Existe un retroceso en materia de los derechos de las mujeres, pese a que datos oficiales aseguran que la violencia intrafamiliar es uno de los delitos en incremento. A la fecha no hay una política de Estado en torno al tema, y los centros de atención a las víctimas de violencia, por ser asfixiados por las políticas de persecución a las organizaciones no gubernamentales, tienden a disminuir su atención.
Mientras en el país se habla de un aumento de la violencia intrafamiliar, a excepción del trabajo desde las Comisarías de la Mujer, los esfuerzos por combatir ese delito son aislados y no existe una política de Estado que oriente ese trabajo.
Hasta el momento el principal trabajo de atención y rehabilitación lo realizan los organismos no gubernamentales.
“¿Qué es lo que está sucediendo? que los centros trabajamos con las mujeres, el Estado por su lado propone diferentes alternativas y lo que hay es una incoherencia en el sistema”, estimó Martha Munguía, coordinadora ejecutiva de la comisión de Alianza de Centros de Mujeres.
Esto, según la directora de la Alianza de Centros de Mujeres, es demostrable por ejemplo, que en el año 2005, de 17 comisiones territoriales en las que trabajaba la Alianza, en 2007 cuando se dio el cambio de Gobierno sólo existían tres comisiones, y a la fecha sólo hay cinco comisiones territoriales, “pero ninguna tiene presupuesto ni planes para erradicar la violencia contra las mujeres”.
En cambio, instituciones como la Comisaría de la Mujer, que cuenta con planes y presupuesto, ya no tiene una coordinación con las organizaciones de mujeres.
Esta Alianza está integrada por 31 centros que atienden a mujeres violentadas y que únicamente reciben financiamiento de la cooperación internacional. Pese a que hubo un acuerdo en el 2006, de que estos centros serían incluidos en el presupuesto general de la República, para financiar ese modelo, igual que se incluye la pastoral de las iglesias y las universidades.
Munguía trabaja en un informe sobre la promoción de la equidad en la erradicación de la violencia contra la mujer, que la Alianza de Centros de Mujeres ha realizado entre 2006 y 2008. A través del mismo destaca un factor muy importante como es el modelo de intervención que se implementaba en Nicaragua.
Explicó Munguía que se trataba de un modelo compartido entre las instituciones del Estado y las organizaciones de mujeres, pero ahora cada quien lo está haciendo por su lado, debido a la exclusión por parte del Estado hacia las organizaciones de mujeres.
DESMANTELAN REDES TERRITORIALES
No obstante, “el modelo ya no está coordinado, ya no discutimos las acciones, ¿por qué razón? porque ya no hay plan nacional de lucha contra la violencia, ya no hay comisión nacional, ya se desmantelaron las redes territoriales”, dijo Munguía, quien señaló que esto incide porque la problemática de la violencia es tan compleja que requiere de múltiples actores para poderse resolver.
Las regulaciones establecidas por el Gobierno a las organizaciones no gubernamentales que intermedian fondos para estos centros también afectan la lucha contra este fenómeno, pues esto les puede llevar a que las organizaciones locales tengan restricciones para apoyar estos programas.
“De esa manera es que vivimos bajo esa amenaza. Y luego la persecución a las líderes de estos movimientos de mujeres no descarta la posibilidad de que te impide hacer tus actividades con normalidad y también te puede impedir en un momento dado de que la cooperación ante la persecución política sienta inseguridad para poder invertir su dinero en estos centros”, dijo Munguía.
El pasado 23 de abril la jefa de las Comisarías de la Mujer, comisionada general Mercedes Ampié, confirmó que el año pasado hubo un incremento de los casos denunciados a causa de violencia intrafamiliar, al atender el año pasado 27 mil casos, mientras en el 2007 fue de 23 mil.
Sin embargo, Ampié disiente en que Nicaragua ocupe la mayor tasa en Latinoamérica, como denunció Martha Munguía, directora de uno de los albergues que atiende a mujeres violentadas.
Munguía sostiene que en el país existe una tasa de 190 por cada 100 mil habitantes, en cuanto a mujeres violentadas. La defensora de derechos humanos de las mujeres dijo que basa sus apreciaciones en un estudio realizado en el 2008 por el Instituto de Medicina Legal.
“Es más que una epidemia”, sostuvo Munguía, quien recordó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay epidemias cuando ocurren 10 casos por cada cien mil habitantes.
En ese momento, Ampié no negó ni confirmó lo del informe, pero alegó que “nuestras estadísticas comparadas con las de otros países son inferiores”.
URGEN COMISIÓN NACIONAL
Por su parte Darling Munguía, de la Red de Mujeres contra la Violencia, demandó del Gobierno la reactivación de manera inmediata de la Comisión Nacional de lucha contra la violencia.
“Necesitamos sentarnos con todas las instituciones que intervienen en estas situaciones para crear un plan de prevención, de atención, un plan de sensibilización para evitar que estas muertes sigan aumentando”, dijo Darling Munguía.
Hasta en el 2006, la Comisión de Lucha contra la Violencia por lo menos se había puesto de acuerdo en la aplicación de un modelo, el cual estaba basado en el respeto de los derechos humanos y sobre todo en el principio de no revictimización de las mujeres.
Esta comisión permitía un diálogo permanente con las instituciones de Gobierno y del Estado para poder ir viendo cómo estaba avanzando y qué podían hacer para luchar contra esta epidemia, dijo Darling Munguía.
“Definitivamente el hecho que ya no esté esta comisión y se la haya llevado al traste el Gobierno actual significa un retroceso en materia de los derechos de las mujeres, sobre todo cuando se trata de esas coordinaciones interinstitucionales que tanto necesitamos en este país”, expresó.
En dicha comisión estaba la Comisaría de la Mujer, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Red de Mujeres contra la Violencia, el Instituto de la Mujer, Ministerio de la Familia y otras.
ABUSO SEXUAL, UNO DE LOS MÁS FRECUENTES
Tanto la Red de Mujeres contra la Violencia como la Alianza de Centros de Mujeres estiman que una de las formas de violencia más frecuente es el abuso sexual, aunque no cuentan con un dato concreto, pues no tienen información oficial.
Martha Munguía dijo que las mujeres llegan a los centros con mayor frecuencia por violencia psicológica sexual, la que se ha incrementado casi en un 30 por ciento.
La atención brindada en los centros les ha llevado a determinar también, que hay mucha presencia de violencia física en relaciones de pareja de mujeres que van de los 25 a los 45 años de edad, y se mantiene la peligrosidad de los agresores en edades comprendidas en un promedio de 30 a 40 años .
Según el análisis que prepara Martha Munguía, en tres años se ha incrementado la peligrosidad de la violencia, porque el asesinato en situaciones de violencia de género ha aumentado por parte de las parejas; sobre todo aquellos hechos que suceden en una relación de desigualdad de poderes y además el grado de impunidad que se ha elevado.
“Ese divorcio entre la sociedad civil organizada, como somos estos 31 centros y la institución del Estado repercute negativamente en la calidad de la atención y en el grado de resolución que pueda tener”, este tipo de delito, manifestó la coordinadora ejecutiva de la comisión de Alianza de Centros de Mujeres.
Y aunque expresó que los centros han buscado cambiar a un modelo de empoderamiento personal, esto no es suficiente.
Munguía vislumbró que “en la medida que no hay una respuesta del sistema de justicia que sea comparable con la demanda (...) las mujeres no van a seguir yendo a estas instituciones y la impunidad va a crecer, y la peligrosidad de la violencia se va a incrementar, porque todos los casos mal atendidos o no atendidos suficientemente se convierten en situaciones de violencia de mayor riesgo”.
POCA JUSTICIA
En el análisis que realiza sobre la atención proporcionada por los centros de la Alianza durante los tres últimos años, Martha Munguía ha determinado que hay poca justicia para las mujeres que interponen denuncia. A su criterio en esto intervienen varios factores: una desatención de parte de las instituciones del Estado, los cambios tanto en las leyes como en la partidarización y la situación de inestabilidad en el sistema judicial.
También considera que han afectado los procedimientos como las mediaciones, por considerar estos hechos como delitos menos graves, lo que lleva a que no lleguen a una sentencia condenatoria, y no hay sanción para los agresores. Esto provoca que las mujeres se sientan decepcionadas respecto al sistema judicial, porque sus casos caen en impunidad.
En el análisis aún no concluido por Munguía, ésta destaca que la respuesta judicial va del 2.7 por ciento de sentencias alcanzadas en el año 2005, hasta un 10.2 por ciento en el 2007. Actualmente presenta un descenso del 2 por ciento de sentencias obtenidas en delitos de violencia intrafamiliar y sexual, con relación al total de mujeres que iniciaron dichos procesos, o sea un 8.2 por ciento alcanzó sentencias en el 2008.
“Es decir, si ocho mil mujeres se presentaron y sólo 600 obtuvieron una respuesta, lo que está en la percepción y en la práctica de las mujeres es una situación de impunidad, de no sanción a los delitos de violencia”, expresó Martha Munguía.
El análisis detalla que un poco más de 22 mil casos fueron tipificados por la autoridad correspondiente como “delitos menos graves”, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal, por lo que son desestimados por el Ministerio Público o resueltos por mediación.
RECRUDECE VIOLENCIA
Las mujeres identifican esta falta de justicia en el que no se sanciona a los agresores, en la cantidad de casos que no proceden y se quedan en la impunidad; también se refieren a los que van a mediación y como consecuencia se recrudece la violencia.
“Se consideran situaciones graves aquéllas que se quedan sin acceso al sistema judicial. Todos estos casos constituyen un 91 por ciento del total de causas presentadas ante el Ministerio Público y el Judicial”, refiere Martha Munguía en su análisis.
En lo que va del año, 23 mujeres ya han sido asesinadas, lo que indica que se aproxima a la mitad de la cifra registrada el año pasado a causa de los hechos de violencia intrafamiliar. El año pasado cerró con 69 casos de mujeres asesinadas a manos de novios, cónyuges o ex compañeros de vida entre otros.
La valoración del proyecto de atención de la Alianza de Centros de Mujeres, que realiza Munguía, indica que entre 2006 y 2007; 4,100 mujeres que llegaron a esos albergues lograron salir de la violencia y 5,507 lo hicieron el año pasado.
“Estas mujeres que resolvieron su situación de violencia son parte de nueve mil familias, que con ellas transforman en alguna medida sus relaciones”, dijo Martha Munguía.
De esta manera estimó el proyecto sobrepasó la meta de captación al pasar de veinte mil mujeres integradas a un poco más de 24 mil; lo que representó un 120 por ciento de cumplimiento en el período de ejecución del mismo. Además lograron mayor participación de la comunidad.
Elízabeth Romerolaprensa.com.ni
