La Ley contra la Violencia de Género fue la primera que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004. Se promulgó el 28 de diciembre. Nueve meses después del triunfo socialista en las elecciones. Se pergeñó a toda velocidad porque Zapatero estaba empeñado en completar un golpe de efecto con su aprobación. Cuatro años más tarde, aquellas prisas injustificadas pasan factura y se confirma el fracaso de una iniciativa que ha sido incapaz, no ya de evitar, sino de disminuir el número de víctimas por la violencia machista.
Para arreglar una ley que, en palabras de la diputada del PP Carmen Quintanilla, «tiene muchas lagunas y no está dando una respuesta clara a la violencia contra las mujeres», el Congreso se ha visto obligado a poner en marcha una subcomisión encargada del estudio de la norma.
En su primera reunión, la subcomisión determinó que por la misma deberán pasar, a partir del 10 de diciembre, «cincuenta expertos», para, como señaló la representante del PSOE, Carmen Montón, «realizar las propuestas que permitan al Gobierno perfeccionar la ley». Antes del 27 de noviembre, los distintos grupos parlamentarios presentarán sus listas de expertos. Los socialistas quieren que acudan como comparecientes, entre otros, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán; la especialista del Consejo de Europa Marta Requena; expertos de la Fiscalía Especial de Violencia de Género, y periodistas que habitualmente informan sobre estas cuestiones.
Propuesta del PP
Por su parte, el PP propondrá la comparecencia, entre otros, de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón; del presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, de representantes de consejerías de asuntos sociales y de funcionarios que atienden a las mujeres maltratadas en las audiencias provinciales.
Ambas formaciones solicitarán la presencia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Al respecto, Quintanilla explicó que su grupo volverá a proponer que «la mujer que sufre la violencia en grado menor sea protegida con medios telemáticos y que aquella que puede ser agredida o asesinada cuente con un guardia civil o un policía nacional las 24 horas del día».
Además, el PP señaló que apuesta por ampliar el plazo máximo de cuatro meses que tiene marcado esta subcomisión para elaborar y presentar sus conclusiones.
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