Fiscal pide cambiar la ley para que sea obligado declarar contra agresores

La fiscal delegada para violencia de género de la Fiscalía de Madrid, Teresa Peramato, ha defendido hoy una reforma legal que evite que las víctimas de violencia de género o doméstica estén exentas de declarar, ya que, en ocasiones, ello se convierte "en una garantía de impunidad" para el agresor.

Peramato, que participa en Santander en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha opinado que sería necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para excluir del derecho a no declarar contra su pareja a las víctimas de delitos de violencia de género o doméstica.

La fiscal ha explicado que esa circunstancia en muchas ocasiones produce que jueces y fiscales están "abocados a un archivo" de las actuaciones penales o a un fallo absolutorio, al acogerse la víctima a ese derecho a no declarar, algo que, a su modo de ver, "da alas" al agresor.

Ha recordado que los delitos de violencia machista o violencia doméstica suelen darse en la intimidad, de forma que, habitualmente, la Justicia no tiene otros medios de prueba al margen del testimonio de la víctima.

Ha señalado que, al redactar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1882 y dar forma al artículo que ofrece la dispensa de declarar en los casos de parientes o cónyuges, el legislador no estaba pensando en la víctima de delitos de violencia de género o doméstica, sino en el testigo que presenciaba o tenía noticia de un hecho delictivo sobre bienes "ajenos".

Así, ha diferenciado a la mujer víctima de un delito de violencia de género de otra que podía saber que "su marido había robado en el corral ajeno", y que no tiene obligación ni de denunciar ni de declarar.

"Evidentemente, yo creo que el legislador estaba pensando en eso, y no en la mujer que era golpeada o que era objeto de violencia continua", ha recalcado la fiscal, que ha agregado que "la ley no distingue" y los tribunales y los fiscales se ven obligados "a aplicar la letra de la ley".

Por ello, en su opinión, debería modificarse la legislación y excluir de esa dispensa a las víctimas de delitos de violencia de género o doméstica.

La presidenta de la sección de la Audiencia Provincial de Madrid especializada en violencia sobre la mujer, María Tardón, ha dicho que los procesos penales deben sustentarse "en actos de voluntad de personas", en alusión a esas víctimas.

Ha apuntado que el derecho de las agredidas a no declarar puede impedir que el juez o el tribunal "tenga todos los elementos de valoración".

Tardón ha añadido que, a menudo, en el entorno de las mujeres no hay nadie que "quiera colaborar a arreglar esa situación" y puede ocurrir que la familia no quiera que esos conflictos "afloren".

Ha enfatizado que ése "no es un problema de la ley", sino " de cambio sociológico" y ha afirmado que Ley Integral contra la Violencia de Género es "de las más avanzadas".

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La Oficina de Atención a Víctimas trató en 2008 un total de 249 nuevos casos

Asiste a los que han sufrido delitos violentos y contra la libertad sexual asesorándoles sobre sus derechos y ayudándoles a superarlo

Albacete fue la primera provincia de la Región, el 5 de mayo de 1998, en contar con una Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. De hecho fue una de las seis primeras oficinas de este tipo, junto a las de León, Murcia, Oviedo, Valladolid y Zaragoza, que entraron en funcionamiento en toda España.

Esta Oficina presta una función asistencial de carácter general en relación al delito sufrido. La finalidad primordial de este servicio no es otra sino paliar los efectos que este delito ha producido en la víctima, orientándola con el objeto de restaurar la situación en que se encontraba antes de sufrir este acto delictivo.

Entre otras funciones la Oficina facilita información a las víctimas, directas o indirectas, acerca de sus derechos. Asimismo remite a las víctimas a los recursos y servicios más adecuados para recibir un tratamiento médico, psicológico, social, así como jurídico, criminológico a las personas que han sido víctimas de un delito o que se encuentren en una situación de riesgo potencial. En este último punto se incluyen, por ejemplo, las personas que tienen una orden de protección por haber sufrido violencia doméstica.

Desde la Oficina también actúan como mediadores entre el aparato judicial y el entramado social como forma de acercar al ciudadano al conocimiento de las funciones que tienen atribuidas para delimitar el modo más adecuado de proceder en relación con la situación en la que se encuentra.

Por último además se ofrece información sobre las ayudas económicas que pudieran corresponder a las víctimas de delitos, conforme a lo establecido por la normativa.

Personal

La Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual en Albacete está integrada por dos profesionales. Se trata de una agente procesal, Noelia Montealegre, y de una psicóloga, Isabel Hinarejos. En este último caso la presencia de un profesional de la psicología responde al convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia, en las comunidades en las que estas competencias aún no está transferidas a la administración regional, y el Consejo General del Colegio de Psicólogos.

Desde su nacimiento hasta hoy la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual de Albacete poco ha poco se ha ido consolidándose. El paulatino conocimiento de este servicio, según señaló Hinarejos, ha propiciado que cada vez sea mayor el número de usuarios atendidos.

En 2008, según los datos extraídos de la Memoria Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en las instalaciones albaceteñas se atendieron un total de 249 nuevos casos.

En el resto de oficinas de la Región el número de nuevos casos atendidos fue mayor que en Albacete. Así en Cuenca se asistió a 281 nuevas víctimas, en Toledo a 312, en Guadalajara a 315 y en Ciudad Real a 493.

Pero, ¿cuál es el proceso que se sigue? Existen dos vías de entrada a estas oficinas. Así las víctimas de un delito violento o contra la libertad sexual pueden acercarse a la misma por voluntad propia o porque hayan sido derivadas por parte de otros servicios judiciales. Por otra parte, el propio personal de estas oficinas también se dirige a aquellas personas que son beneficiarias de una orden de protección para ofrecer sus labores de asesoramiento y apoyo a las víctimas, si éstas lo consideran necesario.

La atención que se presta en esta oficina se divide en distintas fases: acogida, información, intervención y seguimiento.

Montealegre es la responsable de la acogida de los usuarios. En esta primera fase «se intenta entender qué quieren, qué necesitan, y asesorarles o derivarles a otros servicios si es necesario», apunta la agente procesal quien insiste en que en la Oficina no hacen «de asesoría jurídica». Eso sí siempre intentan resolver las dudas que les pueda formular la víctima.

En la fase de intervención se trabaja en varios ámbitos. Por una parte en el área socio-asistencial derivando al usuario de la Oficina a algún otro organismo tales, por ejemplo, como los centros de la mujer, así como dando información sobre las ayudas a las que puede adoptar la víctima.

En esta fase también se produce el apoyo psicológico si la persona lo precisa. Mujeres víctimas de violencia doméstica, o menores son en muchos casos los que más necesitan este tipo de intervención. «Las víctimas de una agresión sexual suelen llegar con estrés post traumático, con crisis de ansiedad...», relata la psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas. Problemas estos que si no son tratados pueden acabar cronificándose, según apunta Hinarejos.

El tratamiento psicológico suele estar compuesto por unas 20 sesiones y si en este tiempo la persona no mejora, o Hinarejos estima que sigue precisando ayuda, es derivada a los servicios de salud mental pertinentes.

Aproximadamente un 80% de las personas que reciben atención psicológica en esta Oficina han sufrido un delito de violencia doméstica. No obstante, en el cómputo global de los usuarios que pasan por esta Oficina hay de todo. «Tenemos víctimas de violencia doméstica, mujeres, menores, ancianos... hay de todo», detalla Montealegre.

En lo que va de año las estadísticas de la Oficina señalan que ya cuentan con más de un centenar de expedientes abiertos lo que da una clara idea del volumen de trabajo que soportan.

www.laverdad.es

Un nuevo dispositivo antimaltrato para combatir la violencia de género

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha presentado los nuevos dispositivos de detección para mujeres víctimas de la violencia de género. A partir de este verano, las mujeres podrán llevar el nuevo dispositivo, que es mucho más sencillo, ligero y eficaz que el actual

A día de hoy, un total de 165 mujeres portan el dispositivo de detección, pero la Comunidad de Madrid dispone de 225 equipos por los nuevos casos que puedan surgir. Serán repartidos en poco tiempo a las mujeres afectadas y a sus agresores.

Los equipos anteriores constaban de tres aparatos para los hombres, un brazalete, una unidad GPS con tarjeta de móvil y un aparato para incrementar el alcance de la señal. Estos se reducirán sólo a dos aparatos necesarios. Los equipos de la víctima constaban de una unidad ubicada en el domicilio, otra unidad móvil similar y un aparato para incrementar el alcance de la señal.

Ahora las mujeres solamente dispondrán de una unidad GPS con telefonía móvil y radiofrecuencia. Otra iniciativa para combatir la violencia de género consiste en una serie de cursos para los policías que les permitirá profundizar en los conocimientos, actitudes y habilidades para realizar de manera óptima una intervención policial.

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Seis casos de malos tratos en sólo 72 horas

La ciudad registró en apenas setenta y dos horas seis agresiones de malos tratos. El día más conflictivo fue el pasado martes, víspera de San Juan, con tres casos y otros tantos arrestos. En dos de las intervenciones policiales fueron encontrados sendos cuchillos, aunque no fueron utilizados contras las víctimas. Una de las peleas se produjo entre dos hermanos que convivían en el mismo domicilio, mientras que las otras cinco fueron entre parejas y ex parejas sentimentales. Uno de los detenidos, de nacionalidad angoleña, tenía diez arrestos anteriores, alguno de ellos por malos tratos.

En apenas setenta y dos horas, la ciudad registró seis casos de malos tratos dentro del ámbito familiar. El resultado fueron seis hombres detenidos como presuntos autores de diversas lesiones a sus parejas, ex compañeras sentimentales e, incluso, familiares. La primera de las agresiones tuvo lugar el pasado lunes, mientras que el último fue el día veintitrés. Uno de los casos más violentos de los registrados en la ciudad tuvo como escenario una vivienda de Redomeira, cerca de la calle Cantabria, donde en la mañana del pasado martes un hombre de nacionalidad angoleña, S.G.I., de 33 años, entró en el domicilio tras romper la cerradura. Una vez en el interior, el hombre se mostró muy agresivo y sacó de la casa por la fuerza tanto al inquilino, al que cogió de los pelos, como a dos visitas que estaban en la vivienda, entre las que se encontraba su ex pareja sentimental. Los agentes encontraron en el domicilio un cuchillo, que no fue utilizado durante la agresión, localizando unas horas más tarde al presunto agresor en la calle José Frau, muy cerca de la comisaría. Al hombre le constan diez detenciones anteriores, varias por malos tratos.

Una pelea que acabó a golpes y puñetazos y con ingestión de pastillas

El pasado día 22 comenzó mal. Una mujer se presentaba en las dependencias de la Policía Nacional, donde aseguró que su ex pareja la había agredido. Los hechos tuvieron lugar por la mañana en la vivienda que compartía con su ex marido en la calle de Tomás Alonso. En un determinado momento, los dos comenzaron una acalorada discusión y el hombre empezó a darle puñetazos y golpes por todo el cuerpo y en la cara. Como consecuencia de la brutal agresión la mujer tuvo que ser asistida en un centro médico de la ciudad de las numerosas sufridas. Se dio la circunstancia que mientras estaba siendo atendida llegó una ambulancia con el presunto agresor que, según relató la víctima en las dependencias policiales, había ingerido varias pastillas. El hombre fue detenido una vez recuperado y pasó a disposición judicial.

Amenaza a su pareja con un cuchillo tras decir que se iba a cortar las venas

La jornada del lunes registraría todavía un segundo caso de violencia de género, aunque el detenido so fue localizado dos días después. En esta ocasión los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la noche en una vivienda de la avenida de Buenos Aires se inicia una discusión entre una pareja. En mitad de la pelea el hombre saca un cuchillo de uno de los cajones de la cocina y amenaza con cortarse las venas pero, lejos de cumplir con su amenaza, el presunto agresor hace ademán de agredir a la mujer con el arma, deponiendo su actitud momentos después, según manifestó la víctima cuando presentó la correspondiente denuncia en las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional. El hombre sería detenido dos días después de los hechos, concretamente el pasado miércoles. Al arrestado no le constan denuncias anteriores.

Discute violentamente con su hermana por problemas de convivencia

El martes fue un día negro en materia de violencia de género. Tres hombres fueron detenidos por la Policía Nacional acusados de otros tantos delitos de malos tratos. Uno de ellos tuvo lugar sobre las doce del mediodía en un piso de la calle Lorient, donde es reclamada la presencia de la una patrulla policial al estarse produciendo una pelea en el interior de la casa. Al llegar los agentes al lugar se encuentra al presunto agresor enzarzado en una pelea con su hermana. Según relató la víctima, la discusión comenzó cuando intentó que su hermano cumpliera con las normas elementales de convivencia en una casa, donde el detenido convivía también con su novia. Una vez arrestado se comprueba que el hombre tenía una orden vigente de alejamiento de su pareja. El presunto agresor pasó a disposición del juzgado de Instrucción 7.

El enfrentamiento por unas prendas de ropa termina con una lesionada y un arrestado

La tercera detención del día veintitrés tendría lugar a primeras horas de la tarde. El motivo que originó la presunta agresión a la mujer fue ciertas discrepancias sobre unas prendas de ropa. El resultado, una mujer con varias lesiones por el cuerpo que necesitaron de atención médica y su compañero detenido por los agentes de la Policía Nacional. La patrulla que acudió al domicilio de ambos, en la calle Vicaría, se encontró con una dramática escena. La mujer estaba tirada en el suelo y sobre ella se encontraba su pareja sentimental agarrándola por los brazos. Cuando los integrantes de la patrulla separaron a la pareja, los agentes pudieron comprobar que la víctima presentaba diversos golpes por el cuerpo y en el estómago. El hombre fue detenido y pasó a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer.

Un hombre arrastra a su víctima de los pelos por la calle Urzaiz

El último episodio de violencia doméstica tuvo lugar el día 24, en plena noche de San Juan. La agresión tuvo lugar en plena calle Urzaiz, desde donde los vecinos llamaron repetidamente a la Comisaría al estar produciéndose una agresión en la vía pública. Al llegar la patrulla se encuentran a una pareja sentada en el rellano de una escalera. La mujer sangraba por la cabeza, ya que según explicaron los numerosos testigos que había en la zona, momentos antes había sido golpeada y arrastrada por los pelos por su acompañante. La víctima fue trasladada urgentemente a un centro médico para ser atendida de sus lesiones, tras lo que rectificó lo declarado en un primer momento, negando que hubiera sido agredida por el hombre que estaba con ella sentado en las escaleras. Por su parte, el joven fue detenido y pasó a disposición judicial.

www.atlantico.net

La Comisión de Seguimiento contra la violencia de género mejora su coordinación

Los salones de la Casa de la Juventud acogieron en la mañana de ayer viernes una reunión de la comisión local de seguimiento del procedimiento de coordinación para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, a la que asistió la concejala de los Servicios Sociales e Igualdad, Inmaculada Olivero, representantes de los tres cuerpos de seguridad del Estado, técnicos municipales, representantes de los juzgados y de la atención social del SAS.

Aunque la reunión forma parte del calendario de encuentros ya previsto de cara a mejorar y seguir coordinando la labor de todas las partes en el complicado asunto de la violencia de género, en el ambiente estaba patente el luctuoso suceso del pasado día 18 en el que murió Josefa Morente Leal.

Confirmó Olivero que sobre este tema ya los Servicios Sociales del Ayuntamiento se encuentran cubriendo las necesidades familiares, además de la visita que efectuará al hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde están ingresadas dos de las hijas de la fallecida.

Al término de la reunión en la que fundamentalmente se estrecharon los habituales contactos para coordinar asuntos de este tipo, Olivero recalcó que el mensaje que debe presidir tanto lo ocurrido como este encuentro de la comisión no es otro que la importancia de denunciar casos que incluso puedan parecer intrascendentes.

“Más vale pecar por exceso que por defecto para que no vuelva a ocurrir ninguna tragedia. No deben existir excusas para que el más mínimo conflicto de violencia de género traspase las barreras de la índole familiar y vecinal. Todos somos partícipes de este problema y pido que las denuncias se cursen. Las administraciones públicas y las fuerzas policiales tienen los protocolos de actuación bien diseñados para que una simple amenaza nunca vaya a más”.

Olivero, finalmente, agradeció las muestras de condolencia que se están recibiendo de colectivos de toda España y de ayuntamientos que están solidarizándose.


Susana P. Custodio
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Una treintena de psicólogos participan en una comisión sobre violencia de género

Más de una treintena de psicólogos de la provincia se citaron ayer en el Club Náutico de Benalmádena para celebrar una Comisión Especializada en Violencia de Género de Instituciones Públicas, organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer. Durante el encuentro se abordaron diferentes temáticas de actuación psicológica, imprescindibles para la coordinación de la actuación integral a las mujeres.

Estos encuentros servirán para potenciar el servicio de atención psicológica del Centro Municipal de Información a la Mujer, a través del cual se les ofrecen estrategias, instrumentos y técnicas que les permitan salir adelante tras ser víctimas de la violencia de género.

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Una de cada tres sentencias por malos tratos fue absolutoria

La Fiscalía de Sevilla constata una caída del 21% de los casos en los que se procede a retirar la acusación, bien por desistimiento de la mujer o porque el fiscal no acusa

Uno de cada tres casos de violencia doméstica que llegan a juicio acaban con la absolución del presunto maltratador. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprende de la memoria de la sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía de Sevilla, que recoge que en 2008 los jueces dictaron un total de 781 sentencias relacionadas con la violencia de género.

De los 781 casos que fueron enjuiciados en Sevilla, el 44,04% acabaron con la condena del acusado, lo que ocurrió en 344 procedimientos, mientras que el 33,29% (260 casos) acabaron con un pronunciamiento absolutorio por parte de los tribunales.

La estadística refleja un porcentaje mayor de absoluciones si se tienen en cuenta las sentencias que han recaído en los juicios de faltas celebrados por casos de maltrato, por hechos de carácter leve. Así, habría 412 absoluciones frente a 395 resoluciones que condenan a los maltratadores, lo que supone un porcentaje del 51,05% de condenas y 48,94% de resoluciones absolutorias.

En otros 203 casos de violencia de género se dictó una sentencia de conformidad, lo que representa que el acusado reconoció la autoría del delito o de la falta que se le imputaba y aceptó la pena, con lo que se evitó la celebración del juicio.

En cuanto al grado de parentesco entre el agresor y la víctima, las estadísticas muestran la misma tendencia que en años anteriores: en la mayoría de los casos el agresor suele ser el cónyuge (en 2.357 delitos) o pareja de hecho (1.914) de la víctima, mientras que se ha producido un descenso del 6% de los casos en los que entre ambos existía una relación de noviazgo: de los 173 casos que hubo en 2007 se ha bajado a 71 el pasado año. También han caído en un 19% los casos en los que el agresor es el ex cónyuge de la víctima. Así, en el 2007 esta relación con la mujer afectaba a 1.309 casos, mientras que el año pasado se redujo a 1.059, según recoge la memoria del Ministerio Público.

De otro lado, el año pasado las retiradas de acusación contra presuntos maltratadores experimentaron una caída del 21,25%, situándose en 100 frente a las 127 que se habían contabilizado el año precedente. De los 100 casos, 86 corresponden a la dispensa que establece el artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y que permite a las mujeres no declarar contra sus cónyuges. La Fiscalía advierte no obstante que el número de mujeres que no declaran contra sus maridos -lo que conduce al archivo de la causa- ha descendido un 28% de un año para otro, ya que en 2007 fueron 119 las mujeres que se acogieron a esta dispensa frente a las 86 del año pasado.

Por último, los jueces de Sevilla acordaron en 2008 un 27% más de órdenes de alejamiento, hasta alcanzar las 538 frente a las 391 que se habían aprobado en 2007. Las víctimas solicitaron el año pasado 1.064 órdenes de protección, de las que se denegaron 382. De las que se acordaron, 501 eran sólo penales y 181 incluían además medidas de carácter civil.

J. Muñoz

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Lorente asegura que los agresores de violencia machista "son lo más parecido a un terrorista suicida"

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género apunta la insularidad influye en los índices de Canarias y Baleares

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, insistió hoy que el principal fallo del sistema "está en el agresor" y que no se puede trasladar la responsabilidad a las instituciones al tiempo que zanjó que los agresores "son lo más parecido a un terrorista suicida".

Lorente señaló en declaraciones a los medios de comunicación que los agresores "son hombres que están dispuestos a entregarse a las autoridades o suicidarse y que los suicidios han aumentado de 2007 a 2008 desde el 7 al 21 por ciento.

Asimismo alertó de que también ha cambiado la forma de agresión, "hay más violencia en los homicidios". "Aumentan los apuñalamientos del 16 al 28 por ciento y los traumatismos", detalló al tiempo que subrayó que "hay que poner el énfasis en la crítica a los delincuentes y en la mejora en la respuesta institucional".

De igual forma el delegado indicó que "el número de denuncias aumenta" en el país y que se ha comprobado que "cada año son menos los casos de homicidios con denuncia previa y ordenes de protección". Aquí incidió en el "buen hacer" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"El principal punto negro es el violento", repitió para rechazar acto seguido a que en ocasiones se minimicen sus delitos. "Hemos buscado identificarle siempre como agresor y destacar factores de riesgo para evitar que se vuelva a repetir la violencia", explicó.

Con respecto a las cifras de Canarias, detalló que influye la insularidad que comparte con Baleares. "El elemento fundamental de la violencia es dominar a la mujer y no siempre para dañar como objetivo último. El daño es la sumisión y para ello se ejerce el aislamiento y en Islas es más eficaz", resumió Lorente que enumeró que las tasas en Canarias y Baleares son similares del 5,9 y 6 respectivamente. "Son dos de las comunidades donde la tasa es más alta", dijo para aclarar que esto también ocurre en otros países.

En este punto, Lorente indicó que "hay que mejorar los contextos de protección". Según él, ésta es una labor conjunta del entorno cercano y de los profesionales y recordó que el Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha los dispositivos electrónicos --pulseras o brazaletes-- para controlar a los agresores.

Sobre el sistema subrayó que es "eficaz y global" al convertirse en un elemento disuasorio. Además recordó que se repartirán entre las comunidades 3.000 pulseras y que no existen números cerrados por regiones, sino que se harán a medida que se vayan solicitando y como primera referencia se ha tomado el del número de órdenes de alejamiento.

CONDENAS

Lorente también habló del cumplimiento de las penas. Recalcó que "no hay que insistir en las penas, sino en la prevención porque las condenas saldan una deuda social y moral, pero el daño ya se ha producido". "Desde el Ministerio estamos trabajando para que las penas sean proporcionales, pero nos preocupa la prevención y romper con las pautas de hombres que creen que los conflictos se resuelven de forma violenta", matizó.

En referencia a la polémica suscitada en Canarias sobre la utilización del teléfono 112 o 016, Lorente detalló que "es un error generar polémica porque genera desconfianza y desorientación en las víctimas". Expuso que el 112 es un número para emergencias y el 016 para asesoramiento e información. "Si se llama al 016 no es negativo porque tiene respuesta ante necesidad", planteó para concluir que "ambos combaten la violencia de género y son necesarios". "Es muy importante que se publique y se hable de violencia de género, pero que se haga bien", dijo en relación al debate sobre si publicitar los asesinatos.

"El mayor aliado de la violencia ha sido la invisibilidad, que se ha construido en el anonimato. No podemos permitir el silencio y que no haya responsables. Es responsable el maltratador", expuso para detallar que "la población conoce la violencia de género a través de los medios de comunicación y si estos no informan ni conciencian no se cambiará la percepción existente". Afirmó que el 2,8 por ciento de la población considera que es un problema grave, fundamentalmente mujeres, un 153 por ciento más que los hombres.

www.europapress.es

Las mujeres y la salud, los principales afectados por la violación a los DD.HH. en Costa Rica

La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Lisbeth Quesada, señaló hoy que las principales violaciones a los derechos humanos en el país se presentan en el servicio de salud, la protección del medio ambiente y en el aumento de la violencia contra las mujeres.

Quesada expuso hoy en conferencia de prensa el informe anual de labores (2008-2009) de la Defensoría de los Habitantes, el cual indica que los costarricenses interpusieron un total de 17.539 denuncias contra instituciones estatales en los últimos doce meses.

Una de las principales preocupaciones de Quesada es el creciente numero de denuncias por violencia de género, un flagelo que cobró la vida de unas 30 mujeres en 2008 a manos de sus parejas sentimentales.

La defensora dijo que las mujeres no cuentan con un acompañamiento legal adecuado para conocer sus derechos y afirmó que siguen "sin protección", pues dos artículos de la ley contra la violencia doméstica fueron declarados inconstitucionales y aún no se corrigen.

Aseguró que la violencia contra las mujeres se convierte en un problema público solo cuando mueren asesinadas y no antes, cuando, a su juicio, las autoridades no le dan la importancia necesaria porque los ven como "un asunto privado".

Una de las instituciones más denunciadas por los habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debido a las largas listas de espera para cirugías y citas con especialistas, que en ocasiones son programadas para dentro de meses e incluso años.

"Los ciudadanos nos dicen que no saben si estarán vivos" para cuando les llegue el turno de una cirugía o una cita, comentó Quesada.

La defensora también criticó "el doble discurso" del Gobierno en materia ambiental, pues "por un lado hablan de la protección de los recursos naturales y el turismo sostenible" y por otro "el Estado es uno de los principales violadores de la ley ambiental".

Según Quesada, el Estado está atentando contra el medioambiente al no aligerar la creación de una ley de recurso hídrico moderna y al conceder permisos de minería a cielo abierto y para construcciones en la zona marítimo terrestre.

El informe también denuncia deficiencias en la gestión municipal por al existencia de basureros al aire libre, aguas sin tratamiento, contaminación de fuentes de agua, la prestación deficiente de servicios y el otorgamiento de polémicos permisos de construcción en zonas cercanas al mar o montañas.

El texto también contiene denuncias sobre el transporte público, el maltrato contra los ancianos, el desempleo, la inseguridad y violencia.

www.que.es

La mayoría de los casos de violencia de género se dan dentro del matrimonio

Los maridos que acaban en el banquillo de los acusados superan ennúmero a los novios, parejas de hecho y compañeros sentimentales

El año pasado 592 hombres en Marbella se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito de malos tratos a sus parejas. Uno de cada cuatro era marido de la víctima, una cifra muy superior a la de novios, compañeros sentimentales, parejas de hecho o ex parejas. La tendencia de los últimos años se ha invertido y ahora los juzgados especializados en esta materia registran más casos de violencia doméstica entre los cónyuges, aunque no tienen claro si se debe a un aumento real de violencia doméstica o a una mayor tendencia de las mujeres a denunciar. Lo que sí es evidente es que estos casos suelen ser los más graves. Las esposas, por las ataduras legales y familiares, suelen aguantar durante más tiempo los episodios de malos tratos que las novias o las compañeras sentimentales, según los responsables judiciales.

Los datos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer no dejan lugar a dudas. El año pasado 152 maridos fueron denunciados por sus esposas, la policía o a través de partes médicos, frente a los 81 compañeros sentimentales, 36 novios, 72 parejas de hecho y 249 ex parejas que ya no tenían relación sentimental con las víctimas cuando cometieron los malos tratos. De las cifras se deduce que la mayoría convivían con la víctima.

Los malos tratos siguen una espiral de aumento en Marbella, si bien es cierto que en los últimos meses parecen haber entrado en una cierta estabilidad, según los datos facilitados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella, en funcionamiento desde enero de 2008. En 2007, cuando todavía este tipo de casos lo llevaba el Juzgado de Instrucción número 5, la cifra total de asuntos registrados fue de 949. La creación de un órgano especializado y una mayor concienciación de las víctimas para denunciar este tipo de delitos, disparó en 2008 el número de casos hasta un total de 1.253, la mayoría penales (1.164) y el resto civiles (89). Estos últimos son los que sufrieron un mayor incremento respecto al año anterior, cercano al 51%. Marbella representa el 13,8% de procedimientos de este tipo registrados en toda la provincia, según el informe hecho público ayer por la Fiscalía Superior de Andalucía.

Los datos del primer trimestre de este año no son muy alentadores. Los asuntos penales han subido un 24,3% si se compara con los tres primeros meses del año pasado. Los civiles, sin embargo, han caído en picado. De 78 asuntos se ha pasado a 26.

Caso cerrado

Las cifras de Marbella, muy similares a las que manejan desde hace años los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital, ponen en evidencia el alto porcentaje de casos que acaban en condena, pero también, que el archivo de este tipo de asuntos es más habitual que en el resto de procedimientos judiciales. Más de la cuarta parte de los casos termina en el cajón por falta de pruebas que demuestren la agresión física o verbal a la que supuestamente fue sometida la víctima, en muchas ocasiones, por el miedo de la mujer a denunciar. Sin embargo, una vez que el maltratador llega a juicio la condena es casi segura. Ocho de cada diez que entran en la sala de vistas salen con una condena bajo el brazo, en parte, porque en la mayoría de los casos prefieren confesar su culpa y llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para aceptar una pena menos severa. La buena noticia es que el año pasado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella sólo registró un caso de homicidio, y fue en grado de tentativa.

Diariosur.es

Inés Rojas dice que la igualdad no puede ser sin los hombres

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, dijo hoy que la igualdad de mucho más que sinónimo de lucha de las mujeres, y destacó que el Ejecutivo regional tiene muy claro que la igualdad no puede ser sin los hombres.

Inés Rojas se pronunció de este modo durante la presentación del congreso "Hombres y Mujeres. Haciendo por la igualdad", que se celebrará el viernes y el sábado en Las Palmas de Gran Canaria.

La consejera reconoció que durante siglos de hegemonía masculina fue absolutamente necesario que las mujeres luchasen solas y se enfrentaran a la sociedad sin contar apenas con los hombres, porque, comentó, era impensable su complicidad.

Pero, prosiguió Inés Rojas, las mujeres se han dado cuenta de que no quieren hacerlo solas y que tienen que tender la mano a los hombres porque, entre otras cuestiones, se están quedando atrás mientras que las mujeres avanzan mucho.

La consejera opinó que muchos hombres se han dado cuenta de lo beneficioso que es avanzar juntos, y apuntó que la actual es la primera legislatura de la autonomía canaria en la que hay paridad en los consejos de Gobierno.

Aseguró que se nota el hecho de que haya el mismo número de hombres que de mujeres en los consejos de Gobierno por la forma diferente de establecer prioridades, de ver las cosas.

Inés Rojas expresó el orgullo que supone que Canarias sea la quinta comunidad autónoma en cuanto a menor tasa de empleo femenino y la región en la que es menor la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Hablar de discriminación no es lo mismo que hacerlo de deferencia, argumentó la consejera, pues afirmó que somos iguales en oportunidades y derechos, aunque reconoció que todavía hay discriminación por razón de sexo.

Inés Rojas indicó que no se trata de aumentar por que sí el número de mujeres en los cargos de toma de decisiones, sino de que la sociedad aproveche el talento, la forma de pensar, ver y dirigir de las mujeres.

En cuanto al congreso, la intención es que al final se apruebe una propuesta con el compromiso de los hombres de luchar por la igualdad, y que será firmado por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero.

En el congreso participará José Ángel Lozano Gómez, sindicalista, político, educador sexual y dinamizador del movimiento de hombres por la igualdad, quien ahora desempeña las tareas domésticas y el cuidado de su familia.

También participará María Luisa Moltó Carbonell, doctora en Ciencias Económicas y que en la actualidad trata de cuantificar la importancia que el trabajo en el hogar tiene en las cuentas nacionales.

Además, las periodistas Iosune Nieto y Carmen Zamora entrevistarán durante el congreso a Daniel Leal, coordinador del Departamento de Hombres por la Igualdad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, y a Luis Ravelo, coordinador de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

En los talleres que tendrán lugar durante el congreso intervendrán el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales Diego Grimaldi, y la licenciada en Historia Elena Máñez, así como el licenciado en Psicología Clínica Oswaldo Martín y la profesora titular de Historia Moderna María Eugenia Monzón.

Asimismo, ofrecerá una conferencia Amelia Valcárcel, filósofa y escritora, y los periodistas Jesús Montesdeoca y Juan García Luján entrevistarán a Hermas Concepción, primera alcaldesa canaria, en Mazo (1979), y a la más joven alcaldesa, Guacimara Medina, de Artenara.

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L´Alfàs edita una guía de recursos para mujeres víctimas de violencia y acoso

Medio centenar de ellas están acogidas al programa de protección con órdenes de alejamiento de sus parejas

La Policía Local de l'Alfàs del Pi, a través de la concejalía de Igualdad, ha editado una "Guía de actuación y recursos para las mujeres victimas de violencia", que fue presentada ayer por la concejala del área y primera teniente de alcalde, Genoveva Tent. La guía ha sido elaborada por el oficial Miguel Gómez, responsable de la unidad encargada de los servicios de protección a las mujeres del municipio.

Este es el primer manual que recoge la totalidad de los recursos y actuaciones de la mujer ante casos de violencia doméstica, acoso laboral o agresión sexual, en la que se integran más de 70 consejos y una amplia relación de servicios y organismos de atención a la mujer, así como un listado de teléfonos tanto de emergencia, como específicos para este tipo de situaciones, según explicó el autor de la guía.

Una mujer pasa una media de entre 7 y 9 años antes de dar el paso y denunciar a su pareja por acoso, maltrato o violencia, explicó Miguel Gómez. En este sentido la publicación aporta una serie de descripciones para que sea la propia mujer la que identifique los problemas, "ya que se da el caso en que la víctima piensa que eso es algo normal que ocurre en las parejas y percibe que está siendo objeto de maltrato físico o psicológico", señaló.

El ayuntamiento ha editado 1.000 ejemplares que se pueden recoger de forma gratuita en el ayuntamiento, la Casa de Cultura y las dependencias de la Policía local.
Genoveva Tent calificó de guía de "una útil herramienta creada con el objetivo de ayudar a las mujeres que sufren maltratos a vencerlos y no los padezcan más, a través de poner a su disposición toda la información al respecto".

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´Llevo 9 años en un despacho de Emasagra sin hacer nada´

El ex directivo que ha denunciado por ´mobbing´ a la dirección, incluido a S. P., lleva meses en tratamiento psicológico por el supuesto trato "denigrante"

J.C.N.H lleva 28 años como trabajador de Emasagra pero los nueve últimos se han convertido, según confiesa a este diario, en un "verdadero calvario". En la actualidad, ocupa un despacho de la sede de Emasagra en la calle Molinos pero durante las siete horas diarias permanece de brazos cruzados: "no me asignan ninguna función".

En enero presentó una denuncia en los tribunales porque "no aguantaba más", contra varios directivos de Emasagra –incluido S. P. actual consejero delegado– "perfecto conocedor desde 2006 del acoso laboral al que me han sometido".

El Juzgado de Instrucción 8 de Granada trata de aclarar ahora si existen indicios de delitos contra la integridad, lesiones psíquicas y contra los derechos de los trabajadores por parte de S P, el actual gerente R A, su antecesor en el cargo, A N; el director de la Fundación de Emasagra, L G; y el director económico financiero, F S A.

Dada la condición de aforado de S P –actual senador del PP–, el juez F Z elevó una consulta al Tribunal Supremo para saber si era competente para llevar la instrucción del dirigente popular. El alto tribunal estableció en un auto, que hizo público ayer La Opinión, que no se apreciaban, por el momento, indicios de delito por parte de P por lo que remite la causa de nuevo al Juzgado de Instrucción. No obstante, si de la investigación se desprendiera alguna infracción penal "inequívoca y relevante" del senador, el Supremo deja la puerta abierta a que sea la Sala Segunda de lo Penal la que lleve a cabo su enjuiciamiento.

Reunión con S. El denunciante, que ocupó en su día la jefatura del área de administración de Emasagra, asegura que él y otro compañero que ya se desligó de la empresa, víctima también del supuesto acoso laboral, acudieron en 2006 al Ayuntamiento para hablar con P. "Le dijimos que ya no aguantábamos más, que llevábamos seis años ninguneados, cada uno en un despacho sin hacer nada y él se comprometió a arreglar el asunto. Él conoce mi situación y está claro que como máximo responsable ejecutivo tiene mucho que decir ", precisa el denunciante, al que no le consta, por otro lado, que haya dado instrucciones directas para discriminarlo.

J.C.N.H. sitúa el origen del problema en el año 2000 cuando él y otros dos compañeros –estos dos últimos fuera ya de la empresa– denunciaron una serie de irregularidades,. Entonces, el consejero delegado era el hoy subdelegado de Gobierno, A C.

El despido de los tres se declaró improcedente y fue entonces cuando empezaron a sufrir la supuesta persecución laboral. Con la llegada del PP al gobierno de la ciudad, la situación no varió. Con el tiempo, sus dos compañeros solicitaron la resolución del contrato obteniendo una indemnización.

El denunciante asegura que a él le ofrecieron un puesto en la Fundación de Emasagra, responsabilidad que aceptó, no sin antes renunciar a su puesto en el comité de empresa. Tampoco allí tuvo un trabajo asignado, continuó el ninguneo hasta que el gerente R A le comunicó en diciembre pasado que debía volver de nuevo a la empresa, según su testimonio.

Fue en ese momento cuando confiesa que toca fondo y sufre una depresión que le lleva a presentar la denuncia ante los tribunales y, al mismo tiempo, solicitar una baja médica por problemas psicológicos que le mantuvo fuera durante cuatro meses. No obstante, precisa que a día de hoy sigue yendo a las consultas con el psicólogo.

"Mi situación era insostenible, no podía soportar por más tiempo el trato recibido y no me quedaba más salida que acudir al juez", argumenta el denunciante, quien afirma que no busca una indemnización millonaria sino mantener su puesto de trabajo en condiciones normales.

ÁLVARO CALLEJA
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Silencio por la mujer asesinada en Fuenlabrada por su pareja

Asociaciones de mujeres, sociales y ciudadanas convocaron una concentración silenciosa en repulsa por la última mujer asesinada víctima de la violencia machista.

Se trata de una joven de veintidós años, de nacionalidad dominicana, que ha muerto apuñala en Fuenlabrada. Con esta nueva víctima son ya 25 las mujeres asesinadas este año por sus parejas o ex parejas.

La concentración silenciosa pretende, una vez más, buscar la repulsa social hacia los crímenes machistas. 'No cedas, implícate' es el lema de las asociaciones integrantes del Pacto con el que se busca el compromiso social para avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.

A la concentración de esta mañana han acudido el primer teniente Alcalde del Ayuntamiento, Marcelino García Domínguez, la concejala de la Mujer, Adela Otero y concejales y concejalas integrantes del Gobierno y de la Corporación Municipal.

La concentración responde a los compromisos del Pacto ciudadano contra la violencia hacia las mujeres de la ciudad de Alcorcón, firmado por el Ayuntamiento y 27 asociaciones y entidades de mujeres, ciudadanas, vecinales y políticas del municipio.

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En el 21% de las llamadas al 112 corría peligro la vida de alguien

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, manifestó ayer en comisión parlamentaria que en el 21% de las llamadas recibidas por el 112 de mujeres maltratadas corría la vida de alguien, aunque precisó que la mayoría de las consultas (el 41%) corresponden a personas que solicitaban información.

Así respondió ayer Inés Rojas a la socialista Eulalia Guerra, dentro de la comparecencia sobre violencia de género, donde la consejera precisó que han sido 85.000 las incidencias de malos tratos registradas.

Guerra preguntó de qué manera se trabaja de forma transversal en el campo de la prevención de la violencia de género. Reclamó que dependiera de la voluntad política la puesta en marcha de medidas y políticas en favor de la prevención de la violencia laboral.

Asimismo, reclamó los programas que han desaparecido de los centros escolares, en favor de corregir "el exceso de segregación de los hombres en deportes en donde los hombres practican unos y las mujeres, otros".

Rojas coincidió con la socialista en que "la violencia de género es el mayor signo de desigualdad" y expuso los programas de atención como el acceso a una vivienda; las plazas para los hijos de mujeres maltratadas o los convenios con el Servicio Canario de Empleo para optar a formación y un trabajo.

Recordó los trabajos de agentes de igualdad en los consejos escolares y los cursos para profesores; así como los protocolos de actuación en materia de sanidad para prevenir la violencia machista en los que 11.000 mujeres han sido evaluadas.

Guerra aprovechó su turno de réplica para hacer hincapié en que, en su opinión, "todas esas medidas tienen lugar una vez ha ocurrido la tragedia y yo hablo de prevenir, de actuar antes de que suceda", recalcó.

"Es una red de asistencia muy buena, pero no hay prevención es una concepción diferente y cuando se habla de la importancia de la red, siempre tiene que haber una disponibilidad". "No encuentro planteamientos de prevención, ni el programa de erradicar no tiene prevención y es importante trabajar en la prevención", insistió.

La consejera respondió que son "interminable los programas" que tiene la Consejería en este sentido y sobre todo el Instituto Canario de la Mujer. Aseguró que hay que prevenir en dos aspectos: "que no tengamos víctimas de violencia de género con todos los sectores implicados e incorporar el sentimiento de igualdad".

www.eldia.es

El concepto de violencia de género crecerá más allá del ámbito de la pareja

• Llegará además al entorno familiar, social y laboral
• La nueva Ley también tutelará a las personas dependientes de la mujer

La futura Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León ampliará el concepto de violencia más allá del ámbito de la pareja a otros como el familiar, social y laboral. Además, no sólo garantizará el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas a recibir atención integral, sino también de las personas dependientes de ella, desde hijos a personas mayores, al considerarles víctimas indirectas. Así lo recoge el último borrador del proyecto de Ley que ultima la Junta, al que tuvo acceso Ical, que en breve pasará los últimos trámites para debatirse en el seno de las Cortes regionales.

A estas dos novedades, la norma, compromiso de legislatura del jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, sumará el abordaje de la violencia de género desde el ámbito de la prevención y la atención, para dar una respuesta "efectiva" a las necesidades existentes, y fijará mecanismos de planificación y coordinación de las medidas que adopten los poderes públicos para alcanzar su primer y último objetivo: erradicar esta lacra social.

Del mismo modo, servirá para que se potencien los recursos asistenciales para mejorar la atención al colectivo a través de una mayor cualificación de los profesionales, gracias a programas específicos de formación; y articulará medidas de prevención, a través de un refuerzo de las campañas de sensibilización que se dirigen a la población y con las que se intentará involucrar al mayor número de asociaciones para llegar a la mayor parte del público objetivo.

La Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León responde a la necesidad de "regular como el máximo rango legal" la obligación de los poderes públicos de dar una respuesta efectiva al problema, para lo que fijará un conjunto de derechos y abordará sus situaciones desde un punto de vista global y multidisciplinar. Su objetivo básico pasa por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, para lo que es necesario eliminar la violencia hacia la mujer como la más clara manifestación de desigualdad.

En este sentido, el texto normativo especificará que los poderes públicos "no pueden ser ajenos a este tipo de violencia, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la no discriminación por razones de sexo". De hecho, este derecho a la igualdad real está considerado como fundamental en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, y obliga a los poderes públicos a eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida su plena realización.

En el caso concreto del Estatuto de Autonomía, la norma autonómica básica prohíbe, de forma expresa, la discriminación de género y exige a los poderes públicos adoptar medidas positivas para lograr la plena igualdad entre sexos, sobre todo en "el ámbito educativo, económico, laboral, en la vida pública, el medio rural, en relación con su salud y con colectivos de mujeres en situación de necesidad especial, de manera particular las víctimas de violencia de género".

Abordaje integral

La Ley, cuyo título preliminar establece como principio rector garantizar la protección de la intimidad de las víctimas en todos los procedimientos, también contempla como parte del abordaje integral la elaboración de estudios y trabajos de investigación que permitan conocer con mayor precisión las causas y consecuencias de la violencia de género, así como la colaboración con los medios de comunicación.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la norma es la prevención. En este ámbito destacan las medidas de formación de todos los profesionales que intervienen con las mujeres y, en especial, la importancia de la prevención en el ámbito educativo, laboral y sanitario. Dentro de los instrumentos de planificación y coordinación, como ejes rectores, la Ley se centrará en todas aquellas medidas que sumen los esfuerzos de instituciones, asociaciones y colectivos que trabajan en la erradicación de esta lacra social.

Colaboración

El desarrollo del cuerpo normativo se han tenido muy presentes la conclusiones de la Ponencia de Estudio sobre Violencia de Género en Castilla y León que, tras la comparecencia de expertos y profesionales, se cerró en 2006 con la principal conclusión de ofrecer a la sociedad una regulación específica en la materia, además con carácter integral.

En la elaboración de este anteproyecto han participado cerca de 50 colectivos y asociaciones de Castilla y León con la presentación de alegaciones, conclusiones y sugerencias. Entre ellos figuran, por ejemplo, la Comisión Regional contra la Violencia hacia la Mujer y el Consejo Regional de la Mujer. La primera está integrada por el Consejo de Colegios Profesionales de Abogados de Castilla y León; el de Psicólogos, y el de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en Castilla y León. El segundo lo integran, además de los sindicatos UGT y CCOO, hasta 15 asociaciones de mujeres y otras de carácter más general, como los sindicatos agrarios UCCL y Asaja.

En la lista de colectivos a los que la Junta ha consultado se encuentran también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL); la Delegación del Gobierno; la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP); la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), junto a Cruz Roja Castilla y León; Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León; el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos y el de Diplomados en Enfermería, entre otros.

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Malos tratos. interior tiene a 1.776 policías y guardias civiles trabajando en protección de mujeres

El Ministerio de Interior tiene a 1.776 policias y guardias civiles dedicados a la "protección policial de mujeres maltratadas", según indica en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular a la que tuvo acceso Servimedia.

Aunque "la totalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están dedicadas" a esa tarea, existe un sistema integrado y coordinado de actuación que incluye varias unidades especializadas.

Se trata del Servicio de Atención a la Mujer (SAM), las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a las Mujeres Maltratadas (UPAP) de la Policía y los EMUME de la Guardia Civil. Además, hay efectivos de las unidades de seguridad ciudadana que ejecutan las medidas de protección resultantes de la valoración de riesgo policial y judicial.

En total, hay 1.776 agentes trabajando en las unidades especializadas, 694 de ellos en el SAM, 528 en las UPAP y 554 en las unidades correspondientes de la Guardia Civil.

Por provincias, Madrid es la que mayor dotación tiene con 184 agentes asignados. Las demarcaciones catalanas apenas tiene policías y guardias civiles porque son los Mossos d´Esquadra los que asumen estas competencias.

Entre las provincias con mayor dotación se encuntran Valencia, con 97 agentes; Alicante (87), Cádiz (78), Sevilla (76), Murcia (73), Las Palmas (71), Málaga (64), Illes Baleares (64) y Tenerife, con 58 agentes asignados a protección de mujeres maltratadas.

ecodiario.eleconomista.es

Reclaman más recursos para luchar contra la violencia a las mujeres

La plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres presentó ayer las conclusiones de seis mesas de debate recientes sobre la violencia de género, documento en el que se recoge las reflexiones realizadas en el ciclo, analiza en profundidad los más diversos aspectos de este drama social y en el que figuran una serie de sugerencias para hacer más eficaz la ley de protección integral a la mujer.

Según informó la presidenta de la plataforma, Carmen León, la mayoría de las demandas a las administraciones y responsables en la lucha contra la violencia a la mujer se centran en reclamar más recursos humanos y económicos, un factor del que depende que la eficacia de la normativa tanto en el aspecto de seguridad como en el judicial, de empleo, vivienda, etcétera. El documento también reclama en sus conclusiones "una mayor formación en cuestiones de género de todos los agentes que intervienen desde que la mujer inicia el camino para alejarse de la violencia. No se trata solo de una formación, intelectual, para saber, sino de poder empatizar con las víctimas", explica Carmen León.

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Premian un estudio sobre cómo perciben los niños la violencia en televisión

Un trabajo sobre cómo los niños interpretan la violencia en la ficción televisiva infantil ha ganado el primer premio de la XXI edición de los galardones que otorga el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), dotado con 7.000 euros.

La autora del estudio es la profesora Sue Aran Ramspott, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Fundación Blanquerna-Universitat Ramón Llull, quien ha analizado la presencia de la violencia en la ficción televisiva desde una perspectiva teórica y empírica.

El estudio identifica los tipos de violencia que generan más rechazo entre los menores y determina que es aquella que tiene lugar en su entorno más conocido como el domicilio familiar, la escuela o los hospitales, y que parte de alguien que identifican como "bueno" y que se corresponde con los padres o los profesores.

Pese a que admiten que la violencia más grave es la que provoca muertos, es una discusión entre padres, por ejemplo, la que les produce un grado más alto de desagrado, por miedo a que se rompa la unidad familiar.

El trabajo también revela que los niños muestran más rechazo hacia la violencia verbal que tiene lugar en el ámbito cotidiano que hacia las armas blancas o la sangre.

El segundo premio de los galardones del CAC, dotado con 3.000 euros, se ha otorgado a la profesora Anna Tous Rovirosa, asociada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, por su trabajo "La era del drama en la televisión. Precurrencia temática y género en cinco series".

El trabajo, que ha analizado las series "El ala oeste de la Casa Blanca", "CSI: Las Vegas", "Perdidos", "Mujeres desesperadas" y "House", aporta una reflexión sobre la pervivencia de los mitos en las narraciones de la televisión actual.

La entrega de los premios ha tenido lugar en el Palau Centelles de Barcelona y ha estado presidido por el presidente del CAC, Ramon Font, y por el presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat, Pere Jover.

El CAC también ha aprobado hoy las ayudas a seis proyectos de investigación, becas que llegan a su sexta edición, y que versarán sobre los retos de la comunicación en la era de la convergencia mediática, la promoción de la lectura entre los alumnos sordos o la eficacia de las nuevas formas de publicidad televisiva.

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Los 88 municipios canarios tendrán un protocolo único para violencia machista

El Gobierno regional y la Federación Canaria de Municipios firmaron hoy un convenio para que los 88 ayuntamientos de las islas apliquen un único protocolo de actuación en materia de violencia machista, lo que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, considera "de vital importancia".

Así lo indicó la consejera en la rueda de prensa posterior a la firma del convenio con el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Lázaro Brito, a la que también asistieron la directora del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, y representantes de la comisión de igualdad de la entidad que agrupa a los ayuntamientos.

Inés Rojas precisó que el convenio está relacionado con la cooperación en actuaciones de sensibilización, asistencia integral y prevención de la violencia de género desde el ámbito municipal.

"Es importante que los 88 municipios canarios tengan un único protocolo de actuación y que coordinen sus acciones, además de consensuarlas, con el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Mujer", subrayó la consejera.

Añadió que se debe continuar el trabajo para introducir las perspectivas de género en las iniciativas municipales y destacó que el Gobierno "tiene que ir de la mano" con cabildos y sobre todo, con los ayuntamientos, para que todas estas corporaciones tengan las herramientas y la financiación necesarias para las políticas de igualdad.

Se refirió la consejera a "la inquietud" que han mostrado muchos municipios al elaborar sus propios planes de igualdad, lo que demuestra su implicación "real" a la hora de respaldar las políticas en este ámbito.

Rojas consideró además que es "triste" que la lucha por la igualdad y la convivencia en paz tenga que venir "obligada" por una ley, que supone "un camino importante", pero también destacó que hay que trabajar unidos en esta cuestión no sólo porque sea un mandato legal, ya que en todo caso así lo dicta "la ley natural".

Lázaro Brito, presidente de la Fecam, afirmó que con la firma de este acuerdo también se da cumplimiento a las directrices de la Carta Europea para la Igualdad de Oportunidades y la normativa estatal y autonómica en este ámbito.

A su juicio, los municipios deben "favorecer el camino" para propiciar acciones positivas "en el ámbito local" con políticas activas que ayuden a determinar las diferencias entre hombres y mujeres.

De esta forma, según el presidente de la Fecam, se ayuda también a sensibilizar contra la violencia de género además de atenuar las diferencias entre ambos sexos, porque todas las administraciones deben incentivar las medidas necesarias para favorecer la información sobre este asunto y garantizar el acceso a los derechos básicos.

"Las mujeres sufren una discriminación múltiple" sobre la que deben concienciar las administraciones, lo que además incluye la formación de su personal y el contribuir a que se pueda conciliar la vida familiar y laboral, dijo Brito.

En su opinión, también es competencia de las corporaciones locales el eliminar obstáculos y estereotipos sociales, además de promover "principios de acción positiva" para favorecer la igualdad de oportunidades.

www.canarias7.es