Más de un centenar de alavesas víctimas de la violencia machista viven con medidas de protección

Simulación de una agresión machista.Foto: d.n.a.

de esas 133 mujeres, 97 son españolas y 36 de origen extranjero

Clara Campoamor advierte de que si no exigen a sus ex la pensión compensatoria no cobrarán paga por viudedad

Hay mujeres en Álava que siguen soportando insultos y palizas por miedo al qué pasará si dan el paso y denuncian a su agresor. La sensación de desamparo les persigue a todas, pero al menos hay víctimas de violencia machista en el territorio que pueden sentirse más seguras cuando suena el timbre de casa o bajan a la calle. Según datos ofrecidos por el Gobierno Central, 133 maltratadas de la provincia cuentan en la actualidad con medidas de protección, después de haber tenido la suficiente valentía para hacer pública su pesadilla. Y de todas ellas, la mayoría tiene acento autóctono: 97 son de nacionalidad española y 36 de origen extranjero.

A través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, las mujeres pueden lograr las medidas restrictivas de la libertad de movimientos de sus maltratadores para impedir que se acerquen a ellas, así como las orientadas a proporcionarles seguridad, estabilidad y protección.

En Álava son ya más de un centenar las mujeres que han dado el paso y en Euskadi 943, aunque todavía la cifra no resulta tan llamativa como en otras comunidades, sobre todo por el número total de habitantes. En este triste ranking, se llevan la palma Andalucía, con 8.053 féminas con medidas de protección; Cataluña, con 6.917; y Madrid, con 6.711.

En cualquier caso, la violencia machista sigue maniatando a demasiadas mujeres. La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, explicó ayer que la mayoría de mujeres maltratadas o no solicitan la pensión compensatoria en los procesos de divorcio, o la piden pero no denuncian a su ex marido cuando no la paga. ¿El motivo? Por miedo, para garantizarse "su propia seguridad".

Sin embargo, este gesto puede conllevar una consecuencia poco deseable.

Ruiz advirtió de que, en la actualidad, se está ejecutando un decreto aprobado en la pasada legislatura que recoge que las mujeres separadas y divorciadas que no reclamen la pensión compensatoria no cobrarán pensión de viudas en caso de que se muera el ex marido.

"Por miedo las víctimas de violencia de género no lo denuncian y si se quedan viudas no cobran la pensión de viudedad. Encima de maltratadas, luego no son consideradas viudas", denunció Ruiz, quien recordó que las mujeres, al divorciarse, optan por "quedarse con los hijos y renuncian a la pensión sin saber las consecuencias finales".

Clara Campoamor solicitó al final de la anterior legislatura que el Gobierno central revisara este decreto por ser "contradictorio" a lo recogido en la Ley Integral de Violencia de Género y de Protección a las Mujeres.

"Para proteger sus vidas no las podemos obligar a que presenten denuncia por impago de pensión compensatoria", subrayó Ruiz.

d.n.a./efe

www.noticiasdealava.com

Las mujeres piden un baremo para valorar el maltrato

Exigen que los jueces sigan un criterio único en las indemnizaciones por daños Las asociaciones reclaman con urgencia una mayor formación de los profesionales que asisten a las maltratadas.

Tres años después de la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Fundación Themis de Mujeres Juristas sigue encontrando aspectos mejorables en la lucha contra el maltrato.

Una de las exigencias que plantea es la necesidad de que el Gobierno establezca un baremo de valoración de lesiones y secuelas de las víctimas de la violencia de género, similar al establecido para los afectados por un accidente de tráfico, conforme a los criterios del daño descritos por la Organización Mundial de la Salud.

La presidenta de Themis, Altamira Gonzalo, cree que, con medidas como ésta «se acabaría con la discrecionalidad de los jueces porque no hay criterios para todos los juzgados» a la hora de reparar a las víctimas del maltrato.

La asociación de mujeres, que esta semana ha analizado la eficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género durante sus tres años de aplicación, apuntó la necesidad urgente de que se generalicen las unidades de valoración forense en todo el territorio nacional con profesionales especializados en violencia de género.

Su labor sería la de realizar los informes de evaluación del riesgo de violencia teniendo en cuenta su vulnerabilidad. Medidas urgentes La formación de los profesionales que atienden a las víctimas es, además, otro de los aspectos en los que más inciden las asociaciones de mujeres.

«La aplicación de la ley integral requiere imperativamente incorporar la perspectiva de género en la formación de los operadores jurídicos y profesionales que intervienen en los procesos de cese de la violencia», asegura Themis.

En España hay más de 41.459 mujeres que cuentan con medidas de protección, que en su mayoría se concentran en las comunidades de Andalucía, con 8.053; Cataluña, con 6.917, y Madrid, con 6.711, según los datos del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica hasta el 31 de mayo de este año.

Tras las autonomías que encabezan esta estadística, se sitúan la Comunidad Valenciana (4.984), Canarias (2.558) y Castilla-La Mancha (2.001), informa Efe.

El menor número de órdenes de protección o medidas cautelares se registran en La Rioja (172) y en Cantabria (240).

R. Ruiz
www.larazon.es

Una treintena de mujeres ceutíes víctimas de la violencia machista cuentan con protección

De las 31 que tienen medidas para su seguridad, 26 son españolas

Madrid es la Comunidad con más mujeres extranjeras víctimas de violencia machista que cuentan órdenes de protección: 2.762, lo que representa el 41,16% del total de mujeres con medidas de protección en este ámbito territorial.

Y Ceuta es, proporcionalmente, la comunidad autónoma donde mens mujeres extranjeras reciben protección como vícxtimas de malos tratos por parte de sus parejas o ex parejas.

Así, de las 31 mujeres con órdenes de protección, 26 son españolas y cinco de nacionalidad extranjaera.Andalucía, Cataluña y Madrid encabezan, por ese orden, la estadística, mientras que el menor número de órdenes de protección o medidas cautelares (medidas activas de protección) se registran en La Rioja y en Cantabria, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Del número total de mujeres -41.459- con órdenes de protección en España -41.459-, 29.756 son de nacionalidad española y 11.703 son extranjeras, lo que representa un 28,23 por ciento.Del número total de mujeres con órdenes de protección, 29.756 son de nacionalidad española y 11.703 son extranjeras, lo que representa un 28,23 por ciento.

Las comunidades con un mayor número de mujeres extranjeras con órdenes de protección son las Madrid, con 2.762 (un 41,16 por ciento), y Cataluña, con 2.242 (un 32,41 por ciento).

Estos datos son del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica hasta el 31 de mayo de este año, según la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por la diputada popular Susana Camarero.

www.diariosur.es

Presidente Chávez contra la violencia hacia las mujeres

Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, firmó su adhesión a la Campaña Di NO a la violencia contra las mujeres", del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

Es el primer presidente latinoamericano en firmar la Campaña "Di NO a la violencia contra las mujeres.

Hugo Chávez, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, firmó su adhesión a la Campaña "Di NO a la violencia contra las mujeres", creada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, como un esfuerzo mundial para demostrar que existe un movimiento cada vez mayor de personas que alzan su voz para que la eliminación de la violencia contra las mujeres sea una prioridad.

El significado de esta firma, que se suma a la de otros presidentes, parlamentarios y líderes del mundo, es el compromiso político de enfrentar la violencia contra las mujeres como una prioridad para su gobierno, pues es un impedimento para el desarrollo y una violación permanente de los derechos humanos de mujeres de todas las edades.

En ocasión de su firma como adherente a la campaña impulsada por UNIFEM y apoyada por otros organismos de Naciones Unidas, ocurrida anoche, en la ciudad de Latacunga, 89 kms al sur de Quito, el presidente Chávez ratificó su compromiso de luchar para erradicar la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad entre hombres y mujeres, en Venezuela.

Agencias/ Insurrectasypunto Para Kaos en la Red

www.kaosenlared.net

328 leonesas cuentan con medidas de protección para evitar posibles casos de violencia doméstica

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia la escasez de medios para garantizar su seguridad

Un total de 328 mujeres cuentan en la provincia de León con medidas de protección según los datos del registro central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica. En el caso de León, y según los citados datos, 279 de las 328 mujeres son de nacionalidad española, mientras que 49 son de nacionalidad extranjera.
León se convierte así en la tercera provincia de la Comunidad por mayor número de casos por detrás de Valladolid (con 509 mujeres y Burgos, con 352).

La provincia con menor número de mujeres con medidas de protección en el caso de Castilla y León es Soria, con 58 mujeres.


Sin embargo el elevado número de casos en la provincia de León parece chocar con la escasez de medios con los que se cuenta para luchar contra la violencia doméstica.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado recientemente la "saturación" de servicios al advertir que, por ejemplo, en la lucha contra la violencia de género hay policías que tienen bajo su control hasta 70 mujeres, lo que imposibilita que se garantice su seguridad de forma plena.

Según Eusebio López, responsable del SUPL, no tiene sentido que se promueva legislación para la protección de las mujeres maltratadas pero que no se cuente con medios suficientes para proporcionarles una protección eficaz.

Pendientes de nuevos juzgados
Además León sigue pendiente de la creación de juzgados específicos de Violencia de Género en la provincia. Recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, aseguró que era necesaria la creación de estos juzgados ante el elevado número de casos.

Según Concepción, la vía judicial es quizá "la medida más importante" frente a la violencia de género y debe de activarse. Por ello, recalcó recientemente, que la lucha contra esta lacra demanda un incremento de juzgados.

Pacto Social
Hace unas fechas más de 130 entidades e instituciones que representan a toda la sociedad de Castilla y León firmaron el Pacto Social contra la Violencia de Género que pretende erradicar cualquier tipo de manifestación de la violencia hacia las mujeres.

leonoticias.com

Casi 2.000 sevillanas necesitan protección contra la violencia doméstica

Sevilla es una de las provincias españolas que cuenta con más mujeres a las que se les prestan medidas de protección frente a la violencia machista, ya que suma 1.941 casos, 1.773 de ellas españolas y los 168 restantes, de nacionalidad extranjera.

En España hay 41.459 mujeres que cuentan con medidas de protección, que en su mayoría se concentran en las comunidades de Andalucía, con 8.053; Cataluña, con 6.917, y Madrid, con 6.711.

Estos datos son del Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica hasta el 31 de mayo de este año, según la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por la diputada popular Susana Camarero.

Tras las autonomías que encabezan esta estadística, se sitúan la Comunidad Valenciana (4.984), Canarias (2.558) y Castilla-La Mancha (2.001).

El menor número de órdenes de protección o medidas cautelares (medidas activas de protección) se registran en La Rioja (172) y en Cantabria (240), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 31 y 35, respectivamente.

Del número total de mujeres con órdenes de protección, 29.756 son de nacionalidad española y 11.703 son extranjeras, lo que representa un 28,23 por ciento.

Las comunidades con un mayor número de mujeres extranjeras con órdenes de protección son las Madrid, con 2.762 (un 41,16 por ciento), y Cataluña, con 2.242 (un 32,41 por ciento).

www.abcdesevilla.es

Año y medio de cárcel para un hombre que clavó un cuchillo a su mujer

También la propinó una paliza con un palo tras enfadarse con ella porque recibió una llamada telefónica

El Juzgado de lo Penal número Uno de Santander ha condenado a un total de dieciocho meses de prisión por dos delitos de violencia de género a un hombre que clavó un cuchillo en las piernas a su mujer y después la propinó una paliza con un palo, causándola numerosas lesiones. La sentencia impide también al condenado aproximarse a la víctima o comunicarse con ella durante un año y 9 meses.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 30 de septiembre de 2008, cuando el acusado, David G.C., viajaba en el coche con su esposa de regreso de Castellón. La mujer recibió una llamada de teléfono, lo que motivó que el marido se enfadara con ella y la preguntara quién la había llamado.

A continuación, sacó de la guantera un cuchillo, se lo colocó en el cuello y le dijo que se lo iba a cortar, clavándoselo finalmente en las piernas, a la vez que la golpeaba.

Al llegar al domicilio familiar, en la localidad de Revilla de Camargo, el hombre propinó una paliza a su esposa con un palo de madera que terminó rompiéndole en el cuerpo.

Como consecuencia de las agresiones la víctima sufrió hematomas múltiples en los miembros superiores e inferiores, heridas puntiformes superficiales, herida longitudinal en el codo, alopecia en el cuero cabelludo y perforación del tímpano del oído izquierdo.

La mujer ha renunciado a ejercer acciones penales y civiles contra el agresor, y también a ser reconocida por el médico forense adscrito al Juzgado. Fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Uno de Santander el que prohibió en un auto de 2 de octubre que el marido se aproximara o comunicara con su esposa hasta que hubiera resolución judicial.

En el juicio oral el acusado reconoció los hechos y manifestó su conformidad con la pena solicitada. La sentencia suspende por el plazo de tres años la ejecución de la pena de prisión impuesta, quedando condicionada a que no vuelva a delinquir en dicho plazo.

www.eldiariomontanes.es

Sólo la condena de la violencia machista logra unanimidad en el Pleno municipal

Sólo una declaración institucional para manifestar la «más enérgica repulsa y condena» del Ayuntamiento ante víctimas de violencia machista en Madrid logró ayer la unanimidad de PP, PSOE e IU en el Pleno de ayer, que estuvo marcado por la confrontación en materia económica y ambiental.

El debate más encendido del Pleno municipal, en el que los concejales cambiaron su desayuno tradicional de tortilla por productos de comercio justo, lo han suscitado los parquímetros. El Ejecutivo municipal (PP) se ha negado a retirar los parquímetros de los barrios de la periferia, como pidió el presidente del grupo socialista, Oscar Iglesias, en cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Y es que el delegado de Movilidad, Pedro Calvo, ha defendido que la sentencia «no es firme y, por tanto, no es ejecutable», algo que el alcalde ha apoyado desde la presidencia del Pleno, desde donde ha intervenido, excepcionalmente, para recordar que el PP ganó votos en los barrios objeto de la ampliación del SER en las últimas elecciones.

Aunque para «acalorado», el debate que mantuvieron la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, y la portavoz de IU en esta materia, Raquel López. Botella le dijo a López que «no debe dar lecciones medioambientales porque los países que han estado en su órbita de pensamiento han tenido auténticos desastres medioambientales».

Otro de los puntos más polémicos que el PP sacó ayer adelante en el Pleno haciendo uso de su mayoría absoluta ha sido la construcción de un aparcamiento en un espacio libre de la parcela del colegio religioso concertado Santo Domingo Savio, en Pueblo Nuevo.

Las denuncias por violencia machista en Menorca bajan un 20% en dos años

Javier Tejero y Beatriz Rodríguez aportaron los datos sobre malos tratos . Foto: T.M.

Las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar han bajado un 20% en los dos últimos años en Menorca. Si en septiembre de 2006 había una media de 221 querellas anuales, en septiembre de este año la tasa se situó en 176. Se trata de un descenso que ya se detectó en el mismo mes de 2007 cuando el índice estaba en 191. Lo anunció ayer el director insular de la Administración General del Estado, Javier Tejero, acompañado de la responsable de la Unidad de Violencia de Género, Beatriz Rodríguez.

«Mirando los datos así, se ve una evolución positiva que quiero pensar que obedece a las medidas adoptadas. Pero esto no quita que aún tenemos una denuncia cada dos días. Es una cifra alta» explicó el representante del Gobierno central.

Tejero señaló que la mayoría de esas acusaciones ante la Guardia Civil y la policía Nacional son por malos tratos físicos. Explicó que no se puede definir un perfil ni de los agresores ni de las víctimas «ya que pertenecen a todas las capas sociales y nacionalidades». Lo que sí remarcó el director insular es que mientras la mayoría de mujeres que padecen los actos violentos, un 60%, son extranjeras por un 40% de españolas, en el caso de los agresores las cifras se invierten. Un 55% de los de los presuntos delincuentes son del país mientras que un 45% nacieron en otro estado.

Javier Tejero también rehusó fijar un periodo en el que se detecten más casos de violencia de género aunque se constata que en los meses de verano se interponen más denuncias. Tejero explicó que la razón estriba en el incremento de población en la Isla en temporada alta aunque Beatriz Rodríguez añadió que «es en los meses de mayor convivencia de la pareja cuando se dan este tipo de delitos y el periodo vacacional es uno de ellos».

Rodríguez lamentó que tienen constancia que no todas las mujeres que sufren malos tratos presentan la correspondiente denuncia. «Hay personas que acuden al Centre Asesor de la Dona por esta causa pero luego no van a la policía por lo que no podemos actuar» explicó.
En Menorca hay en la actualidad 134 órdenes de protección vigentes para evitar que un maltratador pueda seguir hostigando a sus víctimas. Esto implica que hay otras tantas órdenes de alejamiento para los presuntos agresores. Según Javier Tejero es una cifra casi idéntica a la del año anterior.

En la Isla hay tres policías y dos guardias civiles que se encargan de este servicio. Realizan un seguimiento de maltratadas y maltratadores para evitar nuevos conflictos. Los cuerpos de seguridad realizan una valoración del riesgo de cada persona en particular. En Menorca destaca un caso que se dio en octubre y que se calificó de «riesgo extremo», el más alto existente. Esto motivó un control pormenorizado de todos los implicados hasta que una nueva valoración determinó que el riesgo real era inferior al que se había previsto en un primer momento.

J. R./J. P. F.

www.ultimahora.es

Arrestado por un delito de violencia machista y otro de atentado a agentes de la autoridad

La Policía Local de Santa Eulària ha arrestado a un hombre de 35 años y nacionalidad ucraniana acusado de un delito de violencia machista sobre su pareja, cuyas circunstancias no fueron concretadas.

Según fuentes policiales, sobre las 17,40 horas del jueves recibieron una llamada por un supuesto caso de violencia en la zona de Can Bella. Al llegar, observaron a un hombre que se disponía a abandonar el lugar en un coche y le dieron el alto para identificarle.

En ese momento, se presentó una mujer que relató que ese hombre, R. L., que era su pareja, la había agredido momentos antes y manifestó su intención de denunciarle.Los agentes informaron a R. L. de que iba a ser arrestado y éste «se resistió activamente a su detención».

Finalmente, el hom-bre quedó detenido por dos delitos, uno de violencia sobre la mujer y otro de atentado a agentes de la autoridad.

www.diariodeibiza.es

La fiscal de violencia de género cuestiona el alejamiento forzoso de los maltratadores

Tres años después de la entrada en vigor de la ley contra la violencia machista el alejamiento obligatorio del agresor cuando ha sido condenado sigue revelándose como uno de los puntos de posible modificación.

La fiscal para la violencia de género, Soledad Cazorla, criticó ayer que, en algunos casos, esta medida resulta "inoperante" y pidió que les concedan "un poco de margen" para que no siempre haya que recurrir a ello. "No estoy en contra de la medida, pero sí de que siempre sea obligatorio".

De modo parecido se expresó la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid María Tardón, quien dijo haberse encontrado en varias ocasiones episodios esporádicos de violencia que luego se superan para los que sería más eficaz "emitir sentencias con ciertas condiciones que permitan a la pareja reanudar su convivencia".

Pero este asunto permanece atascado porque no se logra un acuerdo general. Altamira Gonzalo, la presidenta de la Fundación Themis, de mujeres juristas, no cree que sea el momento de rebajar la protección de las víctimas aun cuando ellas mismas consideren que están fuera de riesgo.

El alejamiento forzoso ha sido uno de los puntos centrales del debate generado durante dos días en Madrid en unas jornadas de reflexión organizadas por la Fundación Themis para analizar el funcionamiento de esta ley. Reflexiones se han escuchado muchas. En ellas, y de forma reiterada, sobre otro asunto polémico en los tribunales que juzgan las agresiones machistas: la dispensa a la que pueden acogerse las mujeres para no declarar contra su pareja a la que denunciaron días antes.

Cuando eso ocurre, el proceso pierde una prueba fundamental, que a veces es la única porque la agresión ha ocurrido en la intimidad, sin testigos. A Soledad Cazorla le resulta "incomprensible" que en estos delitos pueda utilizarse esta dispensa, porque la mujer es también la víctima. En este punto tampoco hay unanimidad.

Todas coincidieron, sin embargo, en que siguen faltando medios para aplicar esta ley. La fiscal afirmó que siguen teniendo "los mismos problemas jurídicos que tenían hace tres años" e insistió en la incidencia superior de esta violencia en la población inmigrante, la falta de formación de las distintas personas que intervienen en estos procesos y la necesidad de evaluar con precisión el riesgo que corre la víctima para protegerla adecuadamente. Gonzalo se empleó para desmontar la idea de que las mujeres presentan falsas denuncias. El 72% de las resoluciones han sido condenatorias y eso no significa que el resto fueran denuncias falsas, sino que no hubo suficientes pruebas.

CARMEN MORÁN
www.elpais.com

La polémica sobre EpC, un freno a la ley contra la violencia doméstica

Durante esta semana se ha celebrado en Madrid un Congreso que ha analizado los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Según reconoció María Durán Ferrer, encargada de la primera ponencia del Congreso, la Ley se sustenta en tres pilares: "Los derechos de las mujeres que son víctimas, las medidas penales y judiciales contra los agresores y las medidas dirigidas a modificar la estructura patriarcal de la sociedad, como aquellas que vigilan la publicidad discriminatoria o determinan la obligatoriedad de ciertos contenidos sobre igualdad de género en la Educación".

Precisamente, la erradicación de la violencia de género a través de la Educación ha sido abordada durante el Congreso, con la intervención de Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del Estado. Carmen Maestro ha mostrado su alarma por los datos preliminares de un informe del Observatorio Estatal de la Convivencia, en el que se aprecia que el 7,3% del alumnado percibe que "el hombre que parece agresivo es más atractivo" (el porcentaje aumenta si sólo se tiene en cuenta a las chicas). La presidenta del Consejo considera que estos datos son uno de los síntomas de la necesidad de prevenir actitudes que puedan acabar convirtiéndose en episodios de violencia doméstica.

Cómo puede combatirse la violencia de género desde las escuelas? La Ley Integral dedica el capítulo primero del título primero a las medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género en el ámbito educativo. En este apartado, se prevén algunas medidas de carácter orientativo, como la necesidad de formar en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, así como otras de contenido más práctico, como la participación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres en el Consejo Escolar del Estado, o la actuación vigilante de la inspección educativa. Estas últimas medidas ya se están llevando a cabo, aunque el gran instrumento en el que confían los profesionales es el desarrollo de la asignatura de Educación a la Ciudadanía, que obliga a abordar la violencia de género entre sus contenidos.

"Hasta ahora, el tratamiento de la igualdad de género en la escuela se había dejado al albur de la sensibilidad de los diferentes centros y tutores. Con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el tema de la igualdad de géneros se convierte en algo obligatorio, lo que provoca que todos los niños tengan igual acceso al tratamiento de estos temas".


Es la opinión de Carmen Rodríguez Méndez, autora de 'La configuración del género en los procesos de socialización' y subdirectora del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

Hemos acudido a uno de los textos de 'Educación para la Ciudadanía' que circulan por las librerías (concretamente, el de la editorial edebé) para saber cómo se aborda la violencia de género. De las 104 páginas que componen el texto, un par de ellas aparecen bajo el siguiente epígrafe: "Una vulneración de los derechos humanos: la violencia doméstica". En él se define la violencia doméstica, tanto física como psicológica, se ofrecen sendos testimonios, así como una clasificación con aquellas situaciones que favorecen la violencia doméstica.

Por último, se plantean una serie de ejercicios, como el de identificar las causas de la violencia doméstica que se ocultan tras los dos testimonios, o el de plantear un debate en clase sobre las tradiciones culturales de los pueblos que amparan la violencia, como aquellos en los que se practica la mutilación genital femenina.

Sin embargo, la aplicación de la Ley Integral en materia de educación está chocando frontalmente con los problemas que arrastra la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Una polémica artificial que está robándonos muchas horas", según dijo Carmen Maestro durante el Congreso. Lo cierto es que, al margen del caso de la Comunidad Valenciana y su enseñanza en inglés, la polémica sigue tan encendida como siempre.

Ayer se conoció la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio de Educación contra la Comunidad de Madrid por el desarrollo de los contenidos de la educación primaria, entre los que se contaban algunos puntos referentes a la polémica asignatura. Uno de los puntos del recurso aseguraba que la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre estaba infringiendo tanto la Ley Orgánica de la Educación como la Ley Integral en cuanto a sus mandatos para la erradicación de la violencia de género. Aunque el TSJM ha considerado que no existe tal vulneración, el Ministerio ha recurrido de nuevo el desarrollo normativo, en esta ocasión, ante el Tribunal Supremo.

Esta sentencia (consúltala, en pdf), algo subida de tono, ha aumentado la tensión entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid, que hoy se han embarcado en un cruce de declaraciones sobre estas cuestiones. Por un lado, Aguirre ha afirmado que lo único que trata su Comunidad es sustituir las "valoraciones morales" de algunos "manuales manipuladores" por los preceptos constitucionales.

Mientras, fuentes ministeriales han respondido a unas declaraciones de Aguirre sobre la objeción a EpC asegurando que "Esperanza Aguirre se ha equivocado y confiamos en que sus asesores la informen mejor".

Toda esta polémica está perjudicando seriamente el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, según coincidía un gran número de las asistentes al Congreso sobre los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, organizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

www.soitu.es

themis pide al gobierno que haya unidades de valoración forense de violencia de género en toda espana

La Fundación Themis de Mujeres Juristas, que ha celebrado un congreso sobre la Ley contra la Violencia de Género en el Senado, pidió hoy que haya unidades de valoración forense de violencia de género en toda España.

"Es urgente generalizar las unidades de valoración forense integral en todo el territorio nacional, integrada por profesionales especializados en violencia de género y que, con independencia de la valoración de la amenaza que realizan actualmente los cuerpos y fuerzas de seguridad, tenga a su cargo la realización de los informes de evaluación del riesgo de violencia, que tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima", sostiene Themis en un comunicado.

Otra de las conclusiones del citado congreso es instar al Gobierno para que "apruebe un baremo de valoración de las lesiones y secuelas de las víctimas de violencia de género, atendiendo a los criterios del daño descritos por la OMS.

Asimismo, Themis cree que es necesario que se incorpore "la perspectiva de género en la formación de los operadores jurídicos y profesionales que intervienen en los procesos de cese de la violencia" y que la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia de género tenga carácter universal".

"La eficacia de la protección jurídica y social a las víctimas de violencia de género debe garantizar que ninguna mujer que haya denunciado sea asesinada", concluye el comunicado.

(SERVIMEDIA)
ecodiario.eleconomista.es

Denuncia periodista a alcalde varacruzano por acoso sexual

Asegura la comunicadora Yolanda Margarita Rovelo Silias que el munícipe de Alvarado que fue despedida porque no accedió a las peticiones del funcionario y ex jefe suyo

El alcalde panista de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia en la entidad por los delitos de acoso sexual y amenazas de muerte, en agravio de la periodista Yolanda Margarita Rovelo Silias, quien labora en un medio electrónico local.

Rovelo no descarta acudir ante la Legislatura Local para exigir el fuero del munícipe, a fin de que encare los procesos que pesan en su contra, incluyendo el de presunta complicidad en secuestro, delito tipificado como grave en el Código Penal del Estado.

Bajo el expediente 1127/2008/II, el edil deberá enfrentar los cargos interpuestos por la periodista Rovelo Silias, además del que ya encara, el más delicado, por presuntos nexos con una banda de secuestradores que venía operando en la demarcación que gobierna, juicio en el que se ha presentado a declarar de manera discreta, prácticamente a escondidas.

Ruiz Rosas es familiar directo del primer comandante de la Policía Municipal de Alvarado, hoy destituido y encarcelado, quien vendía —con su supuesta venia— protección a la banda que secuestró al empresario Juan Carlos Mata, rescatado sano y salvo por agentes federales y estatales.

Asimismo, el panista, conocido por sus arranques de ira y violencia, ha enfrentado procesos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por portación ilegal de arma de fuego y posesión de cocaína.

Ante la Procuraduría estatal, Bogar ha sido demandado por lesiones y amenazas por ciudadanos y políticos de Alvarado, incluyendo de su partido Acción Nacional.

De nueva cuenta fue demandado esta semana por la periodista Yolanda Rovelo Silias, quien lo señala de acosarla sexualmente desde el mes de enero, cuando entró en funciones como alcalde y ella, como su directora de Comunicación Social.

La denunciante informó que durante las horas laborales Rosas Ruiz se le acercaba para hacerle proposiciones indecorosas, y la presionaba constantemente con despedirla si no accedía a sus pretensiones.

Al no poder saciar sus instintos, el alcalde decidió despedirla el 22 de septiembre pasado, sin explicación alguna y sin liquidación, como lo estipula la ley.

Rovelo Silas dijo que al quedar sin trabajo, retomó su oficio en un medio electrónico local, llamado Proyectos Políticos, cubriendo la información general.

En su labor como periodista, Yolanda ha criticado la gestión del munícipe alvaradeño, lo que originó su enojo.

“Durante la reunión sostenida entre autoridades del Banco Mundial, del estado y municipio, celebrada este miércoles, Bogar se me acercó por detrás y en tono bajo me amenazó: ya bájale de huevos, porque recuerda que tú no eres de acá de Alvarado y puedo mandar a desaparecerte o matarte”.

La reportera, originaria de Chiapas pero avecindada en Alvarado, se alarmó ante la amenaza velada, por lo que acudió a la Subprocuraduría General de Justicia a interponer la denuncia correspondiente, bajo el expediente 1127/2008/II.

La fémina admitió sentir mucho temor a las represalias, ya que Ruiz Rosas tiene antecedentes en cuanto a violencia hacia mujeres, como ocurrió en el 2004.

En esa ocasión, siendo integrante del Comité Municipal del PAN, Bogar Ruiz agredió salvajemente a una mujer, prima del entonces alcalde Pedro Delfín Almeida, durante una convención local panista.

Érick Viveros
www.eluniversal.com.mx

La Comunidad acometerá "inmediatamente" la construcción de un Juzgado de violencia de género si lo aprueba el Ministerio

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, aseguró hoy que el Gobierno regional pondrá en marcha "inmediatamente" la construcción de un nuevo Juzgado de violencia de género en la región, en respuesta a las deficiencias expresadas en este sentido por el Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix.

Durante el acto de apertura del Año Judicial en Madrid, Moix avisó de que el actual desajuste en la dotación de medios destinados a la Justicia madrileña, especialmente en lo que se refiere a violencia de género, podría desembocar en "una futura tragedia", si bien se mostró convencido de que los competentes en adoptar las medidas imprescindibles para solucionar estas carencias, "pondrán todo su empeño" en revertir la dramática situación que afrontan los tribunales de la región.

Durante la presentación de un convenio para la construcción de cuatro nuevos palacios de Justicia en la Comunidad, Granados señaló que del informe presentado ayer por Moix y por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier María Casas, se desprende la necesidad de la creación de un juzgado de guardia sobre violencia machista en las tardes y noches por la "importante carga de trabajo que soportan".

"Estamos a disposición del Ministerio de Justicia, que es el que tiene que crear un segundo juzgado de guardia, y cuando así lo decida, lo pondremos en marcha inmediatamente", agregó el consejero, que ya ayer señaló que la aprobación podría darse "incluso la semana que viene".

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Igualdad retira a 2 mujeres de la estadística de muertes violencia machista

El Ministerio de Igualdad ha confirmado hoy la retirada de dos mujeres de la estadística de muertes por violencia machista, con lo que el cómputo total en lo que va de año se eleva a 53, mientras cinco casos siguen en investigación.

Una de las mujeres que hasta la fecha engrosaba la mencionada contabilidad falleció el pasado 12 de mayo en Benidorm (Alicante), quien -según han constatado ahora las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- se suicidó precipitándose desde el balcón de su vivienda.

Se daba la circunstancia de que su marido ya había cumplido una condena anterior por violencia machista sobre la fallecida y contra quien esta última había puesto una denuncia por presuntos malos tratos el 27 de abril de 2008.

El segundo caso retirado es el de una rusa muerta el pasado 6 de agosto en Barcelona, quien cayó desde un tercer piso.
Los Mossos d Esquadra han descartado de que se trate de violencia machista y barajan la hipótesis de un suicidio, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Igualdad.

Terra Actualidad - EFE

Un empleado del Concello de Padrón denuncia al gobierno por acoso laboral

El concejal del Partido Popular de Padrón, Antonio Fernández, pidió ayer en la sesión plenaria ordinaria, explicaciones al gobierno local que encabeza el socialista Camilo Forján (en coalición con el partido independiente CIPA de Eloy Rodríguez), acerca de una denuncia formal presentada por un trabajador del Concello y el sindicato CIG contra el ejecutivo por un supuesto acoso laboral.

Dicha protesta fue registrada en el Concello el pasado 21 de octubre y en ella, el trabajador, administrativo municipal, denuncia trato vejatorio y humillaciones que presuntamente le habría proferido el concejal encargado de personal, José Bentrón.

Esta situación habría sido la causa de la baja por estrés y ansiedad que afecta actualmente al empleado padronés. Desde el ejecutivo, Bentrón respondió a Fernández que el primer paso a seguir en una problemática como esta, "que no es en el salón de plenos donde debe tratarse ya que de este modo sólo se enturbia la situación", es una reunión a tres bandas entre afectado, gobierno y sindicatos, "que se celebrará de hecho mañana por la mañana" (por hoy).

Tras esta reunión se tomarán, según el regidor, las medidas pertinentes. El PG, vapuleado Por otra parte, el pleno de ayer vivió otro de sus momentos de mayor tensión dialéctica con la propuesta del representante del Partido Galeguista, Anxo Rodríguez, de rebajar en un 5% los salarios de los cuatro concejales del grupo de gobierno con sueldo del Concello así como las dietas por asistencia a plenos y comisiones de todos los miembros de la Corporación.

La moción fue rechazada por todos los demás grupos de la Corporación (PSOE, CIPA y PP), que criticaron además duramente a Rodríguez por su propuesta. "Usted hace demagogia equiparando la rebaja del único sueldo de cuatro ediles del gobierno con la de las dietas que el resto de concejales cobran a mayores de su salario", criticó Forján.

Desde el BNG advirtieron al PG que "entonces reconoceríamos que se les aprobó un sueldo sobrevalorado" y el PP lo acusó de "buscar el titular".

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El polémico proyecto de mobbing y acoso laboral sigue “durmiendo” en el Senado/Buenos Aires

A casi un año de haber logrado media sanción en Diputados, la iniciativa está “congelada” y sin tratamiento en la Cámara alta. Ante la cantidad de reclamos judiciales, especialistas afirman que resultaría conveniente regular esa figura. ¿Por qué se demora su discusión? ¿Qué dice el proyecto?

El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.

Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.

Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.

El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.

Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores.

Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados. Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.

El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.

La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.

La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.

De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.

Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.

El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.

No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.

De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.

Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".

Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.

Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.

También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.

Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.

Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.

Matías Debarbieri© iProfesional.com
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El Senado aprueba dos mociones para la creación de juzgados de violencia de género

La Comisión de Justicia del Senado ha aprobado hoy una moción del BNG en la que pedía la creación, este año, de juzgados exclusivos para atender las denuncias por violencia de género en los partidos judiciales de Ourense, Lugo y Ferrol.

La iniciativa ha contado con el respaldo del PP, la Entesa Catalana de Progrès y el BNG, mientras que el PSOE se ha abstenido.

El senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza, ha explicado a EFE que no han aceptado la enmienda a su iniciativa presentada por el PSOE "por generalista", ya que "hablaba de impulsar nuevos juzgados de violencia en Galicia pero no concretaba ni cuándo ni cómo".

Según ha destacado Pérez Bouza, en Galicia existe la "pretensión unánime", de que es necesario crear dichos juzgados de violencia de género.

A juicio del senador del BNG, las víctimas de la violencia de género pueden llegar a no denunciar si perciben que "no van a tener una atención especializada y rápida", y ha recordado que estos casos no son posible llevarlos a cabo en los juzgados de instrucción dado la carga que tienen con todas las causas de la justicia ordinaria.

En la defensa de su moción, Pérez Bouza ha recordado que la ley sobre los juzgados de violencia sobre la mujer establece que el ámbito territorial de estos juzgados será el partido judicial, aunque "excepcionalmente podrán extender su jurisdicción a dos o más partidos de la misma provincia".

A pesar de ello, ha continuado, el borrador del Ministerio de Justicia para el año próximo no contempla la existencia en Galicia de ningún juzgado de violencia sobre la mujer que no tenga carácter comarcal, por lo que en Galicia "la excepción se va convertir en regla general".

Ha recordado que los dos únicos juzgados exclusivos que existen en la actualidad extenderán su jurisdicción a los partidos limítrofes y los dos nuevos que se prevé crear en Pontevedra y Santiago tendrán también carácter comarcal.

Para el BNG, la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer "no es la mejor solución" y "lo más grave" es que los gallegos seguirán sin disponer de juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos.

Pérez Bouza se ha referido al acuerdo unánime del Parlamento de Galicia que reclamaba del Gobierno la inmediata creación de unidades judiciales exclusivas para atender la violencia de género en los partidos judiciales de Ourense, Santiago, Pontevedra, Lugo y Ferrol.

La propuesta del Ministerio es para el BNG, además de irreflexiva, carente del más mínimo rigor, ya que obvia la creación de juzgados exclusivos de violencia, comarcalizados o no, en Ourense, Lugo y Ferrol, sin tener en cuenta la carga de trabajo y la situación de los juzgados de instrucción de estos partidos judiciales, que están asumiendo estas funciones.

Pérez Bouza ha agregado que el juzgado de instrucción número 3 de Ourense con competencia en materia de violencia sobre la mujer registró una entrada de 6.326 asuntos por lo que, "a pesar del gran esfuerzo de los funcionarios y de las medidas de refuerzo" de la Xunta, hubo 1.929 procedimientos, frente a los 1.290 que tenía a comienzos del año 2007, y en parecida situación está el juzgado de instrucción número 3 de Lugo.

El PP también
La Comisión de Justicia del Senado también aprobó hoy otra iniciativa del PP que pedía la creación en Santiago de un juzgado especializado para los delitos de violencia contra las mujeres, una nueva sección de la Audiencia Provincial y un juzgado de lo mercantil.

La moción ha sido aprobada por 13 votos a favor, y ha contado con 10 abstenciones del PSOE.La senadora popular María Jesús Sainz, que ha defendido la iniciativa, ha resaltado la necesidad de crear un juzgado especializado contra la violencia de género, ya que ha señalado que los juzgados de Santiago están "saturados y de manera especial el de instrucción que se encarga de la violencia contra las mujeres", y la resolución de los asuntos conllevan un retraso de más de un año.Asimismo, Sainz ha defendido la asignación a Santiago de una nueva sección de la Audiencia Provincial, porque la única existente acumula retrasos de dieciséis a dieciocho meses, cuando la media de las demás secciones de toda Galicia está en seis meses, en la tramitación de los asuntos de apelaciones de procedimientos civiles, y ello está causando perjuicios a muchos ciudadanos.

Por último, el PP, como en anteriores ocasiones ha reclamado, la creación también en Santiago de un juzgado de lo Mercantil, y lo ha justificado no sólo en que el único que existe en la provincia de A Coruña está actualmente colapsado, sino porque su creación es una necesidad y supone una asignatura pendiente del Gobierno, al haberlo prometido en reiteradas ocasiones.

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Moix admite que la sección de violencia sobre la mujer está desbordada

SEGÚN RECONOCE EL FISCAL SUPERIOR DE MADRID

El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha reconocido este jueves que la sección de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid está "absolutamente desbordada" por el "ingente" volumen de asuntos que deben tramitar los jugados especializados en esta materia.

En un discurso pronunciado en el acto de apertura de los tribunales celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Moix ha asegurado que las cifras de procedimientos y actuaciones judiciales "superan con mucho" la capacidad de actuación de los 10 Jugados de Violencia que hay en la capital actualmente, lo que hace que la Fiscalía se vea "incapaz" de actuar con "agilidad".

En 2007 se produjo un incremento de un 10,14 por ciento en este tipo de procedimientos, ya que se pasó de 13.128 casos en 2006 a 14.609, ha indicado el fiscal superior, que ha precisado que el 60,41 por ciento de los agresores fueron extranjeros al igual que el 55,82 por ciento de las víctimas.

Desde el Ministerio Público, ha subrayado Moix, se ha realizado un "esfuerzo ingente" para paliar esta "dramática" situación y por ello se ha incrementado la sección hasta en 17 fiscales, si bien, ha recalcado, hacen falta al tres más y un mínimo de dos funcionarios,a sí como aumentar el número de juzgados y establecer un servicio de guardia en ellos.

Moix ha detallado que del 8 al 24 de septiembre entraron un total de 434 asuntos para ser resueltos por lo que sería el juzgado en funciones de guardia, lo que supone que la media de procedimientos que tendría que resolver sería de 33,3 asuntos.

"Basta el más elemental sentido común para comprender la imposibilidad de que un juzgado asuma la tramitación de tal número de causas", ha añadido el fiscal superior al insistir en que es una "necesidad ineludible" e "inaplazable" la puesta en funcionamiento de un servicio de guardia.

Un mínimo de dos juzgados y dos fiscales
Con las cifras actuales, Moix se ha aventurado a calcular que sería necesario establecer un mínimo de dos jugados y de dos fiscales cada día en funciones de guardia.
"Todavía estamos a tiempo de evitar que un desajuste en la dotación de medios pudiera servir de detonante de una futura tragedia"B, ha aseverado.

Moix también ha puesto de manifiesto que durante 2007 la delincuencia de adultos aumentó en un 5,71 por ciento -frente al 2,94 por ciento del año anterior-, mientras que las infracciones penales cometidas por menores disminuyeron en un 2,26 por ciento -se pasó de 9.045 delitos en 2006 a 8.840 en 2007-.

El presidente del TSJM, Javier María Casas, también ha intervenido en el acto y ha hecho hincapié en los momentos "delicados y difíciles" que atraviesa actualmente la Administración de Justicia, en la que, ha dicho, los jueces y magistrados, "preparados, dedicados, independientes y honestos", están sometidos a una "extraordinaria presión de trabajo".

Para Casas, esta situación, agravada por la "deficiente" organización de la oficina judicial y por la "generalizada" insuficiencia de medios, ha sido el detonante para que jueces y secretarios judiciales hayan tenido que "recabar públicamente la atención de los poderes públicos y de los ciudadanos", en referencia a las protestas por las consecuencias del "caso Mari Luz".

El objetivo de sus reivindicaciones -entre ellas, garantizar su independencia, ha precisado Casas- ha sido que se "tome conciencia de las gravedad de la situación para que le pongan remedio", unas demandas "sustancialmente coincidentes" con el nuevo Consejo General del Poder Judicial y con la dirección "hacia la que camina" el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid.

Al acto han acudido, entre otros, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior madrileño, Francisco Granados; el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Javier Vieira; el decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol o el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

EFE
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