CANARIAS ES LA QUINTA COMUNIDAD CON MAYOR INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas informó en el Parlamento canario que según el informe del Consejo General del Poder Judicial, Canarias ha pasado de ser la Comunidad con mayor incidencia de violencia a la quinta.

A pesar de este descenso la consejera aseguró que "Canarias cerró el año pasado con el peor balance con la muerte de nueve mujeres en nuestro territorio. "Aunque es el peor balance mortal en una década, Canarias descendió en la incidencia de violencia de género en su comparativa con el Estado, de lo que deducimos que el último año, ha sido el más dramático en cuanto a violencia de género en el conjunto del Estado Español"

Rojas explicó que es preciso evaluar "qué es lo que está pasando para que después de que todas las instituciones hayan desplegado multitud de esfuerzos, de que la sociedad esté concienciada de que se trata de un grave problema social y no de una cuestión privada, sigamos teniendo que lamentar, año tras año, más víctimas y más víctimas mortales de violencia de género"

3.481 llamadas de emergencia y 410 mujeres acogidas. Las llamadas al teléfono de atención a mujeres maltratadas del Gobierno de Canarias 1-1-2 crecieron más de un 30% y según se desprende del informe elaborado por el Instituto Canario de la Mujer, el dato más relevante se refiere a la violencia física con agresión sexual que ha crecido en un 64% (ha pasado de 92 casos en el 2007 a 151 en el 2008, 59 casos más).

Las llamadas atendidas según el tipo de intervención, aumentaron en el año 2008 con respecto al mismo periodo del 2007 (enero-diciembre) en todos los tipos de intervención. Las llamadas de emergencia, que son aquellas situaciones de peligro inminente para la vida, bienes o derechos de las personas aumentaron un 20%, 583 más en relación al año 2007.

Las llamadas de urgencia, que se definen como una situación subjetiva que precisa atención aumentaron un 16%, 670 más que en 2007.

Por islas, el incremento porcentual más significativo con respecto al año anterior, se produjo en las islas de El Hierro con un 40% más de demandas y las islas las islas de Fuerteventura y Lanzarote con un 27,64%, y un 19,87%, respectivamente.

La consejera informó también sobre las atenciones y acogimientos realizados por los dispositivos de emergencia que "después del año 2000, el año pasado representaron el año de mayor incremento de las alertas de este servicio, un 26% más de demanda".

En todas las islas aumentaron las alertas, a excepción de la Gomera que presentaron seis alertas menos que en el 2007. En valores absolutos, las islas donde más significativamente se incrementó el número de alertas fueron Tenerife, 58 más y Fuerteventura que casi duplicó al año anterior al pasar de 57 a 110 alertas.

Del total de las alertas, resultaron atendidas en 2008 un total de 848 mujeres, un 23% más que en el año 2007 (685 mujeres atendidas), de las cuales 410 necesitaron acogimiento inmediato.

Infonortedigital

Curso de asistencia a víctimas de violencia

La violencia de la que son objeto las mujeres, particularmente cuando las agresiones provienen del ámbito familiar, es una de las cuestiones que trata de neutralizar y corregir el Observatorio de Violencia Contra la Mujer.

Con ese propósito el 23 y 24 de abril, de 8.30 a 17.00, se realizará el curso "Redes para la prevención, contención y asistencia a mujeres víctimas de violencia"

El mismo contará con la presencia de representantes de instituciones que trabajan con la problemática de violencia en diferentes zonas de la provincia y será dictado por profesionales del Consejo Nacional de la Mujer y de la Universidad de la Matanza (Buenos Aires) en instalaciones del Sindicato de Amas de Casa Argentino (SACRA), ubicado en avenida Alem 145.

www.elsigloweb.com

Dos décadas de lucha contra el maltrato

El Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional cumple veinte años de su instauración en Cantabria

En 2008 se registraron más del doble de denuncias por violencia de género y doméstica que hace quince años

Cuando la violencia de género sólo eran crímenes pasionales y el eco de las víctimas apenas ocupaba espacio en telediarios y periódicos, la Policía Nacional puso en marcha en Santander el que entonces se llamó Servicio de Atención a la Mujer. Veinte años después, ya convertido en Servicio de Atención a la Familia (SAF), este departamento centraliza todos los casos de maltrato -de género y doméstico- y delitos contra la libertad sexual, entre otros, de la región.

Durante estas dos décadas, la inspectora Ana Sánchez estuvo al frente de un servicio que ha visto como el número de denuncias se ha llegado a duplicar. Ahora, ascendida a la Jefatura de Documentación, su puesto lo ocupará la inspectora Arancha Renedo.

'Cambio' es la palabra que más repite Sánchez cuando revisa en un instante la labor de veinte años. En 1989, por ejemplo, las violaciones eran delitos privados y era necesaria una denuncia para realizar una investigación y arrestar al agresor. Además, si la víctima lo perdonaba, la Fiscalía retiraba los cargos.

Ahora todo eso ha cambiado. Incluso el propio SAF. Los tres agentes de los comienzos se han transformado en nueve, al mismo tiempo que han ampliado sus competencias.

Las personas maltratadas -nueve de cada diez son mujeres- tienen ahora, como dice la inspectora, el SAF «como punto de referencia», ya que, entre otras cosas, está coordinado con casas de acogida, centros médicos y psicólogos, además de las concejalías sociales de los ayuntamientos y el Instituto de la Mujer.

Procedimiento

Cuando una persona formula una denuncia por maltrato se pone en marcha una maquinaria cuyo siguiente paso es verificar los hechos. En caso de que se confirmen, los agentes del SAF detienen al agresor y el juez formula una orden de alejamiento. Dependiendo de la gravedad de las lesiones físicas y psíquicas y de la habitualidad de las agresiones, el maltratador puede acabar en la cárcel o salir a la calle, aunque eso sí, en vigilancia.

Desde el año 2000, la labor del SAF no acaba aquí, ya que incorpora la Unidad de Prevención de Asistencia y Protección (UPAP), coordinado con la Policía Local. Así, se mantiene un contacto permanente con la víctima y, en casos de riesgo extremo, «se le pone una patrulla a la puerta de casa para acompañarla al trabajo, al supermercado o donde haga falta», señala Sánchez.

El retrato robot del maltratador es el de un español de entre 30 y 40 años. El año pasado, el 56% de las denunciantes y el 59% de los autores fueron españoles. Otra situación de riesgo viene en forma de jubilación. «El hombre que antes trabajaba todo el día fuera, ahora se pasa el día en casa y se pueden dar más situaciones de riesgo», desvela la inspectora.

En cuanto a los inmigrantes, los casos de violencia de género y doméstica entre ellos se deben, sobre todo, a su propia condición de extranjeros. «En su país, muchos de los maltratadores inmigrantes que están aquí no lo serían», aclara Sánchez.

Algunas de las situaciones más complicadas con las que trabaja el SAF están protagonizados por niños. Y es que este servicio también atiende a menores que necesitan protección (acoso en el colegio, abandono...), pero son «muy reticentes» a denunciar, por ejemplo, violencia por parte de sus padres.

«Los niños no suelen hacerlo, ya que quieren a sus familiares y no desean salir de su entorno. Por eso hay que tratar estos casos de forma especial», explica la inspectora saliente.

Diario Montañés

Bienestar Social publica una guía para evitar un uso sexista del lenguaje

La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social ha publicado la guía 'Igualdad Lenguaje y Administración: propuestas para un uso no sexista del lenguaje', que pretende ser una herramienta de trabajo "práctica y sencilla" que ayude a solucionar las dudas que se plantean los ciudadanos por los nuevos usos lingüísticos derivados de la incorporación de la mujer a la vida social y cultural.

La directora general de la Mujer y por la Igualdad, Celia Ortega, explicó en un comunicado que este manual "evidencia los usos sexistas de nuestra lengua y ofrece un abanico de soluciones y propuestas para evitarlos".

Entre las propuestas que plantea la guía, Ortega destacó la necesidad de introducir una serie de cambios como el empleo de términos genéricos y colectivos; la utilización de fórmulas de desdoblamiento; la feminización de los términos, o el empleo de construcciones no sexistas, omitiendo determinantes y pronombres marcados o eludiendo el sujeto, entre otros.

Este manual, que se puede consultar en la web de la Conselleria de Bienestar Social --http://www.bsocial.gva.es/portal/portal--, se presenta en valenciano y castellano, ya que sus usos lingüísticos difieren y, por lo tanto, las alternativas también.

Además, el manual 'Igualdad, Lenguaje y Administración: Propuestas para un uso no sexista del Lenguaje' facilita un listado bibliográfico y de recursos en Internet que permite conocer con mayor profundidad el estado de la cuestión.

Esta acción se incluye en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2006-2009, puesto en marcha tras la aprobación en 2003 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Generalitat que regula en sus artículos "el lenguaje no sexista en los escritos administrativos".

La directora general de la Mujer y por la Igualdad subrayó que desde la Conselleria de Bienestar Social, "encargada de eliminar las discriminaciones existentes entre sexos y en su afán por conseguir la igualdad entre mujeres y hombres", considera necesario "sensibilizar a la sociedad sobre el uso no sexista del lenguaje".

Por este motivo, Ortega hizo hincapié en la importancia de revisar el uso de la lengua y del lenguaje administrativo "para que cuente tanto con los hombres como con las mujeres, y así evitar que se excluya o se subordine a alguno de los géneros". Finalmente, indicó que, con esta guía, la Generalitat pone en marcha una de las medidas propuestas por el Parlamento Europeo para eliminar el sexismo en el lenguaje.

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La provincia tinerfeña sólo tiene 17 agentes en exclusiva para malos tratos

Pese a que en Canarias hay unas 3.000 órdenes de protección a las víctimas de violencia de género cada año, sólo los miembros de la Unidad de Prevención, Atención y Protección de Santa Cruz de Tenerife se dedican en exclusiva. El resto de agentes de la Policía Nacional lo hacen de forma complementaria.

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Aunque la Comunidad Autónoma de Canarias lidera todas las listas en lo que a malos tratos sobre la mujer se refiere, puesto que concentra el mayor número de denuncias por violencia de género al año (alrededor de 10.000), está a la cabeza en usuarias de teleasistencia (796) y en órdenes de protección dictadas por la justicia, (2.780 en el año 2007) sólo 17 agentes trabajan en exclusividad en esta actividad en la provincia tinerfeña.

En concreto, estos 17 policías pertenecen a la denominada UPAP (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de las víctimas de malos tratos), el único grupo especializado en esta materia y que está adscrito al Cuerpo Nacional de Policía.

Se trata de agentes de segunda actividad, es decir, que han alcanzado una determinada edad (en este caso 58 años) en la que se les da la oportunidad de retirarse o de ir a otro destino como, por ejemplo, un trabajo más específico. Se llaman con el término de segunda actividad porque se prefiere que sean estos los que hagan funciones tales como la de atención a las víctimas de violencia de género, en vez de detraer a otros agentes de destinos más complejos.

Esta circunstancia tiene un aspecto claramente negativo, y es que no son personas que trabajen en este campo del maltrato por vocación, sino más bien por el incentivo económico que ello les conlleva en comparación con la jubilación anticipada; sin embargo, también tiene un factor positivo, y es que se trata de policías muy experimentados que, por lo general, saben resolver cualquier conflicto de manera eficaz y que suelen conocer el perfil del agresor y su forma de actuar.

Actualmente, en la provincia tinerfeña la UPAP está compuesta por 17 agentes: cinco está asignados a Santa Cruz de Tenerife; otros cinco, en San Cristóbal de La Laguna; dos, en el Puerto de la Cruz; tres, en Las Américas y otros tres, en Santa Cruz de La Palma, según han confirmado fuentes policiales y de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El resto de los agentes del propio Cuerpo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que realizan labores de custodia o vigilancia, comparten estas funciones con las propias del otro puesto que tienen. Esta circunstancia se da ante la necesidad de dar respuesta a las constantes solicitudes de protección que se registran como consecuencia del aumento de las denuncias relacionadas con la violencia machista.

Así, cuando un juez decreta una orden de protección para una mujer, ésta siempre se cumplirá destinando a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, sin embargo, rara vez se dará la circunstancia de que sea un agente de la UPAP, debido al escaso personal con el que cuenta esta unidad, por lo que en la mayor parte de los casos a éstos sólo les son asignados los casos más graves y en los que la vida de la mujer corre serio riesgo.

Grandes deficiencias

Las deficiencias, a parte de las propias del escaso número de personal son innumerables. "Estos agentes no tienen vehículos, despachos y en ocasiones ni siquiera ordenadores en los que realizar sus informes, por lo que incluso deben, en ocasiones, trabajar de prestado con los recursos de otros compañeros", explica el portavoz de la Unión Federal de Policía, Rafael Dios, antes de señalar que "tienen una sobrecarga de trabajo incluso por encima de la de cualquier otro agente que trabaje en este tipo de casos".

Según este representante sindical, las condiciones de trabajo son pésimas ya que "sólo se les da un teléfono para que las víctimas se pongan en contacto y punto".

No obstante reconoce la buena labor que hacen al explicar que "con los pocos medios que tienen están consiguiendo buenos resultados, así que lo que cabría pensar es qué pasaría si dotaran adecuadamente a este servicio tanto en personal como en medios".

Las UPAP fueron promovidas por la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y sus puntos débiles a nivel nacional pueden resumirse en cuatro: corregir el déficit en recursos, mejorar la efectividad de los que ya existen, facilitar la colaboración con los policías locales y revisar los protocolos. En este sentido, los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que aplicar la orden de protección son los encargados también de valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo del riesgo.

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Un total de 6 de los 10 homicidios cometidos en 2008 en Pontevedra fueron casos de violencia machista

La Subdelegación refuerza los medios para luchar contra esta lacra con la creación de mesas específicas en la capital, Caldas y Poio

C.G. - PONTEVEDRA

Las estadísticas de evolución de la delincuencia en la provincia en 2008 dejaban un descenso en el número de denuncias por violencia de género presentadas por las pontevedresas. Un total 909 personas aseguraban ser víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, frente a las 986 del anterior ejercicio.

No obstante, las frías estadísticas dejaban un dato escalofriante sobre la dimensión de este problema, el de las víctimas mortales. De los 10 asesinatos u homicidios consumados que se produjeron en 2008 en la provincia, en seis ocasiones se trataba de casos de violencia doméstica. En 2007, fueron 3 de las 8 muertes violentas que registraron.

La comarca de Pontevedra se vio especialmente afectada por este tipo de crímenes, ya que de los seis, al menos cuatro se produjeron en el entorno de la capital. A la memoria de todos acuden los casos de Maximino Couto Durán, el recluso de A Lama de permiso que supuestamente mató a su pareja en Ponte Caldelas, María Rosario Peso André, y luego intentó hacer lo mismo con su ex mujer en Mourente el 30 de noviembre, cuando hirió a dos vecinos y a un policía nacional que intentaba detenerlo. Posteriormente, Couto acabó suicidándose en la prisión pontevedresa.

Otros casos

También reaparece el nombre de María del Carmen Barcala Rebolo, a quien supuestamente su marido estranguló en Portas el 19 de diciembre. Otro caso menos conocido fue el de Áurea Troitiño Fentantes, una nonagenaria de Cotobade que falleció tras 9 días en la UCI a consecuencia de un golpe en la cabeza y el posterior incendio de su vivienda de Rebordelo supuestamente causados por su cuñado, quien murió días después. El último caso es el de un vecino de Cambre que supuestamente habría matado a su ex pareja en un área de descanso de la AP-9 en Vilaboa, aunque este dato no está contrastado.

Protección

La Subdelegación ha puesto los medios sobre la mesa para intentar acabar con esta lacra y como recuerda Delfín Fernández Álvarez, tan sólo salen a la luz las muertes que se producen, pero no “las muchas vidas que se salvaron” gracias a toda la red de protección que se ha creado en torno a las víctimas. Ahora se cumplen dos años de la creación de la Unidad sobre Violencia contra la mujer. El primero se dedicó a tejer una red de cooperación entre las distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los centros penitenciarios para mejorar los niveles de protección a las víctimas. En 2008, además de seguir “engrasando” estos protocolos de colaboración, la Subdelegación ha querido implicar a los concellos dado que son ellos la administración más cercana al ciudadano y que, en la mayoría de los casos ponen en marcha servicios sociales o puntos de información a la mujer a los que pueden acceder las víctimas. Para eso se impulsó la creación de las mesas locales de violencia de género. El año pasado se crearon 9 en la provincia (Marín, Bueu, Baiona, Gondomar, Lalín, Nigrán, Sanxenxo, Silleda y Vilagarcía). La Subdelegación del Gobierno espera continuar creando estos órganos en el presente año y Delfín Fernández Álvarez anunció que están aprobadas y en breve serán operativas las mesas de Pontevedra, Caldas de Reis, Poio, A Guarda, y O Grove.

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3.000 personas reclaman en Langreo justicia para las víctimas de violencia de género

Cristina Fanjul exigió que los agresores «cumplan con las penas impuestas»

Bajo el lema 'La lista es demasiado larga', alrededor de 3.000 personas participaron ayer la manifestación de apoyo a las víctimas de género celebrada en Langreo. El objetivo era instar a las autoridades y fuerzas de seguridad a trabajar por el esclarecimiento de los asesinatos de las langreanas Margarita Piloñeta y Patricia Fernández, así como mostrar su rechazo a que el agresor de Cristina Fanjul pueda conseguir un permiso carcelario.

A pesar de la que la lluvia fue una constante durante todo el recorrido, la meteorología no detuvo la marcha, que se inició en el parque Dolores F. Duro del distrito de La Felguera con destino a la plaza del Ayuntamiento de Langreo. Una vez allí, María Pérez, representante del colectivo Maeve, leyó un comunicado conjunto de las tres víctimas langreanas. En él, se dejó constancia de la «indignación» por la no resolución de los crímenes de Margarita Piloñeta y la joven Patricia Fernández. En cuanto a Cristina Fanjul, se denunció que su agresor «podría estar en la calle pronto».

La representante de Maeve también recordó que el año pasado fueron asesinadas 94 mujeres en toda España. Y que ya son 17 en estos primeros meses de 2009. Los datos le sirvieron de justificación para pedir una mayor implicación de los poderes públicos, más educación en igualdad y «que la sociedad no enjuicie a las víctimas».

También habló Cristina Fanjul, quien perdió la vista hace nueve años tras ser agredida brutalmente en Avilés. Exigió que los agresores «cumplan con las penas impuestas por la justicia» y destacó la importancia de «alzar nuestras voces para que no haya más víctimas». Tras sus palabras, pidió un minuto de silencio por todas las mujeres que han sufrido violencia de género.

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El Gobierno estima que siete de cada diez bolivianas sufren violencia de género

El Gobierno de Bolivia estimó hoy que siete de cada diez mujeres sufren violencia de género en el país, pese a contar desde hace más de 14 años con una ley contra este problema donde también influye la descoordinación institucional.

La directora del Viceministerio de Género, Ana Clavijo, aportó a Efe estas estimaciones y admitió que la duplicidad de tareas para combatir la violencia machista que realizan en el país brigadas policiales, juzgados y organizaciones no gubernamentales impiden contar con cifras definitivas.

Por esto, el Ministerio de Justicia boliviano invitó esta semana a una fiscal española especialista contra la violencia de la mujer para conocer la experiencia en España y detectar los problemas que tiene Bolivia en este ámbito.

"Hay deficiencias (en el sistema boliviano), no hemos podido desarrollar hasta el momento un sistema integrado de protección a la víctima de violencia, por eso es nuestro interés ver la experiencia española", explicó Clavijo.

Entre las fallas de la protección boliviana, la funcionaria dijo que uno de los principales problemas, además de la descoordinación entre instituciones, está en la falta de interés de los gobiernos municipales y la escasez de presupuesto, así como la poca preparación interdisciplinar del personal encargado.

En este intento de mejorar la coordinación entre instituciones, el Gobierno boliviano probó en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, un centro de soluciones integrales para las víctimas de violencia que cumple funciones de atención y protección, con resultados "muy positivos".

Clavijo explicó que para mejorar en la atención a la víctima es necesaria la colaboración de otros ministerios, una tarea "que está costando" porque en su opinión todavía no existe información ni consciencia sobre este tema, sobretodo en las regiones rurales.

Por ello, para la funcionaria se presenta clave la introducción en los currículos escolares del respeto a los derechos humanos y la no-violencia.

En el capítulo dedicado a los derechos de los bolivianos en la nueva Carta Magna se especifica que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

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Más de 200 jóvenes asisten a las ludotecas que se han desarrollado en Jumilla dentro del programa 'Concilia'

Un total de 225 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años han participado en las ludotecas que se han desarrollado esta semana en Jumilla. Esta ludoteca, impartida por 16 monitores, se enmarca dentro del programa Concilia que está desarrollando la Concejalía de Mujer e Infancia y que, según su responsable, Fuensanta Olivares, pretende "ofrecer actividades a niños cuyos padres y madres trabajan".

En concreto, las ludotecas se han llevado a cabo en las instalaciones de los colegios Nuestra Señora de la Asunción, Miguel Hernández y Carmen Conde, según informó el Consistorio en un comunicado.

Al respecto, la coordinadora del programa, Antonia María Simón, explicó que en estas ludotecas "se han llevado a cabo diferentes actividades como juegos colectivos, talleres de conciliación, talleres de prevención de violencia género, dibujos y taller de prevención de conductas psicológicas, entre otros". Como actividad final, se realizó una mañana de convivencia en el jardín del Rey don Pedro.

Para la coordinadora, "los pequeños responden muy bien, puesto que salen a la calle, con actividades diferentes, conocen y conviven con niños de otros colegios y aunque tienen muchas actividades, no es el ritmo del trabajo de los coles". Apuntó, también, que "los padres están encantados y solicitan que se sigan haciendo estas ludotecas en otras épocas del año".

Por último, la concejal de Mujer e Infancia señaló que "la ludoteca más importante, en cuanto al número de niños y presupuesto, es la de verano, que viene financiada por el Programa de drogodependencias de la Concejalía de Servicios Sociales y en la que la Concejalía de Infancia hace una pequeña aportación de dinero municipal para poder acoger a los niños de infantil". "El proyecto de esta concejalía, a través del programa Concilia, es incluir la ludoteca de Navidad", concluyó.

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López-Ochoa, nueva jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer

María Rosa López-Ochoa Oña será la nueva jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Melilla, en sustitución de Antonio Espínola Arias.

Según informó ayer la Delegación del Gobierno en una nota, la nueva responsable es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y ha impartido clases en la Escuela de Arte de Melilla.
López-Ochoa ostenta la Secretaría del Área de Ordenación del Territorio, Vivienda e Infraestructura del PSOE melillense y ha pertenecido a Juventudes Socialistas de Melilla (JSME).

El delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, agradeció la “espléndida labor” que ha desarrollado al frente de esta unidad su anterior director, al que correspondió la puesta en marcha de la misma.

A lo largo de este tiempo, según destaca la nota, se han cumplido los objetivos marcados, entre ellos el de reforzar la colaboración entre las instituciones que trabajan a favor de las víctimas de violencia de género y aumentar su seguridad.

elfaroceutamelilla

En Mérdia Unas 35 mujeres tienen dispositivo de teleasistencia para su protección

Unas 35 mujeres con orden de protección en Mérida cuenta con dispositivo de teleasistencia para reforzar las tareas de coordinación a lo largo del proceso. El dato y la situación de estas mujeres se analizó en la mesa de coordinación contra la violencia de género, convocada ayer en el Ayuntamiento.

La mesa, compuesta por responsables políticos locales, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, valoró «la mayor fluidez en la información y comunicación entre la Policía Nacional y Local desde la última convocatoria, así como con el resto de profesionales tanto de la Delegación de Igualdad como de Servicios Sociales, para una mayor eficacia en el seguimiento, atención, asistencia y protección de las mujeres víctimas de violencia de género atendidas», destaca el Gobierno local.

El principal objetivo de esta mesa es la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Local, en conjunto con el resto de servicios que prestan atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género.

En la reunión se propuso la elaboración de una guía de recursos existentes en Mérida, continuar con la formación para los profesionales implicados y una mayor divulgación en los medios de comunicación. También se informó «de las dificultades y tiempos de espera en la atención por parte del turno especial de asistencia del colegio de abogados» y se recordó a Isabel Bonito, última víctima en Extremadura.

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Las campañas contra los malos tratos se centrarán en los hombres

La Consejera de Bienestar Social de Gobierno de Canarias, Inés Rojas, anunció ayer que el Instituto Canario de la Mujer "está haciendo un gran esfuerzo por incorporar a los hombres en las campañas de lucha contra la violencia de género, porque si no se trabaja con ellos, no se puede seguir avanzado hacia la erradicación de esta lacra social".

Durante su intervención de ayer ante el pleno de Parlamento, Rojas explicó que el Gobierno garantiza una "respuesta inmediata a las mujeres que se encuentran en una situación de peligro", pero que además "se ha de ir avanzando en que sean los propios hombres los que tomen conciencia de los cambios sociales que ha habido y del papel que ahora ocupa la mujer".

La dirigente de Bienestar Social recordó que Canarias ha pasado de ser la comunidad con mayor incidencia de violencia de género a ser la quinta, aunque "a pesar de eso el Archipiélago cerró el año pasado con el peor balance, debido a la muerte de nueve mujeres".
"Es preciso evaluar qué es lo que está pasando para que después de que todas las instituciones hayan desplegado tantos esfuerzos económicos y de personal, y de que la sociedad esté cada vez más concienciada de que se trata de un problema social y no de una cuestión privada, sigamos teniendo que lamentar tantas víctimas mortales".

En este sentido, anunció que en próximas fechas se llevará al Parlamento un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género con el fin de tomar las iniciativas que sean necesarias.

Red de recursos
"Es un tema prioritario para este Gobierno, y para su presidente, lograr que las mujeres se sientan protegidas y con el respaldo de todos los recursos que sean necesarios para que así no tengan miedo a denunciar a sus agresores", dijo una emocionada Inés Rojas, antes de enumerar la totalidad de servicios y programas disponibles en todas las Islas para dar respuesta a este tipo de casos.
Asimismo, Rojas afirmó que en 2008 hubo un "repunte" en las demandas de los servicios de atención a las víctimas de género del Archipiélago y destacó el servicio que presta el 112, que ha gestionado 78.982 incidentes desde su creación en 1999.
"El servicio que presta el 112 a las mujeres víctimas de violencia -añadió la consejera- es un recurso consolidado, que funciona desde hace nueve años, y que "está dando una respuesta inmediata, las 24 horas del día, todos los días del año, a las mujeres de todas las Islas que se encuentran en una situación de violencia o amenazas y necesitan ayuda inmediata."

http://www.eldia.es/2009-04-16/CANARIAS/12-campanas-malos-tratos-centraran-hombres.htm

Iremujeres trabaja en prevención permanente de violencia de género

El tema de la violencia de género continúan siendo en Venezuela de gran polémica, pero también cada vez más encuentra espacios alternativos de discusión integral, en el entendido de que las herramientas jurídicas existentes llevan al género femenino a saber que definitivamente el problema que les pueda aquejar, tanto a nivel familiar, como laboral y social en general, no les convierte en "animales de caza", sino en blancos de una mayor atención.

A partir de esta premisa el Instituto Regional de las Mujeres del estado Miranda (Iremujeres), que preside la prestigiosa Marianela Anzola, ha logrado desarrollar un trabajo de participación de las comunidades en cada rincón de la geografía mirandina, y de acuerdo a un diseño articulado desde el despacho del gobernador Henrique Capriles Radonski, se ha podido dar a conocer el objetivo de dicha institución regional.

El Balance
Durante esta semana la presidencia de Iremujeres dió a conocer a periodistas de medios un amplio balance estadístico relacionado con el trabajo emprendido en el estado Miranda, en materia de atención de casas de violencia, talleres y jornadas sociales que se han logrado, dentro de la labor del ente, y a continuación reproducimos parte de la información oficial, en atención a las estadísticas procesadas desde Iremujeres. 2 mil 458 en la lista"Un total de 2 mil cuatrocientos cincuenta y ocho casos vinculados a violencia de género atendió el Instituto Regional de las Mujeres del Estado Miranda, durante el primer trimestre de este año", dice el boletín oficial enviado a La Voz.
También se resalta desde el despacho de la presidenta de Iremujeres que en estos tres meses de trabajo continuo se brindaron 669 asesorías jurídicas, se atendieron 534 casos por violencia psicológica, 471 por orientación psicológica, 186 caso de acoso u hostigamiento, unas 184 amenazas, 235 violencia física, 27 violencia domestica, 13 violencia sexual, 3 por esclavitud sexual, 3 acoso sexual, 3 violencia laboral, 53 violencia patrimonial, 28 seguimientos, 41 asesoría social, 1 violencia institucional, 2 violencia mediática y 2 atención a hombres agresores. Gracias al voluntariado

En el estado Miranda el voluntariado de mujeres que se ha conformado para trabajar de la mano de Iremujeres, se ha convertido en multiplicador de valiosa información preventiva, además de ser un enlace eficaz entre las comunidades y la institución, según se ha podido conocer desde la dependencia regional.
Actualmente Iremujeres imparte talleres, charlas en liceos, además dispone un equipo permanente para orientar a la ciudadanía acerca del tema de la violencia de género."En el Instituto Regional de las Mujeres, la mujer consigue el apoyo necesario desde el punto de vista psicológico. De igual manera se les brinda el seguimiento necesario, las mujeres son escuchadas y sus problemas canalizados a través de los organismos competentes", dijo a periodistas de medios Marianela Anzola.
Altos Mirandinos...

El más elevado
Desde la presidente de Iremujeres en la entidad mirandina trascendió esta semana que en los Altos Mirandinos -con mil 501 casos de violencia en el primer trimestre de 2009- se registra, quizás, el más elevado índice de maltrato, y de allí que a juicio de la autoridad del instituto, se está trabajando de forma más intensiva con las comunidades, y a través del accionar del voluntariado de mujeres que fuera conformado en la entidad. En lo que va del mes de abril se ha reportado desde los Altos Mirandinos un total de 170 casos de violencia de género.

http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=849996

"¿Héroe? Quiero conocer al héroe"

El profesor Jesús Neira abandona con honores el hospital ocho meses después de caer en coma por la brutal paliza que recibió al defender a una mujer

Su aparición, con aspecto todavía débil pero sonriente, arrancó los aplausos de los presentes. De los amigos que llevaban días preparándole una fiesta, de algunos de sus vecinos de habitación, de los enfermos que se asomaban en bata por la barandilla de la primera planta del Hospital Puerta de Hierro. Fuera le esperaban 256 globos blancos, uno por cada día que Jesús Neira ha permanecido ingresado tras la agresión que casi le hizo perder la vida por defender a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja. Y 56 globos rojos, los mismos que años cumplía precisamente ayer, cuando los médicos le dieron el alta.

"Es como volver a la vida". Neira se expresaba con voz pausada desde su silla de ruedas en el recibidor del hospital, conectado todavía al oxígeno, sereno pese a estar casi engullido por decenas de periodistas. Poco después de las 12.30, ayudado por su mujer y sus hijos, se levantó para atravesar la puerta y dar sus primeros pasos en la calle. Un símbolo más de este hombre casi erigido en héroe. Él afirmó que tanta atención mediática le había pillado un poco por sorpresa. "¿Héroe? Quiero conocer al tal héroe, yo soy una persona absolutamente normal", concedió.

Ni el frío ni la lluvia importaron a sus amigos. Tenían preparada una fiesta para Jesús Neira, que permanecía custodiado en todo momento por su mujer y sus hijos, uno de ellos también en silla de ruedas. "¿Por solidaridad con tu padre?". "No, me caí", responde con una tímida sonrisa. Enfrente del hospital, una carpa con un pequeño escenario sirvió como sala de celebraciones. Aunque la multitud de cámaras apenas permitía ver a los que hablaban. Su compañero de tertulias televisivas, Juan Antonio Tirado, hizo de maestro de ceremonias. El cantante Pedro Úbeda, también amigo, se encargó de entonar el Cumpleaños feliz y un par de las canciones favoritas del homenajeado. Hubo tarta, regalos -incluido uno del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá- y un brindis con cerveza.

Jesús Neira, modesto, no escatimó en halagos hacia sus amigos y su mujer. "Yo no sé si hubiera podido hacer lo que ha hecho ella", confesó sobre el escenario, micrófono en mano, relatando las obligaciones que habían recaído sobre su mujer en su ausencia. A él le queda por delante la rehabilitación, que compaginará cada día con las actividades rutinarias que espera retomar desde hoy, como leer los periódicos o trabajar en su despacho como presidente del consejo asesor del Observatorio contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid. ¿Lo que más he echado de menos? "Fundamentalmente respirar bien, controlar mis movimientos", explicó. "En mi situación las cosas secundarias se difuminan rápidamente".

Sus amigos estaban exultantes. "Nosotros al principio pensábamos que se moría", explicaban. Ayer, ocho meses después de la agresión, Neira regresó a casa. Rodeado de expectación, como todo lo que ha tenido que ver con su historia. Y no se arrepiente de nada. "Volvería a hacer lo mismo", respondió mirando a las cámaras, "porque si no esa mujer no estaría viva".

ANAÍS BERDIÉ
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Juez Serrano pide que la Ley de Violencia de Género incluya a parejas gais

El juez de Familia de Sevilla, Francisco Serrano, ha dicho que el asesinato de un homosexual en Almería por parte de su ex marido no podría juzgarse como violencia doméstica, por lo que la Ley de Violencia de Género debería reformarse para incluir a todas las parejas y todos los parentescos.

Serrano ha dicho a Efe que la Ley de Violencia de Género "protege solo a la mujer por el hecho de serlo en una relación de pareja", por lo que excluye de su protección a cualquier mujer que sea víctima de otra mujer en una relación entre lesbianas y a los hombres que formen una pareja gay.

Por ello, el juez entiende que el asesinato de un homosexual en Almería a manos de su ex marido, que luego se suicidó, pone en evidencia los defectos de una ley "que no se pensó bien" y que, a su juicio, es "injusta y supone una discriminación para una parte de las víctimas".

La Ley de Violencia de Género nació solo para "proteger a la mujer por el hecho de serlo", lo que supone "un mal reflejo de lo que es el maltrato", según Serrano.
Afirma el juez de Familia 7 de Sevilla que la ley se debería reformar "para incluir todas las relaciones domésticas", de forma que cubra a los hijos, padres y abuelos siempre que se trate de una relación de dominio de una parte sobre otra.

"La ley se debe corregir desde sus cimientos y debe empezar describiendo lo que es el maltrato", porque "la mujer será libre de verdad cuando deje de estar tutelada".

Ha añadido que "la verdadera mujer maltratada es la que disculpa al maltratador, esa es la que debemos proteger", por lo que el juez ha insistido en criticar que la ley, en su redacción actual, "fomenta las denuncias falsas y que se produzcan esas situaciones de abuso".
Por otra parte, el juez ha lamentado que desde 2005 el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya dejado de desglosar el porcentaje de hombres y mujeres que se suicidan en España al verse inmersos en un proceso de separación matrimonial, cifra que hasta entonces multiplicaba por seis el suicidio masculino respecto al femenino.

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El Instituto de Medicina Legal recoge 122 casos de malos tratos

Los forenses palentinos certificaron el pasado año 122 casos de violencia doméstica, nueve más que en el 2007.

El 58% de las víctimas de malos tratos tienen entre 21 y 40 años, y en 38 de los 122 casos el agresor es el cónyuge, y en otros 55 la pareja.

Sin embargo, las víctimas no son siempre mujeres, ya que el 29% son hombres. La mayoría de las agresiones fueron contusiones, erosiones y heridas, si bien también se contabilizó una con arma blanca.

De los 122 casos, 70 se contabilizaron como violencia de género y los otros 52 como violencia doméstica.

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Xente Gai Astur (Xega) denuncia las lagunas de la ley de Violencia de Género

Si la agresión se hubiera producido entre lesbianas, sí tendría cabida en el texto legal

Xente Gai Astur (Xega), asociación asturiana de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, puso ayer en evidencia las lagunas de la ley de Violencia de Género, en la que un crimen como el ocurrido en Almería no tendría cabida, a pesar de producirse en el seno de un matrimonio. Esto no sucedería si el crimen se hubiera producido en una pareja de lesbianas, ya que la ley impone como requisito que la víctima sea una mujer, sin especificar nada sobre el sexo del agresor, según explica Tino Brugos, coordinador de Xega.


«Como colectivo -afirma Brugos- siempre hemos dicho que somos normales, no somos ni extraordinarios ni fuera de lo común, y tenemos un comportamiento igual que el resto de personas, para lo bueno y para lo malo, incluidos desgraciadamente los actos violentos. Esta laguna que reconocemos en la ley no significa que no veamos la importante problemática que aborda. Existe una lacra gravísima que hace que este país se desangre poco a poco y hay que estar más que nunca al lado de las víctimas, que son las mujeres. Pero una cosa no quita la otra, hay otras realidades sociales que hay que proteger. Me temo que esto que ha sucedido no es más que la punta del iceberg, que va a ir asomando cada vez más, precisamente porque somos personas normales, con lo malo también».


La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales denunció igualmente que la actual ley de Violencia de Género «no protege a todos por igual. Es completamente falso que existan mecanismos similares a los de las parejas heterosexuales para combatir este tipo de violencia y obtener protección y ayuda para las víctimas», afirmó la vicepresidenta de la asociación, Rosa Ortega.

www.lne.es

Lesbianas y gays piden acogerse a la ley contra la violencia de género tras el crimen de Adra

El Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colega) de la provincia de Almería ha reclamado hoy que los homosexuales puedan acogerse a los beneficios de la Ley Integral contra la violencia de género cuando sufran una agresión por parte de sus parejas o ex parejas. La petición se produce tras el asesinato ayer de un hombre en Adra (Almería), por parte de su marido, que después se suicidó.

La Ley Integral no ampara las agresiones entre homosexuales porque considera requisito indispensable, entre otros, que el autor sea un hombre y la víctima una mujer.

“Hechos como éste son desgraciadamente cotidianos en muchas parejas de gays y lesbianas, donde la violencia doméstica continúa siendo una realidad invisible, que además de no denunciarse la actual ley no reconoce. Los gays y las lesbianas no podemos acogernos a la actual ley para obtener el alejamiento de nuestras parejas en caso violencia, y el acceso a centros de acogida“, ha dicho Emilia Becerra, presidenta de Colega-Almería, en declaraciones recogidas por el diario Ideal.

“Colega ha sido una organización coherente siempre en sus planteamientos y principios, y desde que se aprobó la actual Ley de Violencia de Género, ha denunciado una y otra vez que las parejas de gays y lesbianas deberían incluirse en la citada ley, por lo que exijimos un urgente cambio en la ley”, ha añadido Emilia Becerra.

“No están desprotegidas”

En respuesta a esta demanda, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha asegurado que las personas que sufren agresiones en el ámbito familiar por parte de su pareja de igual sexo “no están desprotegidas”, aunque no se aplique en esos casos la Ley Integral.

En declaraciones a Efe, Miguel Lorente ha explicado que asesinatos como el de Adra son agresiones que se juzgan con el Código Penal y cuyas víctimas reciben las ayudas previstas en la Ley de Protección de Víctimas de delitos violentos.

“Las parejas del mismo sexo no están desprotegidas, es verdad que no tienen los mismos recursos porque estamos hablando de una violencia distinta“, ha añadido.

El delegado del Gobierno ha insistido en que el Código Penal protege ‘a todas las personas con independencia de los factores en que se produzca la violencia’ y ha recordado que la Ley Integral no agrava las penas en casos de homicidio, sino que incluye una serie de medidas para abordar el fenómeno de la violencia de género.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado esta mañana una junta de gobierno extraordinaria, en la que ha decretado un día de luto, colocando las banderas a media asta en repulsa por el asesinato, cuya víctima era trabajador del Área de Servicios Sociales del Consistorio.

Al término de la misma se ha convocado una concentración silenciosa en la plaza Puerta del Mar, para condenar el crimen. Los asistentes, unos 150 vecinos, han pedido también que este asesinato sea considerado un caso de violencia de género.

www.violenciadegenero.info

Mujeres afganas protestan contra una ley que permite la violación en el matrimonio

El texto, que el Gobierno ha accedido a revisar, dispone que "una mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido"

Alrededor de 300 personas, entre mujeres, abogados y defensores de los derechos humanos, han recorrido este miércoles las calles de la capital de Afganistán (Kabul) para protestar contra una ley de inspiración talibán que, entre otras cosas, permite la violación dentro del matrimonio. Una muchedumbre de casi 500 personas se ha enfrentado a los manifestantes y ha proferido gritos contra las mujeres.

El diario The New York Times recoge en su web la siguiente conversación:

- "¡Iros de aquí, putas!", gritan varios hombres. "¡Iros!"

- "Queremos nuestros derechos", contesta una de las mujeres. "Queremos la igualdad".

La ley, aprobada por el Parlamento y sancionada por el presidente Hamid Karzai, pretende regular el derecho de familia de la minoría chií de Afganistán -alrededor de un 15 por ciento de la población- y otorga a los clérigos la autoridad sobre asuntos de la intimidad entre hombres y mujeres. Una de las provisiones ilegaliza que una mujer pueda resistir los acercamientos sexuales de su marido. Dice, literalmente, que "una mujer está obligada a satisfacer los deseos sexuales de su marido". Otra establece que una mujer que quiera trabajar fuera de su casa o estudiar, necesita el permiso de su cónyuge. Y una tercera obliga a las mujeres a "prepararse" o vestirse de una forma especial si su marido se lo pide.

Los manifestantes han repartido octavillas en frente de la Universidad de Kabul que denuncian la ley como un "insulto a la dignidad de las mujeres". "No queremos una ley talibán, queremos una ley democrática y que garantice la dignidad humana", han gritado las manifestantes.

"Da miedo estar aquí pero no puedo quedarme en casa sentada", ha dicho Halima Hosseini, una joven de 27 años que asistía a su primera manifestación. "Personalmente, no puedo permitir que alguien me represente y ponga en una ley artículos contrarios a mis derechos y a los derechos humanos, y que me considere, como una mujer, una persona de segunda clase", ha continuado la joven.

La controvertida ley fue adoptada en marzo pasado, pero aún no ha entrado en vigor. Los aliados occidentales del presidente afgano han puesto el grito en el cielo, entre ellos el presidente estadounidense Barack Obama, que ha calificado la ley de "aborrecible", lo que ha provocado que el Gobierno anuncie una revisión del texto.

El País

Los enfermeros recibirán cursos para detectar casos de violencia de género

• La iniciativa se enmarca dentro de la campaña 'Contra la Violencia de Género'
• Aseguran que podrán paliar el 100% de los casos que lleguen a sus enfermeros

Los 52 colegios profesionales de enfermería participarán en un innovador proyecto para formar a las 240.000 enfermeras y enfermeros que trabajan en España con el objetivo de que puedan detectar todos los casos de violencia de género que pasen por sus manos.

El proyecto se ha presentado en el marco de una rueda de prensa para presentar y analizar las jornadas "Contra la violencia de género".Un compromiso social de la enfermería", que se celebran estos días en Tarragona y que cuentan con la asistencia de más de 400 profesionales sanitarios.

Este proyecto implica la formación específica de las 240.000 enfermeras que trabajan en España y "supondrá la detección de prácticamente el 100% de los casos de violencia que llegan a las manos de estos profesionales sanitarios", según el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González.

Desarrollado por la Organización Colegial de Enfermería -organismo que engloba a los 52 colegios de enfermería de España-, consiste en formar a todas las enfermeras españolas en la detección de los casos de violencia de género que puedan existir entre sus pacientes, así como en la actuación profesional más eficaz en cada caso.

Para ello, los enfermeros recibirán una formación especializada y aprenderán a utilizar un protocolo de actuación que consigue la detección de "la práctica totalidad de todos los casos de violencia que llegan a sus manos, incluyendo aquellos que, hasta el momento, han venido pasando desapercibidos", ha destacado González.

A juicio de González, "esta iniciativa ha dado unos resultados espectaculares", puesto que en el hospital donde se realizó el proyecto piloto se detectaron, en tan sólo un mes y medio, sesenta casos de violencia de género, unas cuatro veces más que todos los casos detectados el año anterior en dicho hospital.

Además, los datos recogidos en la detección de casos por enfermeras y emitidos como informes "pueden ser empleados por los jueces a la hora de emitir un veredicto en un caso de violencia de género", ha concluido González.

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