bancarios Con Tratamiento Psiquiátrico Por Exceso
El secretario General de la Asociación Bancaria de Entre Ríos, Juan Navarro en declaraciones a LT14 se refirió a la problemática que viven los trabajadores debido al exceso de horas que trabajan, y al acoso laboral por parte de funcionarios que desembarcaron desde el banco de Santa Fe a las sucursales entrerrianas. Navarro aseguró que iniciarán acciones legales y gremiales.
En la sucursal del BERSA de Paraná hubo un caso de una personas que falleció debido a la carga horaria y la presión que se ejerce sobre los trabajadores bancarios, mientras que en la localidad de Diamante un trabajador se encuentra internado luego de sufrir un infarto.
El secretario General de la Asociación mencionó que en muchos casos los empleados se encuentran realizando tratamiento psicológico debido a la cantidad de horas que trabajan y la presión que se ejerce sobre los mismos. Navarro sostuvo que “se ha planteado en distintos estamentos de los directivos del banco, pero no encontramos el eco respecto al acoso laboral y a la presión que existe en algunas áreas del banco con respecto algunos funcionarios que han desembarcado en las sucursales, llegados desde Santa Fe y que hoy se encuentran al frente de algunas áreas de la entidad”.
El secretario General de la Asociación sostuvo que estuvieron en asambleas con las autoridades del banco y si no se encuentra una solución la situación se va “agudizar”. Además señaló que “hay una gran preocupación de los trabajadores” y añadió que “accionaremos gremialmente y legalmente tenemos previstos hacer la presentación en la Dirección de Trabajo con respecto al acoso de estos personajes que vinieron desde afuera”.
LT14-SITIO DIGITAL/SEXTO SENTIDO rf
www.radiolt14.com.ar
En la sucursal del BERSA de Paraná hubo un caso de una personas que falleció debido a la carga horaria y la presión que se ejerce sobre los trabajadores bancarios, mientras que en la localidad de Diamante un trabajador se encuentra internado luego de sufrir un infarto.
El secretario General de la Asociación mencionó que en muchos casos los empleados se encuentran realizando tratamiento psicológico debido a la cantidad de horas que trabajan y la presión que se ejerce sobre los mismos. Navarro sostuvo que “se ha planteado en distintos estamentos de los directivos del banco, pero no encontramos el eco respecto al acoso laboral y a la presión que existe en algunas áreas del banco con respecto algunos funcionarios que han desembarcado en las sucursales, llegados desde Santa Fe y que hoy se encuentran al frente de algunas áreas de la entidad”.
El secretario General de la Asociación sostuvo que estuvieron en asambleas con las autoridades del banco y si no se encuentra una solución la situación se va “agudizar”. Además señaló que “hay una gran preocupación de los trabajadores” y añadió que “accionaremos gremialmente y legalmente tenemos previstos hacer la presentación en la Dirección de Trabajo con respecto al acoso de estos personajes que vinieron desde afuera”.
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10 de octubre de 2008
Detienen a un hombre en Zaragoza como presunto autor de un delito de violencia de género
La Policía Local detuvo esta mañana en el zaragozano barrio del Actur a un hombre de 31 años, R.C.D., como presunto autor de un delito de violencia de género contra su ex pareja, a la que en el transcurso de una discusión, agredió físicamente.
Los hechos se registraron sobre las 5.30 horas en la calle Adolfo Aznar. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario con heridas leves, mientras que el presunto agresor fue puesto a disposición judicial.
Asimismo, en la calle Heroísmo fue detenido en la tarde de ayer Alexe I., de 39 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras ser denunciado por su esposa, según informaron fuentes de la Policía Local de Zaragoza.
EUROPA PRESS
www.laopinion.es
Los hechos se registraron sobre las 5.30 horas en la calle Adolfo Aznar. La víctima fue trasladada a un centro hospitalario con heridas leves, mientras que el presunto agresor fue puesto a disposición judicial.
Asimismo, en la calle Heroísmo fue detenido en la tarde de ayer Alexe I., de 39 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia doméstica, tras ser denunciado por su esposa, según informaron fuentes de la Policía Local de Zaragoza.
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Seis meses de prisión por violencia de género a un hombre, con la atenuante de sufrir de alcoholismo
El magistrado-juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a seis meses de prisión a un hombre, afectado de alcoholismo crónico, por acercarse a su ex pareja, de la que tenía orden de alejamiento, y sujetarla de las manos para evitar que huyera de él.
La sentencia, hecha pública hoy, condena al acusado, JA.J.H. por un delito de violencia de género, en su modalidad de coacciones, y, al tiempo que aplica la agravante de reincidencia, tiene en cuenta la atenuante "muy cualificada" de embriaguez, ya que en el momento de producirse los hechos, el imputado padecía de alcoholismo crónico que limitaba sus facultades de discernimiento.
Según explica la sentencia, el acusado, de 25 años de edad, y natural de Santander, había sido condenado a finales de enero de este mismo año por un delito de maltrato familiar, por el que también se le había impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
Sin embargo, tiempo después, tras ingerir cantidades de alcohol, y a pesar de tener conocimiento de la existencia de la orden de protección, "y con evidente desprecio hacia la resolución judicial", telefoneó a su ex pareja, quedando de acuerdo con ésta en verse en la puerta de su domicilio, en Santander.
Cuando ambos se encontraron, se originó una discusión y, con la finalidad de que ella no accediese al domicilio, el acusado la agarró del bolso donde estaban las llaves, y la sujetó por las muñecas con la intención de evitar el acceso al portal.
Por estos hechos, el juez condena al procesado, como autor de un delito de violencia de género en su modalidad de coacciones, concurriendo la agravante de reincidencia, y la atenuante muy cualificada de embriaguez, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante el término de un año.
Además le prohíbe que se aproxime a menos de 200 metros de la víctima, o que se comunique con ella por cualquier medio, durante un período de un año y medio, además de imponerle las costas del procedimiento.
www.europapress.es
La sentencia, hecha pública hoy, condena al acusado, JA.J.H. por un delito de violencia de género, en su modalidad de coacciones, y, al tiempo que aplica la agravante de reincidencia, tiene en cuenta la atenuante "muy cualificada" de embriaguez, ya que en el momento de producirse los hechos, el imputado padecía de alcoholismo crónico que limitaba sus facultades de discernimiento.
Según explica la sentencia, el acusado, de 25 años de edad, y natural de Santander, había sido condenado a finales de enero de este mismo año por un delito de maltrato familiar, por el que también se le había impuesto la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
Sin embargo, tiempo después, tras ingerir cantidades de alcohol, y a pesar de tener conocimiento de la existencia de la orden de protección, "y con evidente desprecio hacia la resolución judicial", telefoneó a su ex pareja, quedando de acuerdo con ésta en verse en la puerta de su domicilio, en Santander.
Cuando ambos se encontraron, se originó una discusión y, con la finalidad de que ella no accediese al domicilio, el acusado la agarró del bolso donde estaban las llaves, y la sujetó por las muñecas con la intención de evitar el acceso al portal.
Por estos hechos, el juez condena al procesado, como autor de un delito de violencia de género en su modalidad de coacciones, concurriendo la agravante de reincidencia, y la atenuante muy cualificada de embriaguez, a la pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la privación del derecho de tenencia y porte de armas durante el término de un año.
Además le prohíbe que se aproxime a menos de 200 metros de la víctima, o que se comunique con ella por cualquier medio, durante un período de un año y medio, además de imponerle las costas del procedimiento.
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Unisemplosur toma inspectoría y Sural denuncia hostigamiento a trabajadores
Ambas partes manifiestan estar abiertas al diálogo, pero hasta los momentos no se han puesto de acuerdo acerca del reclamos que hace la masa laboral
En horas de la mañana de ayer, un grupo de trabajadores de Sural tomaron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo ante el incumplimiento de este organismo que se comprometió a entregarle el auto que les concede el inicio de las 120 previas al derecho a huelga, además del retiro de la solvencia laboral a la empresa. El sindicato ha tomado de manera intermitente la sede del organismo ministerial y cada vez se les prometió la entrega del documento para una nueva fecha, lo que hasta el día de ayer no se había cumplido, por lo que decidieron instalarse de manera indefinida en la inspectoría.
Ya son ocho meses desde que iniciaron los trámites ante la inspectoría y hasta los momentos no ha dado respuestas. El coordinador del trabajo, Arwin Pérez, se reunió en horas de la tarde con los trabajadores de Sural y reconoció que se comprometió a entregar el auto el martes. Les explicó que había dado las órdenes correspondientes, aunque finalmente estas no se cumplieron.
Entretanto, los trabajadores mantienen que se mantendrán en la inspectoría hasta que se cumpla con el compromiso, puesto que ellos ya han cumplido con todos los requisitos que debían para que se efectúe el proceso.
Denunciaron además amedrentamiento por parte de la empresa que mantuvo a efectivos de la Guardia Nacional dentro de la planta durante la tarde del martes, aun cuando no se había generado ningún tipo de conflicto.
Hostigamiento
La gerente de Sural, María De Solo, se pronunció a través de una nota de prensa, manifestando que el sindicato está obligando a los trabajadores a que mantengan una “operación morrocoy” dentro de la planta y esto se ha reflejado en el ritmo de las operaciones, aunque hasta los momentos han cumplido con sus compromisos comerciales y laborales.
Sostiene que el sindicato pretende que se calculen utilidades sobre utilidades, lo que no está permitido en la Ley Orgánica del Trabajo.
De acuerdo con De Solo, la organización gremial tiene una persecución, no solo hacia los trabajadores para que no cumplan con los niveles de producción, sino hacia los mismos directivos de la empresa, generando un alto nivel de malestar dentro de la planta.
Proponen mesa de diálogo
Los trabajadores de Sural lograron comunicare con el director nacional de la Inspectoría del Trabajo, Wilmer Núñez, quien les manifestó el interés por instalar una mesa de trabajo para buscarle una solución a sus reclamos. Así lo hizo saber el secretario general del sindicato, Isaic López.
No obstante, Núñez les advirtió que no trabajaría “bajo presión” y que podían enviarles a los funcionarios del orden público para que desalojaran las instalaciones, acotó el dirigente.
Ante la posición del director, López sostuvo que están dispuestos al diálogo, pero no se moverán de la inspectoría hasta que se les entregue el auto.
Marelys Torres
www.eldiariodeguayana.com
En horas de la mañana de ayer, un grupo de trabajadores de Sural tomaron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo ante el incumplimiento de este organismo que se comprometió a entregarle el auto que les concede el inicio de las 120 previas al derecho a huelga, además del retiro de la solvencia laboral a la empresa. El sindicato ha tomado de manera intermitente la sede del organismo ministerial y cada vez se les prometió la entrega del documento para una nueva fecha, lo que hasta el día de ayer no se había cumplido, por lo que decidieron instalarse de manera indefinida en la inspectoría.
Ya son ocho meses desde que iniciaron los trámites ante la inspectoría y hasta los momentos no ha dado respuestas. El coordinador del trabajo, Arwin Pérez, se reunió en horas de la tarde con los trabajadores de Sural y reconoció que se comprometió a entregar el auto el martes. Les explicó que había dado las órdenes correspondientes, aunque finalmente estas no se cumplieron.
Entretanto, los trabajadores mantienen que se mantendrán en la inspectoría hasta que se cumpla con el compromiso, puesto que ellos ya han cumplido con todos los requisitos que debían para que se efectúe el proceso.
Denunciaron además amedrentamiento por parte de la empresa que mantuvo a efectivos de la Guardia Nacional dentro de la planta durante la tarde del martes, aun cuando no se había generado ningún tipo de conflicto.
Hostigamiento
La gerente de Sural, María De Solo, se pronunció a través de una nota de prensa, manifestando que el sindicato está obligando a los trabajadores a que mantengan una “operación morrocoy” dentro de la planta y esto se ha reflejado en el ritmo de las operaciones, aunque hasta los momentos han cumplido con sus compromisos comerciales y laborales.
Sostiene que el sindicato pretende que se calculen utilidades sobre utilidades, lo que no está permitido en la Ley Orgánica del Trabajo.
De acuerdo con De Solo, la organización gremial tiene una persecución, no solo hacia los trabajadores para que no cumplan con los niveles de producción, sino hacia los mismos directivos de la empresa, generando un alto nivel de malestar dentro de la planta.
Proponen mesa de diálogo
Los trabajadores de Sural lograron comunicare con el director nacional de la Inspectoría del Trabajo, Wilmer Núñez, quien les manifestó el interés por instalar una mesa de trabajo para buscarle una solución a sus reclamos. Así lo hizo saber el secretario general del sindicato, Isaic López.
No obstante, Núñez les advirtió que no trabajaría “bajo presión” y que podían enviarles a los funcionarios del orden público para que desalojaran las instalaciones, acotó el dirigente.
Ante la posición del director, López sostuvo que están dispuestos al diálogo, pero no se moverán de la inspectoría hasta que se les entregue el auto.
Marelys Torres
www.eldiariodeguayana.com
Denuncia sindicato de Tornel maniobra de la CTM para retomar el control del gremio
Inválida, convocatoria a asamblea para el próximo día 17, alerta el dirigente Rodríguez Morales
Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizarán –el próximo 17 de octubre– una asamblea para destituir al comité ejecutivo del Sindicato Nacional Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel, con lo cual pretenden reinstalar el dominio cetemista en este gremio, denunció Alfredo Rodríguez Morales, secretario general de dicho sindicato, quien aseguró que no habrá respuesta de los trabajadores al intento por terminar con la organización independiente.
En entrevista, puntualizó que desde el pasado 18 de mayo, cuando determinaron dejar la CTM, han padecido hostigamiento constante de líderes cetemistas, quienes “estarían siendo apoyados por la empresa, pues los desestabilizadores, que son alrededor de 100 trabajadores, encabezados por Ariel Nieto Colín, ex secretario general del sindicato, y Jesús del Olmo, un dirigente de la central obrera, reciben una paga semanal que oscila entre 300 y mil pesos”.
Rodríguez Morales aseguró que la convocatoria para la asamblea, lanzada por la CTM, “no tiene validez”, lo que incluso confirmaron ayer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde nos dijeron que la emitían sólo 13 trabajadores, cuando las convocatorias con esa finalidad deben estar avaladas al menos por 33 por ciento de los afiliados al gremio, y pueden tener respaldo cuando las asambleas establecidas en los estatutos no han sido hechas por la directiva sindical, lo cual no aplica en esta ocasión, porque siempre hemos hecho todo conforme a los lineamientos”, afirmó.
Asimismo, apuntó que a las asambleas citadas por el gremio han acudido inspectores de la STPS, por lo cual existe registro de que se han realizado en tiempo y forma. Precisó que el viernes 17 de octubre, cuando está convocada la asamblea, más de 90 por ciento” de los trabajadores de Tornel estarán laborando, por lo que no acudirán al llamado, al cual sólo responderán “algunos incondicionales y acarreados, entre ellos ex trabajadores a los que les están pagando para dividir al gremio”, indicó. Precisó que dicha asamblea se llevará a cabo en el edificio central de la CTM.
Ante esta situación, Rodríguez Morales llamó tanto a la STPS como a los nuevos dueños de la empresa, Hari Shankar Shingania y Radupathi Shingania, accionistas mayoritarios del grupo indio JK Tires Industries, a que no avalen esta acción de la CTM y a que se acerquen al gremio que dirige, porque “lo que más importa es fortalecer la fuente laboral”, para que eso redunde tanto en beneficio de los trabajadores como de la empresa.
Asimismo, dijo lamentar que “detrás de todo esté Óscar Martín Romero Aldaco, gerente de relaciones industriales de la empresa”, y llamó a los accionistas de Tornel a “entablar un diálogo más directo”, pues ambos están por fortalecer la empresa, lo cual no se logrará imponiendo un “sindicato de protección, como pretende la gente de la CTM”.
Carolina Gómez Mena
www.jornada.unam.mx
Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizarán –el próximo 17 de octubre– una asamblea para destituir al comité ejecutivo del Sindicato Nacional Trabajadores de la Compañía Hulera Tornel, con lo cual pretenden reinstalar el dominio cetemista en este gremio, denunció Alfredo Rodríguez Morales, secretario general de dicho sindicato, quien aseguró que no habrá respuesta de los trabajadores al intento por terminar con la organización independiente.
En entrevista, puntualizó que desde el pasado 18 de mayo, cuando determinaron dejar la CTM, han padecido hostigamiento constante de líderes cetemistas, quienes “estarían siendo apoyados por la empresa, pues los desestabilizadores, que son alrededor de 100 trabajadores, encabezados por Ariel Nieto Colín, ex secretario general del sindicato, y Jesús del Olmo, un dirigente de la central obrera, reciben una paga semanal que oscila entre 300 y mil pesos”.
Rodríguez Morales aseguró que la convocatoria para la asamblea, lanzada por la CTM, “no tiene validez”, lo que incluso confirmaron ayer en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde nos dijeron que la emitían sólo 13 trabajadores, cuando las convocatorias con esa finalidad deben estar avaladas al menos por 33 por ciento de los afiliados al gremio, y pueden tener respaldo cuando las asambleas establecidas en los estatutos no han sido hechas por la directiva sindical, lo cual no aplica en esta ocasión, porque siempre hemos hecho todo conforme a los lineamientos”, afirmó.
Asimismo, apuntó que a las asambleas citadas por el gremio han acudido inspectores de la STPS, por lo cual existe registro de que se han realizado en tiempo y forma. Precisó que el viernes 17 de octubre, cuando está convocada la asamblea, más de 90 por ciento” de los trabajadores de Tornel estarán laborando, por lo que no acudirán al llamado, al cual sólo responderán “algunos incondicionales y acarreados, entre ellos ex trabajadores a los que les están pagando para dividir al gremio”, indicó. Precisó que dicha asamblea se llevará a cabo en el edificio central de la CTM.
Ante esta situación, Rodríguez Morales llamó tanto a la STPS como a los nuevos dueños de la empresa, Hari Shankar Shingania y Radupathi Shingania, accionistas mayoritarios del grupo indio JK Tires Industries, a que no avalen esta acción de la CTM y a que se acerquen al gremio que dirige, porque “lo que más importa es fortalecer la fuente laboral”, para que eso redunde tanto en beneficio de los trabajadores como de la empresa.
Asimismo, dijo lamentar que “detrás de todo esté Óscar Martín Romero Aldaco, gerente de relaciones industriales de la empresa”, y llamó a los accionistas de Tornel a “entablar un diálogo más directo”, pues ambos están por fortalecer la empresa, lo cual no se logrará imponiendo un “sindicato de protección, como pretende la gente de la CTM”.
Carolina Gómez Mena
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