El Consell de Govern de Baleares ha acordado que el ejecutivo balear se personará como acusación particular en los juicios penales por violencia machista en los que se haya producido la muerte de la víctima o lesiones graves.
La portavoz del Govern y consellera de Trabajo Formación, Joana Barceló, ha informado hoy, tras la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consell de Govern, de esta decisión que se ha adoptado a propuesta de la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.'Es un asunto de estado que nos obliga a las administraciones a poner todos los medios para poder proteger a las víctimas de la violencia de género', ha afirmado Barceló.
El acuerdo otorga a la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la autorización, previo informe del Institut Balear de la Dona, para notificar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma los juicios penales por violencia contra las mujeres en los que se debe personar como acusación particular en representación del Govern.
Con este acuerdo, la posibilidad de que el Govern decidiera personarse en los procesos judiciales relativos a violencia machista se convierte en obligación siempre que se trate de malos tratos contra mujeres que tengan como resultado la muerte o lesiones graves para la víctima.
Terra Actualidad - EFE
17 de octubre de 2008
Dos detenidos en Murcia por sendos casos de violencia machista
Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el municipio de Murcia por agresiones a sus compañeras sentimentales, una en Espinardo esta madrugada, informó a EFE un portavoz de la Policía Local.
En el caso de Espinardo, los agentes fueron requeridos por la mujer a las 1,38 horas, ya que su ex marido había acudido a su domicilio para llevarse a su hijo, menor de edad, a lo que ésta se negó, por lo que "la insultó y la agarró el cuello fuertemente con ambas manos", agregó la fuente.
El agresor, que responde a las iniciales Jose Luis G.R., de 43 años, fue detenido.
En la tarde de ayer tuvo lugar otra agresión machista por otra discusión entre una pareja, tras lo que fue detenido Carlos Francisco G.M., de 42 años, ya que la mujer presentaba signos de enrojecimiento en el cuello fruto de que la había ejercido presión en el cuello con ambas manos.
Los citados hechos tuvieron lugar a las 18 horas en el carril de la Condomina, cuando una patrulla policial se cruzó con un turismo y la mujer que ocupaba el asiento del acompañante hizo gestos de necesitar auxilio.
EFE
www.murcia.com
En el caso de Espinardo, los agentes fueron requeridos por la mujer a las 1,38 horas, ya que su ex marido había acudido a su domicilio para llevarse a su hijo, menor de edad, a lo que ésta se negó, por lo que "la insultó y la agarró el cuello fuertemente con ambas manos", agregó la fuente.
El agresor, que responde a las iniciales Jose Luis G.R., de 43 años, fue detenido.
En la tarde de ayer tuvo lugar otra agresión machista por otra discusión entre una pareja, tras lo que fue detenido Carlos Francisco G.M., de 42 años, ya que la mujer presentaba signos de enrojecimiento en el cuello fruto de que la había ejercido presión en el cuello con ambas manos.
Los citados hechos tuvieron lugar a las 18 horas en el carril de la Condomina, cuando una patrulla policial se cruzó con un turismo y la mujer que ocupaba el asiento del acompañante hizo gestos de necesitar auxilio.
EFE
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Fiscalía de Cataluña pide reformas legislativas para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores
La Fiscalía Superior de Cataluña pide "una reflexión profunda" sobre la necesidad de modificar el Código Penal para obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores para evitar que los agresores actúen con impunidad y el alto número de sentencias absolutorias.
Según explica en su memoria anual relativa a 2007, difundida hoy, el Ministerio Público catalán considera que la dispensa a no declarar como testigo al que pueden acogerse las víctimas que siguen unidas por vínculos conyugales a su agresor, "se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo" de los maltratadores, lo que repercute negativamente en la efectividad de la Ley integral contra la violencia de género.
Los jueces de la provincia de Barcelona dictaron el año pasado 4.699 sentencias por delitos de violencia doméstica, de las que 1.976 fueron absolutorias, porque, en muchos casos, las víctimas se retractaron en el momento del juicio, bien por miedo, bien porque siguen unidas sentimentalmente a sus agresores, según avanzó hoy 'El Periódico'.
La "no aceptación de la conveniencia" de las penas de alejamiento e incomunicación genera un "elevado número" de delitos de quebrantamiento de condena, la mayoría de ellos "producido con el consentimiento e, incluso en ocasiones, a instancia de la propia víctima".
Por eso, la Fiscalía aboga por modificar el Código Penal para establecer las penas de alejamiento e incomunicación "de manera imperativa" sólo en los casos más graves que revelen una situación de riesgo futuro, y con "carácter protestativo", en los casos más leves y ocasionales.
También apuesta por que sean los Juzgados de Violencia Doméstica (VIDO) los que se hagan cargo de los quebrantamientos de condena, cuando se hayan establecido este tipo de medidas cautelares en casos de violencia doméstica, porque conocen mejor la situación y el eventual riesgo que puede correr la víctima.
Por otra parte, el Ministerio Público lamenta que la Sección Vigésima de la Audiencia de Barcelona castigue como falta las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja y no como un delito de violencia de género al entender que no se da ninguna situación de discriminación, sumisión o desigualdad.
Los Juzgados VSM barceloneses ya han empezado a recoger esa "jurisprudencia un tanto peculiar" en agresiones mútuas de carácter leve, y la Fiscalía recurre dichas resoluciones judiciales que la Sección Vigésima desestima en base a su propia jurisprudencia.
También lamenta que la larga jornada laboral de los fiscales especializados en este tipo de delitos desanime a los fiscales a unirse voluntariamente a este servicio, "que se ha convertido en el más gravoso" y que está cubierto, en su mayor parte, por sustitutos.
www.europapress.es
Según explica en su memoria anual relativa a 2007, difundida hoy, el Ministerio Público catalán considera que la dispensa a no declarar como testigo al que pueden acogerse las víctimas que siguen unidas por vínculos conyugales a su agresor, "se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo" de los maltratadores, lo que repercute negativamente en la efectividad de la Ley integral contra la violencia de género.
Los jueces de la provincia de Barcelona dictaron el año pasado 4.699 sentencias por delitos de violencia doméstica, de las que 1.976 fueron absolutorias, porque, en muchos casos, las víctimas se retractaron en el momento del juicio, bien por miedo, bien porque siguen unidas sentimentalmente a sus agresores, según avanzó hoy 'El Periódico'.
La "no aceptación de la conveniencia" de las penas de alejamiento e incomunicación genera un "elevado número" de delitos de quebrantamiento de condena, la mayoría de ellos "producido con el consentimiento e, incluso en ocasiones, a instancia de la propia víctima".
Por eso, la Fiscalía aboga por modificar el Código Penal para establecer las penas de alejamiento e incomunicación "de manera imperativa" sólo en los casos más graves que revelen una situación de riesgo futuro, y con "carácter protestativo", en los casos más leves y ocasionales.
También apuesta por que sean los Juzgados de Violencia Doméstica (VIDO) los que se hagan cargo de los quebrantamientos de condena, cuando se hayan establecido este tipo de medidas cautelares en casos de violencia doméstica, porque conocen mejor la situación y el eventual riesgo que puede correr la víctima.
Por otra parte, el Ministerio Público lamenta que la Sección Vigésima de la Audiencia de Barcelona castigue como falta las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja y no como un delito de violencia de género al entender que no se da ninguna situación de discriminación, sumisión o desigualdad.
Los Juzgados VSM barceloneses ya han empezado a recoger esa "jurisprudencia un tanto peculiar" en agresiones mútuas de carácter leve, y la Fiscalía recurre dichas resoluciones judiciales que la Sección Vigésima desestima en base a su propia jurisprudencia.
También lamenta que la larga jornada laboral de los fiscales especializados en este tipo de delitos desanime a los fiscales a unirse voluntariamente a este servicio, "que se ha convertido en el más gravoso" y que está cubierto, en su mayor parte, por sustitutos.
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El CGPJ investiga posibles anomalías en el Juzgado de Violencia de Género
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación al titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Huelva por posibles anomalías en su funcionamiento.
El juez Francisco Ramírez Herves ya fue investigado cuando ejerció su carrera profesional en Mellilla y Ayamonte.
Según ha podido saber ODIEL Información de Huelva, hasta tres inspectores del CGPJ se desplazaron el jueves hasta el Palacio de Justicia de Huelva para analizar la situación de este juzgado específico de violencia de género, que se puso en funcionamiento hace un año.
El CGPJ ha detectado que su titular puede ser el responsable de la pérdida de expedientes sobre casos de violencia de pareja o del retraso en el dictamen de sentencias en juicios de faltas.
Estos retrasos se habrían prolongado hasta seis meses en el tiempo.
Además, los inspectores del órgano de los jueces también investigan el trabajo que este juez desempeñó en el Juzgado de Instrucción 4, que llevaba, entre otros, los casos de violencia de género hasta que se creó el órgano específico.
En este otro juzgado, Ramírez Herves y dos funcionarios, podrían haber cometido las mismas faltas de pérdida de expedientes o retrasos injustificados en el dictamen de las sentencias.
El titular de Violencia sobre la Mujer ya fue investigado en ciudades como Melilla o Ayamonte, donde comenzó a ejercer su carrera profesional.
En Melilla, Ramírez Herves fue investigado por perder un expediente sobre un importante caso de tráfico de drogas.
En Ayamonte, donde fue titular del el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, el juez recibió al menos dos denuncias de los propios funcionarios por el mal funcionamiento del mismo. Quienes lo conocen y han trabajado con él codo con codo lo tachan de déspota.
Los tres inspectores del CGPJ estuvieron en el despacho del magistrado hasta poco antes de las dos de la tarde. Ramírez Herves tuvo que retrasar la única vista oral prevista en la mañana de ayer.
¿Juez y parte?
Los asuntos del juez Francisco Ramírez Herves, según ha podido saber este periódico, van más allá de supuestas irregularidades que investiga la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Al parecer, según diversas fuentes, la mujer del magistrado, Susana Duque Mora, y el juez habrían incurrido en una serie de incompatibilidades judiciales que podrían ser objeto de investigación judicial.
Duque Mora, según las fuentes, ejerció de abogada en el mismo juzgado en que su marido era juez, algo que, según las mismas fuentes, sería incompatible para el ejercicio de ambas actividades, sobre todo para la del juez, aunque éste no haya firmado ninguna sentencia en la que su esposa figurara como letrada. En este punto, las fuentes consultadas señalan a un compañero del juez, otro magistrado, que habría firmado sentencias favorables a Susana Duque, conociendo la relación matrimonial entre ésta y Ramírez Herves.
El titular de Violencia sobre la Mujer de Huelva fue el encargado de estrenar este juzgado desde que se separara del Instrucción 4, donde Ramírez Herves había trabajado, y por el que se le investiga por supuestas pérdidas de expedientes. El mismo magistrado solicitó su traslado voluntario al juzgado de nueva creación, dejando, según diversas fuentes, el juzgado de salida “colapsado”. Ramírez Herves acabó la carrera de Derecho en la Universidad de Huelva en el año 1992.
Lorena Correa / M. Luque
Los subinspectores de Tributos clausuran hoy su XIV Congreso
Denuncian que Hacienda es un terreno "abonado" para los casos de 'mobbing' laboral
El presidente de la asociación de subinspectores de Tributos de España, Laureano Antolín, aprovechó el final de la intervención del presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA, Antonio Moreno Andrade, durante su XIV Congreso para hablar de la figura del acosador, "un auténtico psicópata".
Antolín afirmó al respecto que está probado que Hacienda, "por su estructura organizativa", es terreno abonado para el mobbing laboral. Además, quiso dejar claro que considera que ciertos colectivos del cuerpo de subinspectores "no se muestran dispuestos a modificar esas estructuras para así no perder su situación de privilegio".
Laureano Antolín dijo también que "siempre los subinspectores desarrollan un trabajo que no se nos reconoce, que se nos malpaga, lo que genera un caldo de cultivo ideal para la aparición de los casos de mobbing".
Pero antes de la intervención de Antolín, Antonio Moreno fue el introductor del tema del mobbing, no sin antes hablar sobre Derecho sancionador Tributario.Sobre el acoso laboral, Moreno Andrade definió el mobbing como el "recurso a la fuerza con resultados degradantes para el trabajador" y no dudó en afirmar que la incorporación de los políticos a cargos dentro de la administración de Justicia ha sido "un factor de riesgo para el acoso laboral".
Además manifestó que este tipo de acoso laboral tiene normalmente como fundamento la "aniquilación y sometimiento y salida forzada de la organización del propio trabajador víctima del mobbing".
Posteriormente, Salvador Viada Bardaji, fiscal del Tribunal Supremo, protagonizó una "suprema" intervención, como la calificó posteriormente Luis do Campo, del comité organizador del congreso, que versó sobre el papel del perito en procedimientos penales de inspección de tributos, que debe ser un profesional "didáctico, rápido y con coraje".
En su apasionada conferencia habló de la "crisis de credibilidad que viven a día de hoy los órganos judiciales". Su intervención la inició hablando de un dato: el 96 por ciento de las empresa españolas no son objeto de inspección "por defecto de la agencia tributaria".
En su discurso, el fiscal Viada sacó a la palestra varios casos de sentencias relacionadas con presuntos delitos económicos que han quedado impunes. Para definir la actual situación que vive la administración de justicia, la comparó con una cadena en la que es necesario que no se afloje ninguno de sus eslabones.
"En cuanto uno se afloja, se rompe la cadena".
Pero en la intervención de Salvador Viada fue el perito el auténtico protagonista y "os lo digo a vosotros, subinspectores de Hacienda, que sois potenciales peritos judiciales".Habló sobre sus deberes y de cómo debe ser un buen perito porque "el trabajo del fiscal depende de su buen trabajo por lo que debe esforzarse por ser didáctico y realizar el informe a su tiempo".
Por otra parte, hoy tendrá lugar la asamblea que reúne en Cádiz a los subinspectores de Tributos de España y la clausura del congreso que contará con la presencia, en Diputación, de destacadas autoridades de la provincia de Cádiz.
Joaquín Benítez
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/255464/los/subinspectores/tributos/clausuran/hoy/su/xiv/congreso.html
El presidente de la asociación de subinspectores de Tributos de España, Laureano Antolín, aprovechó el final de la intervención del presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo del TSJA, Antonio Moreno Andrade, durante su XIV Congreso para hablar de la figura del acosador, "un auténtico psicópata".
Antolín afirmó al respecto que está probado que Hacienda, "por su estructura organizativa", es terreno abonado para el mobbing laboral. Además, quiso dejar claro que considera que ciertos colectivos del cuerpo de subinspectores "no se muestran dispuestos a modificar esas estructuras para así no perder su situación de privilegio".
Laureano Antolín dijo también que "siempre los subinspectores desarrollan un trabajo que no se nos reconoce, que se nos malpaga, lo que genera un caldo de cultivo ideal para la aparición de los casos de mobbing".
Pero antes de la intervención de Antolín, Antonio Moreno fue el introductor del tema del mobbing, no sin antes hablar sobre Derecho sancionador Tributario.Sobre el acoso laboral, Moreno Andrade definió el mobbing como el "recurso a la fuerza con resultados degradantes para el trabajador" y no dudó en afirmar que la incorporación de los políticos a cargos dentro de la administración de Justicia ha sido "un factor de riesgo para el acoso laboral".
Además manifestó que este tipo de acoso laboral tiene normalmente como fundamento la "aniquilación y sometimiento y salida forzada de la organización del propio trabajador víctima del mobbing".
Posteriormente, Salvador Viada Bardaji, fiscal del Tribunal Supremo, protagonizó una "suprema" intervención, como la calificó posteriormente Luis do Campo, del comité organizador del congreso, que versó sobre el papel del perito en procedimientos penales de inspección de tributos, que debe ser un profesional "didáctico, rápido y con coraje".
En su apasionada conferencia habló de la "crisis de credibilidad que viven a día de hoy los órganos judiciales". Su intervención la inició hablando de un dato: el 96 por ciento de las empresa españolas no son objeto de inspección "por defecto de la agencia tributaria".
En su discurso, el fiscal Viada sacó a la palestra varios casos de sentencias relacionadas con presuntos delitos económicos que han quedado impunes. Para definir la actual situación que vive la administración de justicia, la comparó con una cadena en la que es necesario que no se afloje ninguno de sus eslabones.
"En cuanto uno se afloja, se rompe la cadena".
Pero en la intervención de Salvador Viada fue el perito el auténtico protagonista y "os lo digo a vosotros, subinspectores de Hacienda, que sois potenciales peritos judiciales".Habló sobre sus deberes y de cómo debe ser un buen perito porque "el trabajo del fiscal depende de su buen trabajo por lo que debe esforzarse por ser didáctico y realizar el informe a su tiempo".
Por otra parte, hoy tendrá lugar la asamblea que reúne en Cádiz a los subinspectores de Tributos de España y la clausura del congreso que contará con la presencia, en Diputación, de destacadas autoridades de la provincia de Cádiz.
Joaquín Benítez
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/255464/los/subinspectores/tributos/clausuran/hoy/su/xiv/congreso.html
Un hombre se enfrenta a 16 años por malos tratos y quema su vivienda
El encartado le propinó dos puñetazos en la cara a su mujer y le rompió la nariz
Un individuo se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de un presunto delito de violencia doméstica a su mujer durante cinco años.
Además, la Fiscalía Provincial de Córdoba acusa a M C. V. de impedir el acceso de la víctima al domicilio, al que prendió fuego el 10 de agosto del año pasado.
Según el fiscal, el deterioro de la convivencia provocó "frecuentes discusiones" entre la pareja, en el transcurso de las cuales le gritó expresiones como "puta, perra" o "te voy a matar".
Otras veces, le propinó bofetadas y puñetazos, aunque ella nunca se atrevió a denunciar.
La mayoría de estos episodios tenían lugar estando presentes los hijos de ambos, menores de edad.
A principios de agosto del año pasado, el procesado propinó dos puñetazos en la cara a su pareja, a consecuencia de lo cual le causó fractura de los huesos de la nariz. Días más tarde, atrancó la puerta de la vivienda y, aprovechando que la víctima no estaba en casa, apiló los muebles en las habitaciones y les prendió fuego.
Como consecuencia del incendio, el piso que habitaba el procesado y su familia quedó completamente calcinado. La reparación costó 19.600 euros.
Á. R.
www.eldiadecordoba.es
Un individuo se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia para responder de un presunto delito de violencia doméstica a su mujer durante cinco años.
Además, la Fiscalía Provincial de Córdoba acusa a M C. V. de impedir el acceso de la víctima al domicilio, al que prendió fuego el 10 de agosto del año pasado.
Según el fiscal, el deterioro de la convivencia provocó "frecuentes discusiones" entre la pareja, en el transcurso de las cuales le gritó expresiones como "puta, perra" o "te voy a matar".
Otras veces, le propinó bofetadas y puñetazos, aunque ella nunca se atrevió a denunciar.
La mayoría de estos episodios tenían lugar estando presentes los hijos de ambos, menores de edad.
A principios de agosto del año pasado, el procesado propinó dos puñetazos en la cara a su pareja, a consecuencia de lo cual le causó fractura de los huesos de la nariz. Días más tarde, atrancó la puerta de la vivienda y, aprovechando que la víctima no estaba en casa, apiló los muebles en las habitaciones y les prendió fuego.
Como consecuencia del incendio, el piso que habitaba el procesado y su familia quedó completamente calcinado. La reparación costó 19.600 euros.
Á. R.
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Miedo a denunciar
Los trabajadores panameños muy poco presentan las quejas contra sus empleadores al sentirse hostigados. El obrero puede renunciar justificadamente y luego ir a los tribunales a defender su caso.
El temor, la falta de información y el proceso legal luego de presentada la queja son los factores que contribuyen a que el trabajador panameño no denuncie el acoso laboral.
En Estados Unidos y Europa este tema se plantea en los niveles normativo y doctrinal solo desde hace 15 años. Mientras que en Panamá, las denuncias se pueden presentar ante los tribunales laborales.
En Estados Unidos y Europa este tema se plantea en los niveles normativo y doctrinal solo desde hace 15 años. Mientras que en Panamá, las denuncias se pueden presentar ante los tribunales laborales.
“El acoso laboral o el mobbing no es más lo que los panameños hemos denominado ‘velártela’. Esta discriminación puede surgir por la raza, el sexo, las condiciones sociales y gremiales”, explicó Carlos Ayala Montero, director ejecutivo de la Academia Panameña de Derecho al Trabajo.
Ayala enfatizó que en Panamá, debido a que casi no se ha tratado este problema –ni individualmente ni colectivamente–, simplemente se dejaba pasar, no hay jurisprudencia.
LEGALIDAD
“Hay muy poca jurisprudencia en Panamá sobre este asunto, es decir, que los trabajadores no tienen la costumbre de denunciar y tampoco existen los canales legales ni las instituciones adecuadas para plantear las quejas”, reiteró.
“Hay muy poca jurisprudencia en Panamá sobre este asunto, es decir, que los trabajadores no tienen la costumbre de denunciar y tampoco existen los canales legales ni las instituciones adecuadas para plantear las quejas”, reiteró.
Luego de consultar en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se comprobó que efectivamente casi no se presentan las denuncias sobre acoso laboral.
Rodolfo Stanziola, director general de Trabajo del Mitradel, dijo que en sus oficinas muy poco se presentan este tipo de acusaciones contra el empleador.
Rodolfo Stanziola, director general de Trabajo del Mitradel, dijo que en sus oficinas muy poco se presentan este tipo de acusaciones contra el empleador.
RENUNCIA
Stanziola explicó que los trabajadores, víctimas del mobbing, pueden presentar una renuncia justificada y posteriormente presentar una demanda por acoso laboral en los tribunales laborales.
“Con tu renuncia justificada no quedas indefenso, es como el primer paso para ir a los tribunales”, añadió.
Stanziola explicó que los trabajadores, víctimas del mobbing, pueden presentar una renuncia justificada y posteriormente presentar una demanda por acoso laboral en los tribunales laborales.
“Con tu renuncia justificada no quedas indefenso, es como el primer paso para ir a los tribunales”, añadió.
En este proceso le corresponderá al obrero comprobar que fue hostigado y menospreciado mediante la presentación de testigos.
En tanto, Julia Suira, secretaria del Sindicato de la Industria Textil, recordó que en Panamá se ha avanzado un poco en proteger a los panameños contra el acoso laboral, sobre todo a la hora de negociar las convenciones colectivas. “El obrero vive temeroso y esto le causa estrés y problemas familiares”, dijo.
Manuel Vega Loo
16 de octubre de 2008
Detenido un joven de 25 años por un delito de malos tratos a su pareja en Zamora
Un joven de 25 años de edad, L.R.P., fue detenido ayer por un presunto delito de malos tratos a su pareja, con la que vivía desde hacía año y medio.
Según las declaraciones de la víctima, de 20 años, había sido objeto de malos tratos y lesiones durante su convivencia en cuatro ocasiones.
La Policía Nacional en Zamora informó que estos malos tratos consistían en bofetadas y puñetazos, además de intentos de ahogamiento.
www.icalnews.com
Según las declaraciones de la víctima, de 20 años, había sido objeto de malos tratos y lesiones durante su convivencia en cuatro ocasiones.
La Policía Nacional en Zamora informó que estos malos tratos consistían en bofetadas y puñetazos, además de intentos de ahogamiento.
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El Gobierno destinará más de 300 millones al combatir la violencia machista
El ministerio de Igualdad ha recibido un incremento del 37,19%, "significativo" teniendo en cuenta la austeridad de los Presupuestos Generales del Estado´´
El ministerio de Igualdad invertirá 28,3 millones de euros en el combate contra la violencia machista, a los que se sumarán otros 300 millones del resto de las carteras, ha informado en rueda de prensa la ministra Bibiana Aído.
En la presentación de los presupuestos de Igualdad, Aído ha detallado que la cuantía global de su ministerio ascenderá a 113,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 37,19 por ciento con respecto a 2008.Ha recalcado, en este sentido, el incremento presupuestario "significativo" teniendo en cuenta la austeridad de los Presupuestos Generales del Estado confeccionados para el próximo año.
Por áreas, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género tendrá 28,3 millones, un 83,7 por ciento más con relación al año anterior; el organismo autónomo del Instituto de la Mujer dispondrá de 25 millones y el de Juventud de 34,8 millones.
Dentro de este mismo capítulo, 8 millones se destinarán a campañas de sensibilización y protección de las víctimas de maltrato; 3 millones a programas de reeducación de los maltratadores y 5 millones a la adquisición de dispositivos electrónicos de control telemático para las medidas de alejamiento impuestas a los maltratadores. El resto de los ministerios aportarán 300 millones de euros a la lucha contra la violencia machista.
De esta última cuantía, Interior aportará 144 millones para la seguridad y protección de las mujeres; Trabajo invertirá 64 millones para la formación y acceso laboral de las mujeres, y Justicia gastará 42 millones en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
Acompañada por la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, y el subsecretario del ministerio, Antonio Hidalgo, Aído ha informado asimismo de que la cantidad global para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres superará los 1.100 millones de euros.
En el ámbito laboral "se seguirá apoyando a las mujeres trabajadoras y emprendedoras, apostando por promocionar el acceso y la consolidación de las mujeres en el mercado laboral y en la empresa". Con ese objetivo, se invertirán cinco millones de euros en la incentivación de empleo y autoempleo de mujeres, dirigido sobre todo a las mujeres de entre 45 y 55 años, así como un millón de euros a la creación y puesta en marcha del distintivo empresarial en materia de igualdad.
EFE
El polémico proyecto de mobbing y acoso laboral sigue “durmiendo” en el Senado
A casi un año de haber logrado media sanción en Diputados, la iniciativa está “congelada” y sin tratamiento en la Cámara alta. Ante la cantidad de reclamos judiciales, especialistas afirman que resultaría conveniente regular esa figura. ¿Por qué se demora su discusión? ¿Qué dice el proyecto?
El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.
Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.
Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.
El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.
Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores. Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados.
Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.
El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.
La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.
La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.
De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.
Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.
El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.
No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.
De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.
Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.
Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".
Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.
Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.
También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.
Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.
Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.
Matías Debarbieri
www.infobaeprofesional.com
El próximo mes se cumplirá un año de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de acoso laboral y mobbing. Sin embargo, desde su elevación al Senado, la comisión de Trabajo y Previsión Social de ese cuerpo no consiguió avanzar en el tratamiento de esa iniciativa.
Las figuras de “mobbing”, acoso o violencia laboral son recientes en la Justicia argentina y surgieron de la propia doctrina de los jueces, ya que no están reguladas por ley.
Los especialistas definen el mobbing como una forma de violencia psicológica en el lugar de trabajo. Explican que un ambiente de trabajo hostil puede hacer imposible la continuación de la relación laboral.
Las empresas están siguiendo con suma atención el trámite legislativo de esta iniciativa, debido a que en los últimos tiempos vienen padeciendo en la Justicia innumerables reclamos de los trabajadores fundados en este instituto.
El proyecto en el Senado
Desde que el proyecto vino aprobado con media sanción en Diputados, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado lo intentó tratar durante el transcurso del año pasado en siete oportunidades, de acuerdo a lo que informó a iProesional.com una fuente de la Cámara alta que pidió estricta reserva.
Sin embargo, en ninguna de ellas hubo quórum que permitiera discutir la iniciativa. Recién en la octava sesión -y con un quórum reducido de cinco senadores- la comisión logró un dictamen, pero se trató de otra iniciativa sobre mobbing proveniente de la Cámara de Senadores. Ese dictamen también incluyó al proyecto aprobado con media sanción en Diputados.
Luego, esa iniciativa dictaminada pasó a la comisión de Justicia donde nunca logró avanzar; “no hay interés” confió la misma fuente del Senado.
El tratamiento en 2008
Con el inicio del nuevo año legislativo el dictamen del proyecto caducó debido al cambio de autoridades de la comisión.
La misma fuente del Senado confió a este medio que desde que comenzaron las sesiones este año, el titular de la comisión, Gerardo Morales (UCR) intentó tratar nuevamente el proyecto en comisión en cuatro oportunidades; “sin embargo, todas fracasaron por falta de quórum”.
La fuente confió que en la última reunión de comisión, los legisladores del Frente para la Victoria indicaron que no aprobarían ningún proyecto laboral sin el “guiño” del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Desde el Senado indican que la parálisis es total y que alcanza no sólo a la iniciativa que pretende regular el acoso laboral, sino también a todo el paquete de reforma laboral impulsado desde Diputados por el legislador oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde.
De esta forma, la iniciativa que regula las figuras de acoso y violencia laboral se encuentra en un indefinido impasse, a la espera de que el Gobierno otorgue luz verde.
Por una reglamentación
Fernando Cortes, integrante de De Diego & Asociados, indicó que resulta fundamental que el Congreso establezca qué tipo de situaciones pueden ser consideradas como mobbing o acoso moral.
El abogado indicó que, frente a la multiplicidad de reclamos judiciales originados en esta figura, las empresas necesitan un marco legal que les diga por qué se es responsable y de qué se es responsable.
No obstante, advirtió que las iniciativas deberían reforzar las potestades disciplinarias y de dirección del empleador ante el acosador: “frente a una situación de acoso, la ley debería facultar a que las empresas pudieran extinguir la relación de trabajo que las vincula con el empleado acosador por pérdida de confianza”.
De esta manera, los empleadores podrían contar con herramientas no sólo para proteger a los dependientes acosados sino también para velar por buenas condiciones en el entorno de trabajo.
Carlos Chiesa, abogado especialista en derecho laboral, destacó que el acoso y la discriminación son conductas reprochables que merecen sanción.
Sin embargo, el experto concluyó que en el proyecto en estudio en el Congreso "se acentúa la aplicación de normas de derecho común extrañas a las relaciones laborales".
Indemnidad absoluta
La mayoría de los profesionales se muestran de acuerdo en que se reglamente la figura del acoso moral en las relaciones del trabajo, aunque advierten que los términos de la iniciativa otorgan una suerte de “indemnidad o estabilidad laboral absoluta” a favor de aquellos trabajadores víctimas de una situación de acoso, que puede prestarse a abusos en detrimento de las empresas.
Así, advierten que el proyecto establece que “ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo, ni ser despedido, por denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia laboral”.
También enfatizan que la iniciativa detalla que “se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del empleado, obedece a su denuncia (de acoso), cuando ocurra dentro del año subsiguiente a su denuncia”.
Además de las indemnizaciones propias de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también establece que la víctima de una situación de acoso laboral podrá cobrar indemnizaciones extratarifarias al habilitarlo a “obtener una reparación por los daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las reglas del Código Civil”.
Excepto para el caso que el empleador acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación, es aplicable el criterio de "solidaridad del empleador" notificado de la situación de violencia laboral o acoso sexual.
Matías Debarbieri
www.infobaeprofesional.com
Detenidas dos personas en La Línea por malos tratos, uno contra la madre y otro contra su pareja
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en La Línea de la Concepción (Cádiz) a dos personas por un presunto delito de malos tratos, uno de ellos con 50 años por presuntamente maltratar a su madre de 82 años y otro de 21 por hacerlo contra su pareja, según informó la Comisaría en un comunicado.
El primero de los detenidos fue S.Y.P., de 50 años, que fue denunciado por maltratar constantemente a sus padres con el fin de exigirles dinero para adquirir sustancias estupefacientes, de las que es adicto.
Así, dado que en esta ocasión se encontraba extremadamente violento, su hermana llamó a la Policía, que al llegar observó como se encontraba en la acera con su madre y, al ver el patrullero, dio un fuerte empujón a la anciana que cayó sobre un conche estacionado. Posteriormente, al intentar detenerlo, interpuso a su madre entre él y los agentes, logrando por fin reducirlo y trasladarlo a Comisaría donde quedó detenido hasta ser pasado a disposición judicial.
Por otra parte, los agentes de la Policía también detuvieron a M.C.N., de 21 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en ámbito familiar.
Según una denuncia presentada, el detenido golpeaba con frecuencia a su pareja sentimental, por lo que tras denunciarlo la mujer, los funcionarios del Servicio de Atención a la Familia procedieron a su detención.
www.europapress.es
El primero de los detenidos fue S.Y.P., de 50 años, que fue denunciado por maltratar constantemente a sus padres con el fin de exigirles dinero para adquirir sustancias estupefacientes, de las que es adicto.
Así, dado que en esta ocasión se encontraba extremadamente violento, su hermana llamó a la Policía, que al llegar observó como se encontraba en la acera con su madre y, al ver el patrullero, dio un fuerte empujón a la anciana que cayó sobre un conche estacionado. Posteriormente, al intentar detenerlo, interpuso a su madre entre él y los agentes, logrando por fin reducirlo y trasladarlo a Comisaría donde quedó detenido hasta ser pasado a disposición judicial.
Por otra parte, los agentes de la Policía también detuvieron a M.C.N., de 21 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en ámbito familiar.
Según una denuncia presentada, el detenido golpeaba con frecuencia a su pareja sentimental, por lo que tras denunciarlo la mujer, los funcionarios del Servicio de Atención a la Familia procedieron a su detención.
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El Congreso insta al Gobierno a crear más juzgados especializados en violencia machista
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una iniciativa del BNG que insta al Gobierno a intensificar, en coordinación con las comunidades autónomas, la creación de juzgados especializados en violencia machista en función de las necesidades que se detecten.
La proposición, presentada por la diputada Olaia Fernández, insistía en la necesidad de crear más juzgados especializados, «como en el caso de Galicia, que está muy justificado», según afirmó. También aborda la formación del personal jurídico dedicado a este asunto y la coordinación entre estos juzgados y los cuerpos de seguridad del Estado.
Esta aprobación se produjo un día después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazara en el Senado la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica en Ourense, Lugo y Ferrol.
A. Posilio
www.lavozdegalicia.es
La proposición, presentada por la diputada Olaia Fernández, insistía en la necesidad de crear más juzgados especializados, «como en el caso de Galicia, que está muy justificado», según afirmó. También aborda la formación del personal jurídico dedicado a este asunto y la coordinación entre estos juzgados y los cuerpos de seguridad del Estado.
Esta aprobación se produjo un día después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazara en el Senado la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica en Ourense, Lugo y Ferrol.
A. Posilio
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La fiscalía aboga por obligar a las víctimas de malos tratos a declarar
*Sugiere que en los casos de agresión se suspenda el derecho de no testificar contra la propia pareja
*La memoria del ministerio público destaca que muchas afectadas rompen la orden de alejamiento
Cinco mujeres murieron en la provincia de Barcelona en el 2007 a manos de su pareja. 72 en toda España. Es un problema (lacra, dicen a menudo los medios de comunicación) en el que la cadena de contramedidas adoptadas (campañas institucionales, órdenes de alejamiento, etcétera...) ha resultado inesperadamente ineficaz. La última edición de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, repasa desde ángulos inéditos y extrapolables al conjunto de España la violencia sexista en la provincia de Barcelona.
Retrata, como es obvio, al maltratador, pero, por sorprendente, destaca el hecho de que analiza la responsabilidad de muchas mujeres en la absolución judicial de sus agresores. Por ello, sugiere una reforma legal que impida a las maltratadas acogerse a la actual dispensa de no declarar contra su pareja en caso de agresión.
En cifras, la situación es la siguiente. Murieron en la provincia de Barcelona cinco mujeres. Son la punta del iceberg de las 4.776 detenciones que a lo largo de ese año se practicaron por violencia sexista. Lo singular del caso es que de las 4.699 sentencias que se dictaron en el 2007, 1.976 fueron absolutorias. ¿Casos sin fundamento? No. La memoria de la fiscalía subraya que la retractación de la víctima está detrás de muchos de esos juicios sin sentencia condenatoria.
El miedo puede ser, claro, una causa de peso para retractarse. Pero da a entender la fiscalía que no es la única. Basta con echar un ojo al capítulo dedicado a la desobediencia de las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores. La cifra es importante. "La no aceptación por parte de las víctimas de la conveniencia de esta pena ha generado la comisión de un elevado número de delitos de ruptura (desobediencia de una orden judicial), la mayoría de ellos producidos con el consentimiento y, en ocasiones, a instancias de la propia víctima", afirma la memoria presentada en el Parlament.
A raíz de esa constatación, la fiscalía catalana consideran que sería oportuno replantear en qué supuestos se debe aplicar una orden de alejamiento. Debería reservase --entienden-- "solo a los supuestos de violencia grave que revelen la existencia de una verdadera situación de riesgo en el futuro".
El conflicto radica, por lo tanto, en determinar cuándo una riña doméstica cruza la línea de la violencia sexista. No define la memoria esa imprecisa línea, pero sí subraya, en cualquier caso, la sorpresa que le ocasiona la "jurisprudencia un tanto particular" que practica la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, que se resiste a ver delito en las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja, al entender que no existe una situación de "discriminación, sumisión o desigualdad".
REFLEXIÓN PROFUNDA
La conclusión final de la fiscalía es que el problema de la violencia sexista sigue enquistado en la sociedad española y que, en consecuencia, alguna reforma legal podría tal vez mejorar la situación.
"Requiere una reflexión profunda el mantenimiento de la dispensa en la obligación de declarar como testigo a las víctimas unidas por vínculos conyugales con el agresor, que se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo de numerosas conductas", afirma. El servicio permanente de Santa Coloma de Gramenet alerta, sin embargo, del abuso de elevar a categoría de delito "ciertos hechos de escasa gravedad".
En cualquier caso, sería equivocado dar a entender que la memoria de la fiscalía pone el foco solo en las víctimas como culpables y no en los agresores. Sobre estos, presenta una interesante radiografía. Ni el consumo de alcohol, ni el abuso de drogas ni una dolencia mental que altere la personalidad está detrás de la mayoría de las agresiones. Los agresores --destaca la memoria-- "consideran a la mujer como un ser sujeto a la sumisión al hombre".La mitad (49%) son españoles. El 31% proceden de Latinoamérica, el 9% del Magreb, un 4% de países del Este, un 3% son comunitarios y solo el restante 4% proceden del África subsahariana o de Oriente. Las edades es otro aspecto en el que hace hincapié el balance anual. La mayoría de los agresores tiene entre 30 y 40 años, Apenas los hay de más de 60 y, en cambio, "hay que hacer mención a un cierto número de agresores menores de 20 años".
JESÚS G. ALBALAT
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*La memoria del ministerio público destaca que muchas afectadas rompen la orden de alejamiento
Cinco mujeres murieron en la provincia de Barcelona en el 2007 a manos de su pareja. 72 en toda España. Es un problema (lacra, dicen a menudo los medios de comunicación) en el que la cadena de contramedidas adoptadas (campañas institucionales, órdenes de alejamiento, etcétera...) ha resultado inesperadamente ineficaz. La última edición de la memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, repasa desde ángulos inéditos y extrapolables al conjunto de España la violencia sexista en la provincia de Barcelona.
Retrata, como es obvio, al maltratador, pero, por sorprendente, destaca el hecho de que analiza la responsabilidad de muchas mujeres en la absolución judicial de sus agresores. Por ello, sugiere una reforma legal que impida a las maltratadas acogerse a la actual dispensa de no declarar contra su pareja en caso de agresión.
En cifras, la situación es la siguiente. Murieron en la provincia de Barcelona cinco mujeres. Son la punta del iceberg de las 4.776 detenciones que a lo largo de ese año se practicaron por violencia sexista. Lo singular del caso es que de las 4.699 sentencias que se dictaron en el 2007, 1.976 fueron absolutorias. ¿Casos sin fundamento? No. La memoria de la fiscalía subraya que la retractación de la víctima está detrás de muchos de esos juicios sin sentencia condenatoria.
El miedo puede ser, claro, una causa de peso para retractarse. Pero da a entender la fiscalía que no es la única. Basta con echar un ojo al capítulo dedicado a la desobediencia de las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores. La cifra es importante. "La no aceptación por parte de las víctimas de la conveniencia de esta pena ha generado la comisión de un elevado número de delitos de ruptura (desobediencia de una orden judicial), la mayoría de ellos producidos con el consentimiento y, en ocasiones, a instancias de la propia víctima", afirma la memoria presentada en el Parlament.
A raíz de esa constatación, la fiscalía catalana consideran que sería oportuno replantear en qué supuestos se debe aplicar una orden de alejamiento. Debería reservase --entienden-- "solo a los supuestos de violencia grave que revelen la existencia de una verdadera situación de riesgo en el futuro".
El conflicto radica, por lo tanto, en determinar cuándo una riña doméstica cruza la línea de la violencia sexista. No define la memoria esa imprecisa línea, pero sí subraya, en cualquier caso, la sorpresa que le ocasiona la "jurisprudencia un tanto particular" que practica la sección número 20 de la Audiencia de Barcelona, que se resiste a ver delito en las agresiones mutuas entre los miembros de una pareja, al entender que no existe una situación de "discriminación, sumisión o desigualdad".
REFLEXIÓN PROFUNDA
La conclusión final de la fiscalía es que el problema de la violencia sexista sigue enquistado en la sociedad española y que, en consecuencia, alguna reforma legal podría tal vez mejorar la situación.
"Requiere una reflexión profunda el mantenimiento de la dispensa en la obligación de declarar como testigo a las víctimas unidas por vínculos conyugales con el agresor, que se ha convertido en un obstáculo legal para la persecución y castigo de numerosas conductas", afirma. El servicio permanente de Santa Coloma de Gramenet alerta, sin embargo, del abuso de elevar a categoría de delito "ciertos hechos de escasa gravedad".
En cualquier caso, sería equivocado dar a entender que la memoria de la fiscalía pone el foco solo en las víctimas como culpables y no en los agresores. Sobre estos, presenta una interesante radiografía. Ni el consumo de alcohol, ni el abuso de drogas ni una dolencia mental que altere la personalidad está detrás de la mayoría de las agresiones. Los agresores --destaca la memoria-- "consideran a la mujer como un ser sujeto a la sumisión al hombre".La mitad (49%) son españoles. El 31% proceden de Latinoamérica, el 9% del Magreb, un 4% de países del Este, un 3% son comunitarios y solo el restante 4% proceden del África subsahariana o de Oriente. Las edades es otro aspecto en el que hace hincapié el balance anual. La mayoría de los agresores tiene entre 30 y 40 años, Apenas los hay de más de 60 y, en cambio, "hay que hacer mención a un cierto número de agresores menores de 20 años".
JESÚS G. ALBALAT
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Abren juicio oral contra el agresor del profesor Neira por malos tratos
La jueza Sara Carrión de Castro, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aranjuez, especializado en violencia contra la mujer, ha abierto juicio oral contra Antonio Puerta por un presunto delito de maltrato contra Violeta Santander, la mujer a la que defendió el profesor Jesús Neira el pasado 2 de agosto.
El procedimiento judicial contra Puerta se inició a instancias de la Fiscalía de Madrid y de la Abogacía del Estado. El agresor de Neira cumple prisión preventiva desde el pasado 13 de agosto por un delito de intento de homicidio.
En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada da traslado a las partes personadas para que en el plazo de diez días informen sobre su escrito de acusación. Una vez que lleguen las conclusiones provisionales, la jueza derivará el caso a un juzgado de lo Penal de Getafe, para que enjuicie los hechos.
«Saluda con los labios»
Mientras tanto, la mejoría del profesor Jesús Neira Rodríguez sigue adelante. Si el pasado lunes salió del coma, ayer, se encontraba un poco mejor, según explicó a ABC su esposa, María Isabel Cepeda.
Mientras tanto, la mejoría del profesor Jesús Neira Rodríguez sigue adelante. Si el pasado lunes salió del coma, ayer, se encontraba un poco mejor, según explicó a ABC su esposa, María Isabel Cepeda.
«Está más reactivo. Con los labios les daba los buenos días a los médicos, llamándoles por su nombre», indicó Cepeda. «Esta mañana [por ayer por la mañana] ha estado un par de horas sin el respirador, sólo con el oxígeno».
Incluso ha habido algún momento para una anécdota. «Cuando estaba con él, le he dicho: «Anda, no me ha dado tiempo a traerte la prensa, porque has salido en la prensa». Y ha puesto cara de estupor», señaló María Isabel Cepeda.
La situación médica de Jesús Neira sigue siendo grave, hospitalizado en la Unidad de Cuidados Posquirúrgicos del nuevo Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. El lunes por la tarde recibió por la tarde la visita de sus dos hijos y de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
EP / C.H
Aumenta violencia contra las mujeres
La violencia en contra de las mujeres va en aumento en la entidad: Norma Alicia Popoca Sotelo. Foto: Froylán Trujillo / El Sol de Cuernavaca
Inicia Instituto de la Mujer campaña de protección
La violencia en contra de las mujeres va en aumento en la entidad, luego de reconocer que 5 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de agresión, ya sea física, sexual, laboral, familiar y hasta social, reconoció la directora del Instituto de la Mujer, Norma Alícia Popoca Sotelo, quien al presentar la campaña para erradicar estas conductas ilícitas exhortó a la Procuraduría General de Justicia a aclarar los 15 feminicidios que faltan por resolver, de los 28 perpetrados en lo que va del año.
De forma conjunta con Martha Patricia Frranco Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso Local y quien participará en la difusión de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se presentaron las estadísticas en las cuales se basará dicha campaña preventiva en los 33 municipios.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones entre los Hogares 2006, se revela que la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja alcanzó un 42.3 por ciento a nivel nacional, con porcentajes que van del 54.1 en el Estado de México; 33.7 por ciento en Coahuila y 45.4 por ciento en Morelos.
Y es que se dijo, hasta hace tres años y de acuerdo con las estadísticas aplicadas en ese entonces, 6 de cada 10 mujeres eran víctimas de algún tipo de violencia, situación que hoy día ha cambiado, al ser sólo 4.5 de cada 10, situación que no satisface a nadie, por lo que se sigue trabajando para avanzar cada vez más en la disminución de los porcentajes.
Por cuanto hace al ámbito laboral, se dijo que el porcentaje de mujeres que refirió haber sido víctima de algún tipo de acoso, hostigamiento laboral o abuso sexual, es del 29.9 por ciento, de tal suerte que Morelos registra un 30.1 por ciento, es decir, que está por arriba de la media nacional.
La funcionaria exhortó a las mujeres que trabajan a que denuncien cualquier tipo de situación irregular, para lo cual exhortó a diferenciar entre lo que es el acoso y el hostigamiento sexual, del que dijo, el primero se da entre los compañeros que hacen igual función y el segundo es el que sucede de un jefe hacia un subordinado.
Respecto al ámbito de la escuela, la directora del Instituto de la Mujer citó que aquí se registra un 15.6 por ciento de afectación entre las féminas, ya sea por discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual en los colegios a nivel nacional, en tanto en el estado se tiene un 17.1 por ciento, otra vez con indicadores de tipo superior.
En el noviazgo y de acuerdo con la encuesta que realizó el Instituto Mexicano de la Juventud, se refleja un 15.7 por ciento de personas víctimas de violencia, es decir, arañazos, empujones y otros, entre jóvenes de 15 a 24 años, siendo los hombres los más afectados en este aspecto.El 75.8 por ciento sufrió de agresiones psicológicas, siendo las mujeres las más afectadas en este tenor, en tanto que en materia de violencia física se dio a conocer que los porcentajes pasaron del 48 por ciento que se tenía al 32.1 por ciento, donde los problemas más comunes son las bofetadas, golpes con objeto y otros, incluyendo hasta el estrangulamiento y el homicidio.
Sobre el tema de los feminicidios, la directora del organismo refirió que de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexales de la PGJ, durante el 2008 se tienen reportadas 28 muertes, de las cuales sólo han sido resueltas 15, en tanto que en un panorama general, del 2001 al 2008 se registraron 82 homicidios, quedando por resolver sólo 20.
Ante ello, se hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia, a fin de que las mismas no desatiendan estos casos y den con los responsables de haber lastimado al sector femenino en la entidad.
Si bien se dijo que hay cifras interesantes y muchas más en aumento en materia de violencia, también se indicó que ello obedece a que hay más conocimiento de las personas para denunciar, sumado a que no se ha logrado de fondo un cambio cultural que incida en la participación de toda la familia para prevenir este tipo de conductas antisociales.
Mónica González
Los protocolos contra la violencia de género se adaptan a las comarcas
La primera sesión del curso tuvo lugar ayer en la Escuela de Enfermería de Huesca. víctor ibáñez
Personal sanitario, jurídico y policial participa en un curso en la Escuela de Enfermería de Huesca
El Instituto Aragonés de Administración Pública, el Instituto Aragonés de la Mujer y el Servicio Aragonés de Salud colaboran en la organización del curso `Prevención, detección y atención a las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos sanitario, social, jurídico y de protección`. Las sesiones comenzaron ayer en la Escuela de Enfermería de Huesca y continúan hoy y el próximo 27 de octubre.
Asunción Cisneros, responsable de Formación en Violencia de Género de la Dirección-Gerencia del Salud, explicó a este periódico que `el curso va dirigido por un lado a profesionales del sistema sanitario, a Servicios Sociales de Base, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también a los Juzgados y a alguna asociación que trabaje el tema de mujer`.
El Instituto Aragonés de Administración Pública tiene una oferta continuada, según la que se adjudica una serie de cursos a los distintos departamentos del Gobierno de Aragón. Junto con el Salud y el IAM ofertan una serie de programas descentralizados que trabajan el tema de la violencia de género.
Un primer curso, de sensibilización, se dirige a todos los colectivos que tienen algo que decir en este problema. Terminado este programa, se invita a que dos miembros de cada colectivo participante se unan voluntariamente a un grupo de trabajo que se crea para elaborar un protocolo de actuación en la comarca o zona donde se ha dado el curso. Este plan `no es otra cosa que aplicar los distintos protocolos que tienen las instituciones a la realidad de Huesca`, manifestó Cisneros. Cuando el grupo se forma, el sistema sanitario oferta a los centros de salud ubicados en la zona de trabajo un curso para todo su personal. El objetivo es `que los profesionales que tienen algo que aportar trabajen para que las mujeres que sufren violencia de género estén bien atendidas, tengan a su disposición un protocolo de actuación común y con todos los profesionales de la zona formados`, añadió.
El sistema se conoce como `de la comarcalización a la atención integral`, y se adecúa a la organización de la Comunidad. `Puesto que en Aragón tenemos una estructura avalada por los sistemas políticos y la estructura regional de lo que son las comarcas, queremos que los protocolos de actuación también sean comarcales, es decir, que se adapten a la realidad de la comarca, y si surge una serie de necesidades, haya pactos entre las instituciones`.
Algo tan sencillo como conseguir que un taxista se implique en el programa para trasladar a las mujeres fuera de su comarca puede resultar crucial para que éste sea operativo. `Se trata de acercar unos recursos que a veces no son los más caros, sino mecanismos sencillos de coordinación`.
EL EJEMPLO DE FUENLABRADA
Los profesores que imparten el curso, coordinado por Lucía Henar, componen un equipo multidisciplinar. `Contamos sobre todo con sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y del sistema sanitario`, explica la responsable de formación. Algunos de ellos emplean como ejemplo el llamado `Modelo de Fuenlabrada`, una experiencia pionera que lleva años funcionando con éxito.
En esta ocasión no estará presente el jefe de Policía de esta localidad. En su lugar participarán una trabajadora social y la responsable municipal del protocolo de esta ciudad madrileña. `Procuramos que el personal, además de multidisciplinar, tenga reconocido prestigio, esté formado en un modelo adecuado al mensaje que lanzamos`, aclara Cisneros. El curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada, que considera que se ajusta a los objetivos marcados y a la realidad.
El contenido no es nuevo. Sus precedentes son los programas promovidos por los Servicios Sociales de Base, pero en este caso el objetivo inmediato es crear un grupo de trabajo que arranque el protocolo de actuación. `Se trata de que distintos departamentos se pongan de acuerdo para facilitar que los profesionales acudan, y sobre todo, las propias fuerzas de seguridad del estado, que son los que muchas veces se encuentran con la llamada los primeros`.
Veinticuatro personas participan en la convocatoria. `Que los profesionales se esfuercen para asistir a las clases, sacrificando su tiempo, es algo que hay que valorar`, destaca Cisneros. El programa tiene mucho que ver con las actitudes. `Lo primero que se trabaja es el concepto de género, por qué se producen los machismos, por qué hay mujeres que aguantan y por qué hay hombres que consideran que pegar a su mujer es lo normal`, concluye.
Sara CIRIA
707 vallisoletanas piden ayuda en el 016 en un año
La provincia se sitúa lejos de Madrid, Barcelona o Valencia.
Es la que más llamadas registró en Castilla y León, donde hubo 2.954.
Es la que más llamadas registró en Castilla y León, donde hubo 2.954.
Dos vallisoletanas al día pidieron ayuda en el teléfono de asistencia para víctimas de malos tratos, 016, desde septiembre de 2007 hasta el pasado mes de agosto. Puede parecer poco, pero el total, 707, es el número más alto de todas las provincias de Castilla y León. También se sitúa por encima de otras provincias como Huelva, Jaén, Ciudad Real oGirona aunque lejos de Madrid y Barcelona.
La mayoría de estas llamadas las realiza la propia víctima, en un 80% de los casos (572 llamadas), aunque también cogen el teléfono para denunciar o solicitar consejo familiares y personas allegadas, en un 15%.
La mayoría de estas llamadas las realiza la propia víctima, en un 80% de los casos (572 llamadas), aunque también cogen el teléfono para denunciar o solicitar consejo familiares y personas allegadas, en un 15%.
Por meses, el que más movimiento registró desde que comenzó este servicio fue marzo, con 79 llamadas, más de dos al día, seguido de abril y julio del mismo año.
Sin embargo, cuando se habla de la Comunidad, en la que hubo 2.954 llamadas en el mismo periodo de tiempo, el mes con más actividad es diciembre de 2007, con 299 conversaciones telefónicas.
Sin embargo, cuando se habla de la Comunidad, en la que hubo 2.954 llamadas en el mismo periodo de tiempo, el mes con más actividad es diciembre de 2007, con 299 conversaciones telefónicas.
Detenidos
En lo que va de año, 54 hombres han sido detenidos en la provincia acusados de un delito de violencia de género. Los dos últimos ocurrieron el martes en Tordesillas y Peñafiel. Además, muchos se atrevían a pegar a sus parejas en plena calle.
En el mismo tiempo, tres mujeres han muerto a manos de sus parejas. La primera falleció tras ser disparada por su ex marido en Huerta del Rey el 6 de febrero. Las otras dos muertes se han registrado en septiembre en Parquesol y en Pedrajas de San Esteban.
Rocío Mielgo. Presidenta de la Asociación de Víctimas de malos tratos
1 ¿Cuántas mujeres se han acercado a su asociación?
En lo que va de año hemos abierto 150 expedientes nuevos. Si hablamos de llamadas, la cifra se multiplica por cinco.
2 ¿Cuál es la pregunta más común?
Muchas tienen dudas sobre lo que es violencia de género y no saben identificar qué les pasa. Hay que tener en cuenta que en muchos casos la violencia es psicológica, y esa es más difícil de aceptar, demostrar y ver. El maltratador trabaja con su víctima para someterla y al final hacerla creer que todo es culpa suya.
3 ¿Se trabaja diferente si el maltrato es psicológico o físico?
Las dos cosas son lo mismo porque buscan un mismo fin, dominar. Hay casos en los que el maltrato psicológico es tan fuerte que no hace falta pasar a la violencia física. El peligro para su vida puede ser muy real en ambas situaciones y cuando es mayor es en el momento en el que la mujer decide romper con el maltrato.
4 ¿Ha aumentado la concienciación social con el problema?
Hay una evolución, todos saben que hay que poner un granito de arena, pero no hay rechazo al maltratador, sobre todo por sus personas cercanas. Muchas veces la familia en lugar de ayudar a la víctima se convierte en maltratadora.
5 ¿Hay suficiente protección de las víctimas?
No, es insuficiente. Los policías que trabajan con ellas están con varias a la vez y nunca se sabe dónde puede estar el peligro.
MÓNICA G. PÉREZ
El PSE tramita la expulsión de su grupo en Iurreta del edil acusado de acoso
El PSE de Iurreta ha registrado ya en el Ayuntamiento de esa localidad vizcaína una instancia para expulsar de su grupo municipal al edil Fernando Borja Ulibarri, en libertad con cargos tras haber sido detenido el pasado domingo por la Ertzaintza acusado de un supuesto acoso sexual a una escolta femenina, a la que intentó besar cuando entraba en el portal de su casa en Iurreta. El edil niega las acusaciones.
La portavoz socialista en esa población del Duranguesado, María Ángeles Muñoz, precisó ayer a la agencia Efe que la documentación ha sido presentada a requerimiento del partido, que ya el pasado domingo solicitó al corporativo la entrega inmediata de su acta de concejal. Para que se haga efectiva la salida del grupo municipal socialista, el escrito deberá ser puesto primero en conocimiento del pleno del consistorio.
El PSE cuenta con tres de los once concejales que forman la corporación de Iurreta. La expulsión del grupo socialista no implica que Ulibarri deba abandonar el consistorio, ya que si no devuelve su acta de concejal podría permanecer el resto del mandato como edil no adscrito.
Muñoz ha explicado personalmente a Ulibarri la situación, aun reconociendo que la decisión de dejar el cargo de corporativo "es suya".
No entregará el acta
Ulibarri, de 57 años y padre de cuatro hijos, adelantó ayer que no piensa entregar su acta de concejal, ya que entiende que no ha hecho "nada". El concejal, quien desde el mismo domingo viene sosteniendo que la denuncia que propició su detención es "falsa" y fruto de un "montaje" de sus escoltas, mostró ayer su "confianza en la justicia" y lamentó ser objeto de un "juicio paralelo" en la calle.
El PSE y el concejal mantienen versiones enfrentadas sobre la situación de Ulibarri en el partido. Los socialistas aseguran que acudió a las elecciones municipales de mayo del año pasado como independiente en sus listas, mientras que el edil acusado de acoso sostiene que se afilió seis meses antes de esos comicios.
Ulibarri se quejó ayer de que, tras su arresto, ningún representante de la dirección socialista le haya telefoneado para conocer su versión de los hechos o incluso para pedirle que entregue el acta de edil. "Todos los partidos actúan de la misma forma: cuando ven una cosa rara, se desentienden", dijo.
"Quienes me conocen saben que lo que tengo en esta vida es el honor, el honor de pertenecer al partido socialista y, como obrero que soy, también al sindicato UGT", concluyó.
ELPAIS.com
La portavoz socialista en esa población del Duranguesado, María Ángeles Muñoz, precisó ayer a la agencia Efe que la documentación ha sido presentada a requerimiento del partido, que ya el pasado domingo solicitó al corporativo la entrega inmediata de su acta de concejal. Para que se haga efectiva la salida del grupo municipal socialista, el escrito deberá ser puesto primero en conocimiento del pleno del consistorio.
El PSE cuenta con tres de los once concejales que forman la corporación de Iurreta. La expulsión del grupo socialista no implica que Ulibarri deba abandonar el consistorio, ya que si no devuelve su acta de concejal podría permanecer el resto del mandato como edil no adscrito.
Muñoz ha explicado personalmente a Ulibarri la situación, aun reconociendo que la decisión de dejar el cargo de corporativo "es suya".
No entregará el acta
Ulibarri, de 57 años y padre de cuatro hijos, adelantó ayer que no piensa entregar su acta de concejal, ya que entiende que no ha hecho "nada". El concejal, quien desde el mismo domingo viene sosteniendo que la denuncia que propició su detención es "falsa" y fruto de un "montaje" de sus escoltas, mostró ayer su "confianza en la justicia" y lamentó ser objeto de un "juicio paralelo" en la calle.
El PSE y el concejal mantienen versiones enfrentadas sobre la situación de Ulibarri en el partido. Los socialistas aseguran que acudió a las elecciones municipales de mayo del año pasado como independiente en sus listas, mientras que el edil acusado de acoso sostiene que se afilió seis meses antes de esos comicios.
Ulibarri se quejó ayer de que, tras su arresto, ningún representante de la dirección socialista le haya telefoneado para conocer su versión de los hechos o incluso para pedirle que entregue el acta de edil. "Todos los partidos actúan de la misma forma: cuando ven una cosa rara, se desentienden", dijo.
"Quienes me conocen saben que lo que tengo en esta vida es el honor, el honor de pertenecer al partido socialista y, como obrero que soy, también al sindicato UGT", concluyó.
ELPAIS.com
15 de octubre de 2008
Delegado del Gobierno en Andalucía llama a no caer en el desánimo y a redoblar esfuerzos contra la violencia de género
Pide que se cumplan las órdenes de alejamiento por las dos partes "por muy doloroso que sea"
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, realizó hoy un llamamiento a la ciudadanía a no caer en el desánimo y redoblar esfuerzos para luchar contra la violencia de género, un fenómeno que, en su opinión, "nos denigra a todos sin excepción".
En declaraciones a los periodistas posteriores a su intervención en el Curso Descentralizado del Instituto Nacional de Administración Pública sobre Prevención de la Violencia de Género, López Garzón indicó que la confusión que provocan los casos de violencia machista "no deben conducir al desánimo" y apostó por seguir trabajando por combatir esta lacra que "nos humilla a todos y no deja indefensos, muy en particular a las mujeres".
Así, el delegado del Gobierno se refirió al último caso de posible violencia de género, ocurrido ayer en Motril (Granada), confirmando que la pareja se hallaba junta de "forma voluntaria", a pesar de que sobre el guardia civil pesaba una orden de alejamiento dictada por un juzgado de El Ejido (Almería), donde residían las víctimas.
Por ello, realizó un llamamiento a las mujeres para que "no se confíen, porque la mujer que ha sido agredida una vez, puede volver a serlo en cualquier momento".
"A veces, hay una cierta confianza en que los problemas entre la pareja se han resuelto o andan por buen camino, pero, por desgracia, el desenlace puede ser un caso de muerte como este, por lo que cuando hay una orden de alejamiento, las dos partes tienen que hacer un esfuerzo para cumplirla por muy doloroso que sea", apuntó.
Asimismo, aunque consideró que después de la muerte reciente de una mujer por violencia de género "no es el momento oportuno para calibrar si hay suficientes agentes dedicados a la materia", el delegado aseguró que "cada día se cuenta con más agentes y cada mes se redoblan los esfuerzos" para la luchar contra este fenómeno.
En este sentido, señaló que, a pesar de que han crecido el número de denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia machista, "son muchos los casos que quedan todavía por denunciar", por lo que aún queda trabajo por hacer por parte de las Unidades de Violencia de Género presentes en cada provincia de Andalucía, las cuales, según garantizó, se esfuerzan por mantener una relación "fluida" con los cuerpos de policía y la Guardia Civil, así como con el poder judicial y los servicios de asistencia de las CCAA.
EL CURSO
Respecto al curso, que reúne desde hoy y hasta mañana en Sevilla a numerosos profesionales y expertos en la materia, entre los que se encuentran el delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, destacó la importancia de las aportaciones que van a realizar los profesionales que participan en el mismo, de cuyas sugerencias espera nutrirse el delegado siempre que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias o remitirlas, en su caso, a los organismos pertinentes.
"Mientras haya una mujer amenazada tenemos trabajo que hacer, por lo que no podemos caer en el desánimo y esforzarnos hasta que empecemos a ver la luz al final de este túnel, que, a día de hoy, la verdad, está muy negro", afirmó.
El Curso sobre Prevención de Violencia de Género ha sido coordinado por el Secretario General de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Julio Alba Riesco, y por la Jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Ángeles Sepúlveda, y se desarrolla en horarios de mañana y tarde en el Salón Aníbal González de la Torre Norte de la Plaza de España.
En la jornada de hoy, participaron expertos y técnicos, entre los que destacan el Director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (Ministerio del Interior), José Antonio Rodríguez González, y el comisario Jorge Zurita Bayona, director de Proyecto, Gabinete de Estudios de Seguridad Interior. Mañana jueves, el curso, que será clausurado por el Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés Morillo, contará, entre otros, con la presencia del Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente Acosta.
EUROPA PRESS
www.europapress.es
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, realizó hoy un llamamiento a la ciudadanía a no caer en el desánimo y redoblar esfuerzos para luchar contra la violencia de género, un fenómeno que, en su opinión, "nos denigra a todos sin excepción".
En declaraciones a los periodistas posteriores a su intervención en el Curso Descentralizado del Instituto Nacional de Administración Pública sobre Prevención de la Violencia de Género, López Garzón indicó que la confusión que provocan los casos de violencia machista "no deben conducir al desánimo" y apostó por seguir trabajando por combatir esta lacra que "nos humilla a todos y no deja indefensos, muy en particular a las mujeres".
Así, el delegado del Gobierno se refirió al último caso de posible violencia de género, ocurrido ayer en Motril (Granada), confirmando que la pareja se hallaba junta de "forma voluntaria", a pesar de que sobre el guardia civil pesaba una orden de alejamiento dictada por un juzgado de El Ejido (Almería), donde residían las víctimas.
Por ello, realizó un llamamiento a las mujeres para que "no se confíen, porque la mujer que ha sido agredida una vez, puede volver a serlo en cualquier momento".
"A veces, hay una cierta confianza en que los problemas entre la pareja se han resuelto o andan por buen camino, pero, por desgracia, el desenlace puede ser un caso de muerte como este, por lo que cuando hay una orden de alejamiento, las dos partes tienen que hacer un esfuerzo para cumplirla por muy doloroso que sea", apuntó.
Asimismo, aunque consideró que después de la muerte reciente de una mujer por violencia de género "no es el momento oportuno para calibrar si hay suficientes agentes dedicados a la materia", el delegado aseguró que "cada día se cuenta con más agentes y cada mes se redoblan los esfuerzos" para la luchar contra este fenómeno.
En este sentido, señaló que, a pesar de que han crecido el número de denuncias interpuestas por mujeres víctimas de violencia machista, "son muchos los casos que quedan todavía por denunciar", por lo que aún queda trabajo por hacer por parte de las Unidades de Violencia de Género presentes en cada provincia de Andalucía, las cuales, según garantizó, se esfuerzan por mantener una relación "fluida" con los cuerpos de policía y la Guardia Civil, así como con el poder judicial y los servicios de asistencia de las CCAA.
EL CURSO
Respecto al curso, que reúne desde hoy y hasta mañana en Sevilla a numerosos profesionales y expertos en la materia, entre los que se encuentran el delegado de Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, destacó la importancia de las aportaciones que van a realizar los profesionales que participan en el mismo, de cuyas sugerencias espera nutrirse el delegado siempre que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias o remitirlas, en su caso, a los organismos pertinentes.
"Mientras haya una mujer amenazada tenemos trabajo que hacer, por lo que no podemos caer en el desánimo y esforzarnos hasta que empecemos a ver la luz al final de este túnel, que, a día de hoy, la verdad, está muy negro", afirmó.
El Curso sobre Prevención de Violencia de Género ha sido coordinado por el Secretario General de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Julio Alba Riesco, y por la Jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Ángeles Sepúlveda, y se desarrolla en horarios de mañana y tarde en el Salón Aníbal González de la Torre Norte de la Plaza de España.
En la jornada de hoy, participaron expertos y técnicos, entre los que destacan el Director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (Ministerio del Interior), José Antonio Rodríguez González, y el comisario Jorge Zurita Bayona, director de Proyecto, Gabinete de Estudios de Seguridad Interior. Mañana jueves, el curso, que será clausurado por el Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Faustino Valdés Morillo, contará, entre otros, con la presencia del Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente Acosta.
EUROPA PRESS
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CCOO se moviliza para denunciar a Iberia en Vizcaya por "acoso laboral"
El sindicato CCOO de Euskadi ha anunciado hoy el inicio de una campaña informativa y de movilización para denunciar a la dirección de Iberia en Vizcaya por "acoso laboral" y "discriminación sindical" a dos delegadas de la central.
Según han informado hoy fuentes del sindicato, con dicho objetivo CCOO ha convocado una concentración en el aeropuerto de Bilbao para el próximo viernes.
La campaña culminará, según han indicado, con una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Vizcaya y una solicitud ante el Instituto de la Seguridad Social para que se dé carácter profesional a "la incapacidad transitoria por ansiedad que sufre una de las delegadas".
El sindicato ha señalado que "no va a permitir que la dirección de Iberia continúe de forma reiterada 'recomendando la necesidad' de no presentarse como candidatas de CCOO a las elecciones sindicales" o tratando "de aislarlas y discriminarlas en las reuniones de trabajo" cuando son elegidas.
"No vamos a permitir que machaquen a nuestra gente", han advertido las mismas fuentes.
EFE
www.finanzas.com
Según han informado hoy fuentes del sindicato, con dicho objetivo CCOO ha convocado una concentración en el aeropuerto de Bilbao para el próximo viernes.
La campaña culminará, según han indicado, con una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Vizcaya y una solicitud ante el Instituto de la Seguridad Social para que se dé carácter profesional a "la incapacidad transitoria por ansiedad que sufre una de las delegadas".
El sindicato ha señalado que "no va a permitir que la dirección de Iberia continúe de forma reiterada 'recomendando la necesidad' de no presentarse como candidatas de CCOO a las elecciones sindicales" o tratando "de aislarlas y discriminarlas en las reuniones de trabajo" cuando son elegidas.
"No vamos a permitir que machaquen a nuestra gente", han advertido las mismas fuentes.
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