El partido lamenta que llegara a decir que «la ley sobreprotege a las mujeres» para justificar su crítica
Su partido anunció ayer que abrirá diligencias informativas contra el político después de que llegara a decir expresamente el 29 de diciembre que «nos encontramos ante una ley que ampara y sobreprotege a las mujeres» en alusión a la condena dictada, a su juicio, «sin pruebas».
Fuentes del partido señalaron que se decidió abrir el proceso de diligencias con objeto de trasladarlas a los órganos competentes de la Dirección del PP «por si tanto sus declaraciones como las actuaciones llevadas a cabo por él pudieran constituir algún tipo de infracción» contemplada en la regulación sancionadora interna.
Asimismo, el PP quiso dejar claro a través de un comunicado que no comparte las declaraciones realizadas por el alcalde de Villalón en las que aseguró que la actual Ley contra la Violencia de Género «sobreprotege» a las víctimas.
El PP vallisoletano subrayó que respalda de manera «total y absoluta» la Ley contra la Violencia de Género aprobada por el Parlamento español y añadió que, en su opinión, «esta ley constituye una de las herramientas más importantes de nuestro ordenamiento jurídico en la lucha contra la lacra social que supone, hoy en día, la violencia contra las mujeres».
De hecho, las mismas fuentes explicaron que, pese a que el regidor realizó las polémicas declaraciones a título personal, «fueron lo suficientemente significativas como para que el PP de Valladolid, a la vista del Reglamento de Organización y de los propios estatutos del partido», inicie un expediente informativo. Eso a pesar de que, matizaron, respetan la libertad de expresión del alcalde.
El partido, por ultimo, manifestó «de forma rotunda» su respeto por las decisiones judiciales y, de manera «contundente», su apoyo incondicional a las víctimas.
La condena del alguacil, cuya identidad responde a las iniciales M. G. A., fue dictada el 12 de diciembre del 2007 por la Audiencia Provincial, y ratificada después por el Tribunal Supremo, por hechos ocurridos entre 1997 y el 2001. En ese intervalo se produjeron las dos agresiones sexuales, además de un delito continuado de acoso, sobre la compañera de trabajo del ahora condenado.
Su testimonio, y el de la anterior secretaria del Consistorio -declaró en el juicio que ella también sufrió acoso-, fue suficiente para condenarle a la citada pena, la mitad de la solicitada inicialmente por el fiscal. La Asociación de Hombres Maltratados de Castilla y León, creada al efecto y presidida por el hermano del alguacil, ha solicitado el indulto del condenado a través del abogado Marcos García Montes.
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