A pesar del dicho, el trabajo no siempre es salud y si los problemas físicos derivados de accidentes laborales o enfermedades profesionales hacen mella en los trabajadores, su salud psicológica también se resiente. Más de 700.000 andaluces sufren acoso, amenazas o violencia directa y presiones que afectan a su bienestar mental.
En España, casi uno de cada cuatro trabajadores (el 24,9% de los ocupados)están expuestos a estos riesgos psicosociales. En Andalucía, la proporción es ligeramente inferior, el 22%, pero el problema afecta ya a 715.400 personas, según la última estadística del módulo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente a 2007.
Hay tres factores principales que alteran el bienestar mental de los trabajadores:
el acoso o intimidación, la violencia o amenaza de agresión y las presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo. Este último es el más extendido, pues lo padecen 553.200 andaluces (el 17,18%) y es más común entre los hombres.
El acoso y la violencia, sin embargo, son más frecuentes entre las mujeres, aunque más minoritarios que las presiones de tiempo y sobrecarga de trabajo. Pero resulta llamativo que la incidencia de la violencia –efectiva o en forma de amenaza– duplica la del acoso y la intimidación (106.800 trabajadores víctimas de violencia y 55.300 acosados o intimidados).
El acoso laboral provoca alteraciones psicopatólogicas que pueden provocar síntomas físicos, desde trastornos del sueño, alteraciones del sistema nervioso en forma de palpitaciones, sudoración o sensación de ahogo, hasta síntomas psicosomáticos como vómitos, pesadillas, mareos, falta de apetito e incluso dolores musculares. No está regulado en el Código Penal, pero es denunciable, pues puede vulnerar artículos de la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral y ya existe jurisprudencia al respecto.
Jurídicamente hay que demostrar tres elementos: que existe una finalidad o plan –explícito o implícito– contra el trabajador, que tal conducta se produce en el entorno laboral y que se ejerce una presión, entendida como ataque, que provoca daños psíquicos al trabajador.
enfermedad profesional. El año pasado se actualizó el catálogo de enfermedades profesionales, que permanecía inalterable desde 1978. Sin embargo, los efectos psíquicos y físicos derivados de los riesgos psicosociales no aparecen en este catálogo.
Los datos de la EPA hablan de enfermedades laborales, que incluyen desde problemas respiratorios, articulares o musculares hasta enfermedades infecciosas o cardíacas, pero también estrés, depresión y ansiedad.
Un 34% de los andaluces ocupados –1.096.700 personas– han padecido o padecen una enfermedad directamente provocada por el trabajo o agravada por éste. La incidencia se reparte de manera equitativa entre hombres y mujeres.
En todo el país, las enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo afectan a casi seis millones de ocupados. Las más comunes son las respiratorias o pulmonares (28,2%), seguidas de los problemas óseos, articulares y musculares (un 17,3% en las caderas, piernas o pies y un 17,2% en la espalda) y la fatiga ocular y cefaleas (13,9%). El estrés, la depresión o la ansiedad afectan al 0,9%, igual que los problemas auditivos y más que los de cuello, hombres, brazos y manos.
Laura Blanco
www.elcorreodeandalucia.es
11 de agosto de 2008
El Gobierno estrecha el cerco contra los maltratadores
Quienes agredan a familiares o no paguen las pensiones no podrán heredar
Un hombre condenado por haber agredido a su pareja no podrá heredar de ésta. Tampoco lo podrá hacer de sus hijos o de sus padres, si éstos fueron los maltratados. El mismo castigo se aplicará a quienes incurran en "delitos contra la libertad, la integridad moral, sexual" o incumplan los "deberes familiares", como pasar la pensión por alimentos después de una separación. Estas medidas, que implican una modificación del Código Civil, serán adoptadas por el Gobierno a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, según ha sabido este periódico.
La nueva normativa supondrá la modificación de la llamada "indignidad sucesoria", la parte de la legislación que especifica los motivos por los que una persona puede ser desheredada (lo normal es que un tercio de los bienes que deja un difunto sean para su pareja, ascendientes o descendientes, lo que se conoce como "la legítima").
Con la medida se intenta estrechar el cerco alrededor de los maltratadores, y se complementa la Ley contra la Violencia de Género que fue aprobada en diciembre de 2004. En este caso se recurre a la vía civil y no la penal. Los socialistas consideran que hay que poner coto a la posibilidad de que los maltratadores puedan heredar de la persona a la que han maltratado, porque la posibilidad de que la esposa, el padre, la madre o el hijo del maltratador fallezca antes que el agresor existe, y entonces se da la paradoja de que el culpable puede beneficiarse de los bienes que éste pudiera disponer.
Pero a diferencia de la ley, en esta propuesta -al menos de momento- no se ha incluido un tratamiento diferente para hombres y mujeres, aunque en la práctica los agresores sean casi siempre varones.
Para aquilatar bien estos cambios y que cuente con las aportaciones de los demás grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ha decidido que la reforma empiece por una proposición no de ley que ha elaborado el portavoz de Justicia de su grupo, Julio Villarrubia, que es la forma parlamentaria más abierta para el consenso.
No obstante, desde el Gobierno se trabajará para aportar contenidos al Grupo Socialista desde los ministerios de Igualdad y Justicia. La medida no parte de la nada. El Código Civil, en su artículo 756, señala que "son incapaces de suceder por causa de indignidad el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes y ascendientes". Lo que los socialistas quieren es que este artículo sea modificado en dos aspectos. Por un lado, con la ampliación del círculo de personas potencialmente afectadas por un supuesto de indignidad, como los "ex cónyuges o personas con quienes el agresor estuviere o hubiese estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad".
Por otro lado, el Gobierno quiere ampliar los hechos delictivos que permiten fundar la indignidad sucesoria, de manera que se contemplen la comisión de delitos "contra la vida, delitos de lesiones graves, de torturas o contra la integridad moral o contra la libertad y la indemnidad sexual, y delitos contra los derechos y deberes familiares".
De esta manera se trata de que la exclusión de la herencia se fundamente en todo un conjunto de comportamientos tipificados penalmente, que suelen producirse en el marco de las relaciones familiares, de convivencia o afectivas de todo tipo. La panoplia de situaciones puede ir desde la violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, hasta el incumplimiento de deberes familiares, como es el caso del impago de las prestaciones alimentarias a los descendientes en supuestos de separación o divorcio.
Precisamente al ser una proposición no de ley se abre la puerta a que los grupos precisen hasta dónde se pueden limitar y delimitar los casos. Por ejemplo, que se desherede a aquel que mantenga un abandono continuado de sus hijos, pero no a quien sólo se retrase o no cumpla con el pago dos o tres meses.
Esta reforma también fijará que el declarado "indigno para suceder" quede excluido como beneficiario de los seguros de vida, "con la finalidad de abarcar todas las posibilidades" de recibir dinero o bienes de aquéllos a quienes se ha maltratado. Los juristas del PSOE resumen así la reforma que pretenden: "Aumentar el castigo al agresor y proteger a las víctimas".
ANABEL DÍEZ
ELPAIS.com
Un hombre condenado por haber agredido a su pareja no podrá heredar de ésta. Tampoco lo podrá hacer de sus hijos o de sus padres, si éstos fueron los maltratados. El mismo castigo se aplicará a quienes incurran en "delitos contra la libertad, la integridad moral, sexual" o incumplan los "deberes familiares", como pasar la pensión por alimentos después de una separación. Estas medidas, que implican una modificación del Código Civil, serán adoptadas por el Gobierno a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, según ha sabido este periódico.
La nueva normativa supondrá la modificación de la llamada "indignidad sucesoria", la parte de la legislación que especifica los motivos por los que una persona puede ser desheredada (lo normal es que un tercio de los bienes que deja un difunto sean para su pareja, ascendientes o descendientes, lo que se conoce como "la legítima").
Con la medida se intenta estrechar el cerco alrededor de los maltratadores, y se complementa la Ley contra la Violencia de Género que fue aprobada en diciembre de 2004. En este caso se recurre a la vía civil y no la penal. Los socialistas consideran que hay que poner coto a la posibilidad de que los maltratadores puedan heredar de la persona a la que han maltratado, porque la posibilidad de que la esposa, el padre, la madre o el hijo del maltratador fallezca antes que el agresor existe, y entonces se da la paradoja de que el culpable puede beneficiarse de los bienes que éste pudiera disponer.
Pero a diferencia de la ley, en esta propuesta -al menos de momento- no se ha incluido un tratamiento diferente para hombres y mujeres, aunque en la práctica los agresores sean casi siempre varones.
Para aquilatar bien estos cambios y que cuente con las aportaciones de los demás grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ha decidido que la reforma empiece por una proposición no de ley que ha elaborado el portavoz de Justicia de su grupo, Julio Villarrubia, que es la forma parlamentaria más abierta para el consenso.
No obstante, desde el Gobierno se trabajará para aportar contenidos al Grupo Socialista desde los ministerios de Igualdad y Justicia. La medida no parte de la nada. El Código Civil, en su artículo 756, señala que "son incapaces de suceder por causa de indignidad el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes y ascendientes". Lo que los socialistas quieren es que este artículo sea modificado en dos aspectos. Por un lado, con la ampliación del círculo de personas potencialmente afectadas por un supuesto de indignidad, como los "ex cónyuges o personas con quienes el agresor estuviere o hubiese estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad".
Por otro lado, el Gobierno quiere ampliar los hechos delictivos que permiten fundar la indignidad sucesoria, de manera que se contemplen la comisión de delitos "contra la vida, delitos de lesiones graves, de torturas o contra la integridad moral o contra la libertad y la indemnidad sexual, y delitos contra los derechos y deberes familiares".
De esta manera se trata de que la exclusión de la herencia se fundamente en todo un conjunto de comportamientos tipificados penalmente, que suelen producirse en el marco de las relaciones familiares, de convivencia o afectivas de todo tipo. La panoplia de situaciones puede ir desde la violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, hasta el incumplimiento de deberes familiares, como es el caso del impago de las prestaciones alimentarias a los descendientes en supuestos de separación o divorcio.
Precisamente al ser una proposición no de ley se abre la puerta a que los grupos precisen hasta dónde se pueden limitar y delimitar los casos. Por ejemplo, que se desherede a aquel que mantenga un abandono continuado de sus hijos, pero no a quien sólo se retrase o no cumpla con el pago dos o tres meses.
Esta reforma también fijará que el declarado "indigno para suceder" quede excluido como beneficiario de los seguros de vida, "con la finalidad de abarcar todas las posibilidades" de recibir dinero o bienes de aquéllos a quienes se ha maltratado. Los juristas del PSOE resumen así la reforma que pretenden: "Aumentar el castigo al agresor y proteger a las víctimas".
ANABEL DÍEZ
ELPAIS.com
La lucha contra la violencia de género busca el respaldo social
ICAL
Antón y Alicia García presiden una de las comisiones regionales contra la Violencia hacia la Mujer
El pasado jueves una joven moría en Salamanca a manos de su novio, de 18 y 19 años de edad respectivamente. Con ésta son cinco las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género en la Comunidad. Luchar contra esta lacra y «erradicar los comportamientos violentos y discriminatorios que sufren algunas mujeres» es el objetivo del Pacto Social contra la Violencia de Género que promueve la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y cuyo plazo plazo para presentar adhesiones se cerró el pasado 30 de junio. La elaboración de este pacto es una de las prioridades del Gobierno de Juan Vicente Herrera para esta legislatura, que además se ha propuesto llevar esta particular «lucha» hasta Europa mientras esté al frente del Comité de las Regiones.
El objetivo es que el documento, en cuya elaboración se ha vinculado a todos los representantes de los municipios y diputaciones, medios de comunicación, universidades y asociaciones y entidades que trabajan en la prevención y atención a las víctimas, esté listo para el último trimestre del año. «Queremos vincular a la sociedad para conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad», explica la directora general de la Mujer, Alicia García. El nuevo instrumento forma parte del II Plan contra la Violencia de Género, dentro del cual está previsto también la elaboración de una ley, que verá la luz en los próximos meses.
Ochenta y dos medidas
Un total de 82 medidas componen este plan que se estructura en cuatro áreas de actuación -prevención y sensibilización, formación, atención integral y coordinación institucional- con nueve objetivos. El plan incide en la importancia de la educación en las generaciones más jóvenes para evitar en un futuro comportamientos violentos; la formación específica de los operadores sociales, sanitarios, policiales y jurídicos; la coordinación entre instituciones -de ahí la puesta en marcha de la Comisión Interconsejerías para la Igualdad- y los servicios y recursos para las mujeres afectadas por la violencia machista.Así, en esta última área destacan programas como el Fénix, un servicio de tratamiento psicológico para maltratadores y el Plan Dike, que proporciona un incentivo económico a empresas que contraten a mujeres que hayan sido víctimas. Asimismo el Sacyl prioriza su atención sanitaria y permite que estas mujeres, así como sus hijos, que son considerados «víctimas a todos los efectos» reciban, aún cuando no hayan denunciado a su agresor, asesoramiento jurídico y atención personalizada.
Mayor asistencia jurídica
«La Junta está trabajando en estas cuatro áreas con gran profundidad», destaca Alicia García, no obstante insiste en la necesidad de perfeccionar algunas herramientas tales como la asistencia jurídica y aumentar el número de juzgados especializados en violencia, del que hoy sólo dispone Valladolid. Y es que, sólo durante los primeros meses del año se computaron un total de 2417 denuncias.
www.abc.es
Antón y Alicia García presiden una de las comisiones regionales contra la Violencia hacia la Mujer
El pasado jueves una joven moría en Salamanca a manos de su novio, de 18 y 19 años de edad respectivamente. Con ésta son cinco las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género en la Comunidad. Luchar contra esta lacra y «erradicar los comportamientos violentos y discriminatorios que sufren algunas mujeres» es el objetivo del Pacto Social contra la Violencia de Género que promueve la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y cuyo plazo plazo para presentar adhesiones se cerró el pasado 30 de junio. La elaboración de este pacto es una de las prioridades del Gobierno de Juan Vicente Herrera para esta legislatura, que además se ha propuesto llevar esta particular «lucha» hasta Europa mientras esté al frente del Comité de las Regiones.
El objetivo es que el documento, en cuya elaboración se ha vinculado a todos los representantes de los municipios y diputaciones, medios de comunicación, universidades y asociaciones y entidades que trabajan en la prevención y atención a las víctimas, esté listo para el último trimestre del año. «Queremos vincular a la sociedad para conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad», explica la directora general de la Mujer, Alicia García. El nuevo instrumento forma parte del II Plan contra la Violencia de Género, dentro del cual está previsto también la elaboración de una ley, que verá la luz en los próximos meses.
Ochenta y dos medidas
Un total de 82 medidas componen este plan que se estructura en cuatro áreas de actuación -prevención y sensibilización, formación, atención integral y coordinación institucional- con nueve objetivos. El plan incide en la importancia de la educación en las generaciones más jóvenes para evitar en un futuro comportamientos violentos; la formación específica de los operadores sociales, sanitarios, policiales y jurídicos; la coordinación entre instituciones -de ahí la puesta en marcha de la Comisión Interconsejerías para la Igualdad- y los servicios y recursos para las mujeres afectadas por la violencia machista.Así, en esta última área destacan programas como el Fénix, un servicio de tratamiento psicológico para maltratadores y el Plan Dike, que proporciona un incentivo económico a empresas que contraten a mujeres que hayan sido víctimas. Asimismo el Sacyl prioriza su atención sanitaria y permite que estas mujeres, así como sus hijos, que son considerados «víctimas a todos los efectos» reciban, aún cuando no hayan denunciado a su agresor, asesoramiento jurídico y atención personalizada.
Mayor asistencia jurídica
«La Junta está trabajando en estas cuatro áreas con gran profundidad», destaca Alicia García, no obstante insiste en la necesidad de perfeccionar algunas herramientas tales como la asistencia jurídica y aumentar el número de juzgados especializados en violencia, del que hoy sólo dispone Valladolid. Y es que, sólo durante los primeros meses del año se computaron un total de 2417 denuncias.
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10 de agosto de 2008
El 38% de las mujeres que sufren malos tratos depende económicamente de su agresor
La batalla contra los malos tratos y la concienciación de las mujeres que los sufren continúa subiendo escalones aunque todavía queda mucho camino por recorrer en este campo.
Las campañas de información ayudan a las víctimas que padecen el azote de este tipo de violencia a conocer sus derechos y, lo que es más importante, a acudir a la Justicia.
No obstante, la dependencia económica de los agresores sigue siendo un escollo difícil de salvar. El 38% de las 1.046 mujeres, 400 en total, atendidas en el primer semestre de 2008 en los Centros 24 horas de la Comunidad carece de ingresos y un 13% está por debajo del salario mínimo interprofesional.
Curiosamente, 474 de ellas no actuaron contra su pareja tras ser agredidas. Respecto a 2007, el número de féminas con dependencia económica de sus parejas se ha incrementado un 20%. Así se desprende del informe confeccionado por la Conselleria de Justicia al que ha tenido acceso este periódico.
El mismo documento revela que, pese a este dato, el 54,7% denunció a su agresor frente al 44,8% del mismo periodo del año anterior. El incremento entre ambos segmentos ha sido del 31%. Sin embargo, la cifra de mujeres que no denunció a su verdugo sigue siendo muy alta: 474 féminas (45,3% del total). La mayoría de mujeres que acudieron a este servicio presentaban agresiones físicas, seguidas por las que fueron maltratadas psicológicamente.
Pero si un dato destaca del resto incluido en el informe ése es el que hace referencia a los ingresos mensuales medios de las víctimas. El sueldo de las mujeres atendidas en estos centros dependientes del Consell, oscilan en 198 (18,9%) casos entre 600 y 900, y en 135 (12,9%), se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional. Carecen de ingresos 400 mujeres (38,2%).
Asimismo, se ha apreciado una variación en cuanto al estado civil -con un aumento de féminas solteras del 19%-. Lo que no ha variado es la franja de edad de la víctima: mujeres de entre 31 y 40 años con hijos.
En los seis primeros meses del año, los Centros Mujer 24 horas de la Generalitat han atendido en las tres provincias a un total de 1.046 víctimas de la violencia machista mientras que el número de expedientes tramitados en el mismo período del año anterior fue de 877. O lo que es lo mismo, 169 mujeres se beneficiaron de este servicio.
Del total de mujeres atendidas, 701 (un 67%) presentaban una problemática de malos tratos físicos y denunciaron 439; por malos tratos psíquicos fueron 294 (28,1%) y denunciaron 104 (18,2%); por agresión sexual 27 (2,6%) y denunciaron 23 (4,0%); por abuso sexual 16 (1.5%) y denunciaron; finalmente, por acoso laboral fueron ocho y únicamente denunció una.
Con relación al total de mujeres atendidas desde los Centros Mujer 24 Horas en el transcurso del presente semestre, cabe señalar que desde el servicio ubicado en la ciudad de Valencia se han atendido 499 casos, mientras en el Centro Mujer 24 Horas de Alicante los casos registrados fueron 335 y en el de Castellón se ha intervenido en 212 asuntos.
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, insistió en que "la Administración pone todos los recursos necesarios para facilitar la denuncia de las mujeres que son víctimas de la violencia machista de modo que puedan finalizar con su pesadilla cuanto antes, pero son ellas mismas las que deben dar el primer paso hacia una nueva vida".
Con los datos sobre la mesa, De Rosa reconoció que "queda mucho por hacer vistas las estadísticas, pero, cada vez más, la sociedad está más concienciada de que los malos tratos son un problema que hay que denunciar". "Las víctimas tienen que saber que hay una salida, que denunciar es la única opción de vida porque vivir bajo los malos tratos es ser prisionera", concluyó el titular de Justicia.
www.elmundo.es
Las campañas de información ayudan a las víctimas que padecen el azote de este tipo de violencia a conocer sus derechos y, lo que es más importante, a acudir a la Justicia.
No obstante, la dependencia económica de los agresores sigue siendo un escollo difícil de salvar. El 38% de las 1.046 mujeres, 400 en total, atendidas en el primer semestre de 2008 en los Centros 24 horas de la Comunidad carece de ingresos y un 13% está por debajo del salario mínimo interprofesional.
Curiosamente, 474 de ellas no actuaron contra su pareja tras ser agredidas. Respecto a 2007, el número de féminas con dependencia económica de sus parejas se ha incrementado un 20%. Así se desprende del informe confeccionado por la Conselleria de Justicia al que ha tenido acceso este periódico.
El mismo documento revela que, pese a este dato, el 54,7% denunció a su agresor frente al 44,8% del mismo periodo del año anterior. El incremento entre ambos segmentos ha sido del 31%. Sin embargo, la cifra de mujeres que no denunció a su verdugo sigue siendo muy alta: 474 féminas (45,3% del total). La mayoría de mujeres que acudieron a este servicio presentaban agresiones físicas, seguidas por las que fueron maltratadas psicológicamente.
Pero si un dato destaca del resto incluido en el informe ése es el que hace referencia a los ingresos mensuales medios de las víctimas. El sueldo de las mujeres atendidas en estos centros dependientes del Consell, oscilan en 198 (18,9%) casos entre 600 y 900, y en 135 (12,9%), se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional. Carecen de ingresos 400 mujeres (38,2%).
Asimismo, se ha apreciado una variación en cuanto al estado civil -con un aumento de féminas solteras del 19%-. Lo que no ha variado es la franja de edad de la víctima: mujeres de entre 31 y 40 años con hijos.
En los seis primeros meses del año, los Centros Mujer 24 horas de la Generalitat han atendido en las tres provincias a un total de 1.046 víctimas de la violencia machista mientras que el número de expedientes tramitados en el mismo período del año anterior fue de 877. O lo que es lo mismo, 169 mujeres se beneficiaron de este servicio.
Del total de mujeres atendidas, 701 (un 67%) presentaban una problemática de malos tratos físicos y denunciaron 439; por malos tratos psíquicos fueron 294 (28,1%) y denunciaron 104 (18,2%); por agresión sexual 27 (2,6%) y denunciaron 23 (4,0%); por abuso sexual 16 (1.5%) y denunciaron; finalmente, por acoso laboral fueron ocho y únicamente denunció una.
Con relación al total de mujeres atendidas desde los Centros Mujer 24 Horas en el transcurso del presente semestre, cabe señalar que desde el servicio ubicado en la ciudad de Valencia se han atendido 499 casos, mientras en el Centro Mujer 24 Horas de Alicante los casos registrados fueron 335 y en el de Castellón se ha intervenido en 212 asuntos.
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, insistió en que "la Administración pone todos los recursos necesarios para facilitar la denuncia de las mujeres que son víctimas de la violencia machista de modo que puedan finalizar con su pesadilla cuanto antes, pero son ellas mismas las que deben dar el primer paso hacia una nueva vida".
Con los datos sobre la mesa, De Rosa reconoció que "queda mucho por hacer vistas las estadísticas, pero, cada vez más, la sociedad está más concienciada de que los malos tratos son un problema que hay que denunciar". "Las víctimas tienen que saber que hay una salida, que denunciar es la única opción de vida porque vivir bajo los malos tratos es ser prisionera", concluyó el titular de Justicia.
www.elmundo.es
Víctimas sin amparo
Ninguna de las cinco mujeres muertas por violencia machista en Asturias en año y medio, la última esta semana en Gijón, tenía una orden de protección
El asesinato de María de León Reyes, «Adela», que fue hallada estrangulada en casa de su ex novio en Gijón el pasado martes, eleva a dos las víctimias mortales por violencia machista en Asturias en lo que va de año. La otra víctima, Patricia Fernández Guzmán, fue apuñalada, quemada parcialmente y abandonada en un vertedero de la localidad langreana de Ciaño, donde su cuerpo fue encontrado el pasado 14 de marzo. En el caso de Gijón no ha sido localizado el presunto autor del crimen, el ex novio, del que se cree que ha huido fuera del país.
La mujer fue estrangulada el mismo día que desapareció, según indica la autopsia. En el caso de Langreo, la Policía detuvo a un joven del concejo que conocía a la víctima y que además fue visto comprando gasolina el día del crimen. En ambos casos, estaríamos ante crímenes cometidos por individuos que no habrían aceptado la negativa de las víctimas a continuar o iniciar una relación.
La cifra de crímenes machistas se mantiene en la misma línea que el año pasado, en el que se registraron tres casos. Ninguna de las dos víctimas de 2008 tenía orden de protección, algo que las emparenta con las tres víctimas registradas el año pasado: la ovetense María del Carmen Valdés, la avilesina Anabel Gutiérrez y la gijonesa María Teresa Incógnito. Los tres casos son bien diferentes. En el primero, la víctima, sexagenaria, fue asesinada apuñalada por su marido. En el segundo, fue un ex novio despechado. En el tercero, la víctima trataba de defender a su marido, aunque las motivaciones era pasionales.
Los dos asesinatos se han producido en un año en el que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha incrementado el número de órdenes de protección concedidas por los juzgados asturianos. En el primer trimestre del año -único cuya estadística ha sido elaborada por el Consejo por ahora- se solicitaron un total de 187 órdenes de protección, de las que se concedieron 115 y se rechazaron 71, un 38,5 por ciento, quedando una sin resolver. En el primer trimestre de 2007, se solicitaron 134, de las que fueron concedidas 98, rechazadas 39 (un treinta por ciento) y quedaron sin resolver diez.
También el número de denuncias presentadas en los Juzgados asturianos está siendo mayor en 2008. En el primer trimestre, se presentaron 563 denuncias (lo que supone 5,2 denuncias por cada diez mil habitantes, frente a las 7,5 del conjunto de España), de las que fueron renunciadas posteriormente 40. En el primer trimestre de 2007, la cifra de denuncias fue francamente inferior, de 422, lo que supone 3,9 denuncias por cada diez mil habitantes (la media nacional fue de 6,5 denuncias). Un total de 39 mujeres renunciaron posteriormente a la denuncia. En todo 2007, se presentaron un total de 1.926 denuncias relacionadas con la violencia machista y se solicitaron 686 órdenes de alejamiento, de las que concedieron 475, un 69 por ciento. De estos datos se desprende que cada día se solicitaron dos órdenes de protección a los Juzgados asturianos.
L. Á. VEGA
Lne.es
El asesinato de María de León Reyes, «Adela», que fue hallada estrangulada en casa de su ex novio en Gijón el pasado martes, eleva a dos las víctimias mortales por violencia machista en Asturias en lo que va de año. La otra víctima, Patricia Fernández Guzmán, fue apuñalada, quemada parcialmente y abandonada en un vertedero de la localidad langreana de Ciaño, donde su cuerpo fue encontrado el pasado 14 de marzo. En el caso de Gijón no ha sido localizado el presunto autor del crimen, el ex novio, del que se cree que ha huido fuera del país.
La mujer fue estrangulada el mismo día que desapareció, según indica la autopsia. En el caso de Langreo, la Policía detuvo a un joven del concejo que conocía a la víctima y que además fue visto comprando gasolina el día del crimen. En ambos casos, estaríamos ante crímenes cometidos por individuos que no habrían aceptado la negativa de las víctimas a continuar o iniciar una relación.
La cifra de crímenes machistas se mantiene en la misma línea que el año pasado, en el que se registraron tres casos. Ninguna de las dos víctimas de 2008 tenía orden de protección, algo que las emparenta con las tres víctimas registradas el año pasado: la ovetense María del Carmen Valdés, la avilesina Anabel Gutiérrez y la gijonesa María Teresa Incógnito. Los tres casos son bien diferentes. En el primero, la víctima, sexagenaria, fue asesinada apuñalada por su marido. En el segundo, fue un ex novio despechado. En el tercero, la víctima trataba de defender a su marido, aunque las motivaciones era pasionales.
Los dos asesinatos se han producido en un año en el que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha incrementado el número de órdenes de protección concedidas por los juzgados asturianos. En el primer trimestre del año -único cuya estadística ha sido elaborada por el Consejo por ahora- se solicitaron un total de 187 órdenes de protección, de las que se concedieron 115 y se rechazaron 71, un 38,5 por ciento, quedando una sin resolver. En el primer trimestre de 2007, se solicitaron 134, de las que fueron concedidas 98, rechazadas 39 (un treinta por ciento) y quedaron sin resolver diez.
También el número de denuncias presentadas en los Juzgados asturianos está siendo mayor en 2008. En el primer trimestre, se presentaron 563 denuncias (lo que supone 5,2 denuncias por cada diez mil habitantes, frente a las 7,5 del conjunto de España), de las que fueron renunciadas posteriormente 40. En el primer trimestre de 2007, la cifra de denuncias fue francamente inferior, de 422, lo que supone 3,9 denuncias por cada diez mil habitantes (la media nacional fue de 6,5 denuncias). Un total de 39 mujeres renunciaron posteriormente a la denuncia. En todo 2007, se presentaron un total de 1.926 denuncias relacionadas con la violencia machista y se solicitaron 686 órdenes de alejamiento, de las que concedieron 475, un 69 por ciento. De estos datos se desprende que cada día se solicitaron dos órdenes de protección a los Juzgados asturianos.
L. Á. VEGA
Lne.es
9 de agosto de 2008
Trabajadores de La Seda se encierran en Ayuntamiento
Vázquez ofrece el Diego Salinas para el encierro de los trabajadores de La SedaEl acto de protesta finaliza hoy al mediodía. La plantilla municipal manifiesta su "apoyo total" a las reivindicaciones .
El alcalde, José Vázquez, mantuvo ayer una reunión con representantes de Comisiones Obreras (CCOO) en la empresa Artenius San Roque para ofrecerles el edificio Diego Salinas para el encierro de 24 horas que tenían previsto llevar a cabo, en un principio, en el propio Ayuntamiento.
"Estamos aquí para apoyarles en lo que podamos, y en el Diego Salinas hay Protección Civil, conserje y responsables de Seguridad Ciudadana", les explicó el primer edil durante la reunión.
Esta acción es uno de los actos de protesta que los trabajadores de la empresa Artenius, perteneciente al grupo La Seda de Barcelona, están llevando a cabo ante la situación de acoso laboral vivida durante los últimos meses por una de sus compañeras con minusvalía y que ha desembocado en su despido, según indicó en una nota la sección sindical de CCOO del comité de empresa de Artenius San Roque.
Por otro lado, la junta de personal, el comité de empresa y las secciones sindicales de UGT y CCOO del Ayuntamiento de San Roque manifestaron ayer su apoyo total a las reivindicaciones de los trabajadores de Artenius. "Como representantes de los trabajadores municipales de San Roque, estamos en contra de cualquier tipo de acoso laboral, y rechazamos el despido de la trabajadora sanroqueña", manifestaron los representantes de los trabajadores municipales en un comunicado de prensa.
"Aunque se trata de un asunto de una empresa privada, no podemos permanecer impasibles ante un hecho tan grave que ocurre en una empresa de nuestro municipio y llamamos al apoyo masivo a los trabajadores de esta empresa de San Roque en la defensa de sus derechos", continuó el escrito de los trabajadores.
www.europasur.es
Un tercio de las denuncias por violencia machista son de mujeres extranjeras
El Ministerio de Igualdad edita una guía en seis idiomas en la que informa al colectivo femenino inmigrante de los derechos que le amparan
Una de cada tres denuncias tramitadas por casos de violencia de género en la provincia es interpuesta por una mujer extranjera. La subdelegada del Gobierno en Segovia, María Teresa Rodrigo, aportó ayer algunos datos que reflejan la realidad del colectivo inmigrante femenino que reside en territorio segoviano. La presentación se produjo a raíz de la edición por parte del Gobierno de una guía en la que se informa a esta población específica de los derechos que les contempla.
El catálogo del Ministerio de Igualdad está editado en seis idiomas: rumano, búlgaro, chico, francés, inglés y árabe. El objetivo de la guía presentada ayer por la subdelegada no es otro que el de «orientar de una manera más fácil y directa a las víctimas extranjeras de los derechos que tienen y dónde pueden dirigirse para solicitar ayuda o información» en caso de que sufran episodios de malos tratos en el ámbito doméstico.
Las guías se distribuirán a través de las organizaciones sindicales, asociaciones y servicios sociales que tengan relación directa con las ciudadanas foráneas. La Subdelegación estima que en la provincia residen cinco mil mujeres extranjeras mayores de 15 años.
La medida se encuadra en la puesta en marcha, hace cuatro años, de la Ley contra la Violencia de Género. Esta normativa, recordó Rodrigo, «garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género una serie de derechos con el fin último de que puedan poner fin a una relación violenta y recuperar su proyecto de vida».
Entre los derechos citados, la representante gubernativa en Segovia apuntó los derechos a asesoramiento y asistencia social integral, así como el de la atención jurídica gratuita.
María Teresa Rodrigo alabó el paso hacia adelante que ha supuesto la puesta en vigor de la Ley contra la Violencia de Género a la hora de animar a las víctimas denunciar los casos que padecen de malos tratos por parte de sus parejas. En la actualidad, se puede decir que la cantidad de denuncias que se presentan en Segovia se ha estabilizado tras el salto cuantitativo registrado hace cuatro años con la nueva ley.
En esta línea, María Teresa Rodrigo aplaudió el cambio de mentalidad observado en los últimos años, con una tendencia al alza en las denuncias formuladas por mujeres víctimas de la violencia machista en el entorno doméstico. Para la subdelegada, «las mujeres y las familias tienen más confianza en que hay una red de medios para protegerlas».
Efectivos necesarios
Ante las demandas efectuadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de contar con más medios para garantizar el cumplimiento de la ley y de las órdenes de alejamiento para garantizar la seguridad de las denunciantes, la jefa de la Unidad de Violencia de Género, María Teresa Fuentetaja, señaló que la ratio en Castilla y León de agentes por mujeres es aceptable, aunque siempre es deseable disponer de más recursos. Esa proporción es de casi dos mujeres por agente, extrapolable al caso segoviano.
La subdelegada añadió que, en el ámbito estatal, la cantidad de policías nacionales y guardias civiles destinados a la protección de las víctimas de violencia de género se ha multiplicado en los últimos cuatro años el 166% y el 126%, respectivamente.
Durante los primeros seis meses del actual ejercicio, se han contabilizado en la provincia 99 denuncias que responden a casos de violencia de género, de las que dos tercios fueron presentados por mujeres españolas. Asimismo, hay en vigor en Segovia 126 órdenes de protección y otras 22 de alejamiento, concluyó la subdelegada.
C. B. E.
SEGOVIA
www.nortecastilla.es
Una de cada tres denuncias tramitadas por casos de violencia de género en la provincia es interpuesta por una mujer extranjera. La subdelegada del Gobierno en Segovia, María Teresa Rodrigo, aportó ayer algunos datos que reflejan la realidad del colectivo inmigrante femenino que reside en territorio segoviano. La presentación se produjo a raíz de la edición por parte del Gobierno de una guía en la que se informa a esta población específica de los derechos que les contempla.
El catálogo del Ministerio de Igualdad está editado en seis idiomas: rumano, búlgaro, chico, francés, inglés y árabe. El objetivo de la guía presentada ayer por la subdelegada no es otro que el de «orientar de una manera más fácil y directa a las víctimas extranjeras de los derechos que tienen y dónde pueden dirigirse para solicitar ayuda o información» en caso de que sufran episodios de malos tratos en el ámbito doméstico.
Las guías se distribuirán a través de las organizaciones sindicales, asociaciones y servicios sociales que tengan relación directa con las ciudadanas foráneas. La Subdelegación estima que en la provincia residen cinco mil mujeres extranjeras mayores de 15 años.
La medida se encuadra en la puesta en marcha, hace cuatro años, de la Ley contra la Violencia de Género. Esta normativa, recordó Rodrigo, «garantiza a las mujeres víctimas de violencia de género una serie de derechos con el fin último de que puedan poner fin a una relación violenta y recuperar su proyecto de vida».
Entre los derechos citados, la representante gubernativa en Segovia apuntó los derechos a asesoramiento y asistencia social integral, así como el de la atención jurídica gratuita.
María Teresa Rodrigo alabó el paso hacia adelante que ha supuesto la puesta en vigor de la Ley contra la Violencia de Género a la hora de animar a las víctimas denunciar los casos que padecen de malos tratos por parte de sus parejas. En la actualidad, se puede decir que la cantidad de denuncias que se presentan en Segovia se ha estabilizado tras el salto cuantitativo registrado hace cuatro años con la nueva ley.
En esta línea, María Teresa Rodrigo aplaudió el cambio de mentalidad observado en los últimos años, con una tendencia al alza en las denuncias formuladas por mujeres víctimas de la violencia machista en el entorno doméstico. Para la subdelegada, «las mujeres y las familias tienen más confianza en que hay una red de medios para protegerlas».
Efectivos necesarios
Ante las demandas efectuadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de contar con más medios para garantizar el cumplimiento de la ley y de las órdenes de alejamiento para garantizar la seguridad de las denunciantes, la jefa de la Unidad de Violencia de Género, María Teresa Fuentetaja, señaló que la ratio en Castilla y León de agentes por mujeres es aceptable, aunque siempre es deseable disponer de más recursos. Esa proporción es de casi dos mujeres por agente, extrapolable al caso segoviano.
La subdelegada añadió que, en el ámbito estatal, la cantidad de policías nacionales y guardias civiles destinados a la protección de las víctimas de violencia de género se ha multiplicado en los últimos cuatro años el 166% y el 126%, respectivamente.
Durante los primeros seis meses del actual ejercicio, se han contabilizado en la provincia 99 denuncias que responden a casos de violencia de género, de las que dos tercios fueron presentados por mujeres españolas. Asimismo, hay en vigor en Segovia 126 órdenes de protección y otras 22 de alejamiento, concluyó la subdelegada.
C. B. E.
SEGOVIA
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El juzgado de violencia machista recibe una denuncia de malos tratos cada diez horas
El TSJN y el servicio de justicia foral coordinaron 645 órdenes de protección
Las casas de acogida, el centro de urgencias y los pisos residencia atendieron a 118 mujeres y 112 menores
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona recibió el pasado año 863 denuncias en orden penal contra presuntos autores de violencia machista. Este dato, facilitado ayer por el Gobierno de Navarra, supone la presentación de una denuncia por malos tratos cada diez horas.
El informe, que ha sido elaborado por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad fruto del Acuerdo Interinstitucional para la atención integral a mujeres víctimas de maltrato y/o agresiones sexuales, precisa que en 2007, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) registró 1.113 asuntos en orden penal y 364 retiradas de denuncia de la víctima.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer, además, inició 1.077 asuntos de orden penal, recibió 262 solicitudes de órdenes de protección, de las que 204 fueron concedidas y 58 denegadas, y registró la retirada de 101 denuncias. En orden civil, referentes a establecimiento de medidas de guardia y custodia de hijas e hijos, régimen de visitas o pensión de alimentos, se iniciaron 91 asuntos. El Instituto de Medicina Legal, a demanda de los juzgados, emitió 491 informes. El Servicio Social de Justicia, por su parte, atendió a 163 mujeres en programas terapéuticos y a 126 maltratadores, y la Sección de Asistencia a las Víctimas del Delito coordinó 383 órdenes de protección.
Los recursos, ocupados al 70%.
El mismo informe indica que los recursos de acogida que existen en Navarra para víctimas de violencia de género estuvieron ocupados al 70% en 2007. En concreto, en el centro de urgencias se atendió a 175 personas (96 mujeres y 79 menores), en la casa de acogida a 32 personas (13 mujeres y 19 menores) y en los pisos residencia a 21 personas (9 mujeres y 12 menores).
El Acuerdo Interinstitucional para la atención integral a mujeres víctimas del maltrato y/o agresiones sexuales fue firmado en 2002 por Gobierno de Navarra, Delegación del Gobierno, TSJN y Fiscalía de Navarra. El objetivo del acuerdo es lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la asistencia a víctimas de maltrato y establecer unas pautas de actuación homogéneas en toda la Comunidad foral que redunde en el beneficio de la atención a las propias víctimas y de la puesta a disposición judicial de los agresores.
Según se recoge en el informe, en materia de acción social, Sos Navarra 112 sigue siendo la instancia responsable de coordinar todas las actuaciones de emergencia (recursos sanitarios, sociales y policiales, así como asesoramiento psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género) y en 2007 recogió un total de 438 incidentes tipificados como "Urgencia malos tratos", 145 casos menos que en 2006. El mayor número de incidencias tuvo lugar en Pamplona, con 178 intervenciones que representan el 40,63% del total, seguida de Tudela con 45 incidencias que aglutina un 10,27% del total, precisa el informe publicado por el Gobierno de Navarra.
lola cabasés
www.noticiasdenavarra.com
Las casas de acogida, el centro de urgencias y los pisos residencia atendieron a 118 mujeres y 112 menores
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona recibió el pasado año 863 denuncias en orden penal contra presuntos autores de violencia machista. Este dato, facilitado ayer por el Gobierno de Navarra, supone la presentación de una denuncia por malos tratos cada diez horas.
El informe, que ha sido elaborado por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad fruto del Acuerdo Interinstitucional para la atención integral a mujeres víctimas de maltrato y/o agresiones sexuales, precisa que en 2007, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) registró 1.113 asuntos en orden penal y 364 retiradas de denuncia de la víctima.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer, además, inició 1.077 asuntos de orden penal, recibió 262 solicitudes de órdenes de protección, de las que 204 fueron concedidas y 58 denegadas, y registró la retirada de 101 denuncias. En orden civil, referentes a establecimiento de medidas de guardia y custodia de hijas e hijos, régimen de visitas o pensión de alimentos, se iniciaron 91 asuntos. El Instituto de Medicina Legal, a demanda de los juzgados, emitió 491 informes. El Servicio Social de Justicia, por su parte, atendió a 163 mujeres en programas terapéuticos y a 126 maltratadores, y la Sección de Asistencia a las Víctimas del Delito coordinó 383 órdenes de protección.
Los recursos, ocupados al 70%.
El mismo informe indica que los recursos de acogida que existen en Navarra para víctimas de violencia de género estuvieron ocupados al 70% en 2007. En concreto, en el centro de urgencias se atendió a 175 personas (96 mujeres y 79 menores), en la casa de acogida a 32 personas (13 mujeres y 19 menores) y en los pisos residencia a 21 personas (9 mujeres y 12 menores).
El Acuerdo Interinstitucional para la atención integral a mujeres víctimas del maltrato y/o agresiones sexuales fue firmado en 2002 por Gobierno de Navarra, Delegación del Gobierno, TSJN y Fiscalía de Navarra. El objetivo del acuerdo es lograr la máxima y mejor coordinación entre las instituciones implicadas en la asistencia a víctimas de maltrato y establecer unas pautas de actuación homogéneas en toda la Comunidad foral que redunde en el beneficio de la atención a las propias víctimas y de la puesta a disposición judicial de los agresores.
Según se recoge en el informe, en materia de acción social, Sos Navarra 112 sigue siendo la instancia responsable de coordinar todas las actuaciones de emergencia (recursos sanitarios, sociales y policiales, así como asesoramiento psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género) y en 2007 recogió un total de 438 incidentes tipificados como "Urgencia malos tratos", 145 casos menos que en 2006. El mayor número de incidencias tuvo lugar en Pamplona, con 178 intervenciones que representan el 40,63% del total, seguida de Tudela con 45 incidencias que aglutina un 10,27% del total, precisa el informe publicado por el Gobierno de Navarra.
lola cabasés
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Prisión preventiva para el psicólogo argentino acusado de formar parte de una red pedófila
La justicia de Argentina ha procesado con prisión preventiva al célebre psicólogo Jorge Corsi, acusado de formar parte de una red pedófila con posibles ramificaciones en otros países, según fuentes oficiales.
La magistrada María Fontbona de Pombo ha procesado al académico --director de la Carrera de Especialización en Violencia Familiar de la Universidad de Buenos Aires, quien impartió ocasionalmente clases en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)-- de los delitos de estupro con acceso carnal y promoción a la corrupción de un adolescente de 13 años, según las mismas fuentes.
El psicólogo había admitido el miércoles pasado conocer a los otros tres detenidos en el caso y reconoció, incluso, que uno de los acusados visitó su casa. A pesar de ello, aseguró ser inocente.
Apartado de un postgradoCorsi --presunto cabecilla de la banda de pedófilos-- había manifestado además que el adolescente que el año pasado le denunció y desató la investigación del caso es "un chico con problemas", según las mismas fuentes.
El psicólogo, de 62 años, fue arrestado el 23 de julio junto a otros dos presuntos pedófilos, acusados de dirigir una banda que se encargaba de captar a menores en plazas y locales de internet, ganarse su confianza, invitarles a sus casas a ver pornografía por internet, abusar de ellos, grabar las "fiestas sexuales" y colgar las filmaciones en la web.
A raíz del caso, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió separar a Corsi de un curso de postgrado, mientras que la editorial Paidós optó por retirar sus libros del mercado.
EFE
BUENOS AIRES
La magistrada María Fontbona de Pombo ha procesado al académico --director de la Carrera de Especialización en Violencia Familiar de la Universidad de Buenos Aires, quien impartió ocasionalmente clases en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)-- de los delitos de estupro con acceso carnal y promoción a la corrupción de un adolescente de 13 años, según las mismas fuentes.
El psicólogo había admitido el miércoles pasado conocer a los otros tres detenidos en el caso y reconoció, incluso, que uno de los acusados visitó su casa. A pesar de ello, aseguró ser inocente.
Apartado de un postgradoCorsi --presunto cabecilla de la banda de pedófilos-- había manifestado además que el adolescente que el año pasado le denunció y desató la investigación del caso es "un chico con problemas", según las mismas fuentes.
El psicólogo, de 62 años, fue arrestado el 23 de julio junto a otros dos presuntos pedófilos, acusados de dirigir una banda que se encargaba de captar a menores en plazas y locales de internet, ganarse su confianza, invitarles a sus casas a ver pornografía por internet, abusar de ellos, grabar las "fiestas sexuales" y colgar las filmaciones en la web.
A raíz del caso, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió separar a Corsi de un curso de postgrado, mientras que la editorial Paidós optó por retirar sus libros del mercado.
EFE
BUENOS AIRES
Un alicantino pasará 60 años en prisión por violar a sus tres hijos
Un padre de Alicante ha sido condenado a 60 años de prisión por abusar sexualmente de tres de sus cuatro hijos cuando eran pequeños.
El hombre se propasó con ellos varias veces cuando sólo tenían entre cinco y nueve años aprovechándose, según la Audiencia Provincial de Alicante, «del temor que su carácter violento inspiraba en sus hijos».
Cuando la hija mayor cumplió la mayoría de edad, animada por su novio, denunció los hechos y el juez ha dictaminado ahora que su padre, además de la condena de prisión, no pueda acercarse a menos de 200 metros de ellos durante 21 años. También tendrá que indemnizar a cada hijo con 12.000 euros.
http://www.20minutos.es
El hombre se propasó con ellos varias veces cuando sólo tenían entre cinco y nueve años aprovechándose, según la Audiencia Provincial de Alicante, «del temor que su carácter violento inspiraba en sus hijos».
Cuando la hija mayor cumplió la mayoría de edad, animada por su novio, denunció los hechos y el juez ha dictaminado ahora que su padre, además de la condena de prisión, no pueda acercarse a menos de 200 metros de ellos durante 21 años. También tendrá que indemnizar a cada hijo con 12.000 euros.
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Detenido por intentar violar a una chica discapacitada psíquica en Tuéjar (Valencia)
Agentes de la Guardia Civil , acompañados por el alcalde de Tuéjar y un concejal, han detenido a un vecino de esta localidad valenciana que fue denunciado por una mujer tras ver cómo intentaba abusar de una mujer con discapacidad psíquica que también reside en el municipio.
Así lo ha explicado hoy a Efe el concejal de Urbanismo de Tuéjar, Salvador Illueca, quien ha precisado que el individuo fue arrestado ayer después de pasearse por el pueblo, "cuchillo en mano", mientras decía "que iba a matar a la mujer que lo había denunciado".
El pasado martes, una vecina observó al ahora detenido caminando junto a la mujer discapacitada y al parecerle extraño los siguió, lo que hizo que el varón decidiera huir momentáneamente.
Según el concejal, la vecina continuaba mirando cómo la mujer volvía hacia su casa cuando el individuo volvió a cogerla de la mano y la hizo acceder al lavadero de San Juan.
La denunciante fue hasta allí y los vio "ya tumbados, con él encima", y su presencia provocó la huida del varón, quien también la amenazó de muerte antes de coger su moto.
"Una chica muy querida"
La víctima "es una chica muy querida en el pueblo" porque tuvo un accidente de tráfico siendo adolescente y desde entonces sufre una minusvalía psíquica, según ha relatado Illueca, quien ha señalado que su familia, al enterarse del suceso, también la llevó al médico para que pasara un reconocimiento. La vecina denunció los hechos ante la Guardia Civil, que intentó encontrar, sin éxito, al individuo acusado de intentar abusar de la mujer.
Así lo ha explicado hoy a Efe el concejal de Urbanismo de Tuéjar, Salvador Illueca, quien ha precisado que el individuo fue arrestado ayer después de pasearse por el pueblo, "cuchillo en mano", mientras decía "que iba a matar a la mujer que lo había denunciado".
El pasado martes, una vecina observó al ahora detenido caminando junto a la mujer discapacitada y al parecerle extraño los siguió, lo que hizo que el varón decidiera huir momentáneamente.
Según el concejal, la vecina continuaba mirando cómo la mujer volvía hacia su casa cuando el individuo volvió a cogerla de la mano y la hizo acceder al lavadero de San Juan.
La denunciante fue hasta allí y los vio "ya tumbados, con él encima", y su presencia provocó la huida del varón, quien también la amenazó de muerte antes de coger su moto.
"Una chica muy querida"
La víctima "es una chica muy querida en el pueblo" porque tuvo un accidente de tráfico siendo adolescente y desde entonces sufre una minusvalía psíquica, según ha relatado Illueca, quien ha señalado que su familia, al enterarse del suceso, también la llevó al médico para que pasara un reconocimiento. La vecina denunció los hechos ante la Guardia Civil, que intentó encontrar, sin éxito, al individuo acusado de intentar abusar de la mujer.
Detenido un octogenario cuando intentaba defenestrar a su mujer en Cádiz
La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detenido a un hombre de 85 años acusado de golpear e intentar arrojar a su mujer, de 83 años, por la ventana de su domicilio, situado en una sexta planta.
Como consecuencia de la agresión, que se produjo anoche a las 23.45 horas, la mujer fue trasladada al Hospital de Jerez para ser atendida de los golpes recibidos, según informa la Policía Local en un comunicado. Los agentes acudieron a la vivienda, situada en la calle Cartuja de Jerez, después de que la mujer solicitara auxilio cuando tenía medio cuerpo fuera del balcón.
Una vez en la vivienda, los agentes encontraron a la mujer tumbada en el suelo y con evidentes signos de haber sido golpeada. Tras comprobar lo ocurrido, la Policía detuvo a M.F.M., de 85 años, que fue conducido a dependencias policiales, mientras que la víctima fue trasladada junto a un familiar al Hospital de Jerez para que recibiera asistencia por los golpes recibidos.
Jerez de la Frontera (Cádiz). (EFE).
Como consecuencia de la agresión, que se produjo anoche a las 23.45 horas, la mujer fue trasladada al Hospital de Jerez para ser atendida de los golpes recibidos, según informa la Policía Local en un comunicado. Los agentes acudieron a la vivienda, situada en la calle Cartuja de Jerez, después de que la mujer solicitara auxilio cuando tenía medio cuerpo fuera del balcón.
Una vez en la vivienda, los agentes encontraron a la mujer tumbada en el suelo y con evidentes signos de haber sido golpeada. Tras comprobar lo ocurrido, la Policía detuvo a M.F.M., de 85 años, que fue conducido a dependencias policiales, mientras que la víctima fue trasladada junto a un familiar al Hospital de Jerez para que recibiera asistencia por los golpes recibidos.
Jerez de la Frontera (Cádiz). (EFE).
8 de agosto de 2008
Juez ordena entregar un niño a su padre, condenado por malos tratos a madre
Un juzgado de Valencia ha ordenado la entrega de un niño de 8 años a su padre, quien está condenado por malos tratos a su ex pareja y madre del menor, sobre la que tiene tres órdenes de alejamiento, y que ha sido denunciado por malos tratos al pequeño.
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia había puesto el día de hoy como límite para la entrega del niño al Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume), que se encarga de la intermediación entre los progenitores.
El juez, quien debe determinar el régimen de visitas del pequeño debido a la condena que pesa sobre el padre, tomó esta decisión ante el retraso de ambos para ponerse de acuerdo, y estableció que el menor permaneciera con el padre entre el 8 de agosto y el 8 de septiembre.
Sin embargo, la madre, Lucía Moreno, quien tiene la custodia del pequeño, ha solicitado la suspensión de la decisión judicial alegando que el niño no quiere ir con su padre, una reclamación que será estudiada por la juez suplente, quien ha habilitado el mes de agosto para tramitar el recurso.
El padre dispone de cinco días para responder a la solicitud de su ex pareja, aunque mientras el juzgado resuelve el conflicto la orden del magistrado titular se mantiene vigente.
Moreno ha explicado a EFE que ella nunca se ha negado a que el menor vaya con su padre, sino que es el niño quien no quiere hacerlo debido a los malos tratos que, según dice, recibe y como consta en diversas diligencias de la Policía Local, realizadas en otras ocasiones, en las que el menor se ha negado a ir con el padre.
'Dice que lo ha abandonado de noche para irse con mujeres, que le pega puñetazos en los hombros y la espalda, que lo ha dejado encerrado sin cenar y sin beber agua cuando se ha ido llorando, que recibe todo tipo de insultos y que lo ha humillado en público', ha explicado Moreno.
Todos estos hechos están denunciados ante el juzgado de guardia y el fiscal de menores y la madre añade que incluso se ha dirigido al Defensor del Pueblo, ya que su único deseo es que 'por encima de todo se proteja al menor, que se paralice esta situación y se intervenga'.
La tutela de las visitas o que se trabaje con el padre y con ella son algunas de las soluciones que propone la madre del niño, quien ha afirmado que ha animado a su hijo a ir con su padre 'diciéndole que van a ser solo unos días', pero ha insistido en que el niño 'se niega en rotundo', por lo que no sabe 'qué más hacer'.
Esta mujer ha afirmado que si el juzgado no se pronuncia esta tarde, ella entregará al niño pues no quiere incurrir en ningún delito, pero ha destacado que está sufriendo por el daño que se le está haciendo al pequeño y ha reclamado que alguien vea 'qué está pasando' para que un niño no quiera ver a su padre.
Asimismo, considera que está llevando la situación 'con mucha sensatez' y avanza que asumirá lo que el juez dictamine, aunque tratará de comunicarse con su ex pareja, telefónicamente o a través de un intermediario, para poner fin a esta situación.
Terra Actualidad - EFE
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia había puesto el día de hoy como límite para la entrega del niño al Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume), que se encarga de la intermediación entre los progenitores.
El juez, quien debe determinar el régimen de visitas del pequeño debido a la condena que pesa sobre el padre, tomó esta decisión ante el retraso de ambos para ponerse de acuerdo, y estableció que el menor permaneciera con el padre entre el 8 de agosto y el 8 de septiembre.
Sin embargo, la madre, Lucía Moreno, quien tiene la custodia del pequeño, ha solicitado la suspensión de la decisión judicial alegando que el niño no quiere ir con su padre, una reclamación que será estudiada por la juez suplente, quien ha habilitado el mes de agosto para tramitar el recurso.
El padre dispone de cinco días para responder a la solicitud de su ex pareja, aunque mientras el juzgado resuelve el conflicto la orden del magistrado titular se mantiene vigente.
Moreno ha explicado a EFE que ella nunca se ha negado a que el menor vaya con su padre, sino que es el niño quien no quiere hacerlo debido a los malos tratos que, según dice, recibe y como consta en diversas diligencias de la Policía Local, realizadas en otras ocasiones, en las que el menor se ha negado a ir con el padre.
'Dice que lo ha abandonado de noche para irse con mujeres, que le pega puñetazos en los hombros y la espalda, que lo ha dejado encerrado sin cenar y sin beber agua cuando se ha ido llorando, que recibe todo tipo de insultos y que lo ha humillado en público', ha explicado Moreno.
Todos estos hechos están denunciados ante el juzgado de guardia y el fiscal de menores y la madre añade que incluso se ha dirigido al Defensor del Pueblo, ya que su único deseo es que 'por encima de todo se proteja al menor, que se paralice esta situación y se intervenga'.
La tutela de las visitas o que se trabaje con el padre y con ella son algunas de las soluciones que propone la madre del niño, quien ha afirmado que ha animado a su hijo a ir con su padre 'diciéndole que van a ser solo unos días', pero ha insistido en que el niño 'se niega en rotundo', por lo que no sabe 'qué más hacer'.
Esta mujer ha afirmado que si el juzgado no se pronuncia esta tarde, ella entregará al niño pues no quiere incurrir en ningún delito, pero ha destacado que está sufriendo por el daño que se le está haciendo al pequeño y ha reclamado que alguien vea 'qué está pasando' para que un niño no quiera ver a su padre.
Asimismo, considera que está llevando la situación 'con mucha sensatez' y avanza que asumirá lo que el juez dictamine, aunque tratará de comunicarse con su ex pareja, telefónicamente o a través de un intermediario, para poner fin a esta situación.
Terra Actualidad - EFE
El Gobierno admite "errores individuales de algún profesional" en la protección contra la violencia de género
El Delegado Especial del Gobierno para la Violencia sobre la Mujer, Miguel Lorente, reconoció hoy que en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género ha habido "básicamente errores individuales, de algún profesional", aunque precisó que "no ha habido un problema del sistema, sino errores dentro del sistema".
En una entrevista en la emisora de radio RAC1, Lorente dijo que faltan "más recursos" para aplicar bien la ley y mejorar la coordinación institucional. Pese a las últimas muertes de mujeres en Catalunya a manos de sus parejas o ex parejas, "el esfuerzo que se está haciendo es para que no se den más casos de violencia".
Así, aseguró que en los tres años de vigencia de la ley "se han producido mejoras en todo aquello que la ley aborda". No obstante, admitió que "hay que seguir mejorando, aplicando y desarrollando", para que sigan disminuyendo los casos de mujeres asesinadas a pesar de haber denunciado a sus agresores.
(EUROPA PRESS)
www.europapress.es
En una entrevista en la emisora de radio RAC1, Lorente dijo que faltan "más recursos" para aplicar bien la ley y mejorar la coordinación institucional. Pese a las últimas muertes de mujeres en Catalunya a manos de sus parejas o ex parejas, "el esfuerzo que se está haciendo es para que no se den más casos de violencia".
Así, aseguró que en los tres años de vigencia de la ley "se han producido mejoras en todo aquello que la ley aborda". No obstante, admitió que "hay que seguir mejorando, aplicando y desarrollando", para que sigan disminuyendo los casos de mujeres asesinadas a pesar de haber denunciado a sus agresores.
(EUROPA PRESS)
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«Es terrorismo porque genera en sus víctimas miedo y terror»
«Es terrorismo porque genera en sus víctimas miedo y terror»
Psicólogo de UGT
Alfonso Rodríguez es el psicólogo del gabinete de la UGT que trata diariamente con pacientes que sufren acoso laboral. Su labor es intentar que sus pacientes vuelvan a su puesto de trabajo y puedan afrontar y encarar la situación con mayor autoestima
Desde que el pasado mes de enero entrara en funcionamiento el gabinete psicológico de la UGT, Alfonso Rodríguez, ha sido el psicólogo que ha estado al frente de este servicio.
A través del sindicato, los pacientes programan una primera consulta, donde se hace una valoración del caso y se empiezan a establecer los primeros procesos terapéuticos y diversas orientaciones de índole social, laboral y jurídico. «La sanidad pública se estanca en curar al paciente y nuestro trabajo no se quiere centrar únicamente en terapia psicológica. Al ser desde un sindicato iniciamos las actuaciones pertinentes para investigar este tipo de situaciones, denunciarles e intentar prevenir y solucionarlas», explicó Rodríguez.
Miedo y vergüenza
El miedo, el aislamiento al que se a veces se ven sometidas, la complicidad temerosa y el silencio por parte de sus compañeros, son las principales características de las personas que sufren acoso laboral. El objetivo es que los pacientes pierdan el miedo y conseguir que con las terapias recuperan su autoestima para responder, no sólo psicológicamente, sino desde un punto de vista laboral y judicialmente a este tipo de amenazas y violencia. «El acoso laboral se debería denominar terrorismo laboral, porque no se trata sólo de agredir a una persona, sino que muchas veces es generar miedo y terror».
Así mismo, estas víctimas sufren un sentimiento de culpabilidad. En toda situación de afectación psicológica el paciente cree que el paciente es el culpable de la situación. Donde el aislamiento, a veces generado por el miedo de sus compañeros, les hace generar, además una situación de vergüenza. Para conseguir que estos pacientes olviden el miedo y puedan afrontar este tipo de situaciones, Alfonso trabaja con terapias de tipo psicológico, en este caso, con una orientación de tipo cognitivo-conductual, donde las patologías que fundamental se presentan, son síntomas de depresión y ansiedad.
El gabinete viene ofreciendo a cada paciente en torno a las cinco sesiones iniciales para que posteriormente puedan acudir a la red de asistencia pública.
Las terapias ayudan al paciente para que afronte el problema y pueda dar el primer paso para regresar al trabajo, aunque en ocasiones se complica la tarea. «Nos hemos encontrado casos de personas que están dispuestos a renunciar a sus puestos de trabajo y sus derechos de indemnización y paro, con tal de no volver a soportar esta situación de acoso. Sin embargo, nosotros tratamos de enfocar los temas de manera que los pacientes puedan, no solamente volver a su puesto de trabajo, sino encararlo y afrontarlo con una mayor seguridad en si mismos», explicó el psicólogo de la UGT, quien seguirá trabajando para ayudar a todos aquellos trabajadores que se vean afectados por acoso laboral.
Andrea Cubillas
La mujer, principal víctima (acoso laboral)
El 70% de los trabajadores que sufren acoso laboral son mujeres con edades comprendidas entre los 30 y 35 años, estudios medios y que ocupan puestos administrativos y de asistencia a terceros
La mujer parece estar en el ojo del huracán cuando las noticias no traen más que desgracias. Cada vez más son los casos de mujeres que son víctimas de la violencia de género. Sin embargo, eso no parece suficiente, y ahora, ni en el trabajo ,pueden respirar tranquilas.
Y es que las mujeres se han convertido en los principales objetivos del acoso laboral. En concreto, el 70% de los trabajadores que sufren esta violencia psicológica son mujeres, una cifra que dista bastante del 30% que ocupan los hombres. Según explicó el psicólogo del UGT, Alfonso Rodríguez, el perfil del trabajador acosado es una mujer de entre 30 y 35 años, con estudios de bachillerato o universitario medios que ocupan puestos en las administrativos y de atención al cliente. «Es bastante llamativo la cantidad de trabajadores que sufren acoso laboral en las empresas callcenter o de atención telefónica. Esto se debe principalmente, a las situaciones laborales, los bajos sueldos y los contratos fugaces, lo que las convierte en víctimas en potencia. Realmente es lamentable, entre las dificultades que tienen para conciliar la vida laboral y familiar y las trabas que encuentran por el camino es normal que muchas decidan quedarse en casa», explicó Rodríguez
Los hombres que acuden a este tipo de terapias cumple con el mismo perfil que las mujeres, sin embargo, en escasas ocasiones sufren acoso laboral. El principal problema de los hombres es el conocido síndrome del quemado o burn-out, que suponen alteraciones psicopatológicas del estrés. El principal motivo de esta patología es el desbordamiento por el volumen de trabajo inherentes a la profesión.
Cada vez son más los trabajadores que sufren el llamado mobbing, es decir la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en su lugar de trabajo. Estas personas reciben una violencia psicológica injustificada por parte de sus compañeros, subalternos o superiores, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, a lo largo de meses e incluso años. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas.
Las víctimas han aumentado, pero las estadísticas apuntan a las mujeres como los principales objetivos del acoso laboral.
Andrea Cubillas
www.diariodeleon.es
La mujer parece estar en el ojo del huracán cuando las noticias no traen más que desgracias. Cada vez más son los casos de mujeres que son víctimas de la violencia de género. Sin embargo, eso no parece suficiente, y ahora, ni en el trabajo ,pueden respirar tranquilas.
Y es que las mujeres se han convertido en los principales objetivos del acoso laboral. En concreto, el 70% de los trabajadores que sufren esta violencia psicológica son mujeres, una cifra que dista bastante del 30% que ocupan los hombres. Según explicó el psicólogo del UGT, Alfonso Rodríguez, el perfil del trabajador acosado es una mujer de entre 30 y 35 años, con estudios de bachillerato o universitario medios que ocupan puestos en las administrativos y de atención al cliente. «Es bastante llamativo la cantidad de trabajadores que sufren acoso laboral en las empresas callcenter o de atención telefónica. Esto se debe principalmente, a las situaciones laborales, los bajos sueldos y los contratos fugaces, lo que las convierte en víctimas en potencia. Realmente es lamentable, entre las dificultades que tienen para conciliar la vida laboral y familiar y las trabas que encuentran por el camino es normal que muchas decidan quedarse en casa», explicó Rodríguez
Los hombres que acuden a este tipo de terapias cumple con el mismo perfil que las mujeres, sin embargo, en escasas ocasiones sufren acoso laboral. El principal problema de los hombres es el conocido síndrome del quemado o burn-out, que suponen alteraciones psicopatológicas del estrés. El principal motivo de esta patología es el desbordamiento por el volumen de trabajo inherentes a la profesión.
Cada vez son más los trabajadores que sufren el llamado mobbing, es decir la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en su lugar de trabajo. Estas personas reciben una violencia psicológica injustificada por parte de sus compañeros, subalternos o superiores, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, a lo largo de meses e incluso años. Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas.
Las víctimas han aumentado, pero las estadísticas apuntan a las mujeres como los principales objetivos del acoso laboral.
Andrea Cubillas
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Libertad bajo fianza para el detenido por acosar a menores en Plentzia
A.P.S., de 28 años, el empleado del club Kai Eder de Plentzia acusado de un delito contra la libertad sexual de varios menores, quedó ayer en libertad bajo fianza tras pagar los 6.000 euros exigidos por el juez tras prestar declaración. La Ertzaintza le arrestó el pasado martes por la mañana en el mismo recinto donde trabajaba, después de que unos padres con hijos en el club interpusieran la denuncia.
Era muy conocido y tenía contacto con muchos niños al ser, desde hace varios años, el encargado de organizar los torneos de fútbol y baloncesto. La Cadena Ser aseguró que, a pesar de la juventud del detenido, constaba contra él una denuncia por acoso sexual en los años noventa.
Ayer, los responsables del club no quisieron responder a las llamadas de este periódico. Su presidente, Horacio Martínez, afirmó a Efe el pasado miércoles que durante los "diez, doce años" que A.P.M. lleva trabajando con ellos, nunca habían recibido "ni una pequeña queja de nadie". "Se lo llevó la Ertzaintza de aquí, entraron dentro y había un chavalito de siete años diciendo: 'Se lo llevan, se lo llevan detenido", relató Martínez. Una madre de dos niños que suelen jugar en el Kai Eder se mostró sorprendida por el arresto y afirmó que este era "muy colega con los críos".
ELPAIS.com
Era muy conocido y tenía contacto con muchos niños al ser, desde hace varios años, el encargado de organizar los torneos de fútbol y baloncesto. La Cadena Ser aseguró que, a pesar de la juventud del detenido, constaba contra él una denuncia por acoso sexual en los años noventa.
Ayer, los responsables del club no quisieron responder a las llamadas de este periódico. Su presidente, Horacio Martínez, afirmó a Efe el pasado miércoles que durante los "diez, doce años" que A.P.M. lleva trabajando con ellos, nunca habían recibido "ni una pequeña queja de nadie". "Se lo llevó la Ertzaintza de aquí, entraron dentro y había un chavalito de siete años diciendo: 'Se lo llevan, se lo llevan detenido", relató Martínez. Una madre de dos niños que suelen jugar en el Kai Eder se mostró sorprendida por el arresto y afirmó que este era "muy colega con los críos".
ELPAIS.com
Los acosadores sexuales se sientan por fin en el banquillo de los acusados
Noha al Ostaz, de 26 años, nunca se imaginó que sería la primera egipcia en llevar ante la justicia a un hombre por haberla acosado sexualmente, ya que la mayoría de las mujeres sufren de esa lacra pero pocas se atreven a quejarse.
'Su sonrisa humillante después de agarrarme del pecho en la calle me recordó todos los acosos sexuales que he sufrido en mi vida y me hizo insistir en llevarle a los tribunales', contó hoy Ostaz a Efe al relatar su amarga experiencia.
Fue el pasado 25 de junio, bajo la luz del sol y en pleno centro del prestigioso barrio cairota de Heliopolis, cuando un hombre, identificado como Sherif, se acercó con su coche a Ostaz y desde la ventana del vehículo tendió la mano para tocarle el pecho mientras la joven caminaba tranquilamente con su amiga, Hend.
Lo primero que hizo Ostaz fue gritar de manera histérica y empujarle, pero ni siquiera eso le valió nada más que la 'sonrisa sarcástica' de Sherif -un mecánico de coches treintañero, que está casado- y su insistencia en tocarla.
Al no encontrarse otro remedio, la joven se tiró al coche del acosador para frenarle.
'La gente en la calle me preguntó si quería que le pegaran para que no me volviera a abusar y yo insistí: no renunciaré a mi derecho de castigarle mediante las leyes', dijo Ostaz, que terminó la carrera de Derecho hace cinco años.
Para la víctima fue 'muy difícil' explicar a la gente lo que le pasó exactamente. 'No pude decir nada más que me acosó sexualmente', agregó.
Sin embargo, al llevar a Sherif a la comisaría del barrio con la ayuda de su amiga Hend, allí sí Ostaz tuvo que precisar a la Policía en qué parte del cuerpo y cómo la tocó.
Hasta los propios policías intentaban convencer a Ostaz de que renunciara a su derecho 'para proteger su reputación', e incluso se negaron en un primer momento a escribir los detalles del acoso en la denuncia que se hizo.
Tuvo que pasar por varias comisarías y responder a numerosos interrogatorios en los que nunca faltaban preguntas sobre su manera de vestirse aquel día y si fue ella quien 'provocó' al acosador.
'Ese día en concreto me vestía con ropa ancha', precisó Ostaz, de tendencia liberal, que antes llevaba 'hiyab' (velo islámico), pero se lo quitó al encontrar que no le protegía de los hostigamientos de los hombres en la calle, según ella.
Tras dar muchas vueltas, Ostaz consiguió al final llevar a Sherif a la cárcel, donde permanece desde hace más de un mes en detención preventiva esperando el inicio de un proceso judicial previsto para el próximo septiembre.
Será un juicio histórico, 'casi el primero contra un hombre por los cargos de acosar sexualmente a una mujer', dijo a Efe Marwa Mojtar, directora del programa del Centro Egipcio de Derechos de la Mujer (CEDM) contra el acoso.
Según un reciente estudio realizado por el CEDM, el 91 por ciento de las consultadas son víctimas de acoso frecuentemente, principalmente en las calles y en los medios de transporte público, aunque también en los lugares de ocio y centros educativos.
Sin embargo, pocas han recurrido a la justicia para castigar a los acosadores -fuera por hostigarles con una mirada indecente, una palabra o un tocamiento- por temor a la sociedad y por falta de una definición precisa del acoso sexual en las leyes egipcias.Por ese motivo, el CEDM ha hecho un llamamiento al Gobierno para introducir una 'legislación clara que imponga castigos inmediatos' a los que cometan cualquier tipo de acoso sexual a la mujer, según Mojtar.
El CEDM, además, ha lanzado campañas para luchar contra ese fenómeno.La última de ellas empezó a principios de agosto mediante espacios publicitarios por radio e internet contra el acoso, bajo el lema 'Una calle más segura para todos'.
Otra campaña fue lanzada en mayo pasado por la revista de jóvenes independiente 'Kalimatna' (Nuestra palabra) a través de un grupo que se creó por 'Facebook', que insta a la mujer a que no tenga miedo y a que no permita que se viole su libertad.
'Respétate a ti mismo' es el eslogan de la campaña de 'Kalimatna', que pide al varón que respete a la mujer, y solicita a las familias que sean conscientes del problema.
'Kalimatna' hizo también llamamientos para pedir una nueva legislación contra el acoso porque, como piensa Ostaz, 'si la gente considera el acoso sexual un delito, la mirada del hombre a la mujer en la calle cambiará'.
Terra Actualidad - EFE
'Su sonrisa humillante después de agarrarme del pecho en la calle me recordó todos los acosos sexuales que he sufrido en mi vida y me hizo insistir en llevarle a los tribunales', contó hoy Ostaz a Efe al relatar su amarga experiencia.
Fue el pasado 25 de junio, bajo la luz del sol y en pleno centro del prestigioso barrio cairota de Heliopolis, cuando un hombre, identificado como Sherif, se acercó con su coche a Ostaz y desde la ventana del vehículo tendió la mano para tocarle el pecho mientras la joven caminaba tranquilamente con su amiga, Hend.
Lo primero que hizo Ostaz fue gritar de manera histérica y empujarle, pero ni siquiera eso le valió nada más que la 'sonrisa sarcástica' de Sherif -un mecánico de coches treintañero, que está casado- y su insistencia en tocarla.
Al no encontrarse otro remedio, la joven se tiró al coche del acosador para frenarle.
'La gente en la calle me preguntó si quería que le pegaran para que no me volviera a abusar y yo insistí: no renunciaré a mi derecho de castigarle mediante las leyes', dijo Ostaz, que terminó la carrera de Derecho hace cinco años.
Para la víctima fue 'muy difícil' explicar a la gente lo que le pasó exactamente. 'No pude decir nada más que me acosó sexualmente', agregó.
Sin embargo, al llevar a Sherif a la comisaría del barrio con la ayuda de su amiga Hend, allí sí Ostaz tuvo que precisar a la Policía en qué parte del cuerpo y cómo la tocó.
Hasta los propios policías intentaban convencer a Ostaz de que renunciara a su derecho 'para proteger su reputación', e incluso se negaron en un primer momento a escribir los detalles del acoso en la denuncia que se hizo.
Tuvo que pasar por varias comisarías y responder a numerosos interrogatorios en los que nunca faltaban preguntas sobre su manera de vestirse aquel día y si fue ella quien 'provocó' al acosador.
'Ese día en concreto me vestía con ropa ancha', precisó Ostaz, de tendencia liberal, que antes llevaba 'hiyab' (velo islámico), pero se lo quitó al encontrar que no le protegía de los hostigamientos de los hombres en la calle, según ella.
Tras dar muchas vueltas, Ostaz consiguió al final llevar a Sherif a la cárcel, donde permanece desde hace más de un mes en detención preventiva esperando el inicio de un proceso judicial previsto para el próximo septiembre.
Será un juicio histórico, 'casi el primero contra un hombre por los cargos de acosar sexualmente a una mujer', dijo a Efe Marwa Mojtar, directora del programa del Centro Egipcio de Derechos de la Mujer (CEDM) contra el acoso.
Según un reciente estudio realizado por el CEDM, el 91 por ciento de las consultadas son víctimas de acoso frecuentemente, principalmente en las calles y en los medios de transporte público, aunque también en los lugares de ocio y centros educativos.
Sin embargo, pocas han recurrido a la justicia para castigar a los acosadores -fuera por hostigarles con una mirada indecente, una palabra o un tocamiento- por temor a la sociedad y por falta de una definición precisa del acoso sexual en las leyes egipcias.Por ese motivo, el CEDM ha hecho un llamamiento al Gobierno para introducir una 'legislación clara que imponga castigos inmediatos' a los que cometan cualquier tipo de acoso sexual a la mujer, según Mojtar.
El CEDM, además, ha lanzado campañas para luchar contra ese fenómeno.La última de ellas empezó a principios de agosto mediante espacios publicitarios por radio e internet contra el acoso, bajo el lema 'Una calle más segura para todos'.
Otra campaña fue lanzada en mayo pasado por la revista de jóvenes independiente 'Kalimatna' (Nuestra palabra) a través de un grupo que se creó por 'Facebook', que insta a la mujer a que no tenga miedo y a que no permita que se viole su libertad.
'Respétate a ti mismo' es el eslogan de la campaña de 'Kalimatna', que pide al varón que respete a la mujer, y solicita a las familias que sean conscientes del problema.
'Kalimatna' hizo también llamamientos para pedir una nueva legislación contra el acoso porque, como piensa Ostaz, 'si la gente considera el acoso sexual un delito, la mirada del hombre a la mujer en la calle cambiará'.
Terra Actualidad - EFE
Las llamadas por violencia machista superan ya a todas las de 2007
Mi pareja me ha golpeado. Mi marido me insulta. Puedo perder a mis hijos. Estos son algunos de los problemas que las mujeres andaluzas plantean en el teléfono anónimo y gratuito 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Las consultas han subido un 25 % en los primeros seis meses de 2008. Y llama la atención un dato: las cuestiones sobre violencia de género han aumentado vertiginosamente. Durante 2007 fueron atendidas 5.751 llamadas sobre este tipo de violencia. En los primeros seis meses de 2008 ya llevan 5.925.
La directora del Instituto, Soledad Pérez Rodríguez, achaca esta "cifra muy llamativa" al aumento general del servicio y a la "mayor información y concienciación de la mujer".
Un tercer motivo, según la directora, es que el teléfono 016, que atiende a las mujeres a escala nacional, transfiere llamadas al IAM desde principios de este año. "Si la persona que llama es andaluza, nos la pasan", explicó ayer. Efectivamente, desde septiembre de 2007 -cuando se decidió realizar la transferencia- hasta diciembre del mismo año, el 900 andaluz atendió 620 llamadas del 016. "En lo que va de 2008 han sido atendidas 3.057", concretó. "Aún contando con esto, el aumento es muy alto", concluyó Pérez.
Otro hecho llamativo es, para la directora del IAM, que el número de denuncias no ha subido en 2007, a espera de los datos oficiales de 2008. "Esto podría significar que las mujeres están más asesoradas y no se llega a situaciones límite que desembocan en denuncias".
Por provincias
En total, se recibieron 19.749 llamadas desde enero hasta junio. De ellas 15.973 fueron atendidas y resueltas. Sevilla es la primera en número de consultas con 4.633. Le sigue Málaga, con 3.753, Cádiz con 1.733, Córdoba (1.278), Almería (1.077), Jaén (93) y, en último lugar, Huelva (934).
Marzo es el mes en el que las mujeres realizan más consultas. En concreto, 3.254. "Puede deberse a que el 8 de marzo es el Día de la Mujer y se hacen muchas campañas de concienciación", apuntan otras fuentes del IAM.
Las ventajas que ofrece la línea son muchas: Anonimato. Confidencialidad. Gratuidad. Y disponibilidad durante 24 horas los 365 días del año. Se atienden problemas de pareja, se da información general sobre dónde y cuándo acudir para resolver problemas específicos o se ofrece asesoramiento jurídico y psicológico.
En lo que respecta al interlocutor, 10.640 mujeres efectuaron la consulta por problemas personales. Pero en 837 casos fue un allegado el que llamó. Y también se atendió a hombres, en concreto a 1.202. "Sus preguntas no son para ellos mismos sino para ayudar a su hija, esposa, amiga", aclara la directora.
ELPAIS.com
La directora del Instituto, Soledad Pérez Rodríguez, achaca esta "cifra muy llamativa" al aumento general del servicio y a la "mayor información y concienciación de la mujer".
Un tercer motivo, según la directora, es que el teléfono 016, que atiende a las mujeres a escala nacional, transfiere llamadas al IAM desde principios de este año. "Si la persona que llama es andaluza, nos la pasan", explicó ayer. Efectivamente, desde septiembre de 2007 -cuando se decidió realizar la transferencia- hasta diciembre del mismo año, el 900 andaluz atendió 620 llamadas del 016. "En lo que va de 2008 han sido atendidas 3.057", concretó. "Aún contando con esto, el aumento es muy alto", concluyó Pérez.
Otro hecho llamativo es, para la directora del IAM, que el número de denuncias no ha subido en 2007, a espera de los datos oficiales de 2008. "Esto podría significar que las mujeres están más asesoradas y no se llega a situaciones límite que desembocan en denuncias".
Por provincias
En total, se recibieron 19.749 llamadas desde enero hasta junio. De ellas 15.973 fueron atendidas y resueltas. Sevilla es la primera en número de consultas con 4.633. Le sigue Málaga, con 3.753, Cádiz con 1.733, Córdoba (1.278), Almería (1.077), Jaén (93) y, en último lugar, Huelva (934).
Marzo es el mes en el que las mujeres realizan más consultas. En concreto, 3.254. "Puede deberse a que el 8 de marzo es el Día de la Mujer y se hacen muchas campañas de concienciación", apuntan otras fuentes del IAM.
Las ventajas que ofrece la línea son muchas: Anonimato. Confidencialidad. Gratuidad. Y disponibilidad durante 24 horas los 365 días del año. Se atienden problemas de pareja, se da información general sobre dónde y cuándo acudir para resolver problemas específicos o se ofrece asesoramiento jurídico y psicológico.
En lo que respecta al interlocutor, 10.640 mujeres efectuaron la consulta por problemas personales. Pero en 837 casos fue un allegado el que llamó. Y también se atendió a hombres, en concreto a 1.202. "Sus preguntas no son para ellos mismos sino para ayudar a su hija, esposa, amiga", aclara la directora.
ELPAIS.com
La Policía vigila 1.300 órdenes de alejamiento por violencia machista
En Sevilla hay en vigor 1.300 órdenes de alejamiento relacionadas con casos de violencia machista, una cifra que desborda a los agentes del orden encargados de controlarlas. Desde hace un par de semanas, el riesgo que corren esas víctimas se valora de forma más exhaustiva para dar prioridad a los casos de mayor peligro.
Las órdenes de alejamiento han ido creciendo en los últimos años, a medida que aumentaba la concienciación sobre los malos tratos. El 30 de junio había 1.300 en toda la provincia. La cantidad sería inabarcable si todas fueran igual de urgentes, y un cálculo muy por encima apunta por qué: hay unos 2.500 policías nacionales y 2.000 guardias civiles, los cuerpos encargados de vigilarlas, que divididos en tres turnos de trabajo al día suponen unos 1.500 agentes en la calle, pocos más que el número de órdenes incluso si se dedicaran a estas labores todos los efectivos policiales. Y por supuesto, no es así. El Equipo especializado en familia de la Guardia Civil tiene media docena de efectivos, el Servicio de Atención a la Familia de la Policía una decena, y el grupo específico que vigila los alejamientos, una veintena.
El propio subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés, admitía en junio en unas jornadas sobre maltrato que sería “imposible” proteger a las víctimas si todas las que tienen una orden de alejamiento precisaran a un policía pegado a ellas todo el día.
Por eso, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, dentro del espíritu de la Ley Integral contra la Violencia de Género en vigor desde 2005, ha ido dictando instrucciones para evaluar el riesgo de las víctimas, que antes eran leve, medio o grave. Cada uno exige determinadas precauciones, desde llamarlas por teléfono o visitarlas cada cierto tiempo hasta ofrecerles un móvil gratuito que las conecte las 24 horas al policía que sigue su caso o vigilar el entorno en el que la mujer debe moverse, como si se tratara de un guardaespaldas. En una última instrucción, de final de julio, se creó la nueva categoría de riesgo extremo, que ahonda en la necesidad de potenciar la coordinación policial y judicial para proteger a las mujeres que sufren agresiones machistas.
Esa orden, y el nombramiento de una nueva coordinadora de Violencia de Género en la Delegación del Gobierno andaluza, ha impulsado esta forma de evaluar los riesgos de las órdenes de protección, lo que según la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, María José Segarra, “es un instrumento muy interesante que nos sirve muchísimo para saber qué tenemos entre manos, y poder decidir qué medidas hacen falta en cada caso”.
Segarra asegura que este cambio se ha notado en los últimos meses. Sobre su mesa, el ejemplo de una mujer, evaluada el 20 de julio por la Guardia Civil según el protocolo de riesgos que manejan los cuerpos de seguridad. El peligro era alto. Nueve días después, valorada de nuevo como exige ese grado de peligro, el riesgo se había convertido en extremo. Ésa es la mala noticia. La buena es que sobre la mesa de la juez de Violencia y de los fiscales hay ahora un informe cada vez que se produce esta situación, “y es un goteo continuo, de los casos que detectan Policía Nacional y Guardia Civil, que son el referente más cercano para estas mujeres desde el punto de vista de la vigilancia y la protección”.
Segarra destaca que el test con el que se valora qué nivel de custodia necesita cada mujer “está completamente objetivado”, ya que consiste en toda una serie de preguntas tipo, que ponen en valor si el agresor tiene antecedentes o licencia de armas, si es alcohólico o sufre problemas mentales, si ha acosado a la víctima en los últimos meses o si ésta lo ha visto rondando por su casa desde la anterior evaluación. Y al ser automático, es muy rápido hacerlo.
Iria Comesaña
http://www.elcorreodeandalucia.es/
Las órdenes de alejamiento han ido creciendo en los últimos años, a medida que aumentaba la concienciación sobre los malos tratos. El 30 de junio había 1.300 en toda la provincia. La cantidad sería inabarcable si todas fueran igual de urgentes, y un cálculo muy por encima apunta por qué: hay unos 2.500 policías nacionales y 2.000 guardias civiles, los cuerpos encargados de vigilarlas, que divididos en tres turnos de trabajo al día suponen unos 1.500 agentes en la calle, pocos más que el número de órdenes incluso si se dedicaran a estas labores todos los efectivos policiales. Y por supuesto, no es así. El Equipo especializado en familia de la Guardia Civil tiene media docena de efectivos, el Servicio de Atención a la Familia de la Policía una decena, y el grupo específico que vigila los alejamientos, una veintena.
El propio subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés, admitía en junio en unas jornadas sobre maltrato que sería “imposible” proteger a las víctimas si todas las que tienen una orden de alejamiento precisaran a un policía pegado a ellas todo el día.
Por eso, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, dentro del espíritu de la Ley Integral contra la Violencia de Género en vigor desde 2005, ha ido dictando instrucciones para evaluar el riesgo de las víctimas, que antes eran leve, medio o grave. Cada uno exige determinadas precauciones, desde llamarlas por teléfono o visitarlas cada cierto tiempo hasta ofrecerles un móvil gratuito que las conecte las 24 horas al policía que sigue su caso o vigilar el entorno en el que la mujer debe moverse, como si se tratara de un guardaespaldas. En una última instrucción, de final de julio, se creó la nueva categoría de riesgo extremo, que ahonda en la necesidad de potenciar la coordinación policial y judicial para proteger a las mujeres que sufren agresiones machistas.
Esa orden, y el nombramiento de una nueva coordinadora de Violencia de Género en la Delegación del Gobierno andaluza, ha impulsado esta forma de evaluar los riesgos de las órdenes de protección, lo que según la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, María José Segarra, “es un instrumento muy interesante que nos sirve muchísimo para saber qué tenemos entre manos, y poder decidir qué medidas hacen falta en cada caso”.
Segarra asegura que este cambio se ha notado en los últimos meses. Sobre su mesa, el ejemplo de una mujer, evaluada el 20 de julio por la Guardia Civil según el protocolo de riesgos que manejan los cuerpos de seguridad. El peligro era alto. Nueve días después, valorada de nuevo como exige ese grado de peligro, el riesgo se había convertido en extremo. Ésa es la mala noticia. La buena es que sobre la mesa de la juez de Violencia y de los fiscales hay ahora un informe cada vez que se produce esta situación, “y es un goteo continuo, de los casos que detectan Policía Nacional y Guardia Civil, que son el referente más cercano para estas mujeres desde el punto de vista de la vigilancia y la protección”.
Segarra destaca que el test con el que se valora qué nivel de custodia necesita cada mujer “está completamente objetivado”, ya que consiste en toda una serie de preguntas tipo, que ponen en valor si el agresor tiene antecedentes o licencia de armas, si es alcohólico o sufre problemas mentales, si ha acosado a la víctima en los últimos meses o si ésta lo ha visto rondando por su casa desde la anterior evaluación. Y al ser automático, es muy rápido hacerlo.
Iria Comesaña
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