Hay un claro subregistro de este delito debido al temor y a la falta de idoneidad de los funcionarios encargados de tramitar las denuncias.El VIII informe sobre violencia sexual contra las mujeres, elaborado por la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, afirma que la mayoría de los casos quedan en la impunidad.
"En el conflicto armado colombiano las mujeres son víctimas de prostitución forzada, esclavitud sexual, violación, trata de personas y hostigamiento (...)
Sus cuerpos son usados como armas de guerra por grupos armados que tratan de amedrentar al otro y que arrojan como únicas perdedoras a las mujeres", dice el informe.
Según el equipo, compuesto por 23 ONG, existe una profunda desconfianza de las víctimas frente a los organismos encargados de registrar estos hechos.
Y va más allá al asegurar que los funcionarios encargados de recibir las denuncias no están preparados para hacerlo.
"Exigen a las víctimas pruebas que no son necesarias para demostrar la violencia sexual, como entrar en detalles del hecho o mostrar rastros físicos de lesión, esto provoca una situación incomoda".
'Paras', guerrilla y FF.MM
Por esta misma razón, la cifras sobre violencia contra las mujeres en el marco del conflicto son muy pocas.
La unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha recibido, desde el 2006, solo 133 denuncias atribuibles a delitos sexuales de 'paras', pero tanto el sector oficial como las ONG reconocen que son muchísimos más.
Al respecto, el estudio señala que en Putumayo, Antioquia, Cauca y Arauca, grupos 'paras' y guerrilleros han cometido actos de violencia sexual para generar terror como estrategia de guerra.
Además señala que en Santander, las Auc han usado la violencia sexual contra mujeres líderes pertenecientes a organizaciones campesinas y desplazadas.
Paralelo a esto también da cuenta que en Antioquia y Cauca, miembros de la Fuerza Pública cometieron actos de violencia sexual como forma de abuso de poder y en el Valle lo hicieron acusando a las víctimas de tener relaciones con guerrilleros y como medio para obtener información.
Para las ONG que hicieron el estudio, a todo el problema se suma otro agravante, y es que el escenario de desmovilización reduce la posibilidad de que ellas denuncien por el miedo a represalias y a las amenazas de los paramilitares en las zonas de influencia.
"En la aplicación de la Ley de Justicia y Paz no se han ofrecido garantías a las denunciantes, ni siquiera se reconoce como un delito de lesa humanidad", explican.
Miedo a denunciar
"Las mujeres pierden con cara y con sello", asegura Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación (CNRR). De acuerdo con él, no se denuncia porque "desafortunadamente vivimos en una comunidad machista y las mujeres violadas son objetos de burla, su familia también, y la mayoría de las veces terminan siendo abandonadas por su pareja".
Olga Amparo Sánchez, de la ONG Casa de la mujer, reconoce que "a pesar de los evidentes problemas de subregistro este delito sigue siendo masivo y sistemático". Y lo más grave, agrega, es que sigue siendo un acto que cometen todos los grupos, tanto paramilitares, guerrilleros, como la misma Fuerza Pública.
Según la Corporación Sisma Mujer, las autoridades creen que la agresión sexual es un hecho privado o un delito de menor jerarquía en comparación con otros como el homicidio, el secuestro, la desaparición o la tortura.
Cifras de Fiscalía, Corte Constitucional y Medicina Legal son alarmantes
Entre 2006 y 2007, Medicina Legal reportó 115 hechos de violencia sexual contra las mujeres, cuyos presuntos responsables son los actores armados. "A la Fuerza Pública se le atribuye el 81,73 porciento (94 víctimas)", dice el estudio.
Hasta el pasado 30 de septiembre, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía había recibido 150.951 formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. en 25.324 de ellos, las víctimas son mujeres.
La Corte Constitucional ha remitido a la Fiscalía 183 hechos de violencia sexual. Los delitos tipificados por la Corte se distribuyen en 107 casos de violación, 36 de tortura, 35 de secuestro, 35 de homicidio, 21 de abuso sexual, 21 de retención ilegal, 12 de esclavización, 11 de desplazamiento, 9 de mutilación, 7 de violencia sexual, 7 de acceso carnal violento y 7 de amenaza.
En el municipio de Puerto Asís, Putumayo, prostitutas son reclutadas por paramilitares y sometidas a maltratos.
La Fiscalía tiene 127 investigaciones por delitos de violencia sexual, cometidos entre los años 2001 y 2006, por miembros de grupos armados que participan en las hostilidades.
Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 1.314 eran mujeres.
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