La UPF se enfrenta a un juicio por 'mobbing'

La UPF se enfrenta a un juicio por 'mobbing'
• La universidad afirma que ha actuado siempre legalmente

La Universitat Pompeu Fabra se sentará en el banquillo el próximo martes. Un juez decidirá si el centro es culpable, o no, de un caso de mobbing y despido nulo a una de sus profesoras. Los demandados son, además de la propia universidad, el vicerrector de profesorado, Jaume Casals Pons; el doctor Gosta Esping-Andersen, profesor y jefe del área de Sociología del departamento de Ciencias Políticas y Sociales, y Sebastián Sarasa, profesor de este mismo departamento. También ha sido citado al juicio el rector Josep Joan Moreso en calidad de representante de la UPF.

Hace 17 años que Maria Dolors Obiols, doctora en Filosofía y magíster en Sociología, entró a dar clases en la UPF como profesora adjunta. Entonces el departamento estaba dirigido por Salvador Giner, el actual presidente del Institut d'Estudis Catalans. Según Obiols, el acoso moral empezó en 1995, cuando Sarasa sustituyó a Giner e intentó que la demandante cambiara su orientación docente de la sociología teórica a la empírica, una presión que siguió recibiendo cuando Esping-Andersen fue nombrado jefe del departamento en 1999. En aquel momento, la demandante era profesora titular interina de escuela universitaria.

SIN ORDENADOR

Obiols explica que después de trabajar dos años sin ordenador en su despacho, decidió obtener una acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para demostrar a la UPF su validez universitaria. La profesora logró este mérito en el 2006, pero asegura que no se lo reconocieron. Ese mismo año intentaron que firmara un contrato como profesora visitante. "No quise aceptar porque no se correspondía con la figura laboral para la que estaba acreditada", dice Obiols.

En septiembre del 2006 recibió una carta de cese firmada por Casals. La socióloga explica que su asesor laboral avisó al vicerrector de que el caso sería denunciado a la Inspección de Trabajo y unos días más tarde la UPF le ofreció un contrato de profesora colaboradora por un año. En mayo del 2007, la plaza que ocupaba Obiols salió a concurso. Se presentó para poder conseguir estabilizar su trabajo, pero la comisión que debía juzgar sus méritos, en la que había dos de los demandados, declaró desierta la plaza.

En julio de ese mismo año, le comunicaron que sería contratada como profesora asociada a tiempo parcial, con lo que le sería retirada una de las materias que impartía, una propuesta a la que se negó. Entonces Obiols ya había sido derivada por su doctora de cabecera a la Unitat de Salut Laboral por posible acoso laboral. En septiembre, se le comunicó la extinción de su contrato, aunque un mes más tarde, tras recibir la UPF el informe médico, fue convocada para llegar a un acuerdo. Según la socióloga, el vicerrector la coaccionó a firmar un contrato de un año, renovable hasta un máximo de tres a cambio de no denunciar la situación a la Inspección de Trabajo. Obiols no aceptó y lo denunció, aunque ha seguido en la UPF este último curso sin poder dar sus clases. El pasado junio fue despedida de nuevo.

LA RESPUESTA

Fuentes de la UPF afirman que la demanda vino a raíz de la plaza fija que la comisión de catedráticos decidió no otorgarle "por unanimidad". Sin embargo, la demandante ha seguido cobrando de la misma universidad este último curso en que, al no serle adjudicadas sus clases, se ha dedicado a la investigación. "La UPF ha actuado escrupulosamente de acuerdo con la legalidad vigente", concluye en su comunicado oficial la universidad. El abogado Miquel Nadal, especialista en casos de acoso laboral, será el encargado de defender a Obiols, quien considera nulo el despido y pide que se le reconozca sus méritos.

SARA GONZÁLEZ/BARCELONA
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