Las mujeres del mundo rural sufren una doble discriminación: por ser mujeres y por vivir en este ámbito; tienen más dificultades para el acceso a los recursos de prevención y atención a la violencia machista y está sometidas a mayor presión social, por lo que les da más vergüenza denunciar una agresión. Así lo expuso ayer Margarita Tarilonte, jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, durante la presentación del Plan de Prevención de la Violencia de Género en el Mundo Rural.
Prueba de ello es que el porcentaje de denuncias en este ámbito es la mitad menos que en las zonas urbanas. Así, la tasa de casos denunciados ante la Guardia Civil -que es la que tiene jurisdicción en el área rural- es de 1,2 por cada mil mujeres, mientras que en la Policía -en la capital- la tasa de denuncias es de 2,2 por cada mil mujeres. No se aportaron las cifras concretas de denuncias, en la línea ya habitual de la Degeleción y la Subdelegación del Gobierno que centralizan la información y la dan a conocer cuando consideran oportuno.
La situación, en todo caso, justifica la puesta en marcha del plan específico para el mundo rural. Una iniciativa impulsada desde la Delegación del Gobierno, pero que está consensuada con el resto de instituciones -Junta, Diputación, Federación de Municipios-, así como con los colectivos y asociaciones que intervienen en de alguna manera en la prevención y atención a las víctimas, explicó la subdelegada del Gobierno, Josefa Chicote, quien incidió en que, sobre todo, se trata de coordinar todos los medios y optimizar los recursos «para erradicar este problema». Y, al tratarse del medio rural, en esta provincia son, fundamentalmente, la Guardia Civil, junto con las policías locales (en el caso de la provincia, Benavente y Toro), los CEAS y los centros de salud.
Todos los municipios
El plan está dirigido a los municipios de menos de 20.000 habitantes; es decir, prácticamente toda la provincia, puesto que si en Castilla y León sólo las nueve capitales de provincia y otras seis ciudades tienen más de 20.000 habitantes, en Zamora sólo la capital supera esa población.
Para la aplicación del plan, que entró en vigor el pasado mes de febrero, se han establecido tres zonas, que se corresponden con las tres compañías de la Guardia Civil. En cada una hay un responsable del plan y se cuenta con especialistas en cada área, «pero todos los guardias están dando protección a las víctimas desde la primera atención; jamás una mujer queda desentendida en nuestras manos hasta que el resto de instituciones se hagan cargo», subrayó el coronel jefe de la Guardia Civil, Justo Chamorro.
Entre los objetivos de este plan está, además de la mejora de la coordinación entre los profesionales implicados y sus recursos, el intercambio de información con el fin de facilitar que, una vez interpuesta la denuncia, la víctima sea asesorada sobre el Centro de Acción Social que le corresponde para recibir asistencia social, con seguimiento y la coordinación con el centro de salud. Asimismo, se pretende facilitar que la víctima que acuda a un Ceas tenga la suficiente información y conocimiento de las intervenciones que se van a efectuar en el puesto de la Guardia Civil y mejorar la protección, atención y seguridad de las víctimas de violencia, aumentando, además, su seguridad subjetiva al encontrar en su zona una respuestas institucional eficaz.
Con el plan se pretende, de forma paralela, sensibilizar e informar a la población rural de la importancia de la implicación social como medida preventiva para contribuir a la erradicación de esta lacra.
www.nortecastilla.es
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