La mesa de atención a las víctimas impulsa la redacción de un protocolo local que determine las funciones de cada integrante
La mesa de coordinación para la mejora de la atención a las víctimas de violencia de género acordó ayer de forma unánime impulsar la redacción de un protocolo local. Fue una de las principales resoluciones adoptadas por los integrantes del órgano, en su primera reunión, celebrada ayer por la tarde en el consistorio lalinense, tras su constitución formal a finales del pasado mes de noviembre. El acuerdo deberá explicitar claramente las funciones que desempeñan y los recursos que tramitan todas las instituciones integradas en la mesa de coordinación.
En la reunión, que se prolongó durante dos horas, también se acordó incluir en la mesa a la oficina de I+B y se analizaron los casos de violencia sexista.
En el primer trimestre se registraron doce casos con denuncia en la comarca, si bien los casos abiertos en el juzgado ascienden a 60. De los doce casos de este año, nueve fueron atendidos en el Centro de Información á Muller (CIM), desde donde se tramitaron, además, cuatro altas en el programa de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, otras tantas solicitudes de ayudas periódicas de apoyo y tres de renta activa de inserción.
En el encuentro se abordaron otros puntos, como la coordinación del traslado de víctimas a casas de acogida, el aumento de la violencia de género en la adolescencia y la intensificación de la coordinación y colaboración entre el juzgado y los servicios sociales municipales.
La cita contó con los siguientes representantes: Las ediles Paz Pérez y Pilar López Carrón; la jueza Enriqueta Sanmartín; Celso Taboada, coordinador de Servicios Sociales; Teresa Rocha y Beatriz Alvarellos, del CIM; María Jesús Payo, de la Oficina de Igualdad; Mª Carmen Vázquez, de Atención Primaria; José Prieto, sargento de la Guardia Civil; Felipe López, cabo del equipo judicial de Lalín; Cecilia González, policía local; Lucía Muradás, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno; José JavierValdés, del Colegio de abogados; y Mª Ángeles Hermida y Mª Pilar Cañas, de la Oficina de I+B.
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