www.abc.es
18 de enero de 2009
Violencia de género en Guatemala
Casi todas las víctimas murieron a causa de disparos. Una mujer murió apuñalada.
La policía ha investigado once casos hasta la fecha y ha detenido a seis personas. Según las autoridades, muchos asesinatos están relacionados con bandas criminales y el crimen organizado.
Organizaciones por los derechos de la mujer deducen de sus propias investigaciones que la mayoría de las víctimas han sido asesinadas por sus familiares, parejas y ex parejas sentimentales. El año pasado murieron en Guatemala 510 mujeres a causa de la violencia de género.
www.informarn.nl
Los cuatrocientos golpes
Pocas novedades ha deparado el último estudio de violencia doméstica y de género del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pocas, más allá del incremento de denuncias de las víctimas de delitos en el ámbito familiar.
Los juzgados de violencia sobre la mujer, de lo penal y las secciones especializadas de las audiencias provinciales acumularon en los tres primeros trimestres de 2008 un total de 108.261 denuncias, lo que se traduce en una media de 400 al día. Así se desprende de los datos del Observatorio del órgano de gobierno de los jueces actualizados a 30 de septiembre.
A falta de conocer los datos relativos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se puede concluir que las denuncias relativas a violencia doméstica y de género se caracterizaron el pasado año por un crecimiento progresivo, de forma que si en el primer trimestre sumaron 33.608, y en el segundo 37.072, el tercero continuó esa tendencia al alza hasta alcanzar la cifra de 37.239, un quince por ciento más que en el mismo periodo de 2007.
Uno de los datos más llamativos que se desprende del nuevo informe del CGPJ es que si bien en anteriores estudios lo significativo era el incremento de denuncias por parte de la víctima, lo que destaca ahora es la participación de sus familiares en este proceso: cada vez son más los parientes que se deciden a poner en conocimiento de las autoridades las situaciones de abuso. Así, en el primer trimestre de 2008, 142 familiares se decidieron a dar ese paso, en el segundo 197 y en el tercero 412. Todas estas denuncias fueron presentadas directamente en el juzgado, por lo que a ellas hay que sumar otras 310 interpuestas en dependencias policiales. No obstante, la iniciativa de los familiares a denunciar estos hechos representa un porcentaje mínimo en relación con el grueso de las denuncias, que parten en la mayor parte de los casos de la propia víctima (cerca de 27.000).
En un 11,4 por ciento de los casos, las víctimas desistieron en sus denuncias, un porcentaje similar al registrado el pasado año (un 10 por ciento en todo 2007). El 54 por ciento de estas renuncias vinieron de la mano de mujeres españolas; el 46 por ciento, de extranjeras.
De los 54.592 asuntos penales acumulados en los distintos juzgados, la mayoría fueron tramitados como diligencias previas (26.690) o urgentes -juicio rápido- (5.547). Otra parte de ellos, 9.877, se tramitaron como procedimiento abreviado (seguido para el enjuiciamiento de delitos penados con pena privativa de libertad hasta nueve años) y sólo 85 como sumario (pena de libertad superior a nueve años).
El 72 por ciento de los delitos instruidos lo fueron por lesiones, seguidos muy de lejos por delitos contra la libertad (9,3 por ciento) y contra la integridad moral (6,1 por ciento).
En total se celebraron 1.933 juicios de faltas, de los que un 58 por ciento fueron rápidos.
Órdenes de protección
En este tercer trimestre de 2008 los tribunales españoles dictaron 11.675 sentencias relacionadas con violencia doméstica y de género. De ellas, un 64 por ciento fueron condenatorias. Respecto a las personas juzgadas, de nuevo se aprecia la importante presencia de extranjeros, de forma que uno de cada tres justiciables eran de fuera de España.
Respecto a las órdenes de protección solicitadas e incoadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, en el tercer trimestre de 2008 hubo un total de 11.141 peticiones, de las que se acordaron 8.174 -el 73,8 por ciento-. De las solicitantes, una de cada tres era extranjera, la misma proporción que los hombres denunciados: el 63 por ciento eran españoles frente al 36 por ciento de fuera de nuestras fronteras. Además, un 63 por ciento de los agresores convivía con sus víctimas, frente al 36 por ciento que eran ex parejas de ellas.
Dentro del ámbito de la orden de protección se adoptaron 19.138 medidas penales, a las que hay que sumar otras 5.526 medidas cautelares acordadas en el marco del procedimiento judicial. De todas, las órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicación representaron el 80 por ciento de las medidas, seguidas por la prohibición de volver al lugar de los hechos y la salida del domicilio.
En cuanto a las medidas civiles adoptadas en el marco de la orden de protección, 1.902 se refirieron a la prestación de alimentos, 1.664 a la atribución de la vivienda y 262 a la suspensión del régimen de visitas.
N. VILLANUEVA
www.abc.es
Zamora, entre las provincias con más contratos para víctimas de violencia de género
El número de contratos bonificados realizados a víctimas de violencia doméstica entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2008 asciende a doce en Burgos y a diez en Zamora, mientras que en el conjunto español sumó 253, según consta en una respuesta parlamentaria a la diputada popular Susana Camarero, consultada por Europa Press.
De esta manera, ambas provincias castellanoleonesas se sitúan entre las que más contratos se firmaron, tan sólo por detrás de algunas andaluzas e insulares, como Sevilla (23); Granada (18); Córdoba (17); Tenerife (14) y Cádiz (13).A ellas les siguen, con once, Málaga y Madrid; con nueve Asturias y Barcelona; con ocho contratos, Jaén; con seis, Zaragoza, Valladolid, Tarragona y Pontevedra; con cinco, Albacete; con cuatro, Cantabria, Palencia y Las Palmas; con tres, Ávila, Ciudad Real, Guipúzcoa, Soria, Toledo y Lugo; con dos, A Coruña, Huelva, León, Murcia, Navarra, La Rioja, Guadalajara y Vizcaya; y con uno, Álava, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cuenca, Lleida, Salamanca y Segovia.
www.laopiniondezamora.es
Feijoo promete «igualdade plena e real» y declarar Galicia «hostil á violencia machista»
El líder del PPdeG, que estuvo arropado por la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, y el presidente provincial, José Luis Baltar, anunció que si llega a la presidencia de la Xunta promoverá un acuerdo social por la igualdad y creará plazas de guardería para todos los niños de 0 a 3 años. «E mentres non cheguen as prazas haberá un cheque gardería para asumir ese gasto», dijo. Además, añadió que incentivará la contratación de mujeres y hará de Galicia «un territorio hostil para a violencia machista», que equiparó al terrorismo.
17 de enero de 2009
Funcionaria militar denunció por acoso sexual a un coronel
Una denuncia por acoso sexual en la que está involucrado un coronel de la Justicia Militar fue presentada en la víspera en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La funcionaria del mencionado organismo judicial militar, María Soledad Benítez, recurrió a la diputada Olga Ferreira de López, quien es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, para hacer pública una denuncia por acoso sexual contra el coronel de Justicia Militar, Felipe Mercado Bogado.
La recurrente manifestó que esta situación persiste desde hace unos 10 años, y que ya había denunciado el hecho ante el Comando en Jefe, cuando el general Carlos Liseras Bado era el presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. La denunciante sostuvo además que el general Liseras, en su momento, solicitó un diagnóstico psicológico para que se la presente como “en tratamiento psiquiátrico” de manera a desatender la denuncia y encubrir al coronel Mercado Bogado.
El 10 de octubre del año pasado, yo estaba sola en mi oficina, escuché su vos (del coronel Mercado Bogado) y me metí al baño. Él entró en la pieza (sic) de mi compañera a buscarme, y yo escuché que se fue y salí volando y me agarró en el pasillo. Me vino de atrás, me vino encima y me dijo, qué lindos pechos tenés’”, comentó la denunciante.
“Este coronel ronda mi oficina como un perro en celo, hace su recorrido en silencio y se va otra vez, y no es la primera vez que hace esto, en el 98 fui brutalmente torturada por este señor durante ocho meses”, agregó.
La funcionaria de la Justicia Militar explicó además que tras su primera denuncia, que data del año 1998, el mencionado coronel fue trasladado a otra dependencia durante 8 años, pero regresó al organismo en el año 2004.
CITARÁN A CORONEL
Dijo que en la víspera recibió advertencias por parte de un tercero, también de la Justicia Militar, de que no denuncie esta situación, por lo que ella ya solicitó su traslado de la institución, en la que trabaja hace 14 años, según indicó.
La diputada anunció que para la próxima semana estará convocando al coronel Mercado para una reunión en la cual se va a tratar el tema. Asimismo, la parlamentaria ya puso en conocimiento de lo ocurrido a la oficina de enlace de la Cámara de Diputados.
www.lanacion.com.py
Las 'reinas' matinales, citadas para comparecer en el Congreso
Tres de los rostros más carismáticos de la televisión, Ana Rosa Quintana, Susana Griso y María Teresa Campos (ausente en la pantalla estos días por una enfermedad), han sido llamadas por el PP a comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la Ley contra la Violencia de Género para dar su opinión sobre el tratamiento informativo de estos casos.
La subcomisión, cuyo trabajo arrancará en el mes de febrero y a la que acudirán 60 especialistas en esta materia convocados por los distintos grupos parlamentarios, tiene como objetivo elaborar un informe en el que se analicen los problemas de la situación de la violencia doméstica en España.
A raíz del estudio que arroje la subcomisión, el Gobierno determinará las reformas de la ley para su presentación en el Congreso. Además del PP, el PSOE también quiere que acudan a este equipo de trabajo más periodistas para que sugieran sobre la mejor manera de comunicar este tipo de noticias.
www.europasur.es
Crecen un 20% y se elevan a 1.142 los detenidos en la CAV por maltrato
Lo escalofriante de los números oculta una realidad aún más dura, ya que los detenidos por la Policía vasca se suman a los varones arrestados por las policías locales. El año pasado, los tribunales vascos registraron 3.067 casos relacionados con la violencia contra la mujer, mientras que el año anterior se contabilizaron 2.488.
En este sentido, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Ángeles Montes, hacía un llamamiento durante la apertura del año judicial a luchar contra la violencia de género, "una lacra social que no deja de aumentar".
El fenómeno ha adquirido tal intensidad y gravedad que un total de quince mujeres cuentan en este momento con servicio personal de escolta por su situación de especial riesgo. Este número ha pasado de cuatro mujeres en 2004, cuando empezó a prestarse este servicio de forma permanente, a once en 2005, dieciséis en 2006, trece en 2007 y quince en la actualidad. Según explicó ayer Interior, "la cifra se incrementa de manera progresiva y, en cualquier caso, se trata de un número que varía en función de las situaciones de riesgo detectadas en cada momento". De hecho, este presupuesto figura dentro de la partida de seguridad privada, ampliable según las necesidades.
Por otra parte, son más de 200 las mujeres que tienen actualmente un teléfono Bortxa para mantenerse en contacto con la Ertzaintza.
Tanto celo en las medidas preventivas no ha podido evitar que las muertas por violencia machista el año pasado en Euskal Herria se eleven a seis. El 29 de diciembre falleció en Errenteria la venezolana Clara Rangel en presencia de sus tres hijos. Cuatro meses antes, el pánico se apoderó de Santurtzi tras descubrirse el cadáver de una joven africana, atada de pies y manos. Asimismo, en agosto otro luctuoso suceso interrumpía la quietud de la localidad alavesa de Baños de Ebro, con la muerte de Estíbaliz Angulo, de 72 años. En los tres casos ocurridos en la CAV, la Ertzaintza detuvo a los autores de los hechos.
Pero el trágico balance se estrenó el 18 de enero, con Tatiele de Sousa, que falleció a manos de su pareja, quien le propinó seis cuchilladas en Pamplona. Después, la noche de San Fermín, se produjo el asesinato de la joven de Irun Nagore Laffage también en la capital navarra. Y el 2 de septiembre, otro hombre de 76 años estrangulaba a su mujer, Carlota Ortuzar, de 60 años, vecina de Urruña (Lapurdi).
protocolo con la upv El sistema de trabajo de la Ertzaintza para prevenir y perseguir los casos de violencia contra las mujeres busca ofrecer a las víctimas un servicio integral. Para ello, la Ertzain- tza mantiene una coordinación permanente con las instituciones sociales encargadas de atender esta problemática, así como con las autoridades judiciales. A partir de ahí, se establecen los dispositivos de protección en función del nivel de riesgo detectado, con niveles de protección que incluyen el contacto permanente de la comisaría más próxima o el acceso a un teléfono móvil conectado con el centro policial (teléfono Bortxa ), así como el control por parte de la Ertzaintza del potencial agresor o del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento.
El sistema establecido por la Er-tzaintza para detectar y atender los casos de mujeres amenazadas se basa en un protocolo diseñado en colaboración con especialistas en psicología de la Universidad del País Vasco. La atención prestada es evaluada periódicamente por las propias víctimas, que en las encuestas realizadas muestran "una satisfacción generalizada" por el trabajo de los agentes.
Todas las comisarías trabajan con un mismo protocolo, desarrollado por la Ertzaintza y especialistas de la UPV, que tiene como objetivo "controlar cada paso que se da en la atención a las víctimas de esta clase de delitos, garantizando que se las informa correctamente sobre los derechos, sobre la posibilidad de solicitar una orden de protección o los servicios de asistencia letrada y de asistencia social".
www.noticiasdegipuzkoa.com
Un estudio revela el 80% de las mujeres que no denuncian la violencia de género quieren seguir conviviendo con su pareja
Cobo presentó hoy en rueda de prensa este estudio, titulado 'Modelos de actuación en violencia de género', junto al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, informe que ha analizado 805 casos de violencia género, entre muertes y agresiones dentro y fuera del domicilio.
Juan Antonio Cobo explicó que la principal razón que esgrimen las mujeres que todavía no han denunciado a su marido o compañero es el deseo de continuar la relación y para conseguirlo utilizan los recuerdos de momentos buenos y crean una "espejismo" de la realidad. Además, el 50 por ciento de las mujeres agredidas valoran al agresor con una nota de cinco o más en una escala de cero a diez.
El especialista recalcó la importancia de atender a este grupo de mujeres puesto que cuatro de cada cinco mujeres que fallecieron a causa de la violencia de género guardaron silencio, y lo mismo hacen ocho de cada nueve maltratadas, manteniendo ese silencio en el 50 por ciento de los casos incluso a la familia.
Por eso, el estudio propone una medida que denomina 'denuncia puente' que consiste en denunciar, pero retardar o suspender la aplicación de la decisión judicial, de forma que se dé la oportunidad al agresor de rectificar su conducta.
Esta denuncia seguiría el mismo proceso que una denuncia habitual, pero en vez de derivarse en la detención del marido, se le haría una requisitoria para que fuera a declarar, y la decisión judicial posterior sólo se aplicaría si el hombre volviera a agredir a la mujer.
El objetivo es animar a denunciar a la mujer que quiere seguir conviviendo con su marido o compañero, pero, al mismo tiempo, poner remedio a las agresiones, permitiendo, además, la intervención o reeducación del agresor antes de su ingreso en prisión.
En opinión de Cobo, esta medida otorgaría "una mayor capacidad de decisión a la mujer y de control de los efectos de su denuncia" y se podría aplicar sin reformar el Código Penal, aunque sí precisaría la reforma de los procedimientos, es decir, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
DENUNCIAS INNOMINADAS
Otra de las medidas propuestas a raíz del estudio son las 'denuncias innominadas', especialmente útiles en el caso de las violencia sexual doméstica, dijo Cobo. Estas denuncias permitirían dejar a la mujer en el anonimato hasta que hubiera pruebas suficientes o válidas para conseguir inculpar al agresor.
El director del Instituto de Medicina Legal de Aragón puso de manifiesto la dificultad de demostrar las agresiones sexuales domésticas, lo que lleva en muchas ocasiones a dejar impune al agresor tras un juicio, realidad que tiene como efecto negativo dar mayor fuerza al agresor para futuras agresiones.
Cobo también se refirió al Manual de Autoprotección de las Mujeres Víctimas de Violencia, editado en español, inglés y macedonio, destinado a hacer consciente a la mujer que está en situación de riesgo, pero que ella lo desconoce. El manuel puede descargarse de la web del
Justicia de Aragón (www.eljusticiadearagon.es).
El desconocimiento del riesgo o el silencio de la mujer son dos de los seis de los "eslabones rotos" o caminos que llevar a la agresión o muerte de una mujer, que el estudio ha detectado como situaciones sobre las que hay que actuar, explicó Cobo.
Otro de esos 'eslabones' es la existencia de agresores cuya primera conducta violenta es la muerte de la pareja. El especialista comentó que en estos casos se produce durante años una acumulación de "tensión" y "ansiedad" hacia la pareja que se libera matándola y que incluso después lleva al suicidio o a quedarse esperando la detención.
Juan Antonio Cobo precisó que en estos casos hay que intervenir consiguiendo que el agresor controle el problema que le provoca la ansiedad.
OTROS ESLABONES ROTOS
Los otros tres "eslabones rotos" o caminos que llevan a la agresión o a la muerte son que la víctima denuncie, pero después se arrepienta y bloquee la respuesta social, "para lo que hay que trabajar haciéndole ser consciente del riesgo que sufre"; que la víctima denuncie, pero falle la protección, por lo que hay que trabajar para mejorar la respuesta; y que la víctima denuncie, pero falle la valoración del riesgo.
En relación con este último, Cobo puso de manifiesto que habitualmente en la valoración del riesgo sólo se tiene en cuenta la peligrosidad del individuo --si es agresivo dentro y fuera del hogar--, y no otros factores como la evolución de las ideas y obsesiones relacionadas con la pareja; desequilibrios y cambios vitales, y el consumo de drogas y alcohol.
INMIGRACIÓN
El estudio dedica una atención especial a la violencia de género entre la población inmigrante, señalando que el riesgo que la mujer extranjera tiene de sufrir malos tratos es seis veces mayor que el de las españolas.
Así, si un agresor se convierte en homicida en un periodo de entre los 8 a 12 años en el caso de la población autóctona, en el caso de la población inmigrante ese proceso se reduce a tres años. Otras características del agresor inmigrante es la presencia de alcohol en el 99 por ciento de los casos, consumo que deriva en violencia.
Además, el análisis de los casos demuestra una mejor y más rápida adaptación de la mujer a la sociedad receptora, debido, entre otros factores, a las facilidades para encontrar trabajo en el sector servicios, lo que genera una "ruptura de papeles" en la pareja.
En este sentido, el pago de la hipoteca aparece como un problema doméstico grave relacionado el hecho de que es la mujer quien aporta el sueldo en la familia. El informe propone la elaboración de un Modelo para la Inmigración que tenga en cuenta los datos diferenciales y que la violencia de género se da con mayor intensidad en este colectivo.
www.europapress.es
16 de enero de 2009
Aído: «La Ley de Igualdad de Trato va a luchar contra las discriminaciones»
La UE pide a los países miembros sanciones efectivas en materia de Igualdad
La directiva sobre igualdad de sexos en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo define los casos de discriminación directa, indirecta, el acoso y el acoso sexual, pero también prohíbe la discriminación por embarazo o permiso de maternidad. Sin embargo, esta norma no ha sido aplicada de forma correcta en todos los Estados miembros, según el informe adoptado en Estrasburgo.
De acuerdo con el texto, cuya ponente es la eurodiputada española Teresa Riera (PSOE), la definición de discriminación (directa, indirecta y acoso) se ha empleado de manera errónea en 15 países, lo que dificulta la protección de las víctimas.
Con la aplicación de esta directiva, que actualiza la de 2002, los 27 asumen el compromiso de aumentar el diálogo social para promover la igualdad de trato en el ámbito laboral y se comprometen a crear organismos de igualdad con funciones claras de promoción, análisis y apoyo a esta política, informó la ponente en un comunicado.
Riera explicó ayer en Estrasburgo (Francia) que la nueva legislación "insta a los Estados miembros a alentar a los empresarios a que adopten medidas para prevenir todas las formas de discriminación por razón de sexo, salvaguardando los derechos laborales tras un permiso de maternidad o de paternidad".
La socialista destacó la importancia de una adecuada transposición de la norma europea a las legislaciones nacionales porque "todavía hoy existe una diferencia de 28,4 puntos en la tasa de empleo entre hombres y mujeres". "Estamos lejos del objetivo marcado en Lisboa de llegar a un 60% de empleo femenino para 2010 y las mujeres cobran un 15% menos que los hombres", lamentó.
Ordenamientos jurídicos poco clarosAsí, el informe, consensuado por los grupos popular, socialista, liberal y la izquierda critica que los ordenamientos jurídicos de varios Estados miembros no recojan de manera suficientemente clara y expresa las definiciones incluidas en la directiva y que no reconozcan explícitamente a las mujeres el derecho a reintegrarse a su puesto de trabajo tras un permiso de maternidad.
Los eurodiputados también lamentaron que algunos países no hayan adoptado unas sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias al establecer topes máximos para el pago de una indemnización o reparación a las víctimas de discriminación".
La Eurocámara abogó por fomentar una representación equilibrada en los consejos de administración y recomendó a las compañías que "elaboren y apliquen planes de empresa en materia de igualdad de género y fomenten una representación equilibrada en los órganos de dirección y de toma de decisiones".
Los eurodiputados también apuntaron que los Estados miembros deberían incitar a los empleadores para que fomenten "condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo".
www.expansion.com
Reunión de la comisión técnica de seguimiento de la violencia de género en el municipio
En esta reunión participan representantes de Delegación de Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Servicios Sociales y Centro Asesor de la Mujer.
En esta comisión técnica, que se celebrará en las dependencias de los servicios municipales de la Mujer, en el palacio de Maqua, se hará un seguimiento de las órdenes de protección y de las medidas dei alejamiento en el municipio así como de la evolución de la teleasistencia para las mujeres víctimas de violencia machista.
Por otra parte, los participantes analizarán las propuestas de formación para el año 2009.
www.lne.es
Humor contra la violencia machista
La directora general del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris, inauguró ayer en el Club INFORMACION la exposición de un centenar de viñetas sobre la violencia de género "Por una vida sin malos tratos", que calificó de "magnífica" por ser "una manera muy inteligente de llamar la atención sobre este problema" y aplaudió el trabajo realizado por los humoristas gráficos "por su compromiso con la igualdad y su generosidad al denunciar la brutalidad de la violencia de género".
La responsable del Instituto de la Mujer realizó un balance positivo de la Ley Integral contra la violencia machista cuatro años después de su aplicación y, pese a las 70 muertes de mujeres en 2008, recordó que "no podemos quedarnos ahí en el análisis porque, si no, tampoco hay esperanza y no podemos dejar en la angustia a las cerca de dos millones de mujeres que sufren la violencia.
La esperanza existe, hay 83.000 denuncias y cuando arrancó la ley eran 50.000, y los recursos siguen en aumento. La ley poco a poco va cumpliendo y las mujeres confían en la capacidad de las instituciones para resolver la violencia", indicó. Peris defendió la denuncia como arma "necesaria para salir del circuito de la violencia y recibir ayuda" y destacó el plan especial elaborado para las víctimas extranjeras ante el aumento de casos "para que la ley tenga la misma efectividad en esta población".
www.diarioinformacion.com
15 de enero de 2009
Hombres por la igualdad
ha tenido la iniciativa de impulsar esta asociación
que se presentó ayer.
Se presentó ayer en Tolosa una nueva asociación surgida en aras a concienciar, promover y tomar parte en una política de igualdad real entre hombres y mujeres. En un acto público, los promotores de esta iniciativa se dieron cita en la casa de cultura para la presentación y puesta de largo de esta nueva asociación, que nace con el objetivo de favorecer la igualdad en todos los aspectos: legal, social, laboral, familiar, educativo... y, especialmente, contra la tradicional discriminación sufrida por las mujeres.
www.diariovasco.com
Las mujeres jienenses son las que menos denuncian el acoso en el trabajo
www.ideal.es
Alicante acoge una muestra sobre la violencia de género con viñetas de Forges y Mingote
www.laverdad.es
Valdeón cree que la decisión de de las Capas Pardas es señal de «no haber logrado la igualdad»
www.abc.es
Dimite un regidor del PP que criticó la ley de violencia de género
El regidor de esta localidad, de 2.000 habitantes, había pedido el indulto para Manuel González, el alguacil del pueblo, condenado a siete años de cárcel por agresión sexual y acoso cometidos contra la limpiadora del ayuntamiento.
Mazariegos reclamó por carta al Rey el indulto del alguacil, alegando que ese delito no era "creíble por los habitantes de Villalón". "Quizás porque en estos momentos nos encontramos ante una ley que ampara y sobreprotege a las mujeres", afirmaba.
Posteriormente, en una entrevista en televisión, añadió: "Lo que dice la opinión pública de los hombres es que piensan: 'Vamos a ver, si a mí me va a dejar mi mujer en la calle, ¿voy a consentir que se vaya con otro y yo en la calle? Pues la mato y me voy a la cárcel".
El PP había solicitado por escrito la dimisión de Mazariegos "por ser lo más positivo para el pueblo de Villalón".
www.elpais.com14 de enero de 2009
La autoridad como excusa para el acoso sexual también existe en el Ejército
Ayer comenzó el juicio contra el coronel de Infantería Francisco Bajo Ojeda, acusado de acosar sexualmente a tres oficiales bajo su mando en el 2004, cuando era jefe de la Plana Mayor del Regimiento Mixto de Infantería de Munguía (Vizcaya). El caso se conoció en mayo, cuando Bajo fue imputado por un juzgado togado militar como presunto autor de un delito de abuso de autoridad, mientras que los hechos tuvieron lugar entre agosto y diciembre del 2004, cuando el coronel habría acosado a dos tenientes y a una capitán, además de a la esposa de un suboficial.
Una de las denunciantes, la teniente médico del regimiento, dijo que fue sometida a una constante presión y acoso por parte de Bajo quien, según declaró, le dirigió insinuaciones sexuales e incluso intentó tocarle los muslos en el bar del acuartelamiento, lo que provocó su rechazo. Tras el hecho, el coronel cursó un parte negativo contra ella.
El acoso contra ella habría comenzado en el instante en el que se presentó a Bajo, que se le acercó al cuello preguntándole qué perfume usaba para «decírselo a mis mujeres». Según el auto de imputación, el coronel además miraba insistentemente a las denunciantes, intentó practicarles tocamientos y pronunciaba con frecuencia frases obscenas como: «Tu acento me pone», «¿los fines de semana te vas a Canarias para follar?», e incluso le habría preguntado a una de ellas si «se había bañado con las tetas fuera en playas nudistas», o si su novio y ella «se la pasaban como conejos».
El coronel, que ya había sido condenado en el 2002 por agredir a un subordinado del mismo regimiento, negó ayer los hechos e incluso afirmó que «para un militar, la esposa o la novia son sagradas». Además, admitió que pudo dirigirse a las militares en alguna ocasión llamándoles «corazón», un hábito que afirma practicar tanto con las mujeres como con los hombres del acuartelamiento, por lo que, dijo, es conocido como don corazón.
Más de cien denuncias
Al coronel Bajo lo ascendieron después de la denuncia, pero Carme Chacón lo relevó de sus funciones en junio, después de que ya en su primera rueda de prensa como ministra hubiera dicho que «comportamientos de este tipo no caben en las Fuerzas Armadas».
Irónicamente, Defensa tiene contabilizadas 59 denuncias de mujeres militares por este motivo, según indicó en una respuesta parlamentaria remitida en diciembre a la diputada socialista María del Carmen Sánchez Díaz. Además, en el documento el ministerio reconoce haber recibido otras 60 denuncias por acoso psicológico.
Ivannia Salazar
www.lavozdegalicia.es
Bebe lejía para no ir a un juicio por violencia machista
Un hombre de 65 años, acusado de un delito de violencia machista al retener a su esposa en su domicilio durante varios días, evitó ayer acudir al juicio tras ingerir una cantidad indeterminada de lejía mientras se encontraba recluido en la prisión de Puerto II.
El abogado de la acusación particular, Pedro Pérez, explicó que la mujer y los hijos del hombre supieron de los hechos cuando se encontraban en la sala de la Audiencia provincial a la que habían sido convocados para participar en el juicio.
El acusado, A.G.C., que padece una dolencia cardiaca por la que tuvo que se ingresado en el hospital hace unos meses, se encuentra en estado “muy grave” como consecuencia de la ingesta de lejía. Según Pérez, el juzgado de lo penal número tres de Jerez ha enviado a un médico forense para evaluar su estado.
El juicio ha sido aplazado hasta el 10 de marzo, aunque todo dependerá de cómo evolucione el acusado.
Pedro Pérez entiende que este último episodio no debe afectar al desarrollo del juicio ya que el juzgado tiene en su poder “todas las pruebas psicológicas” del presunto agresor. La acusación particular pide veinte años de prisión para A.G.C. por delitos de coacción, amenazas y maltrato habitual. Los hechos ocurrieron en julio del pasado año.
www.andaluciainformacion.es
mujeres progresistas cree que los juzgados de violencia de género no deberían hacer huelga
La Federación Española de Mujeres Progresistas considera que los juzgados de violencia de género no deberían sumarse a la huelga que han anunciado los jueces españoles para el próximo mes de junio si el Gobierno no atiende antes sus reivindicaciones para mejorar la justicia en España.
Los juzgados que atienden casos de violencia de género "no deberían ponerse en huelga", declaró a Servimedia la presidenta de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quien comparó los malos tratos a las mujeres con una enfermedad grave que los médicos nunca dejan de atender.
"Hay temas similares a una enfermedad grave" y uno de ellos es el de la violencia de género, agregó Besteiro, que consideró que en la huelga que preparan los magistrados entrarán en conflicto dos derechos: el de los ciudadanos a la justicia, en especial el de las mujeres víctimas de malos tratos, con el de los jueces a hacer huelga.
Entre estos dos derechos, aseguró, ha de prevalecer el de las víctimas a ser atendidas, como prevalecería el de los enfermos graves en caso de que los médicos hicieran huelga.
Aunque la presidenta de Mujeres Progresistas se mostró partidaria de que los juzgados que atienden casos de violencia de género no vayan a la huelga, señaló que si finalmente la secundan, deberán tener en cuenta la importancia de los casos que abordan cada día a la hora de fijar los servicios mínimos.
Los jueces han anunciado que protagonizarán una huelga en junio si antes el Gobierno no atiende sus reivindicaciones para mejorar la justicia en España, que pasan por instalar más tecnologías en los juzgados y modernizar, en general, sus instalaciones. Como paso previo a este posible paro, los magistrados han preparado actos de protesta para el próximo 18 de febrero.
(SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es