"La violencia contra la mujer es un síntoma de discriminación"

La necesidad de contemplar todas las formas de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como privado; de cambiar pautas culturales para erradicar estereotipos, y de avanzar en el cumplimiento pleno de leyes y tratados.

Desde hace varios años el tema está instalado en la agenda pública, al menos durante algunas fechas claves o a partir de hechos que operan como desencadenantes. Sin embargo, la violencia contra la mujer persiste en todos los ámbitos sociales, tanto públicos como privados. De prevenir, sancionar y erradicar esa práctica trata el proyecto de ley provincial presentado por el diputado santafesino Gerardo Rico, con el acompañamiento de legisladoras y legisladores de todos los bloques que componen la Cámara baja y el aporte en el diseño, monitoreo y redacción de Susana Chiarotti y Viviana Della Siega, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo.

Ambas expertas dialogaron con El Litoral acerca de los estereotipos de género que subsisten y constituyen una de las causas profundas de esta forma de violencia a la que consideran un síntoma de discriminación contra las mujeres. Y trazaron, además, un panorama de las cuestiones que aún están pendientes para el pleno cumplimiento de convenciones internacionales a las que adhirió nuestro país.

El proyecto presentado el pasado jueves no deroga la ley 11.529 de Violencia Familiar, sino que tiene en cuenta la violencia en ese ámbito, pero también en el laboral y el comunitario, es decir puertas adentro y puertas afuera. Define a la violencia física, psicológica y sexual, pero incorpora la económica y patrimonial, "porque en algunos ámbitos también existe un retaceo en el manejo de los recursos y este es un tipo de violencia que está muy silenciada", señaló Della Siega. Chiarotti, por su parte, apuntó que "hay una constatación de que el incumplimiento del pago de asistencia familiar en parejas separadas en la región de América Latina y el Caribe es de casi un 95 %. Es altísimo el número de mujeres que quedan a cargo de hijos e hijas sin un apoyo responsable y voluntario del padre".

A medio camino
A la hora de evaluar la situación de la Argentina dentro de la región, Chiarotti señaló que "estamos a medio camino: dimos un primer paso con algunas leyes de violencia doméstica pero tenemos una deuda pendiente muy grande que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha marcado". Precisamente, existe un mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -conocida como Convención de Belem Do Pará- que Chiarotti integra como coordinadora. Desde ese rol, evaluó que "encontramos que permanecen problemas graves que impiden una real aplicación de la ley y que los países avanzaron hacia su implementación pero de una manera tímida".

Cuatro son los principales problemas que surgen del monitoreo. El primero es sobre el marco jurídico, "porque hay leyes muy parciales que sólo toman un ámbito de violencia que es el doméstico, pero no definido como violencia contra la mujer. Los otros dos ámbitos, el comunitario y el estatal quedaron sin legislar: no tenemos ley de acoso sexual en el empleo, en las instituciones escolares; no hay ley que prevenga los tratos crueles o degradantes en los hospitales, en los psiquiátricos o con mujeres privadas de la libertad. La violencia estatal y comunitaria están sin cuidar, sin proteger ni prevenir".

El segundo problema es el acceso a la Justicia: "la mayor parte de los casos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad. Ni hablemos de los casos de violencia sexual en que la víctima es investigada y revictimizada". Es por eso que el proyecto provincial incluye una cláusula para que la historia personal de la víctima y su experiencia sexual previa al hecho de violencia no sean tomados en cuenta por jueces al merituar la presentación.

El tercer problema que denuncia el comité es la falta de un presupuesto. Para la experta, "cuando un Estado firma un tratado es porque quiere garantizar a los habitantes de ese país que se implemente. Cuando se sanciona una ley y al lado no se pone un presupuesto ni se acompaña con un plan para implementar esa ley, lo que se está mostrando es que el compromiso quedó en lo formal. En ese estado estamos nosotros: no tenemos ni plan nacional ni plan provincial de violencia contra las mujeres". Ese plan está previsto en el proyecto presentado ahora: "el gobierno tiene que mostrar su compromiso con una partida presupuestaria, genuina y específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres".

El cuarto punto que marcó el comité es que tiene que haber un registro. En este caso, "se propone que lo lleve adelante la Corte Suprema de Justicia de la provincia sobre los casos que llegan a todos los juzgados para que podamos tener una dimensión real de cuántos, de qué tipo y de qué gravedad son los casos de violencia contra las mujeres de nuestra provincia. Porque sin datos ciertos no se pueden diseñar políticas públicas adecuadas".

El flamante proyecto va a ser presentado el 25 de noviembre -Día de la No Violencia contra la Mujer- en la ciudad de Rosario.


Un cambio cultural
Puesta a responder cómo se puede prevenir la violencia contra la mujer, Susana Chiarotti admitió que es "complejo y multiestratégico". "Siempre hemos reclamado por la aplicación de la ley de educación sexual que está sancionada desde 1992 y no se aplicó", opinó Viviana Della Siega: "una ley de esta naturaleza no implica evitar el sida o un embarazo. Implica formar a niñas y niños respetuosos de su cuerpo y con autonomía, y es una forma de prevenir la violencia contra las mujeres".

Por otro lado, los medios de comunicación "tienen una gran responsabilidad porque a través del tratamiento que se hace a las noticias, las publicidades y los programas, se sigue mostrando en muchísimos casos a las mujeres como objeto. Lo único que interesa es su cuerpo y esto va permeando en la formación de los jóvenes".

Otro cambio puede venir por el discurso: "en algunos ámbitos oficiales ya existe el uso obligatorio de hombres y mujeres"; además "un grupo de docentes acercó la propuesta de introducir modificaciones en cuestiones prácticas, porque en las libretas de calificaciones sigue figurando "padre, tutor o encargado' cuando el 80 % de las veces firma la madre, y se sigue convocando a las reuniones de padres. A través del lenguaje, que es constitutivo del sujeto, uno puede ir modificando estas cosas; son procesos lentos pero tenemos que empezar".

De todos modos, Chiarotti admitió que "los problemas complejos no se pueden resolver con salidas simples" y evaluó como más apropiado un abordaje integral. Por eso se propone que para el plan previsto en la ley confluyan varios ministerios: Educación, Trabajo, Salud y empiecen a planificar una política intersectorial sobre acoso dentro del Estado, respeto a las mujeres, jerarquización de su dignidad, igual remuneración a igual trabajo", por mencionar algunos de los temas prioritarios.

www.ellitoral.com